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Corrupción

Gobierno de BC contrata a empresa de ex funcionario y aumenta 135% el pago

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Por Adán Mondragón

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) incrementó de 17 a 40 millones de pesos el pago por concepto de seguridad privada a la empresa de un ex funcionario público. Pese al aumento en el contrato de vigilancia, los robos de infraestructura en sus instalaciones continuaron, afectando a miles de usuarios de Tijuana y Playas de Rosarito. Además, la dependencia rebasó el monto establecido en el Presupuesto de Egresos para realizar procesos de adjudicación directa y no por licitación pública.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

En los dos años de gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California (2019-2021), la CESPT reportó más de 30 robos que sumaron 2.2 millones de pesos (en pérdidas) en tanques y plantas de bombeo, situación que derivó en desabasto de agua potable en diversas colonias de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

Los atracos ocurrieron cuando las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Agua Potable se encontraban bajo resguardo de la empresa Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE SA. de C.V que recibió un contrato por más de 40 millones de pesos para prestar el servicio de vigilancia.

De acuerdo con el acta constitutiva obtenida mediante el Registro Público de Comercio la empresa es propiedad de Luis Javier Algorri Franco quien la dio de alta en abril de 2014.

El domicilio fiscal de la empresa de seguridad no corresponde a las oficinas de un corporativo sino a un inmueble en abandono habitado por una familia que vive en una casa rodante.
Crédito: Adán Mondragón

Algorri Franco se desempeñó como subsecretario de Migración y secretario del Trabajo y Previsión Social, entre los años (2019 y 2021).

Pese a ser funcionario público en activo su empresa obtuvo un contrato con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por 40.4 millones de pesos el 11 de junio del 2021 y posteriormente, el 30 de diciembre del 2021, se realizó una ampliación al monto del contrato por 8 millones para quedar en un total de 48.4 millones de pesos.

Contrato excedió monto permitido para adjudicación directa

Vicente Sánchez Munguía, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) campus Tijuana, consideró que la contratación presenta varias irregularidades.

Una de ellas es la entrega por adjudicación directa del contrato cuyo monto rebasa lo permitido por ley, en lugar de haberse dado mediante una licitación pública, es decir, mediante competencia entre varias empresas.

“Es una atribución la adjudicación directa, pero muchas veces es la relación que hay entre los directivos y los empresarios lo que influye para las adjudicaciones”, dijo el investigador Sánchez.

El artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California, señala que las adjudicaciones directas deben ser para contratos menores a un millón de pesos, pero en el caso de la empresa del ex funcionario, este contrato fue más de 40 veces mayor.

La otra irregularidad que observa el académico es que el contrato le fue asignado a la empresa de un político ligado al entonces gobernador del estado, Jaime Bonilla.

“En este caso se le entrega el contrato a una persona vinculada políticamente al grupo de Bonilla”, señaló el experto en estudios de administración pública.

Incrementan monto para seguridad; aumentan robos en instalaciones

En Tijuana el suministro de agua en los hogares, a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) no es constante debido a cortes programados o por afectaciones en las instalaciones.

Entre el 2018 y el 2021, se registraron 92 casos de vandalismo en 78 instalaciones de la CESPT. Un total de 62 de los atracos ocurrieron en 2018 y 2019.

La afectación a la paraestatal entre el 2018 y 2021 fue de 6.3 millones de pesos para la reparación, reposición del material averiado por los daños ocasionados. Sin embargo, no todas las veces que la CESPT tuvo afectaciones se denunció ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con documentos obtenidos por acceso a la información pública.

El domicilio fiscal de la empresa de seguridad no corresponde a las oficinas de un corporativo sino a un inmueble en abandono habitado por una familia que vive en una casa rodante.
Crédito: Adán Mondragón

Además de los daños materiales de la dependencia vigilada por la empresa del ex funcionario, están los estragos de la población que tras los robos, se quedan sin servicio de agua potable en sus casas.

