Este lunes, la alcaldesa Norma Bustamante informó que se logró reducir de manera considerable la renta de las oficinas del Registro Civil ubicadas en el Cine Lux, luego de varios meses de negociaciones con los propietarios.

Explicó que la Oficialía Mayor, Claudia Beltrán, llevó a cabo las gestiones para conseguir una disminución en el costo; aunque reconoció que aún se debe precisar el porcentaje exacto de la reducción, señaló que podría ser de entre 40 y 50 por ciento; actualmente, la renta del inmueble es de alrededor de 500 mil pesos mensuales.

La presidenta municipal justificó que, debido a esta negociación y a la tardanza en concretarla, el Ayuntamiento no ha dado a conocer los números ni el impacto financiero que representa la reducción en la renta del Cine Lux.

La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para establecer nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias puede fortalecer la transparencia entre los medios de comunicación y la sociedad, aunque también plantea retos relacionados con la libertad de expresión y la certeza jurídica.

La propuesta busca establecer mecanismos para que las audiencias puedan recibir información variada, distinguir entre contenidos noticiosos, opiniones y publicidad, además de conocer los procedimientos para presentar quejas ante los medios de comunicación, explicó Nathalie Canizales Reyes, Coordinadora de la Maestría en Derecho de CETYS Campus Mexicali.

Explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado la importancia de que las personas puedan acceder a información plural, pues una ciudadanía bien informada constituye uno de los fundamentos para el funcionamiento de una sociedad democrática, sin embargo debe haber un sólido sustento jurídico y técnico.

“Cuando se tiene un objetivo completamente legítimo, como lo es la protección de los derechos de las audiencias, es necesario que este se consiga a través de mecanismos que operen dentro del marco constitucional y legal”, señaló.

Advirtió que una regulación imprecisa puede generar incertidumbre entre los distintos actores involucrados y, paradójicamente, terminar debilitando el derecho que busca proteger.

La especialista destacó además que la efectividad de los lineamientos no dependerá únicamente de su contenido, sino también de la capacidad de las instituciones responsables de aplicarlos. Por ello, consideró indispensable contar con reglas claras, autoridades que actúen dentro de sus atribuciones y mecanismos que generen confianza tanto entre las audiencias como entre los concesionarios.

Regulación y libertad editorial

Uno de los puntos que mayor debate ha generado es la obligación de los concesionarios de incorporar plecas, cortinillas o mensajes que permitan diferenciar entre información noticiosa, opiniones y publicidad.

A ello se suma el empleo de conceptos jurídicos que, de acuerdo con la académica, podrían resultar ambiguos, como “información falsa” o “veracidad”.

“El hecho de que estos conceptos no cuenten con parámetros suficientemente claros, sumado a la imposición de sanciones relevantes y considerables ante el incumplimiento de las disposiciones, podría generar interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica e incluso podría disparar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad editorial”, advirtió.

Canizales Reyes sostuvo que, aunque es necesario fortalecer la transparencia y la responsabilidad editorial mediante mecanismos de autorregulación, estos no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión ni propiciar conductas de autocensura.

El reto, dijo, consiste en encontrar un equilibrio que permita proteger los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, otorgar certeza jurídica a los medios de comunicación y a las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones.

La académica rechazó que la discusión deba plantearse como una confrontación entre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión, pues ambos pueden coexistir dentro de una regulación técnicamente sólida y aplicada de manera imparcial.

“El desafío está en no disminuir un derecho para proteger otro, sino en diseñar mecanismos claros, transparentes y proporcionales que permitan garantizar y potencializar tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión”, concluyó.

Héctor Osuna Jaime, aspirante a la gubernatura del estado, señaló que fue invitado por parte del Congreso local para recibir un reconocimiento ayer durante la conmemoración del Día del Constituyente, pero que rechazó el homenaje.

Invitado del grupo Madrugadores de Mexicali, el exacalde de Tijuana señaló que no está dispuesto a recibir un reconocimiento por parte de la mayoría legislativa de Morena cuando está ayudando a desmantelar lo que tanto tiempo llevó construir.

“¿Cómo me vería yo recibiendo un reconocimiento de quien yo creo son ahorita los que están dañándonos a todos?”, cuestionó.

Hay que reflexionar, declaró, sobre quiénes están a favor de impulsar el desarrollo del estado y de la democracia, y quiénes están regresándolas a un estado de autoritarismo y de opacidad.

El congreso local, lejos de ser un contrapeso es una oficialía de partes que le aprueba todo lo que pide el ejecutivo porque hay una relación no muy transparente con la mayoría legislativa, opinó.

Osuna Jaime mencionó que las prioridades de Baja California son la atención al tema de los servicios públicos, el déficit de energía eléctrica, la seguridad pública, la infraestructura y que las instituciones funcionen.

Criticó a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, por las fallas en las investigaciones que ponen en libertad a objetivos con capturas mediáticas, con lo que consideró que queda en ridículo.

El también exsenador de la república agregó que no hay transparencia ni contrapesos y se ponen perfiles complacientes en cargos sensibles.

Sobre la economía del estado apuntó que la actividad de los valles de Baja California deberían ser el motor de la economía, pero falta una visión contundente que impulse la agricultura, la ganadería y la pesca, con todo el litoral que tiene la entidad.

Mencionó que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anda enfocada en su seguridad personal y en averiguar si tiene o no cargos en Estados Unidos, por lo que se necesita un perfil que pueda con el cargo y que cuente con la experiencia para hacer frente al reto.

¿Queremos regidorrs que le cobren todo al alcalde en turno?, ¿Un síndico a modo?, ¿Alcaldes que no puedan tomar decisiones por sí solos?, ¿Diputados locales que repartan despensas a nombre del ejecutivo?, cuestionó.

Entre los tres requisitos que aseguró debe tener un candidato a gobernador, enlistó el no tener “cola que le pisen”; tener capacidad para estar a la altura del reto; y querer participar.

Recordó que fue coordinador de la campaña de Lupita Jones y entonces la marca López Obrador estaba muy fuerte, pero la situación ha cambiado y la molestia de la gente es evidente.

En Tijuana por ejemplo, el gobierno es quien extorsiona a los ciudadanos, ya no es el crimen organizado, externó; la gente aunque tiene miedo quiere un cambio y añadió que el voto de castigo será fuerte y a eso le apuesta.