La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para establecer nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias puede fortalecer la transparencia entre los medios de comunicación y la sociedad, aunque también plantea retos relacionados con la libertad de expresión y la certeza jurídica.

La propuesta busca establecer mecanismos para que las audiencias puedan recibir información variada, distinguir entre contenidos noticiosos, opiniones y publicidad, además de conocer los procedimientos para presentar quejas ante los medios de comunicación, explicó Nathalie Canizales Reyes, Coordinadora de la Maestría en Derecho de CETYS Campus Mexicali.

Explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado la importancia de que las personas puedan acceder a información plural, pues una ciudadanía bien informada constituye uno de los fundamentos para el funcionamiento de una sociedad democrática, sin embargo debe haber un sólido sustento jurídico y técnico.

“Cuando se tiene un objetivo completamente legítimo, como lo es la protección de los derechos de las audiencias, es necesario que este se consiga a través de mecanismos que operen dentro del marco constitucional y legal”, señaló.

Advirtió que una regulación imprecisa puede generar incertidumbre entre los distintos actores involucrados y, paradójicamente, terminar debilitando el derecho que busca proteger.

La especialista destacó además que la efectividad de los lineamientos no dependerá únicamente de su contenido, sino también de la capacidad de las instituciones responsables de aplicarlos. Por ello, consideró indispensable contar con reglas claras, autoridades que actúen dentro de sus atribuciones y mecanismos que generen confianza tanto entre las audiencias como entre los concesionarios.

Regulación y libertad editorial

Uno de los puntos que mayor debate ha generado es la obligación de los concesionarios de incorporar plecas, cortinillas o mensajes que permitan diferenciar entre información noticiosa, opiniones y publicidad.

A ello se suma el empleo de conceptos jurídicos que, de acuerdo con la académica, podrían resultar ambiguos, como “información falsa” o “veracidad”.

“El hecho de que estos conceptos no cuenten con parámetros suficientemente claros, sumado a la imposición de sanciones relevantes y considerables ante el incumplimiento de las disposiciones, podría generar interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica e incluso podría disparar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad editorial”, advirtió.

Canizales Reyes sostuvo que, aunque es necesario fortalecer la transparencia y la responsabilidad editorial mediante mecanismos de autorregulación, estos no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión ni propiciar conductas de autocensura.

El reto, dijo, consiste en encontrar un equilibrio que permita proteger los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, otorgar certeza jurídica a los medios de comunicación y a las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones.

La académica rechazó que la discusión deba plantearse como una confrontación entre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión, pues ambos pueden coexistir dentro de una regulación técnicamente sólida y aplicada de manera imparcial.

“El desafío está en no disminuir un derecho para proteger otro, sino en diseñar mecanismos claros, transparentes y proporcionales que permitan garantizar y potencializar tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión”, concluyó.

Ante el incremento de los asesinatos de periodistas en México, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer su facultad de atracción sobre estos casos y asumir las investigaciones para combatir la impunidad.

De acuerdo con el organismo internacional, seis periodistas han sido asesinados en México durante 2026, cinco de ellos en un periodo de poco más de dos meses, lo que representa uno de los episodios de violencia más mortíferos contra la prensa documentados por el CPJ en más de una década.

Los casos corresponden a Carlos Castro, asesinado en enero en Poza Rica, Veracruz; Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados en julio después de haber sido reportada como desaparecida; Luis Ángel López, también asesinado en Poza Rica; el periodista ambiental Alex Serna, localizado muerto en Guerrero; Josué Martínez, asesinado en Puebla; y Alejandro Leyva Aguilar, quien fue atacado a tiros en Oaxaca.

El CPJ consideró insuficientes las respuestas de las autoridades federales y estatales frente a esta ola de violencia. El organismo señaló que, pese a las exigencias de justicia realizadas por familiares, periodistas y organizaciones de libertad de prensa, no se han anunciado acciones específicas a nivel federal para responder al conjunto de asesinatos.

