Reportaje
Jaime Bonilla incrementó patrimonio en EU y México mientras fue gobernador en BC

El político, ahora dirigente del PT, además de una lujosa propiedad en el extranjero, adquirió concesiones de radio y televisión a nivel nacional, mientras la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023 las cuentas públicas de sus dos años como mandatario estatal.
Por Eduardo Jaramillo Castro
Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) de 139 irregularidades en el uso de los recursos públicos entre 2019 al 2021, al mismo tiempo en que acrecentó su patrimonio en Estados Unidos y México.
El político, quien continúa con aspiraciones a un cargo de elección, fue Senador y después mandatario estatal por un lapso de dos años, representando al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el que militó por siete años y debido a conflictos internos, ahora es dirigente del Partido del Trabajo (PT).
En febrero del 2021 puso a su nombre una propiedad ubicada en el complejo habitacional Meridian Condominiums, con el número 700 de la avenida Front St Unit, en San Diego, con un costó 900 mil dólares o alrededor de 15 millones 300 mil pesos, cuando aún era gobernador del estado fronterizo.
El departamento está ubicado en la que es considerada la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con la compañía US News and World Report.
Según la plataforma BeenVerified.com, el departamento está valuado en más de un millón 100 mil dólares, localizado en una zona privilegiada junto con otros edificios lujosos y a menos de dos kilómetros de distancia de la bahía de la ciudad californiana.
Tres semanas después, el 22 de febrero fue puesta a nombre de Rita Fimbres Bonilla, esposa del funcionario, de acuerdo a la concesión de escritura 2021-0136465, del registro público del condado de San Diego.
Respecto a la compra de está propiedad, el ex gobernador respondió que es de su esposa e hijas, que fue adquirida con recursos de ellas, en pagos de “facilidades” y todavía la siguen pagando.
“Mi esposa no calificaba para la compra, y yo la avale, por eso se hizo así, pero casi fue al mes, mientras ella conseguía un crédito puente, pero como te mencioné, todavía debe parte”, explicó a través de mensajes por WhatsApp.
En el momento de la compra de este lujoso departamento, Bonilla Valdez percibía un salario mensual de 66 mil pesos por su cargo como gobernador, dinero que aseguró era donado a diferentes asociaciones civiles, de acuerdo a notas informativas en diversos portales de medios de comunicación.
“Si doné mi salario que percibí del gobierno del estado por razones personales, ya que mis empresas me dan para vivir bien”, respondió el actual senador a una serie de preguntas relacionadas con estas propiedades.

Las omisiones en la declaración patrimonial y de interés público
La última declaración patrimonial del ex gobernador fue realizada en 2019, cuando ejerció el puesto de delegado de Bienestar Social en Baja California.
En el documento, Bonilla Valdéz omitió informar una propiedad en Estados Unidos que tenía antes de ocupar el cargo como gobernador, ubicada en 1145 Mansiones Lane, Chula Vista, California, con código postal 91910, valuada en 2 millones 800 mil dólares o 47.6 millones de pesos, de acuerdo a plataforma BeenVerified.com.
La vivienda ubicada en una zona residencial exclusiva de la ciudad de Chula Vista, está a nombre de Jaime y Rita Bonilla, quienes se la compraron a David y Astrid Keipler el 19 de febrero de 2010, de acuerdo al registro público del Condado San Diego.
Bonilla Valdez dijo que el inmueble lo construyeron desde 1992 y desde hace varios años es propiedad de su esposa.
El ahora senador tampoco declaró varias propiedades en México, como un predio en la manzana 10 de la colonia Del Prado, delegación La Mesa; un lote de terreno en el fraccionamiento Costa Hermosa y un terreno de 900 metros cuadrados, ubicado en la colonia Chapultepec, quinta sección.
Además de omitir una casa localizada en la colonia Libertad y otra más en el fraccionamiento Jardines de Playas de Tijuana.
Las seis propiedades ubicadas en Tijuana, fueron adquiridas entre 1976 y 1986, de acuerdo con el Registro Público del Comercio y de la Propiedad de Baja California.
Bonilla Valdez respondió que a sus 73 años ha comprado y vendido, que no tiene más propiedades, y argumentó que quizá el problema sea que los nuevos dueños no han registrado las propiedades a su nombre.
“Todos esos terrenos se adquirieron y se vendieron en los 80’s y 90’s, incluyendo la casa de la Chapultepec, ninguna de esas propiedades son mías. Si observas son transacciones muy antiguas, como te dije, he tenido propiedades y empresas durante toda mi vida”, contestó.
Las declaraciones patrimoniales de interés público deben ser presentadas por los servidores públicos al inició, como al final de su periodo, pero las de Jaime Bonilla no están en la página de Declaranet, ni son públicas en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).
En mayo de 2023 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California (ItaipBC), ordenó a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHyFP) del estado, como sujeto obligado, exhibir la versión pública de la declaración patrimonial y de intereses de Jaime Bonilla Valdez.
Hasta el momento, el Estado no ha atendido este fallo, el cual fue requerido tras un recurso de revisión interpuesto por un usuario, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Para no entregar la información solicitada, la SHyFP expuso como argumento que los ordenamientos legales no contemplaban la manera de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
La resolución RR/259/2022 del ItaipBC estableció un plazo de cinco días hábiles para que se notificara su cumplimiento, de lo contrario se procedería conforme a los artículos 155 y 157 de la Ley de Transparencia.

