La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un convenio con el propósito de impulsar acciones conjuntas de formación, investigación, capacitación, innovación y vinculación en beneficio de ambas instituciones y de la sociedad bajacaliforniana.

Este acuerdo establece las bases para desarrollar proyectos de investigación aplicada, programas de capacitación, actividades académicas y de actualización profesional, así como iniciativas de innovación y transferencia tecnológica. Asimismo, contempla el intercambio de información, publicaciones, recursos tecnológicos y experiencias institucionales que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de ambas organizaciones.

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó que esta colaboración generará nuevas oportunidades para la comunidad estudiantil al acercarla a experiencias que complementan su formación académica y profesional. Señaló que la vinculación constituye una de las herramientas más valiosas para enriquecer la educación superior, ya que permite que el conocimiento trascienda las aulas y se transforme en experiencias, oportunidades y resultados para la comunidad.

Agradeció a la ASEBC por contribuir al desarrollo profesional de las y los estudiantes mediante espacios para prácticas profesionales, servicio social y Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos (PVVC). Destacó que esta alianza permitirá al estudiantado conocer de cerca el funcionamiento de una institución fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo de Baja California.

Por su parte, el auditor superior del Estado de Baja California, contador Arnulfo Raúl Zárate Chávez, expresó su satisfacción por la firma del convenio y señaló que permitirá compartir conocimientos e intercambiar buenas prácticas entre ambas instituciones. Del mismo modo, anunció que la ASEBC abrirá sus puertas para que estudiantes de la UABC realicen prácticas profesionales y servicio social en distintas áreas de la dependencia.

Entre las acciones contempladas en el convenio destacan el desarrollo de proyectos de innovación y vinculación universitaria, la colaboración en áreas relacionadas con tecnologías de la información, calidad, manufactura y diseño, así como el fortalecimiento de la formación y actualización de recursos humanos.

En sesión ordinaria la diputada Yohana Gilvaja, presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad mediante el cual se exhorta a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, para que dispongan lo necesario a fin de implementar medidas de prevención e infraestructura que eviten accidentes de tráfico terrestre en el Boulevard 2000, ante condiciones peligrosas por causa de las obras que se llevan a cabo.

Asimismo, la legisladora del PT requirió al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, realizar una inspección estructural y corregir de manera inmediata los daños presentes en el complejo vial conocido como El Chaparral, donde se han detectado anomalías que ponen en riesgo la integridad de miles de ciudadanos.

Gilvaja reclamó: “No solo se trata de construir las obras necesarias, también de proveer para su conservación y mantenimiento, en el Boulevard 2000 se han registrado accidentes que no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades.”

Tijuana es uno de los municipios metropolitanos más importantes del país, donde la movilidad es un factor esencial para la economía y el desarrollo; sin embargo, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en vialidades estratégicas han generado inconformidad social y riesgos para la ciudadanía, señaló.

“Mientras miles de tijuanenses arriesgan su integridad transitando por vialidades inseguras y obras inconclusas, la falta de respuestas está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, indicó.

La legisladora acusó que el caso del complejo vial El Chaparral representa una omisión grave, pues las anomalías estructurales nunca fueron atendidas de manera formal por las autoridades y únicamente se reaccionó ante la presión mediática.

“El Chaparral es un ejemplo claro porque una abertura de más de 20 centímetros fue ignorada hasta que los medios lo señalaron, lo que demuestra que la seguridad vial no puede depender de notas periodísticas sino de acciones firmes y responsables”, precisó.

La diputada recalcó que este exhorto se suma a otros llamados reiterados que ha presentado en el Congreso para atender la seguridad y el mantenimiento de las vialidades en Tijuana, los cuales hasta ahora no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.

La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.

Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.

De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.

Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.

Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.