Corrupción
Pretenden despojo de terrenos mediante 150 juicios de prescripción positiva
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A través de cerca de 150 juicios de prescripción positiva, Agustín Quintana Soto, representado por el abogado Miguel Ángel Torres, pretende quedarse con terrenos que no le pertenecen en la colonia Centenario Azteca, ubicado cerca del parque Todos Somos Mexicali.
El abogado del propietario de los terrenos, Gilberto Espinoza, relató que Quintana Soto ha promovido en 2023 y lo que va de 2024 unas 150 demandas en los diversos juzgados civiles de la ciudad, con ayuda de Torres.
El abogado Torres tiene un amplio expediente en la Secretaría de Honestidad y Función Pública, e incluso se le dio de baja como delegado del Registro Público de la Propiedad en Baja California hace algunos años por actos de corrupción relacionados con escrituras apócrifas.
El promotor de los juicios, Quintana Soto, es director comercial de Silver Breeze, una empresa dedicada a la regeneración de refrigerantes que colinda con los citados terrenos.
Desde hace meses personas desconocidas colocaron un cerco que impedía el paso a los terrenos del cliente de Espinoza, Jorge Armando Barraza Encinas. Desde entonces han vivido actos de intimidación para que desista en la posesión que detenta de los predios.
Pero este sábado, Barraza Encinas constató que destruyeron parte del cerco de su propiedad. El ha estado pendiente de sus terrenos y va con regularidad a revisar que todo esté en orden.
Su abogado teme que el acoso continúe y que no solo pretendan apropiarse ilegalmente de los terrenos de su cliente, sino de otros posesionarios que no están pendiente de sus lotes en esa zona y podrían ser desposeídos por las artimañas legales de Torres y Quintana Soto.
El abogado proporcionó copia de las escrituras de los terrenos de su cliente, así como copia de los pagos al día del impuesto predial. Hizo un llamado al poder judicial para que estén atentos a la cantidad de juicios de prescripción realizados desde el despacho de Torres.
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Corrupción
Niega Medina nepotismo
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El secretario de Salud del estado, Adrián Medina Amarillas, negó tener algo que ver con la contratación de su hija Mónica Medina Orejel en “Relaciones Públicas” de Issstecali; cargo que antes de la entrada de la también suplente del diputado local electo Jaime Cantón, no existía.
“Yo ni sabía que estaba trabajando en Issstecali” comentó el funcionario al periodista Benjamín Pacheco, de Ensenada, quien preguntó por el nuevo cargo y la relación de parentesco, de tal manera que Medina Amarillas comenta prácticamente que se enteró por los medios del nuevo trabajo de su hija, pues ella “ya no vive con nosotros, con la familia”.
Aunque aceptó ser la cabeza del sector salud, pero argumentó que el no hace ni “palomea” las contrataciones, por lo que se deslindó de la acusación de nepotismo.
Como publicó Brújula News ayer, el Periódico Oficial del Estado del 3 de enero de 2020, publicó el acuerdo de sectorización de las entidades paraestatales. El Artículo 8, dice:
“Se sectorizan a la Secretaría de Salud, las siguientes entidades paraestatales: 1. Organismos descentralizados: 1 Issstecali, 2 Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de BC, 3 Instituto de Psiquiatría de BC, 4 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de BC, 5 Régimen de Protección Social en Salud de BC, 6 Unidad de Especializades Médica en BC, 7 Instituto Contra las Adicciones de BC, y 8 la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de BC”.
Lo anterior quiere decir que todas las dependencias mencionadas dependen de la cabeza del sector, que es la Secretaría de Salud, por lo tanto, Mónica Medina está bajo la jerarquía de su padre.
El secretario de Salud agregó que seguramente vieron en el currículum y en la capacidad de su hija algo que pudiera ayudar al Issstecali y por eso la contrataron.
Corrupción
Entregan basificación a recomendada en DIF
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Trabajadores afiliados al Sindicato de Burócratas denuncian la basificación a recomendados sin tomar en cuenta la lista de aspirantes por antiguedad, según trascendió en un audio.
La beneficiada trabaja en el albergue del DIF y tras un año de trabajo como personal de confianza, ya le habrían entregado la base. “Hay un documento firmado por todos nosotros, donde no estamos nada más solicitando, estamos exigiendo, que cada plaza que se libere sea para un compañero de antiguedad. No es justo que hayan hecho eso; no se quien fue, a quién le pidió el favor, cuánto pagó, no se”, comenta una sindicalizada en el audio.
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La beneficiada sería Verónica Ortiz Sánchez, quien según un oficio girado en mayo, habría recibido la plaza saltándose a compañeros con más antiguedad.
Corrupción
Señalan favoritismo en Poder Judicial
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Una fuente dentro del Poder Judicial del Estado señala un trato especial a la servidora pública Fernanda Valenzuela Sández, quien siendo auxiliar administrativo percibe al mes 48 mil 247 pesos, cuando los secretarios actuarios, quienes tienen más responsabilidad les pagan poco más de 33 mil pesos al mes.
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Valenzuela Sández sería protegida del magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López. Según informes de personal de nóminas del Poder Judicial, el sueldo real de esta funcionaria sería de 80 mil pesos mensuales.
Desde 2020 la presunta protegida del titular está exenta del control asistencial, algo extraño para una asistente administrativa, pues sería la única con este privilegio. El año coincide además con la entrada a la presidencia de Fragozo López.
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El informante, quien pide el anonimato, señala que los baños del Poder Judicial no cuentan con papel sanitario, además de otras carencias, pero se va dinero del erario en favores especiales e ingresos altos para los protegidos.
Hasta hace poco Valenzuela Sández trabajó con el magistrado Gustavo Medina Contreras, funcionario allegado a Fragoso López. También Elsa Parra Encinas, esposa del magistrado presidente goza de dispensa de control asistencial desde 2020, año de entrada de Fragozo.
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La esposa de Fragozo López gana 71 mil 847 pesos como coordinadora del CEJA, y está en el nivel 16 de escalafón. En 2021 el sueldo autorizado para ese cargo era de 43 mil 375 pesos mensuales. El ingreso de un auxiliar administro según ese tabulador, no superaba los 9 mil pesos.
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