Rosela Jiménez, residente de Colinas de Mazatlán en Playas de Rosarito, es una de las víctimas de los robos a la dependencia de gobierno, pues asegura que al menos dos veces al mes y sin previo aviso no cuentan con suministro de agua.

“En ocasiones hemos reportado fugas que hay en las tomas de los tanques de agua”, comentó la afectada, quien agregó que este problema aumentó hace dos años.

“Hemos tenido que comprar tambos y reservar agua porque no avisan cuando hay suspensión del servicio”, señaló Rosela Jiménez.

Para Candy Rodríguez, habitante de la colonia Valle de las Palmas los cortes de agua en la zona son muy comunes, pues seguido se averían las bombas de suministro.

Comentó que hay semanas en las que entre las seis y las ocho de la mañana cuenta con agua, pero al filo de las seis de la tarde cortan el servicio y hasta el otro día o un día después vuelve el suministro.

“Es común que en la zona batallemos para tener agua, cuando no, de plano no hay agua, tenemos que mandar pipas para que nos surtan y la verdad que es bastante difícil vivir así”, recalcó la residente de Valle de las Palmas.

De problemas similares ha sido testigo Sarahí Méndez, vecina de la colonia Villas del Campo y madre de tres niños, pues asegura que sin importar que pagan mensualmente el servicio se quedan sin agua.

Instalaciones del tanque Aguaje de la Tuna, en la delegación San Antonio de los Buenos.
Crédito: Adán Mondragón

“Es injusto que uno cumpla con el pago del agua de manera mensual y que no todos los días haya servicio. En ocasiones no la quitan el lunes (el agua) pero empieza desde el domingo y nos la vienen regresando hasta el martes, miércoles prácticamente tres días sin agua”, manifestó la mujer.

Sarahí Méndez agregó que cuando reportan las fallas en el suministro a la línea telefónica 073 únicamente les comentan que hay averías en el sistema o que se están realizando reparaciones.

“Cuando no informan con tiempo lo relacionado a la suspensión del servicio, tenemos que comprar agua a los que andan en las pipas, por 100 pesos llenan el tambo, un gasto adicional para la familia”, concluyó la señora.

Siguen los atracos y fallas en el suministro de agua

El 8 de septiembre de 2022 la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Agua Potable hizo público que habían ocurrido más actos vandálicos en sus instalaciones que afectaron a los ciudadanos.

“La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informa que actos de vandalismo provocados a la red de distribución de agua potable, alcantarillado sanitario y equipo electromecánico provocaron fugas, derrames y falta de suministro de agua en diversas zonas de la ciudad de Tijuana”, señalaron en el boletín de prensa.

La dependencia indicó que se están “tomando las medidas para cuidar los equipos, ya que es de suma importancia mantener un eficiente sistema” y especificaron que además de robos ocurridos a plena luz del día hubo incendio de instalaciones.

Director de CESPT reconoce incapacidad para garantizar seguridad en sus instalaciones

Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), reconoció que no hay capacidad para tener vigilancia sobre los 360 tanques de la paraestatal distribuidos en la ciudad y confirmó que mantendrán el contrato con la empresa.

“Tenemos que seguir con ellos, porque tenemos que seguir cuidando las instalaciones estratégicas, que son las estaciones de bombeo”, destacó el director, quien admitió los problemas.

“No me alcanza para poner 300 guardias en cada tanque y que doblen turno para que puedan estar vigiladas las 24 horas”, sostuvo el director de la paraestatal que fue nombrado el 18 de julio del 2022.

A su vez, agregó: “lo que más problemas nos causa es que nos hagan daño en instalaciones porque se pierde el servicio de agua en la zona de la ciudad donde se hace la afectación, tenemos un costo social, más un costo de mantenimiento y financiero”, indicó Amador Barragán.

El director comentó también que es necesaria la participación de los ciudadanos y puso como ejemplo el fraccionamiento Santa Fe, donde los vecinos se organizaron para cuidar las instalaciones y evitar más atracos a la red de agua.

