La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer el fallo de la licitación para la construcción de la Planta Desaladora Rosarito y la planta de bombeo para el abastecimiento de agua potable para Tijuana y Playas de Rosarito.

El proyecto fue asignado a Cox Energy, S.A.B. de C.V., en participación conjunta con Cox Water, S.L., con un contrato por 5 mil 291 millones 565 mil 898.31 pesos más IVA.

El monto contempla 2 mil 176 millones 242 mil 008.77 pesos más IVA a precio alzado y 3 mil 115 millones 323 mil 889.54 pesos más IVA a precios unitarios.

De acuerdo con el fallo emitido por CONAGUA, la obra tendrá un plazo de ejecución de 3 años y busca fortalecer el suministro de agua en la zona costa de Baja California, principalmente en Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Ensenada.

La Secretaría de Educación analiza una estrategia para ampliar la cobertura de bachillerato ante la demanda de espacios para estudiantes de nuevo ingreso; así lo señaló la titular Irma Martínez.

El proyecto contempla utilizar el turno vespertino de algunas secundarias que actualmente operan únicamente por la mañana, con el objetivo de ofrecer lugares de preparatoria en sectores cercanos a los planteles de educación media superior con mayor demanda.

La secretaria de educación mencionó que alrededor de 10 secundarias podrían incorporarse al esquema, de las cuales ocho están ubicadas en Tijuana y dos en Playas de Rosarito.

La medida busca atender a cerca de 500 jóvenes que no obtuvieron un espacio en alguno de los bachilleratos que solicitaron, así como a quienes desean cambiar de plantel debido a que no están conformes con la asignación recibida.

Irma Martínez indicó que por ahora no se contempla recurrir a escuelas particulares, al considerar que existen alternativas dentro del sistema público para absorber la demanda.

Ante el asesinato a balazos de un vendedor de nieves ocurrido en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja exigió desde tribuna acciones contundentes para combatir la extorsión y el cobro de piso, así como el esclarecimiento del homicidio del trabajador.

Durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) manifestó su indignación por el crimen y lamentó que un hombre que salió a trabajar para llevar el sustento a su familia no pudiera regresar a casa.

La diputada sostuvo que este hecho violento vuelve a evidenciar el temor que enfrentan comerciantes y trabajadores de Tijuana ante la posibilidad de ser víctimas de extorsión.

Explicó que existe miedo de abrir un negocio, de recibir una llamada, de que alguien llegue a exigir dinero y, todavía peor, miedo de denunciar y que la denuncia no tenga consecuencias.

La legisladora cuestionó que los comerciantes puedan ser ubicados por las autoridades cuando se trata de inspecciones, permisos, sanciones, multas o revalidaciones, mientras que en materia de seguridad continúan expuestos a las amenazas del crimen organizado.

“Para cobrarle saben dónde está. Para inspeccionarlo saben dónde está. Para pedirle permisos saben dónde está. Para sancionarlo saben dónde está. ¿Pero para protegerlo del crimen organizado resulta que nadie sabe nada?”, cuestionó.

Gilvaja aclaró que no se trata de desaparecer las leyes o reglamentos, sino de garantizar que ninguna facultad de gobierno sea utilizada como instrumento de abuso, hostigamiento, corrupción o presunta extorsión.

“Sería profundamente inmoral que al comerciante que el Estado no puede proteger del delincuente, el mismo Estado sí sea extraordinariamente eficiente para encontrarlo cuando toca cobrarle”, señaló.

Gilvaja también hizo un llamado directo a la Sindicatura Municipal de Tijuana, al considerar que su responsabilidad es vigilar el funcionamiento del gobierno municipal e investigar las posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.

“La Sindicatura no existe para tomarse fotografías. No existe para hacer relaciones públicas. Existe para vigilar al gobierno municipal”, sostuvo.

En ese sentido, pidió investigar las denuncias que pudieran existir relacionadas con inspectores o funcionarios municipales y, en caso de acreditarse responsabilidades, actuar conforme a la ley.

Gilvaja también cuestionó que los gobiernos presuman operativos o estadísticas sin informar cuántos funcionarios han sido investigados o sancionados por posibles actos de corrupción.

Ante esta situación, la diputada Yohana Gilvaja presentó ante el Pleno un punto de acuerdo, mediante el cual exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, María Elena Andrade Ramírez, a destinar los recursos materiales, humanos y legales disponibles para investigar los hechos en los que perdió la vida el vendedor de nieves en la colonia Mariano Matamoros, esclarecerlos y judicializar la carpeta correspondiente.

Asimismo, exhortó al General Brigadier de Estado Mayor Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, así como al presidente municipal de Tijuana, Abdiel Gutiérrez Coronado, para que revisen, consoliden y mejoren la política pública contra el delito de extorsión, con el propósito de avanzar hacia su pronta erradicación.

Finalmente, Gilvaja hizo un llamado a las autoridades para que no se permita la normalización de la violencia y la extorsión en Tijuana.