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Corrupción

Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos 

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Por Isabel Mercado

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales. 

En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud. 

Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).

En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.

En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.

Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos. 

A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar. 

Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.

La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.

Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.

Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC

Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.

“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.

Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.

El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.

Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.

SHyFP sin fecha para determinar responsables

Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.

La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas. 

La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria. 

Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.

También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.

Gobierno perdona a proveedores

Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.

Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.

“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.

De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.

Frenar viejas prácticas

En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.

Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.

“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.

El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.

A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina. 

ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza


Corrupción

Urgen a replantear Ley General de Contratación Pública para combatir corrupción

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A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

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Corrupción

Funcionario municipal trabajó al mismo tiempo en el Poder Judicial en 2025

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Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.

La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.

La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.

La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.

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Corrupción

Denuncian opacidad en Ayuntamiento de Ensenada

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La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.

Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.

“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.

García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.

“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.

La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.

Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.

Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.

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