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Corrupción

Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos 

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Por Isabel Mercado

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales. 

En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud. 

Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).

En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.

En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.

Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos. 

A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar. 

Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.

La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.

Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.

Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC

Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.

“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.

Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.

El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.

Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.

SHyFP sin fecha para determinar responsables

Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.

La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas. 

La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria. 

Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.

También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.

Gobierno perdona a proveedores

Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.

Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.

“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.

De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.

Frenar viejas prácticas

En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.

Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.

“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.

El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.

A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina. 

ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza


Corrupción

Se contradicen Coepris e Issstecali sobre medicamento con alerta sanitaria

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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emitió un posicionamiento sobre la nota publicada aquí respecto a la prescripción de un medicamento con alerta sanitaria.

“ISSSTECALI mantiene una coordinación permanente con las autoridades sanitarias competentes y reitera su compromiso de apegarse estrictamente a la normatividad vigente en materia de adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos”, señalan desde ese instituto.

De acuerdo con información de Issstecali, la cronología del caso del medicamento Osaten 1 mg, cuyo ingrediente es el ketotifeno, precisan que el 4 de junio de 2025 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por la comercialización ilegal del producto Osaten 1 mg.

Dos dias después, el ISSSTECALI reportó a la autoridad sanitaria estatal la existencia de algunas piezas del producto en inventario y procedió a su resguardo preventivo, en espera de instrucciones oficiales.

“El 19 de septiembre de 2025, personal verificador de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en compañía del responsable sanitario y apoderado legal de la empresa Offenbach Mexicana, S.A DE C.V., realizaron la inspección correspondiente y procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”, dice el texto.

Finalmente, la postura de Issstecali indica que el instituto determinó no volver a adquirir dicha marca comercial y subraya que actuaron en todo momento “conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes, manteniendo comunicación permanente y atendiendo cada una de las medidas de control y verificación establecidas”.

El oficio enviado hace un año, de Issstecali a Coepris.

“La empresa fabricante del medicamento identificó la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Osaten (Ketotifeno) sin autorización sanitaria, dado que el registro sanitario de este medicamento actualmente no es vigente y no se ha fabricado desde el 31 de mayo de 2018″, dice el documento del 6 de junio de 2025”, lo cual se contradice con la postura de ISSSTECALI otorgada hoy, donde precisa que “…procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”.

Información de internet afirma que el medicamento no se fabrica desde 2018.

La queja de quien tomó el medicamento fue recibida en COEPRIS hoy.

María Cristina Valenzuela Rosas fue quien resultó afectada por la prescripción de Osaten, y este viernes fue a COEPRIS a denunciar la situación. Le dijeron que desde hace tiempo trabajan en coordinación con ISSSTECALI y que ese medicamento ya se había retirado.

Debido a que tomó dos dosis del mdicamento, una en miércoles y otra el jueves, tuvo que acudir de urgencia a ISSSTECALI el jueves por la noche, con síntomas como mareos, alta presión y entumecimiento en la cara.

Tras aplicarle Hidrocortisona para aminorar los síntomas, se negaron a dejarla en observación y a darle una incapacidad.

En la publicación de la nota de Valenzuela Rosas ayer jueves, una persona comentó que a ella también le habían dado Osaten en una clínica periférica de ISSSTECALI, y envió una foto a la primera afectada, por lo que no se trata de un caso islado y puede haber más prescripciones de ese medicamento con alerta sanitaria.

Van al menos dos derechohabientes de ISSSTECALI a quienes ha recetado Osaten.

¿Cuánto medicamento no estará bien en ISSSTECALI? cuestiona Valenzuela Rosas, quien agregó que le parece completamente absurda la respuesta del instituto.

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Corrupción

Tijuana registra la mayor percepción de corrupción del país: IMCO

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Urbana 2026, que evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran entre el 80 y 90 por ciento del PIB nacional y albergan al 62% de la población mexicana.