Instalaciones del tanque de la colonia Herrera, en la delegación Playas de Tijuana.
Crédito: Adán Mondragón

Empresa de seguridad ilocalizable

Pese a los atracos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Agua Potable, la empresa VAPE S.A de C.V no ha podido frenar los robos.

Se contactó a Luis Javier Algorri, socio fundador de la empresa, quien no quiso declarar al respecto alegando que no es representante legal de la misma, sin embargo se comprometió a proporcionar un contacto de quien actualmente administra la empresa de seguridad y hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Al visitar la dirección fiscal que aparece en el contrato DAD-ADQ-CESPT-46-21 firmado entre la empresa y la dependencia de gobierno se localizó que corresponde a un lote baldío.

El domicilio es un predio ubicado en la carretera libre Tijuana – Playas de Rosarito número 14500 en la colonia La Gloria, en Tijuana, lugar que es habitado por una familia que vive en una casa rodante.

En la visita al lugar -realizada en diciembre de 2022- se platicó con los habitantes de la familia Hernández quienes manifestaron tener alrededor de 18 meses asentados en el área.

Uno de los miembros comentó que desconoce el porqué hay un par de viviendas a medio construir y reiteró que llegaron al predio porque un conocido les pidió que vinieran para evitar que el lugar fuera invadido.

Junto al predio referido como el domicilio fiscal de VAPE S.A de C.V hay una empresa de bienes raíces, por lo que se platicó con uno de los trabajadores para conocer más información.

Uno de los empleados -quien pidió omitir su nombre real- dijo que tienen más de cinco años trabajando en el lugar y durante ese tiempo no han visto nada relacionado con alguna empresa de seguridad.

Inconsistencias entre denuncias presentadas ante Fiscalía General del Estado y robos registrados

Entre los años 2018 y 2021 la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) documentó 92 robos y/o actos vandálicos en 78 instalaciones (tanques, plantas de bombeo, plantas de tratamiento) distribuidas entre Tijuana y Playas de Rosarito, según informa la paraestatal a través de una respuesta obtenida vía transparencia

Sin embargo la dependencia no denunció en todas las ocasiones que sus instalaciones sufrieron algún robo y/o acto vandálico, pues de acuerdo a su respuesta presentada por acceso a la información pública únicamente interpusieron 47 denuncias.

A su vez, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FgeBC), entre del 2018 y octubre del 2022, recibió 142 denuncias por parte de la CESPT por el robo de cableado, tubería, entre otras piezas según consta el documento enviado por la Fiscalía por transparencia.

Corrupción

Denuncian por hostigamiento y posible fraude a directora del CDHI

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Una denuncia por hostigamiento contra la directora del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI), Maribel Real Martínez, fue interpuesta ante Sindicatura el pasado mes de abril.

La denuncia, de la cual esta reportera tiene copia, expone que Real Martínez hostiga a un empleado de limpieza de nombre Bryant Andrés Aguilar García, quien tiene 20 años de edad y una discapacidad de lenguaje.

Sobre él, dicen sus compañeros que su discapacidad “lejos de ser un impedimento ha sido un gran ejemplo para nosotros por sus ganas de superarse y apoyarse económicamente”.

Relatan que Real Martínez lo busca para que la acompañe a otras áreas que a él no le corresponden para que vaya levantando la basura que ella le señala, situación que no sucede con otros trabajadores de limpieza.

También declaran que tras las últimas lluvias, la directora hizo que fuera a sacar el agua acumulada de unos juegos con un vaso que ella sacó de la basura, cuando hay equipo especial para drenar agua y cada empleado de mantenimiento tiene un área específica, no siendo ésta la que corresponde al joven.

Precisan que la directora promovió que los trabajadores tomaran alguna actividad física dentro de Centenario y en su horario laboral, y Aguilar García se inscribió al curso de box. En ocasiones el maestro llegaba tarde y la clase tardaba más, y por eso ella le reclamaba al empleado y no al maestro, situación por la que el joven decidió abandonar el curso.

