La síndica procuradora, Teresita Balderas informó que por medio de la Contraloría solicitó información de contratos anteriores y encontraron que del 2019 al 2024 sí hubo cinco contratos con ellas. La presente administración no encontró en una revisión a grandes rasgos, rastro de contratos con dichas empresas, agregó.

Balderas dijo que los contratos corresponden a los años 2019, 2022, 2023 y 2024, por casi 30 millones de pesos por proveeduría de controles para semáforos, chalecos balísticos, cascos, y colocación de gps, entre otros conceptos.

Son cinco contratos que encontraron de administraciones pasadas -uno del 2019, otro del 2022, uno más en 2023 y dos en 2024- , comentó la funcionaria, pero por medio de una auditoría y una revisión exhaustiva confirmarán si efectivamente no tienen ninguno en el periodo de Ismael Burgueño.

“Lo que estamos revisando desde el principio de la administración es que tengan todos los elementos, que el objeto del contrato esté bien, que el proveedor esté legal, que el monto adjudicado sea el correcto”, expresó.

La síndica detalló que reformaron una norma técnica para salvaguardar el proceso de la proveeduría, ya que esto puede influir y dar pie a situaciones irregulares, por lo que actualmente a todos los proveedores se les manejan garantías, eso siempre debe ser para tener la certeza del costo beneficio de lo que se está adquiriendo, concluyó.

Los diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vázquez y César Israel Damián Retes, exigieron a las autoridades mexicanas esclarecer de manera exhaustiva los señalamientos de corrupción del gobierno estatal, tras las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el excoordinador de proyectos estratégicos, Carlos Torres.

Durante un mensaje conjunto, la diputada Eva María Vázquez advirtió que Baja California enfrenta una situación sumamente compleja y demandó que se ponga fin a las respuestas evasivas por parte de la administración local.

Por su parte, el diputado Damián Retes detalló el perfil de Carlos Torres, recordando su vínculo directo con la actual gobernadora, Marina del Pilar, y su rol dentro de la administración pública del estado.

Subrayó que la oficina estadounidense lo acusa de mantener nexos con la delincuencia organizada y de aprovechar su posición para favorecer actividades delictivas.

“El Departamento del Tesoro lo señala por vínculos con una organización criminal y por utilizar su influencia política para facilitar sus operaciones. Este señalamiento va mucho más allá de una sola persona; habla de protección ante las autoridades y sostiene que esta red habría alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal”, apuntó Retes.

Ante esta situación, Vázquez destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México ya tomó las primeras medidas formales al congelar cuentas bancarias y abrir una carpeta de investigación por movimientos financieros irregulares. En nombre de su partido, la diputada cuestionó los alcances reales de las indagatorias e interpeló a los organismos de procuración de justicia.

“Preguntamos: ¿Qué está investigando la Fiscalía? ¿Hasta dónde llegan estos vínculos y qué ocurrió dentro del gobierno de Baja California? También las autoridades tienen que esclarecer qué sabía Marina del Pilar y quiénes más están siendo investigados”, puntualizó la legisladora.

Finalmente, ambos representantes federales coincidieron en que el proceso no debe admitir concesiones ni privilegios políticos, urgiendo tanto a la Fiscalía como a la UIF a actuar con total transparencia y rigor.

La gobernadora Marina del Pilar Avila informó este viernes que ordenó una revisión de las empresas que aparecieron en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos publicada a inicio de semana.

Agregó que las empresas señaladas serán sujetas a una revisión y adelantó que aquellas en las que se confirme algún contrato, este se cancelará y serán vetadas para cualquier tipo de participación con el Gobierno del Estado.

Explicó que la información relacionada con el listado fue recibida apenas el martes por la tarde, por lo que la Secretaría de Honestidad aún está trabajando en el análisis de las empresas mencionadas y de su posible participación en operaciones con el gobierno estatal.

Por otra parte, Marina del Pilar confirmó la renuncia de Luis Miguel Buenrostro Martín, director general del CECyTE BC y hermano de Rafael Buenrostro, señalado por los Estados por presunto vínculo con el crimen organizado.

Expuso que, si bien él no está señalado directamente por autoridades estadounidenses, fue por voluntad propia el separarse del cargo para que se realicen las debidas investigaciones y agradeció la oportunidad que se le brindó.

Para finalizar, la mandataria indicó que, una vez que concluya la revisión y se determine la participación de las empresas señaladas, el Gobierno del Estado dará a conocer la información correspondiente.