Las irregularidades en la administración de Jaime Bonilla
La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023, las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 y 2021 del Poder Ejecutivo, periodo en el que Jaime Bonilla Valdés fungió como gobernador.
La ASEBC solo auditó el 57% del presupuesto del ejercicio fiscal del 2021 y solo en este recurso, detectó 76 irregularidades.
Una de éstas fue la alteración del presupuesto pactado para la ejecución de obras que habían sido previamente acordadas a un costo; así como la compra y entrega de insumos de apoyo social, de la cual no fue localizada su documentación; tampoco demostraron la entrega de vales de gas a supuestos beneficiarios.
En el caso de los apoyos sociales, en los cuales fueron invertidos 18 millones 696 mil pesos, el Poder Ejecutivo no entregó la evidencia documental que corroborara la supuesta entrega de 15 mil cobertores matrimoniales y 4 mil 200 colchonetas a personas en situación de vulnerabilidad.
Además de 544 computadoras personales tipo chromebook; así como el servicio de suministro de insumos alimenticios para la distribución y preparación de alimentos del programa “Desayunadores Comunitarios”.
La Secretaría de Integración y Bienestar Social implementó el programa “Otorgar Vale de Gas a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar su economía”. La ASEBC realizó 100 llamadas telefónicas con el fin de conocer el impacto social en la población del programa, de las cuales el 86% no confirmó recibir el apoyo y solo el 14% sí lo recibió.
Otro de las observaciones fue la “Construcción del puente vehicular Magisterial, en la carretera escénica Tijuana -Ensenada”, en la que se había contemplado invertir 32 millones 235 mil pesos, según el contrato número C-FINANCIAMIENTO-21-TIJ-29.
Sin embargo, el costo incrementó un 44.48% porque no estaba incluida una base de pilotes necesarios para la construcción de la obra y con la modificación del presupuesto presentado en el concurso de la licitación pública, no fue considerada la mejor opción en el precio, según el reporte de la cuenta pública 2021.

