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Corrupción

Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos 

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Por Isabel Mercado

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales. 

En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud. 

Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).

En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.

En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.

Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos. 

A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar. 

Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.

La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.

Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.

Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC

Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.

“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.

Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.

El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.

Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.

SHyFP sin fecha para determinar responsables

Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.

La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas. 

La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria. 

Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.

También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.

Gobierno perdona a proveedores

Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.

Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.

“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.

De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.

Frenar viejas prácticas

En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.

Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.

“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.

El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.

A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina. 

ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza


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Denuncian “sobrerregulación” de SAT BC

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El sector transportista manifestó su rechazo a la sobrerregulación de la que son objeto por parte del SAT BC.

Luciano Jimenez, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), comentó lo anterior y pidió transparencia en la función del organismo recaudador estatal.

Señaló que desde hace tres semanas personal del SAT BC los obliga a abrir las cajas con mercancía que ya han sido documentadas y revisadas, rompiendo los sellos que garantizan la integridad de la carga.

Agregó que no entienden esta sobrerregulación y que no hay una razón que justifique que una autoridad local los vuelva a revisar, entorpeciendo el flujo de mercancías.

El delegado de Canacar hizo hincapié en un extrañamiento a las autoridades por permitir esta práctica sin que medie un oficio de comisión.

A esta redacción han llegado denuncias anónimas, que detallan extorsiones de empleados del SAT BC, quienes piden un mínimo de 3 mil dólares para liberar mercancía del recinto fiscal, a pesar de salir de aduana con recibo de obligaciones fiscales pagadas.

Gustavo Santos Hernández es el titular de ese organismo, cuyos trabajadores están pidiendo recursos para dejar pasar mercancías en la aduana sin documentos oficiales que amparen su labor.

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Se le olvidan casos de nepotismo a Julieta al hablar del Poder Judicial

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La senadora electa de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, participó hoy en una asamblea informativa en Ensenada, donde criticó al Poder Judicial por supuestos casos de nepotismo.

Expuso que “el nepotismo es un delito; por nepotismo en el gobierno te corren y te inhabilitan. Si tu contratas en el gobierno a alguien de tu familia, te corren y te inhabilitan… pero ahí el 70 por ciento de la gente que trabaja en el Poder Judicial pertenece a una misma sangre”.

Hay que recordar que desde que la pareja de Ramírez, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, entró al gabinete estatal como secretario del Bienestar, sus hermanas, Dulce María y Ana Beatriz fueron ascendidas a funcionarias en la Secretaría de Educación.

Además, Ana Beatriz, en su cargo de directora de Participación Social y Convivencia Escolar, tiene como superior jerárquico a su hermana Dulce María, quienes la subsecretaria de Educación Básica.

Otros casos

En el Poder Judicial trabajan la esposa y la cuñada del diputado federal electo, el también morenista Armando Fernández Samaniego.

Aunque María Eugenia y Rebeca Araceli Sánchez Yescas ya estaban ahí antes de la llegada de Morena al poder, su categoría escalafonaria, sueldo y prestaciones incrementaron desde entonces.

Más recientemente, la hija del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, Mónica Medina, quien es suplente de un diputado local, fue contratada en Relaciones Públicas de Issstecali, de donde depende a nivel general en el organigrama, de la cabeza de sector, que es su padre.

Ve aquí nuestro Tiktok del tema

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Controles de alcoholemia, fuente de recaudación e irregularidades en Ensenada

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El testimonio de un mexicalense que fue detenido en Ensenada en un control de alcoholemia narra una serie de irregularidades en el proceso, que sirve como fuente de ingresos irregulares para coyotes, policías y jueces.

La víctima, cuya identidad y las evidencias del caso son conocidas para esta redacción, relató los hechos.

Él iba a Ensenada en compañía de su esposa, una amiga y el hijo menor de ésta el pasado sábado 20 de julio. Habían alquilado un alojamiento en el puerto, pero al llegar, a eso de las 7 de la tarde decidieron ir primero a un karaoke, donde pidieron una cubeta de 10 medias que se tomaron entre 3 personas.

Después de las nueve de la noche, salieron con la intención de ir a un supermercado y comprar víveres para los días siguientes. Frente al hotel Corona estaba un punto vial donde a todos los detenían para hacerles la prueba de alcoholemia.

Su prueba salió con estado de ebriedad, cuando a su parecer su condición era la de aliento alcohólico.

Al subirlo al vehículo de la policía, se acercaron cerca de 20 coyotes ofreciendo tramitar un amparo por 5 mil 500 pesos. Estaba un juez calificador y un encargado de turno de la municipal en el lugar.

