Desde la entrada de Armando Carrazco a la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) han administrado la paraestatal con dispendio, favoritismos y fines electorales.

En el año 2024, cada semana durante la campaña de Erick Morales se trasladaba personal de confianza de Carrazco por órdenes de Carlos Torres Torres, a entregar un maletín de dinero para inyectarle a la campaña, así como personal en funciones que fue desplazado a la ciudad de Tijuana, cobrando aun en Mexicali, informan empleados de la CESPM que piden su anonimato.

En cuestiones laborales, fuentes de la sección Mexicali del Sindicato de Burócratas, señalan que Carrazco no ha basificado a ni un solo empleado por parte del organismo sindical; sin embargo, sí lo ha hecho con sus funcionarios.

También hay muchos empleados en nómina pero que no trabajan, los denominados “aviadores”, así como el otorgamiento de bases a amigos y familiares de Carrazco y su director administrativo, Víctor Manuel Picos Ramírez.

La mano de Carlos Torres  

Fuentes internas de la CESPM precisan que este esquema de corrupción y favoritismo se remonta a la administración de Armando Samaniego, por instrucciones de Carlos Torres, para usar la paraestatal como caja chica de Gobierno del Estado, financiadora de campañas políticas y lugar donde acomodar a su gente con cargo al erario.

A Samaniego le permitieron disponer de personal cuando lo cambiaron a la Comisión Estatal del Agua, y otorgaron bases en acuerdo con el entonces dirigente Manuel Guerrero, dicen los empleados.

Desde perfiles de trabajadores, hasta aviadores, hay quienes siguen en nómina, pero a disposición de las funciones del diputado Samaniego, declaran fuentes del organismo del agua.

Citan como ejemplo a Luis A. Valdivia, quien, según los últimos datos, está en la nómina de Zona comercial 2 en los Santorales; o Mario Gerardo Tejeda, quien está comisionado al Sindicato que dirige Guillermo Aldrete, pero nadie sabe dónde están y qué hacen, pero sí cobran.

Armando Samaniego, comenta que él asumió la dirección de la CESPM con 12 millones de pesos en caja, y la dejó con 400 millones. Además, que a su llegada la nómina representaba el 65 por ciento del presupuesto y a su salida quedó en 35 por ciento.

“La gravedad del deterioro ya no permite simulaciones: la responsable de adquisiciones, Lucia Janet Sing, utiliza al personal en horas laborales para hacer trabajos en su vivienda con cargo al organismo. O el jefe del taller mecánico, Francisco José Gómez Arce, que insulta y llama pendejos a los trabajadores a su cargo”, mencionan los empleados.

Precios inflados

Esta administración se ha caracterizado por ausencia operativa, uso político del cargo, corrupción, tráfico de influencias y un manejo en opacidad los recursos públicos.

La CESPM compró un sistema de cámaras de seguridad y equipos tecnológicos muy por arriba de precios de mercado, instalados en los edificios en acuerdo entre el subdirector administrativo, Víctor Manuel Picos Ramírez y el jefe del Área de Sistemas Tecnológicos, Francisco Javier Gallegos Báez, a través de la empresa GYO La Nube Proyectos Estratégicos, propiedad del propio Báez y del administrador del congreso, Antonio Olivas Arredondo (GYO es por Gallegos y Olivas).

Esta empresa fue acusada de fraude por 16 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Ensenada.

Una publicación del Semanario Zeta, de septiembre de 2017, da cuenta de la historia de José Antonio Olivas Arredondo, quien en aquel entonces formaba parte del comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mexicali como coordinador de redes. La nota añade que estuvo casado con Lourdes Celeste Jiménez Ruiz, y que el padre de ésta, José Carlos Jiménez Payán, era director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE), donde Olivas Arredondo se desempeñó como jefe del Departamento de Programación y Evaluación de 2002 a 2009, pero salió de ese cargo debido a una denuncia por desvío de casi 50 millones de pesos que recayó sobre Jiménez Payán, quien fue detenido y liberado gracias a un amparo.

“Al salir de CECYTE, Olivas Arredondo se acomodó en el gobierno del priista Francisco Pérez Tejada, de 2010 a 2013, como jefe del Departamento de Innovación Gubernamental”, destaca el semanario, lo que explicaría cómo llegó al cargo que hoy ostenta.

La Nube

El jefe de Tecnologías de la información, Francisco Javier Gallegos Baez se autovendió un sistema innecesario con un costo de 20 millones de pesos para la CESPM.

