En el área de reforestación y reserva natural protegida de Pro Natura Noroeste, ubicada en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali, Baja California, se registraron múltiples hallazgos de fosas clandestinas a partir del 8 de enero de 2026. El mismo poblado ya había sido escenario de descubrimientos similares en el 2023, cuando encontraron 22 fosas con 22 cuerpos.

En este segundo predio, desde el 8 de enero a la fecha, se han descubierto 24 fosas y un par de hallazgos sobre el terreno, donde los restos fueron removidos por la fauna local, que suman 47 víctimas, las cuales nadie parece ver. No hay una indignación nacional como en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y los bajacalifornianos parecen estar acostumbrados ya al horror de ver una nota más detallando un nuevo hallazgo.

Las búsquedas se llevan a cabo por colectivos de familiares de desaparecidos, y son coordinadas por autoridades municipales, estatales -y a veces son acompañados por las federales-, incluyendo unidades K9, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Local de Búsqueda. Al principio eran protegidos por el Ejército, la Guardia Nacional y muy ocasionalmente por la Marina, pero el acompañamiento cesó hace meses.

Los primeros hallazgos ocurrieron el 8 de enero de 2026, cuando se localizaron dos fosas con restos óseos calcinados, casquillos percutidos, esposas y tiro de gracia. Para el 12 de enero, ya se habían descubierto cuatro fosas con un total de diez cuerpos. En una de ellas se encontró un cadáver parcialmente carbonizado, con extremidades cercenadas y cráneo abierto, junto a una considerable cantidad de madera quemada (mezquite local y tablones), un palo de golf, un celular dañado por el fuego, un rosario y otros objetos personales. El 21 de enero se reportó la octava fosa, que elevó el número de víctimas recuperadas a 18; los restos presentaban el patrón habitual de calcinación y cercenamiento.

El 26 de enero, en la décima fosa —detectada gracias a perros domésticos del lugar y alejada de las anteriores—, se recuperaron tres restos (víctimas 20, 21 y 22) junto a madera quemada. Para el 9 de febrero, con la apertura de la fosa 15 (que contenía tres cuerpos no carbonizados ni mutilados, encontrados a dos metros de profundidad), el total de restos recuperados ascendió a 32. Las excavaciones continuaron durante febrero y marzo, alcanzando más de 14 fosas y decenas de restos.

Entre las víctimas se encuentran mujeres y al menos un menor de edad, hecho que inicialmente fue negado por la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, quien en conferencia de prensa afirmó que todas las víctimas eran varones adultos, para luego tener que rectificar.

Hacia mayo de 2026, en la fosa número 22 —localizada en el borde de la zona de reforestación junto a un árbol y ramas secas—, se recuperaron tres víctimas más -números 40, 41 y 42-. En este sitio se encontró un casquillo de 9 milímetros. Para mediados de año, los reportes indicaban más de 22 fosas y más de 40 víctimas recuperadas en el predio de Pro Natura.

La mayoría de los cuerpos presentaban signos de calcinación y cercenamiento, con evidencia de ejecuciones en el lugar y casquillos de diferentes calibres. Algunas víctimas no fueron quemadas, lo que sugiere diferentes momentos o métodos utilizados por los grupos criminales. Los restos correspondían principalmente a personas desaparecidas del Valle de Mexicali y zonas aledañas. La propia FGE ha señalado a “Los Rusos”, brazo del cártel de “La Mayiza”, como los autores de ese cementerio clandestino. También, la misma FGE ha dicho que el líder de “Los Rusos”, Juan José Ponce Félix, no tiene antecedentes penales en Baja California, mientras que al cruzar la frontera, hay posters con su rostro en todas las garitas del estado, ofreciendo el gobierno de Estados Unidos una recompensa de 5 millones de dólares por datos que lleven a su captura.

La cobertura realizada desde el sitio destaca la lentitud y las deficiencias en la respuesta institucional: retrasos frecuentes en la llegada de peritos de la FGE, falta de equipo adecuado como lámparas para trabajar de noche, baterías para maquinaria, viáticos o vehículos de doble tracción. A pesar de las promesas de mayor apoyo, los colectivos y equipos en terreno han señalado que las jornadas superan las 12 horas con recursos insuficientes, lo que ha complicado y alargado los trabajos de recuperación e identificación. Esto por supuesto, en datos “fuera de libreta” porque los integrantes de la FGE que participan en las búsquedas tienen prohibido dar declaraciones.

Este sitio se ha convertido en un claro ejemplo de un panteón clandestino masivo operado por el crimen organizado con aparente impunidad, en un contexto de omisión prolongada por parte de las autoridades estatales. Lejos de generar una indignación nacional comparable a otros casos emblemáticos en el país, en Baja California parece haberse normalizado el horror, reflejando una grave falla estructural del Estado para proteger a la población civil y garantizar justicia, elementos que fortalecen la posible calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.