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Corrupción

Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos 

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Por Isabel Mercado

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales. 

En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud. 

Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).

En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.

En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.

Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos. 

A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar. 

Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.

La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.

Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.

Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC

Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.

“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.

Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.

El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.

Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.

SHyFP sin fecha para determinar responsables

Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.

La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas. 

La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria. 

Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.

También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.

Gobierno perdona a proveedores

Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.

Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.

“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.

De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.

Frenar viejas prácticas

En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.

Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.

“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.

El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.

A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina. 

ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza


Corrupción

Piden juicio político para Ayala y Benitez

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La presidenta estatal del PAN en Baja California, Liz Mata, acompañada de los diputados panista en el congreso local, presentó hoy una solicitud de juicio político contra los exalcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala Robles y Darío Benitez, respectivamente por el caso de las cuotas retenidas y no entregadas a Issstecali.

Mata declaró que en el caso del senador Ayala Robles no es solo del orden administrativo, sino del orden penal, pues aunque diga que ha pagado la realidad es otra, Ensenada es el municipio que más tiene adeudo con Issstecali y eso es un robo a todos los trabajadores del estado.

Entrega de solicitud de juicio político.

Sobre la mayoría morenista del congreso, pidió responsabilidad y congruencia, pues las cuentas públicas del senador no están aprobadas y en ese sentido que sean valientes y acepten la procedencia de este juicio.

Pidió que el congreso local lo cite, y advirtió que si no avanza el caso aquí, acudirán a la Cámara de Diputados federal, al Congreso de la Unión, para pedir que se le quite el fuero.

El diputado panista Diego Echevarría, manifestó que quieren que Ayala Robles sea inhabilitado y que la Comisión de Reforma de Estado determine la procedencia del juicio político y citen al senador para que explique el adeudo de 3 mil 600 millones de pesos. Darío Benitez dejó una deuda de 1 mil 500 millones de pesos, agregó.

La dirigente estatal del blanquiazul apuntó que la peor crisis de salud del estado también se deriva de estos actos de corrupción, además que todas las instituciones de salud del estado están en crisis.

“Es increíble que la propia presidenta Claudia Sheinbaum vaya y visite un nuevo hospital en Ensenada cuando el resto está devastado, porque esa es la palabra y además corren a los directivos que señalan las ausencias como fue el caso del Hospital General de Ensenada”, indicó.

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Corrupción

Fiscalía tiene congelado primer caso de José Ramón: PRI

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José Ramón López, exdirector de Bisom, de donde se transfirieron 390 mil pesos argumentando un fraude telefónico, tiene comprobado el delito de falsedad de declaraciones y la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene congelado el caso, informó Joel Blas Ramos, jurídico del PRI en Baja California.

La Sindicatura determinó que se presume una falta administrativa grave que se le atribuye al presunto responsable por abuso de funciones, y esto tumba los comentarios del síndico procurador, quien dice que muchos funcionarios tienen investigaciones, pero José Ramón tiene ya una resolución y de su propio órgano, explicó.

Óscar Vega, titular de sindicatura, tiene incluso facultades para remitir a la Fiscalía General del Estado el caso de José Ramón López. La pena de falsedad de declaraciones tiene una pena de hasta 10 años de prisión, comentó.

El abogado del tricolor recordó que a la fiscalía se le entregó una carpeta con toda la información, y el exdirector de Bisom cometió el delito de falsedad de declaraciones de la autoridad cuando era regidor, porque mintió sobre la relación de los beneficiados con apoyos sociales y mintió sobre sus percepciones mensuales. López entregó apoyos sociales a dos de sus colaboradores cercanos, quienes ya percibían sueldos de 40 mil y 45 mil pesos al mes como sus asesores.

Fiscalía  se niega a dejarles ver la carpeta de investigación alegando que Blas Ramos no es el directamente afectado, que solo hizo valer su derecho constitucional de presentar la denuncia. Por ese motivo presentarán un amparo, pues esta carpeta tiene ya dos años y el tema está congelado, subrayó.

Álvaro Aldrete, presidente estatal del PRI, comentó que es imposible que el tema de José Ramón no se politice, como partido político de oposición tienen la obligación de denunciar las irregularidades y buscan que la carpeta se judicialice. El tricolor fue de los primeros que denunció las corruptelas de este joven desde que fue regidor, dijo.

“En esta renuncia no debe acabar el tema, si creen que porque ya no está vamos a quitar el dedo del renglón están muy equivocados..  Para nada fue un acto generoso ni responsable. Lo responsable sería que regresaran el dinero”, externó.

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Corrupción

Denuncian regidores del PAN irregularidades en denuncia de Bisom

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Los regidores del PAN del XXV Ayuntamiento de Mexicali denunciaron irregularidades en la denuncia interpuesta por las transferencias hechas por Bienestar Social Municipal a cuentas de presuntos estafadores.

Manuel Rude García comentó que en primer lugar hay una diferencia en el monto reportado, pues mientras el síndico Óscar Vega habló la semana pasada de más de 390 mil pesos, en la denuncia se reportaron 3 transferencias que suman 275 mil 523 pesos.

En segundo lugar se hizo por el delito de fraude y debió hacerse por  ejercicio ilícito del servicio público y por peculado, explicó.

El edil subrayó que cuando se transfirieron los 3 millones de pesos en la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, se reclasificó el delito y eso impidió que hubiera prision preventiva como medida cautelar.

Sandra Cota por su parte, manifesto que hay explicaciones pendientes como qué calidad tenían las personas a las que se les transfirió el dinero, ya que tenían que estar dados de alta con sus cuentas en Bisom.

Gustavo Magallanes externó que algo está podrido en Bisom, y que al estar involucrado recurso público no se trata de fraude, sino de peculado.

Remarcó que los regidores panistas están pidiendo la separación del cargo del director de Bisom y los funcionarios involucrados en la cadena de mando.

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