Crédito: Eduardo Jaramillo
Las empresas dueñas legalmente de la cadena de radio y televisión de Bonilla
La empresa de comunicación, conocida comercialmente como Primer Sistema de Noticias (PSN), dirigida por el ex gobernador, opera bajo el nombre de Media Sports de México S.A. de C.V y Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V.
Bonilla Valdez no figura en ninguna de las razones sociales como accionista, ni ocupa un cargo administrativo, de acuerdo al Registro Público y de Comercio Federal (SIGER).
Mientras que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, una persona allegada al ex gobernador, quien lo apoyó en el ascenso de su carrera política y trabajó en PSN, es el socio mayoritario de Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V., el cual adquirió a la edad de apenas 19 años.
También está como socio Jesús Rubén Pérez Higuera, mientras que Héctor Guillermo de Isla Puga funge como administrador y aparece relacionado en varias empresas de la familia Bonilla-Fimbres.
En Media Sports de México S.A. de C.V, los socios mayoritarios son Rita Fimbres Cheno, esposa de Bonilla Valdéz y Leopoldo Valencia Morán.
Como gobernador, adquirió la concesión de radio y una más como Senador en el 2023, a través de Media Sports de México S.A. de C.V. y una televisora en el 2022.
Grupo Radiodigital Siglo XXI S.A. de C.V cedió a Media Sports de México S.A. de C.V la frecuencia de 1270 KHZ de la estación XEAZ AM, el 7 de julio de 2021, según el Registro público de telecomunicaciones.
El 29 de julio del 2022, como Senador, compró la cesión de derechos de canal 45 por parte de Mario Enrique Mayans Concha, de acuerdo con la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Las aspiraciones políticas de Jaime Bonilla
Jaime Bonilla Valdez arrancó su campaña política para reelegirse como senador por el Partido del Trabajo, el pasado primero de marzo.
Esto, aún cuando él, junto con seis funcionarios de su gabinete enfrentan una demanda por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado, relacionado con la construcción de la planta fotovoltaica.
Ante esto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha manifestado que solicitará al Congreso de la Unión el desafuero del senador para que comparezca ante las autoridades por este caso y otras irregularidades.
“Sí es procedente la solicitud de desafuero para ser juzgado penalmente por los delitos relacionados con la planta fotovoltaica, de hecho esta es una ruta que estamos analizando con la Fiscalía General del Estado (FGE)”, comentó Juan José Pons Mendez, consejero jurídico del estado.
La planta fotovoltaica suministraría de energía al acueducto Río Colorado, el mayor consumidor de electricidad en el estado, sin embargo nunca tuvo los permisos federales para su construcción, que estaría a cargo de la empresa Next Energy.
Bonilla Valdez también podría ser llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por el asesianto de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el 23 de enero del 2022, cuando ya había dejado el cargo como gobernador, pero sostenía un pleito legal con la comunicadora, quien demandaba una indemnización por trabajar y ser despedida tras varios años en la empresa PSN, de la cual es director y propietario.
Reportaje
Faltan en Calexico oportunidades laborales y educativas

Por Juan Montesló
La incesable crisis económica que vive la ciudad de Calexico, California, viene acompañada de dos grandes factores, uno es la escaza oferta educativa, y el otro, la creciente tasa de desempleo, que desde el año 2020 a la fecha ha rondado entre el 25 y 30%.
Según un estudio realizado por la Corporación de Desarrollo Económico del Valle Imperial la demanda de talento en el año 2024 se centró en tres áreas: negocios, informática e ingeniería, y esperan cerrar la brecha que existe entre los ciudadanos, estudiantes y las empresas contratistas que buscan tener un talento verdaderamente preparado y capacitado. Una realidad que al día de hoy, parece no existir.
Corrupción
Península Doce, empresa favorecida del gobierno estatal

Por Jaime Delgado/Periodismo Negro
Península Doce es una empresa que ha logrado obtener numerosos contratos en un periodo de 4 años, entre los gobiernos de Jaime Bonilla y Marina del Pilar Avila, y que sobresale tanto por el número de obras hechas en el sector educativo, como por su indisciplina en la ejecución de las mismas, y que a pesar de eso sigue siendo favorecida por autoridades emanadas de Morena.
La más reciente sin duda fueron los baños del estado de beisbol Nido de Los Águilas, una obra que fue una erogación de 13 millones de pesos, pero de igual forma el gobierno estatal contrató a la empresas para construir módulos de venta de mercancías y comida dentro del inmueble que alberga la Serie del Caribe 2025.
Un empresario hizo llegar los primeros documentos para denunciar que en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), a través de Javier Urbalejo Cinco -ex alcalde priista de Tecate y hoy flamante subsecretario de Inversión del gobierno del Marina del Pilar- se está favoreciendo a esa empresa.

