El colectivo “Célula de Búsqueda e Investigación de personas desaparecidas”, fundado por Soraya Ana y Gonzalo Moreno, difundieron un posicionamiento sobre la no vinculación a proceso del exjefe de policía Pedro Ariel Mendívil y quien era comandante de la zona urbana, Luis Alfonso Jacobo.

Expresaron que la vinculación a proceso de elementos policiales en el caso Shots “representa un momento que las familias jamás hubiéramos querido vivir. No porque signifique una victoria, sino porque acerca a la investigación a una verdad que durante años exigimos que fuera investigada con seriedad”.

Señalan que, una vez más, el sistema los sorprende, pues tienen claro que no corresponde a las familias dictar sentencias, pues esa responsabilidad pertenece a los tribunales, y toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Pero tampoco puede exigir guardar silencio a las familias que llevan años buscando a sus hijos.

Si las investigaciones demuestran que existió una estructura criminal con participación o aquiescencia de agentes policiales, no estaríamos frente a hechos aislados, sino ante una de las violaciones más graves a los derechos humanos: la desaparición forzada, precisan en el documento.

“Como padres de Kevin Moreno Ana, no buscamos venganza. Buscamos verdad. Buscamos justicia. Buscamos saber qué ocurrió aquella madrugada y dónde está nuestro hijo. Porque ningún cargo, ningún uniforme y ningún poder pueden estar por encima de la ley”, remarcan.

Hoy, más que nunca, es indispensable que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, dicen; que no existan intocables y que se identifique a todos los responsables materiales e intelectuales, así como a quienes participaron por acción, por omisión o mediante encubrimiento.

La justicia no puede detenerse con las primeras vinculaciones a proceso. Debe avanzar hasta esclarecer completamente los hechos, determinar las responsabilidades de toda la cadena de mando que corresponda y, sobre todo, conducir al paradero de nuestros hijos, subrayan.

“Exigimos el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Seguiremos buscando. Seguiremos alzando la voz. Seguiremos exigiendo que ningún caso quede en la impunidad”, concluyen.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) reanudó este lunes sus actividades académicas, administrativas y de servicios con el arranque del ciclo escolar 2026-2, en el que atenderá a una matrícula superior a los 72 mil 130 estudiantes de licenciatura y posgrado distribuidos en los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Para este semestre, la institución contará con la participación de más de 6 mil 320 docentes y alrededor de mil 850 trabajadores administrativos y de servicios, quienes estarán a cargo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión universitaria y vinculación.

El personal administrativo regresó a sus labores el 3 de agosto, mientras que las clases iniciarán oficialmente el próximo 10 de agosto y concluirán el 28 de noviembre. Como parte de las actividades previas al inicio del semestre, los estudiantes de nuevo ingreso participarán del 3 al 7 de agosto en el curso de inducción e integración, diseñado para facilitar su incorporación a la vida universitaria.

La universidad informó que el plazo para realizar el pago de reinscripción vence el 7 de agosto, mientras que la fecha límite para tramitar la baja del semestre será el 24 de agosto.

Durante el semestre también se contemplan tres suspensiones oficiales de labores: el 16 de septiembre por el Día de la Independencia, el 2 de noviembre por el Día de Muertos y el 16 de noviembre, en sustitución del 20 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, conforme al calendario oficial.

La continuación de la audiencia que inició ayer, dio nuevamente voz al exjefe policaco Pedro Ariel Mendívil, quien enumeró las deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar una carpeta de investigación con fallas y a toda prisa. Tanto a Mendívil como a quien era comandante de la zona urbana, Luis Alfonso Alfonso Jacobo no los vincularon a proceso.

Hizo referencia por ejemplo, a que él no tenía que probar si permitió o no acceso a las cámaras de vigilancia para el caso de la desaparición de los dos jovenes, pues la carga de la prueba la tiene la fiscal del caso. Ese “yo permití” es la base de la investigación, agregó; “no hay oficios donde me pidan esos videos porque no existen. Porque nunca ocurrió. Y si hubieran estado hubieran durado solo 30 días almacenadas”, dijo.

Sobre la supuesta estructura criminal donde tanto él como Jacobo estarían involucrados, manifestó que ese análisis está en 5 fojas, pero se concentra en la página dos, con ocho renglones que indican que las acusaciones se basan en una carpeta y tres detenciones, uno de los acusados de esa carpeta, Humberto Rodríguez Casas no está entre los imputados, entonces no hay información correcta ni precisa. En cambio la carpeta donde hubo tortura a uno de los señalados, no está incluida, declaró Mendívil.

Recordó que hay dos carpetas, una de 2022 y otra de 2023 y fiscalía resuelve hasta 2026, que es el órgano encargado de investigar. “Me vuelvo a declarar absolutamente inocente y lo voy a sostener hoy y siempre”, precisó.

Kevin “N”, en su declaración mencionó que siente dolo por parte de fiscalía, que trata de involucrarlo en los delitos por los que lo acusan a través de testigos sesgados y manipulando pruebas. Acusó a la FGE de presionar a los testigos intimidándolos, metiéndoles miedo y a través de tortura psicológica, como a su compañero Eduardo “N”. Repitió como ayer, que es inocente de los hechos delictivos que se le imputan.

Tras un receso, se hizo un recuento de los hechos de la madrugada del 3 de enero de 2023 por parte del juez. La noche anterior los jóvenes habían salido a un bar previo a su visita al bar Shots. Viajaban en un pick up Sierra color negro modelo 2018, propiedad del padre de uno de ellos.