Los compañeros denunciantes indican que han sido testigos de como Real Martínez le habla al joven con un tono de prepotencia y sarcasmo.

Maribel Real Martínez, directora del patronato CDHI.

Pero el joven no ha sido la única víctima de la directora. Exponen también el caso de Lilia Osuna Gómez, trabajadora de mantenimiento de edad avanzada, a quien le exige labores que ponen en riesgo su seguridad como la limpieza de espejos de mucha altura, o que remueva manchas viejas que son imposibles de limpiar, además de asignarle un área muy amplia de limpieza para una sola persona.

Por si fuera poco, señalan la comisión de un posible fraude al otorgarle contratos al proveedor de nombre Javier Gómez, para el sistema de pluma electrónica, cuando éste nunca ha funcionado y tienen que dar acceso manual.

Relatan en la denuncia que los empleados pidieron autorización a la directora para deshacerse de fierros viejos, y le pagaron a una persona para que se los llevara y los vendiera por peso. Los poco más de mil pesos de ganancia serían destinados a la compra de equipo de protección, pero Real Martínez solicitó el dinero y no supieron en qué se destinó.

“Nos hemos enterado que el hostigamiento se está expandiendo a otras áreas como es el caso de la coordinación administrativa, se respira un ambiente hostil y violento laboralmente que solo promueve la desmotivación en los empleados y falta de certeza en nuestro empleo”, subrayan.

Los denunciantes temen que por la amistad de la directora con el síndico procurador, el caso no se atienda.

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Policía municipal incumple acuerdo tras atropellar a motociclista

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El pasado 22 de marzo, el agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Omar Jesús Sámano Arreola atropelló a Luis Arturo Seguro Pacheco quien se desplazaba en su motocicleta.

El caso quedó asentado en el expediente de la Fiscalía General del estado 0202-2024-01155/NAC, con fecha del 9 de abril de 2024 por daño en propiedad ajena y lesiones por culpa.

El policía fue responsable del accidente que lesionó a Segura Pacheco, quien es chofer de DIDI y no ha podido reincorporarse del todo a su trabajo.

El día del accidente el responsable le dio mil pesos, se llevó la motocicleta para repararla, quedó de surtirle los medicamentos que necesitara y firmó un acuerdo escrito donde se comprometía a apoyarlo en sus gastos.

El policía lo amenazó que mejor lo dejarán así, que porque si quería denunciarlo llevaría mucho tiempo, que le daría 50 pesos a la semana, le regresó la moto en mal estado y acompañada de un documento donde decía deslindarse. Luego regresó por ella y no la ha devuelto.

Aquí una grabación de la conversación telefónica donde evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos con el lesionado, quien exige la reparación de los daños.

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Corrupción

Hay 26 denuncias contra autoridades de salud de gobierno anterior: Pon Méndez

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Juan José Pon Méndez, jurídico de Gobierno del Estado, comentó que siguen adelante las denuncias contra autoridades estatales de salud de la pasada administración.
Refirio con son 26 denuncias, de las cuales 20 tienen que ver con adjudicaciones directas, específicamente con compras a sobreprecios.

Además hay 3 relacionadas con contrataciones irregulares de mantenimiento, 2 con compras de medicamentos caducos y 1 con contratación de servicios irregulares de publicidad, agregó.
El jurídico apuntó que las 26 denuncias son analizadas por la Fiscalía Anticorrupción y de esas, 15 fueron remitidas a Fiscalía General de la República, por tratarse de recursos federales los que se utiluzaron de manera irregular.

Al cuestionarlo si Alonso Perez Rico, exsecretario de Salud en la pasada administración sería citado a declarar, opinó que “seguramente sí”.

Hace poco, el señalado manifestó en una entrevista que no había recibido ninguna notificación, pese a que la supuesta denuncia contra él se hizo hace meses.

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