Península Doce es una Sociedad de Responsabilidad Limitada en modalidad de Capital Variable. Es propiedad Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, quien ha utilizado la estrategia de licitar bajo otros nombres: el de su cuñada Mónica León Meza y el de su esposa Kenya León Meza.
“Tal pareciera que ser licitante es la mejor opción para poder hacerse millonario, siempre y cuando uno se moche con la autoridad, en esta ocasión el INIFE BC ha sido múltiples veces denunciado por casos contundentes de corrupción sin que a la fecha haya habido alguna consecuencia, soy licitante y estoy plenamente consciente de las dificultades que una persona de a pie sufre para poder ingresar a licitar a una institución de estas”, indicó el denunciante.
Sin embargo, los procesos están sumamente amañados y distan de ser transparentes. En este caso el INIFE es fiel partícipe de estos incidentes, otorgando licitaciones millonarias a familias que se han enriquecido gracias al erario y al uso de empresas fantasmas, comentó.
En este caso sus dueños son esposo, esposa y cuñada; esta triada participa en los mismos procesos donde se supone debería de haber participación de muchas empresas, no obstante han optado por hacer adjudicaciones directas e invitaciones para saltarse los procesos de licitación ya que estos sí son públicos, dijo.
Los nombres de los licitantes son Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, la esposo de Kenya León Meza, quien lícita como Península Doce, hermana de Mónica León Meza, quien a su vez es su contadora, todos con el mismo domicilio fiscal; existen procesos en los cuales los 3 participan generando ganancias millonarias, y claro dando su respectivo diezmo a las autoridades presentes en dichos eventos, señaló.
Cómo funciona la empresa
La relación que existe entre los participantes a las convocatorias de obra de infraestructura educativa, así como las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas que han ejecutado, les han dado los recursos para echar a andar más negocios. Por ejemplo, usan la misma maquinaria para licitar los tres, registran el mismo domicilio fiscal en los procesos, y a veces para evitar que sea demasiado evidente, participan unos por otros, por ejemplo ha participado la esposa como Península Doce, quien hace tiempo tuvo de representante legal a Salvador Díaz Gutiérrez, y ha participado como proveedora y contratista la hermana y cuñada Mónica León.
La empresa como tal surge el 24 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mexicali, está registrada en el padrón de contratistas en el Gobierno del Estado bajo el número PC-BC-MXL-M-15-3433, sin que se le haya aplicado algunas de las causas para cancelación de acuerdo con la Ley de Obras de Baja California.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la empresa fue registrada hasta el 2019, con Notario Público, y con el objeto de hacer obras y diseños de proyectos, entre otras actividades.
Los dueños son Kenya León Meza con la posición mayoritaria por el número de acciones sobre el socio Jesús Francisco Rodríguez Rodríguez, quien funge como gerente de la empresa.
Las licitaciones por invitación
La empresa Península Doce y Mónica León, quienes comparten la misma dirección , que aparece como ubicada en la colonia Maestros Federales -aunque en realidad está en la Ex-ejido Coahuila-, recibieron 16 invitaciones para obtener contratos de obras, además de participar en 6 adjudicaciones directas y en 9 licitaciones públicas.
En total se habla de al menos 31 contratos localizados desde 2020 a 2024, sumando más de 70 millones de pesos, desde el 2020 hasta el 12 de agosto de 2024.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron.
Esta empresa maneja prácticamente un 10 por ciento del presupuesto anual del Instituto encargado de construir infraestructura educativa en Baja California. Cabe destacar que el INIFE es un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo, y esto es importante porque Javier Urbalejo Cinco, quien fue director del INIFE al inicio de la presente administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, a pesar de una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado, no lo despiden; le dan una subsecretaría en SIDURT.
Acoso a Abogada
Una abogada que prefiere conservar el anonimato, relató que Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez la acosa a raíz de una petición de información que hiciera vía transparencia, y desde donde hubo una fuga de información a través del Instituto de Infraestructura Física y Educativa (INIFE) , que enteró a Díaz Gutiérrez de dicha petición.
Refiere que se dedicaba a ser contacto de licitaciones, por lo que hizo una única petición de información que involucraba al constructor y su empresa en 2022. Díaz Gutiérrez obtuvo una captura de pantalla con los datos personales de la abogada, mostrándosela, y desde entonces cada que alguien solicita información sobre él o Península Doce, le llama a ella para amenazarla, o a alguno de sus familiares.
La abogada ha reclamado al INIFE esta fuga de información institucional. Le informaron que se reunió el Comité de Transparencia para tratar sobre su caso y que el resultado fue que “nadie fue”.
También acudió ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para contarles sobre lo sucedido con su solicitud. Llenó un formato de queja a mano, pero le manifestaron que no podían hacer nada.
Las observaciones de la ASE al INIFE sobre las obras de la empresa
En el contrato CP-INIFE-BC-MXL-FAM-20-07, de Salvador Alejandro Diaz Gutiérrez, se observó que durante el proceso de auditoría, las propuestas presentadas por los concursantes excedieron el techo financiero, por lo que la obra fue contratada por un monto de 8 millones 991 mil 750 y el mismo día de la firma del contrato se redujeron las metas de la obra mediante convenio modificatorio por 1 millón 491 mil 750 para quedar en 7 millones y medio, por lo que se observa una mala planeación y presupuestación de los alcances reales de la obra.
En el contrato CP-INIFE-MXL-FAM-22-12, “Rehabilitación de cubiertas de aulas y fosa séptica para la escuela Justo Sierra, sustitución de cubierta en módulo de 3 aulas y módulo sanitario para la escuela Saltillo, construcción de módulo sanitario para la E.S.T. #4 construcción de pozo de absorción y by pass para la escuela Melchor Ocampo, en el municipio de Mexicali”, la auditoría señala que falta todo el documento de bitácora de obra.
Además se observó la falta de boquilla de remate en acceso a baño de hombres y que las losetas en acceso están despegadas y quebradas, en la Escuela Secundaria Técnica 4. En la primaria Melchor Ocampo se observó una filtración pluvial en cubierta, en área de comedor y cooperativa, así como el plafón y pintura dañados por filtraciones de humedad.
Arturo Espinosa Jaramillo, titular de SIDURT, declaró en entrevista que todas las empresas se deben boletinar y aplicar las sanciones correspondientes si algún funcionario no está siguiendo las observaciones del Orfis o de la propia transparencia interna. No comentó nada sobre la colocación de Urbalejo Cinco en una subsecretaría a su cargo.
Mexicali
Retrasos y posible conflicto de interés en renta de Teatro Lux