El juez no quiso escucharlo, pero le dijo a su acompañante que le diera 8 mil pesos para que saliera, que de otra manera iba a pagar 16 mil de multa pero que él iba a terminar pagando como 20 mil porque el carro lo iban a remolcar.

La víctima le dijo a su amiga que no pagara.

Había salido de Mexicali con 9 mil pesos en su cartera, de los que gastó menos de  1 mil 500 pesos al momento de su detención. También traía una pequeña mochila con 200 dólares y pertenencias personales.

Estando en el vehículo de la municipal en espera del traslado a la comandancia, fue testigo de que a una señora le hicieron la prueba de alcoholemia tres veces y salió negativa. Se la hicieron una cuarta vez, la cual salió positiva.

Ella iba con su esposo, una niña como de 8 años y la abuela de la menor. La niña estaba muy asustada y llorando por ver a su madre esposada, y un policía la regañó diciéndole que se callara.

El esposo le pidió al juez que ayudara a su esposa, que él trabaja de guardia de seguridad en la penitenciaría de El Hongo y le contestaron que ahí no era nadie. Que tenía que soltar dinero si quería a su esposa libre.

Para entonces, la esposa del mexicalense empieza a tomar video al ver cómo funciona el retén de la municipal. Se dan cuenta y le quitan el teléfono.

La última foto que alcanzaron a tomar antes de que les quitaran el teléfono.

Finalmente, lo llevan esposado a la comandancia. Pide audiencia al llegar y le sugieren que le hable a su abogado. Contesta que él es abogado y se quiere representar a sí mismo. Cuenta que estuvo en una celda de 2.50 por 2.50 metros con casi 20 personas.

Le hicieron un certificado médico donde sale positivo en varios rubros cuando en la comandancia nunca lo pasaron con un médico.

Un certificado de examen médico realizado en la comandancia, que nunca se llevó a cabo.

Finalmente, cuando sale después varias horas recibe de inmediato una llamada de un número de Ensenada, diciéndole que ya saben que salió y que debe pagar una cantidad de dinero porque ellos le ayudaron a salir mediante un amparo. Le estaban queriendo cobrar algo que no pidió ni promovió y lo acosan con llamadas pidiendo dinero.

Decide proceder legalmente. El 22 de julio presentó una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra la policía municipal de Ensenada, con número de expediente 1572, otorgándole al día siguiente una suspensión provisional.

Con ese documento acude al depósito vehicular Arrastres Ensenada, ubicado en Blvd. Zertuche y Tecnológico el lunes 22 de julio, porque los domingos está cerrado, pero terminan entregándole el carro hasta el jueves 25.

No querían darle su unidad, y le sacaron una supuesta multa del 2007 por estacionarse en rojo, la cual se negó a aceptar. Le dijeron que esperara una hora. Lo hicieron esperar tres. Cuando estuvo lista la liberación de la unidad le pidieron que fuera a robo de vehículos para que le verificaran la serie y comprobar que no era robado.

Es ilógico, les comentó, pues estaba acreditando la propiedad con documentos oficiales. “No me puedo robar a mí mismo”, les dijo. “Pues así es aquí”, le respondieron.

Pago de verificación de no robo de vehículo.

Para agilizar las cosas decide pagar, aunque la suspensión provisional también surte efectos para el depósito municipal, lo cual no respetaron. Además, querían que les diera el documento original de la suspensión, cuando hay una notificación para ellos por parte de la autoridad que lo otorga. Insistían en que efectuara un pago, ahora en el depósito vehicular, para lo cual exige un recibo. Le dicen que no, pero tras verlo hacer varias llamadas, ceden y le dicen que está bien.

El “recibo” no es oficial, y pidió factura. Le contestaron que el sistema no estaba funcionando en ese momento. Pide un número de teléfono o un correo para pedir la factura correspondiente. Le dan un número, pero después, cuando se comunica para insistir en la entrega de la factura, lo bloquean.

Recibo del depósito de vehículos.

“Cuando me iba, me dijo el juez calificador enfrente de mucha gente que pocas personas se les van vivos como él. ¿Quién es tu abogado?, ¿quién te tramitó la suspensión?”, insistió con curiosidad el juez.

La víctima promueve una verificación fiscal a las autoridades de Ensenada, porque no quieren dar documento oficial con datos fiscales, como corresponde.

Del dinero que traía en la cartera le sacaron cerca de 6 mil pesos. No le pusieron sellos al carro, no le hicieron inventario. Traían unas sillas de playa en la cajuela, que encontraron quebradas y llenas de arena, cuando el carro estuvo todo el tiempo en el depósito municipal. Además, le entregaron la unidad sin gasolina y le robaron la bolsa con cosas personales donde traía los 200 dólares.

El denunciante ha sabido de al menos dos casos similares al suyo.

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