Los diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vázquez y César Israel Damián Retes, exigieron a las autoridades mexicanas esclarecer de manera exhaustiva los señalamientos de corrupción del gobierno estatal, tras las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el excoordinador de proyectos estratégicos, Carlos Torres.

Durante un mensaje conjunto, la diputada Eva María Vázquez advirtió que Baja California enfrenta una situación sumamente compleja y demandó que se ponga fin a las respuestas evasivas por parte de la administración local.

Por su parte, el diputado Damián Retes detalló el perfil de Carlos Torres, recordando su vínculo directo con la actual gobernadora, Marina del Pilar, y su rol dentro de la administración pública del estado.

Subrayó que la oficina estadounidense lo acusa de mantener nexos con la delincuencia organizada y de aprovechar su posición para favorecer actividades delictivas.

“El Departamento del Tesoro lo señala por vínculos con una organización criminal y por utilizar su influencia política para facilitar sus operaciones. Este señalamiento va mucho más allá de una sola persona; habla de protección ante las autoridades y sostiene que esta red habría alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal”, apuntó Retes.

Ante esta situación, Vázquez destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México ya tomó las primeras medidas formales al congelar cuentas bancarias y abrir una carpeta de investigación por movimientos financieros irregulares. En nombre de su partido, la diputada cuestionó los alcances reales de las indagatorias e interpeló a los organismos de procuración de justicia.

“Preguntamos: ¿Qué está investigando la Fiscalía? ¿Hasta dónde llegan estos vínculos y qué ocurrió dentro del gobierno de Baja California? También las autoridades tienen que esclarecer qué sabía Marina del Pilar y quiénes más están siendo investigados”, puntualizó la legisladora.

Finalmente, ambos representantes federales coincidieron en que el proceso no debe admitir concesiones ni privilegios políticos, urgiendo tanto a la Fiscalía como a la UIF a actuar con total transparencia y rigor.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California anunció que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a exfuncionarios del gobierno estatal y municipal señalados recientemente en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación, los legisladores del blanquiazul expresaron que la situación de seguridad en la entidad es crítica y que las acusaciones de las autoridades estadounidenses revelan una presunta red de complicidad con la delincuencia organizada que involucra a exservidores públicos e incluso empresas vinculadas a personajes de la política local.

El diputado Diego Echevarría dijo que entre los nombres citados en las listas de sanciones del gobierno estadounidense y mencionados por los diputados destacan Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; su hermano Luis Alfonso Torres; la exdiputada Araceli Brown (en una comunicación anterior de las autoridades estadounidenses); y Pedro Ariel Mendívil, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública en Mexicali durante cuatro años.

La diputada Alejandrina Corral señaló que la acción legal busca terminar con la narrativa oficial de que las acusaciones responden únicamente a «politiquería» o denuncias anónimas. Fundamentó la medida en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a todo ciudadano y servidor público a denunciar la probable comisión de un delito penal.

«Es obligación constitucional de la Fiscalía investigar. Exigimos que las autoridades mexicanas hagan su trabajo y no omitan estas investigaciones, porque la omisión y el retardo malicioso en la administración de justicia también son delitos sancionados con pena de cárcel para los servidores públicos», advirtió.

Por su parte, la diputada Mayola Gaona criticó la falta de resultados de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, señalando que mientras las autoridades estatales negaban las investigaciones, dependencias estadounidenses abrieron expedientes sobre el presunto uso de empresas locales para el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Acciones legislativas y juicio político

Echevarría, coordinador de la bancada, precisó que la estrategia del PAN se dividirá en dos frentes principales: la vía Legal, con presentación de la denuncia de hechos formal ante la FGR para requerir la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría anticorrupción.

 Y la vía Legislativa y Política, con el impulso de un juicio político a través de los diputados federales de Acción Nacional contra la gobernadora de la entidad. Echevarría explicó que el recurso deberá tramitarse en el Congreso de la Unión debido a que reformas constitucionales locales retiraron la facultad al Congreso de Baja California para procesar políticamente al titular del Ejecutivo estatal.

Finalmente, los legisladores adelantaron que revisarán los perfiles de cara al próximo proceso electoral para evitar que personas con investigaciones abiertas o presuntos vínculos con el crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular, y siguiendo las propias reglas que ha puesto Morena, impedirán que aparezca Julieta Ramírez en la boleta electoral si surgen más informaciones que señalen su participación en esquemas de financiamiento ilegal para campañas políticas.

El aspirante a la gubernatura de Baja California, Héctor Osuna Jaime, consideró que el reciente comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que señala a políticos y hace mención directa a Luis y Carlos Torres, entre otras personas, confirma el contubernio entre el crimen organizado y el gobierno estatal.

“Es una noticia que confirma lo que todos ya sabíamos: dinero ligado al narcotráfico con poder en el gobierno, intercambio de favores, dinero del crimen organizado a cambio de políticos protegiéndolos, y el dinero sigue la ruta de las alianzas y de las complicidades”, afirmó.

Sobre el impacto de estas acusaciones en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el aspirante se centró en el círculo más cercano de la gobernadora, particularmente en su esposo. Señaló que, aunque se dice que están legalmente divorciados, él lo duda.

Osuna Jaime afirmó que ambos “actuaban como una combinación en donde el esposo ejercía un poder que no tenía legalmente”, ya que “él no fue electo para nada” y la gobernadora lo nombró para “proyectos estratégicos especiales”, una designación que calificó de irregular y que nunca fue transparente.

Pidió a la ciudadanía demandar una explicación clara a Avila Olmeda: “Yo creo que los ciudadanos deben de demandar de la gobernadora una explicación de todo lo que sucedió, por qué dejó y dio tanto poder a su esposo, en base a qué, y cuáles son las rutas de los compromisos que se hicieron ahí”.

Criticó el carácter honorario del nombramiento, al considerar que viola la legislación vigente. “Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus bienes, y no puede ser que porque eres honorario no declaras nada. De alguna manera eres funcionario, tienes acceso a la información estratégica de un gobierno, información privilegiada… pero no tenía la responsabilidad de un funcionario… que se le aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos”, expresó.

Para Osuna Jaime, se trató de una situación ilegal que derivó en que se trastocara el orden de la sociedad baja californiana., pues al aliarse con el crimen organizado, según las acusaciones, “hay gente que ha muerto, hay gente que no ha sido atendida en un hospital porque no estaban enfocados en lo que tenían que hacer”.

Concluyó que “eso lo vimos desde hace mucho, no es sorpresa para nadie. Veíamos que esa era la intención y vemos ahora los resultados”.