Destaca Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional y registra la mayor percepción de corrupción, con 92 .56 por ciento, cuando la media nacional es 10 puntos menor.

El informe destaca un enfriamiento económico general, con un crecimiento promedio del PIB de solo 2.4 por ciento -frente a 4.1 por ciento en la edición anterior-, retrocesos en seguridad y alta percepción de corrupción, donde el promedio nacional de 82.65 por ciento.

Sin embargo, se observan avances en infraestructura y autonomía fiscal en varias urbes. Las ciudades más competitivas combinan empleo formal, entornos seguros y gobiernos locales fuertes.

Baja California cuenta con dos zonas metropolitanas principales en la categoría de más de 1 millón de habitantes: Mexicali, que se posiciona en el lugar 13 de su grupo -competitividad media-baja-, descendiendo un lugar respecto a la edición anterior. Forma parte de las ciudades que muestran un desempeño en el rango medio-bajo, junto a urbes como Juárez, León, Morelia y Toluca.

La otra ciudad en el índice es Tijuana, que ocupa el lugar 20 -el penúltimo en su categoría-, también en competitividad media-baja y con un retroceso de una posición. El IMCO destaca explícitamente a Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional, con la mayor percepción de corrupción registrada, de 92.56 por ciento.

Las fortalezas identificadas para Mexicali y Tijuana, son la diversificación económica y ocupación hotelera, especialmente en Tijuana; indicadores de vivienda vertical y mortalidad infantil; y el contexto de frontera norte, que generalmente favorece integración a cadenas de manufactura y mercados laborales más formales en el norte del país.

Los retos son acotar la percepción de inseguridad y corrupción, que elevan costos operativos y dificultan la atracción de talento e inversión; y subsanar rezagos en crecimiento económico y calidad del empleo en comparación con líderes como Querétaro, Guadalajara, Hermosillo o Saltillo.

En conclusión, aunque Baja California mantiene presencia relevante en el mapa de competitividad urbana gracias a su posición fronteriza, Tijuana y Mexicali enfrentan desafíos estructurales que han provocado descensos en el ranking. Fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y mejorar el entorno institucional serán clave para que estas ciudades aprovechen su potencial y contribuyan más al desarrollo estatal y nacional.

El reporte completo en el sitio del IMCO: imco.org.mx.

*Esta nota fue elaborada con apoyo de la IA Generativa

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Corrupción

Receta Issstecali medicamento con alerta sanitaria federal

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Este jueves, una persona derechohabiente fue a consulta a una clínica periférica de Issstecali, siendo recetado con tres medicamentos. Uno de ellos fue el Ketotifeno, un fármaco antihistamínico y antialérgico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinitis, la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica.

Obtuvo de la farmacia de Issstecali la presentación “Ostaten”, la cual tiene alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por las siguientes razones:

Registro sanitario vencido: El medicamento no cuenta con los permisos legales obligatorios para ser vendido en el país. Su registro fue cancelado desde mayo de 2018.

Cese de fabricación oficial: El laboratorio titular del producto original (Offenbach Mexicana) confirmó a la autoridad que dejó de fabricar Osaten desde 2018.

Origen desconocido: Al no existir una producción legal y oficial en la actualidad, cualquier caja de Osaten que se encuentre en el mercado es de procedencia desconocida e informal.

Falta de garantías sanitarias: Las autoridades no pueden verificar qué sustancias reales contienen estos comprimidos, bajo qué condiciones de higiene fueron elaborados ni cómo se transportaron.

Falsificación o adulteración: Al ser un producto de comercio ilegal, existe una alta probabilidad de que se trate de unidades falsificadas que ponen en peligro al paciente.

La persona afectada considera interponer una denuncia ante las autoridades federales por esta irregularidad, ya que no puede entenderse que las personas responsables en Issstecali no estén enterados de la situación legal del medicamento.

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