Por ello, pidió a la FGR atraer los casos de periodistas asesinados, fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales y reforzar las medidas de protección para comunicadores mediante el Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El organismo recordó que el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga facultades a las autoridades federales para intervenir en investigaciones de delitos contra periodistas cuando existen funcionarios públicos involucrados.

Además, señaló que en algunos casos de alto perfil, como los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdez, las autoridades federales consiguieron condenas contra algunos de los responsables.

El CPJ advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que incentivan los ataques contra periodistas en México. Según sus investigaciones, las fiscalías estatales mantienen un historial deficiente en la investigación de agresiones contra la prensa y existen indicios de participación de funcionarios públicos locales en al menos dos de los asesinatos registrados este año.

México se mantiene entre los países con peor desempeño en materia de impunidad para crímenes contra periodistas.

El CPJ señala que, de 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios registrados en el país desde 1992, 97 permanecen como casos no confirmados respecto a su vínculo directo con la labor periodística, debido a que las investigaciones no han permitido determinar con claridad el móvil de las agresiones.

El organismo también advirtió que las disputas territoriales entre grupos delictivos y el narcotráfico colocan en especial situación de vulnerabilidad a los periodistas que cubren temas de corrupción, seguridad y nota roja. A ello se suma la presunta participación de funcionarios públicos, particularmente elementos policiales, como agresores en algunos casos.

El CPJ también cuestionó el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Según información citada por el organismo, alrededor de 500 periodistas forman parte actualmente del programa de protección. Sin embargo, Andrés Solís, integrante del consejo consultivo de evaluación de medidas de protección, estimó que aproximadamente el 80 por ciento de las solicitudes de ingreso presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos son rechazadas, cifra que representaría un incremento respecto de años anteriores.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, sostuvo que las autoridades todavía tienen capacidad para prevenir nuevos ataques, proteger a los comunicadores y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.

El organismo internacional advirtió que México enfrenta una nueva escalada de violencia contra la prensa y llamó al gobierno federal a romper con el ciclo de violencia e impunidad que, según sus investigaciones, ha marcado durante años la relación entre las autoridades y los periodistas.

Una mujer identificada como Guadalupe “N”, señalada como presunta integrante de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, fue detenida en la Ciudad de México por autoridades federales, de acuerdo con información publicada este sábado por Milenio.

Según el reporte del medio, la detenida estaría relacionada con una estructura criminal dedicada al denominado huachicol fiscal y habría fungido como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa que las autoridades investigan por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustibles.

Milenio señala que la investigación se originó en julio de 2025, luego de que autoridades localizaran 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hallazgo se inició una investigación que permitió identificar un esquema mediante el cual presuntamente se introducía combustible al país utilizando empresas fachada, agentes aduanales y mecanismos financieros, con probable participación de servidores públicos.

De acuerdo con la información difundida, el combustible presuntamente ingresaba al país mediante declaraciones que no correspondían con su contenido real. Posteriormente, el producto ilegal era mezclado con combustible legal para dificultar su identificación y facilitar su comercialización en el mercado nacional.

La captura de Guadalupe “N” eleva a nueve el número de personas detenidas que las autoridades relacionan con esta investigación. Entre los nombres mencionados por Milenio se encuentran Ernesto Ruffo “N”, Ricardo Thompson “N”, Juan Rodríguez “N”, Guillermo Rosales “N”, José Ramos “N”, Luis Barrientos “N”, Adriana Guillén “N” y José Cuervo “N”.

La investigación también ha alcanzado a personas vinculadas con Ingemar, empresa que ha sido relacionada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido previamente en el marco de las indagatorias por presunto huachicol fiscal. Milenio ha reportado que las autoridades investigan una estructura que habría utilizado operaciones comerciales y aduanales para introducir grandes cantidades de hidrocarburos al país.

La detención de Guadalupe “N” forma parte de la ofensiva federal para desarticular esta red, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación de cada una de las personas detenidas y el alcance financiero de las operaciones presuntamente ilícitas.