Los trabajos de adecuación del Teatro Lux, para poder albergar las oficinas del Registro Civil, debieron terminar el 31 de diciembre pasado, según los lineamientos del Comité de Adquisiciones del XXV Ayuntamiento de Mexicali.
Al proveedor Skath Benjamín García Núñez, le otorgaron contratos de adjudicación directa en junio de 2024 para varios trabajos preliminares en el inmueble, y en diciembre de ese año le dieron los de rehabilitación y acondicionamiento.
Los trabajos debieron terminal el 31 de diciembre de 2024. Ese corto lapso hace suponer que los trabajos de rehabilitación ya venían haciéndose desde la firma del primer contrato, el cual creció de menos de millón y medio a 10 millones 655 mil pesos.
Además, la propiedad del Teatro Lux está relacionada con la esposa del expresidente municipal Francisco “Panchito” Pérez Tejada, uno de los personajes más cercanos a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y también a personajes de la administración municipal, como el exsecretario del ayuntamiento y ahora director de Administración Urbana, Daniel Valenzuela.
Fue desde la administración de Pérez Tejada que el ayuntamiento empezó a enfocarse en el llamado Centro Histórico, y esta operación de rentar un inmueble relacionado con el exalcalde, a pesar de los posibles conflictos de interés, Norma Bustamante sostiene que se trata de algo transparente y legal.