Estaban muy bebidos y la gente del Shots reportó que podrían ser miembros de Los Chapitos. Los empleados avisan cuando los clientes consumen o no compran la droga de Los Rusos, que es el grupo que controla la venta de drogas en antros de la ciudad. Nadie de los antros quiere declarar por miedo a represalias.

Al retirarse, agentes de la policía municipal los alcanzaron en una farmacia Guadalajara, tras lo cual los trasladaron en una patrulla a estacionamiento del supermercado Soriana, del bulevar Francisco L. Montejano, donde habrían sido entregados a miembros del grupo criminal de Los Rusos, quienes viajaban en un pick up rojo doble cabina. También se llevan la unidad de los hoy desaparecidos.

Lo encuentran en el valle de Mexicali al poco tiempo, con blindaje artesanal, y lo llevan al corralón en resguardo. De ese lugar y según el guardia de seguridad, el pick up fue sacado a la fuerza sometiéndolo y amenazándolo; le dijeron que era de “El Isra” y que no dijera nada.

El dueño del vehículo refiere problemas para recuperar el pick up y actos de molestia en la colonia Carranza del Valle de Mexicali, donde tenía problemas con presuntos miembros de Los Rusos, por andar preguntando por el paradero de su hijo.

La entonces pareja de uno de los jovenes desaparecidos lo ubica mediante el GPS en un domicilio de la calle José G. Valenzuela, del fraccionamiento Insurgentes, donde estuvo hasta las 6:28 de la mañana según los datos del geolicalizador.

Hubo señalamientos de testigos que ubican a Kevin como protector del mencionado grupo criminal, a través de su hermano Jesús, alias el 89 o el 44. Las patrullas que mencionan participaron en la desaparición son una unidad Ford Focus, un Nissan Kicks y un pick up Ram.

El padre de uno de los jóvenes habría ido al Shots a preguntar sobre los hechos, y ahí le dijeron que sí estuvieron en ese bar, que estaban muy tomados y se habrían ido después de las 3 de la mañana de ese 3 de enero de 2023. Lo mismo dice otro testigo que los ubica en ese lugar a esa hora, ya de salida.

Los empleados le dijeron al hombre que no anduviera preguntando porque Los Rusos lo iban a levantar, que todos en el lugar trabajaban para ese grupo delictivo. En marzo de 2024, según lo expresado por el juez, le ponen un “cuatro”, lo citan en un negocio de esa célula criminal y lo matan para que no siguiera investigando.

De acuerdo con el testimonio de una agente de la DSPM, que describe una red de agentes municipales dedicada a la protección de miembros del crimen organizado. Pidió al subdirector Carlos Romero que los moviera de esa zona pero cuenta en entrevista para fiscalía que “estaba protegidos por los mandos” y desde el director.

Otro agente de la policía narra en entrevista con la Agencia Estatal de Investigación que la zona de antros estaba controlada porel 89 o el 44, hermano de Kevin. Que junto con los otros imputados hacían “levantones” ordenados por el 89.

Este policía refiere que los acusados eran sanguinarios, pues grabaron las torturas de los jóvenes, a quienes describieron que estaban “bien borrachos y bien fieras” cuando los interceptaron en la farmacia. Según el testimonio, Kevin subía a los mandos -Mendívil y Jacobo-, el dinero que le daba su hermano. Que Luis “N” estaba en el área de inteligencia para bloquear cualquier solicitud que involucrara las cámaras de vigilancia.

Un empleado que trabaja en la zona de antros, también indicó en su testimonio que reportaban a los clientes problemáticos y les llamaban a varios policías, entre ellos Kevin. Que en los bares solo deben vender drogas de Los Rusos, si no, los guardias avisaban al gerente o a los municipales de la zona. Que pasaron el reporte del pick up de los jóvenes para darles el pitazo a los agentes si se iban del bar antes de que llegaran, pues sospechaban podrían ser del grupo criminal contrario. Más tarde oyó que la policía ya los había “atorado”.

La entrevista con un franelero de la zona de bares expresa que agentes municipales en una patrulla Ram y otra Focus, le preguntaron la dirección que tomó el pick up negro de los jóvenes, indicando que tomaron rumbo a la calzada independencia, por la Francisco L. Montejano.

Luego el juez dio cuenta de todos los oficios que forman parte de la investigación, y que dan cuenta que esa noche no hay reportes de que se haya detenido a las víctimas. Tampoco que haya registro de sus identidades en el Servicio Médico Forense. Que la patrulla 67A2 fue dada de baja en marzo de 2025; oficios con los nombramientos de los agentes imputados; el oficio de suspensión definitiva de Kevin desde el 7 de marzo de 2026 por resolución de una investigación administrativa, emitida por Sindicatura Municipal, así como el oficio por invalidez definitiva de Luis Alfonso Jacobo.

El juez señaló que numerosas cámaras de vigilancia captaron el paso de la unidad de los jóvenes, las patrullas y el pick up rojo de los criminales, entre las 3 y las 4 de la mañana. Las patrullas se habrían acercado a la unidad de los delincuentes y habría quedado registrado el movimiento de personas pasando de las unidades oficiales al pick up rojo.

En un cateo que se realizó el 28 de junio de 2026 se habrían encontrado armas, parches de la policía municipal, parches con los colores de la bandera de Rusia, un chaleco balístico, una gorra con la figura del personaje Papá Pitufo.

Finalmente el juez determinó que no había elementos suficientes par vincular a proceso a Mendívil y a Jacobo, y sí vinculó a los otros tres acusados, Juan Carlos, Kevin y Eduardo.