Trabajos preliminares
El 29 de junio de 2024 se firmó un contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Mexicali y Skath Benjamín García Núñez, (01-AYTOMXL-OM-INV-07-24) por 1 millón 337 mil 760 pesos para realizar trabajos preliminares para la reubicación de las oficinas del Registro Civil, en el inmueble del Teatro Lux.
En el contrato se establece que inicia a partir de la fecha de firma del mismo hasta el 30 de septiembre de 2024 -es decir poco más de tres meses-, estableciéndose en la cláusula sexta que “concluirá hasta la terminación y resultados obtenidos derivados de la prestación de los servicios, los cuales deberán ser proporcionados hasta antes del término de la vigencia del presente contrato”.

Descripción de los trabajps preliminares, del contrato firmado en junio de 2024.
Los trabajos a realizar son retiro y limpieza de 1,305 metros cúbicos de escombro en planta baja y alta del edificio, por casi 750 mil pesos; desmonte y retiro de cortinas existentes por 16 mil 500 pesos; suministro y fabricación de sobrepiso de nivelación, por 464 mil pesos. Además, el proveedor proporcionará el suministro y/o colgado de tubería hidráulica y sanitaria en planta baja y alta por casi 54 mil pesos cada uno.
En el Anexo A, se detallan los servicios a realizar y su costo, y en el apartado “Lugar, plazo y condiciones para la prestación del servicio”, indica que los trabajos inician a partir de la firma del contrato “y concluirá hasta el cumplimiento del objeto de los servicios a prestar, dentro de las instalaciones que albergarán las oficinas del Registro Civil, con domicilio en Calle Morelos 63, de la colonia Primera Sección”.
Es decir, mientras que en el contrato se tienen 3 meses para la ejecución y entrega de los trabajos, en el anexo la fecha no está fija. Se termina el contrato, cuando se concluyan los trabajos.
En una entrevista exclusiva con La Voz de la Frontera, el 31 de julio de 2024, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante anunciaba que cambiaría las oficinas del Registro Civil en la próxima administración, al inmueble del Teatro Lux.

En esa nota, encabezada con “Hemos respondido ante la corrupción: Norma Bustamante”, la edil mencionó que la renta del inmueble costaría alrededor de 50 mil pesos mensuales.
En la pasada manifestación contra el reemplacamiento, el viernes 17 de enero en la Plaza de los Tres Poderes, la exalcaldesa Guadalupe Mora, expresó ante el micrófono que la renta del también llamado Cine Lux costaba 26 mil dólares al mes; más de 500 mil pesos.
Trabajos de rehabilitación y acondicionamiento
El 5 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mexicali, donde se trató la adjudicación directa para la rehabilitación y acondicionamiento del edificio que albergará las oficinas del Registro Civil.
Ahí se subrayó la importancia e terminar las instalaciones para poder trasladar las oficinas en enero 2025. También se habla de una “contracción financiera” que no han permitido avanzar en tiempo, más el término de la administración, los tres meses previos en los que había prohibición para contratar, por 10 millones 655 mil pesos, con un anticipo del 50 por ciento “y un segundo pago a la conclusión de los trabajos que no deberán exceder del 31 de diciembre”.
La rehabilitación del inmueble está circunscrita en diversas etapas, y menciona en términos generales, pisos, muros, cubículos y plafonería.

Otras adjudicaciones al proveedor
A Skath Benjamín García Núñez se le otorgaron las adjudicaciones directas AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-16-24-BIS para el suministro y la instalación de un generador eléctrico de 400 KW por 6 millones 890 mil pesos en mayo de 2024.
También el 30 de mayo de 2024 se le adjudicó directamente tras declararse desierta la convocatoria dos veces en abril, el contrato para el mantenimiento preventivo de los equipos de aires acondicionados del Gobierno Municipal, por 1 millón 391 mil 400 pesos.
Al multifacético proveedor también le fue adjudicada la instalación de la pista de hielo de la Villa Navideña del 2022 (del 9 de diciembre 2022 al 8 de enero 2023), tras declararse desierto el resultado de la convocatoria emitida apenas el 5 de noviembre de 2022.
Se solicitó una postura de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali sobre el retraso en la obra del Teatro Lux, pero no hubo respuesta. El contrato de renta del inmueble no aparece en la sección de “Transparencia” del Ayuntamiento de Mexicali, donde debería estar disponible.
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