A través de GYO La Nube Proyectos Estratégicos y Tecnológicos de Baja California, adquirieron un programa informático que no se necesitaba, ya que actualmente existe uno funcionando que se puede mejorar y actualizar por los empleados programadores del área, informan trabajadores de la CESPM.

El nuevo y caro sistema, ni siquiera lo han podido echar a andar. Explican las fuentes anónimas que se trata de un sistema que se pretende utilizar en las oficinas recaudadoras, con funciones de cobro y facturación.

“Son varios módulos; lo compraron en agosto del año pasado se pagó la mitad (10 millones de pesos) y este año en mayo, será el pago de la otra mitad. Además, este señor es proveedor de la App de CESPM, la cual vendió por casi 1millon de pesos y le sigue haciendo modificaciones a través de su empresa y obvio cobra bastante por esos cambios”, declaran.

La empresa se llama IMEXSOFT con sede en la Ciudad de México, por cerca de 20 millones de pesos para la adquisición de un sistema de gestión comercial para organismos operadores de agua, impulsado por el actual jefe de tecnologías de la paraestatal, quien teniendo un equipo de trabajo de 20 personas en su departamento, entre quienes están desarrolladores de software, ingenieros y licenciados en sistemas, además de un sistema comercial ya existente y funcional, cobró millones por algo que aún no funciona. 071-CS-43/25 este es el número de contrato de la compra de la licencia.

El sistema actual se ha ido desarrollando y adaptando a través de años, de acuerdo con la información proporcionada, está muy completo e incluye módulos como cobros de trámites y facturas, aclaraciones, convenios, instalaciones, registro de ingresos, etc.

Gallegos Báez ha contratado personal que no se requiere en el departamento y que a su vez son trabajadores de su empresa, GYO proyectos Estratégicos y tecnológicos del noroeste de Baja California.

Gallegos Báez, con la anuencia de Carrazco, ha conseguido la contratación de su cuñada Anabell Robles Maldonado quien labora en el área de recursos humanos y su amigo Roberto Ruiz, coordinador administrativo en el Departamento de Agua y Saneamiento. También de Gisela Flores Baltazar, Gabriel Rivera Bañuelos y David Montiel, adscritos al Departamento de Tecnologías de la información.

Los basificados

La opacidad es la norma en la CESPM. No se ha rendido cuenta alguna del estado financiero ni administrativo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a pesar de múltiples solicitudes internas y ciudadanas.

Lo más grave es la estructura paralela de poder, ya que se han otorgado bases a jefaturas y subdirectores, volviéndose sindicalizados y contraviniendo con ello lo establecido en la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y del Servicio Público. Subdirectores y jefes de departamento han sido nombrados y beneficiados con base, sobre el personal operativo, en clara complicidad con el Sindicato de Burócratas, minando la legalidad y la imparcialidad en la administración. Aquí algunos ejemplos.

Laura Lizeth Velazquez Castrejon es hermana del Jefe del de Obras Ángel Salvador Velazquez Castrejon, le acaban de dar su base con 3 años de servicio cuando hay trabajadores todavía sin base con 20 o 30 años de servicio.

Josué Alejandro Gallardo Peña, subrecaudador de rentas de la oficina recaudadora zona 6 de González Ortega, le dieron su base en abril del 2025; igual a Jesús Alfredo López Villegas Jefe de la oficina de potabilización; también a Carlos Alberto Pérez Encinas Jefe de redes de Zona 9 Ciudad Morelos; y a María de Jesús Moedano, coordinadora Administrativa de la Subdirección comercial.

El subdirector Administrativo, Víctor Manuel Picos, le consiguió base a José Herrera Ruiz, jefe de la oficina de control presupuestal; y a su muy cercana Leticia Barboza Pérez, coordinadora administrativa en la Subdirección Administrativa, con apenas 1 año de servicio.

Otros basificados con poco tiempo de servicio, gracias a favores de Picos son Luis Antonio Hernández Maldonado, subdirector Técnico y David Alejandro Aguilar, supervisor de la Subdirección Administrativa.

“Hay muchos, y no hay sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, declaran los empleados.

Martha Carolina Vázquez con 3 años de servicio obtuvo su base en febrero de 2025, gracias a su amistad con Carrazco, al igual que Megan Nicole Barojas Buruel y Manuela Nazaria Tellez, quienes ya fueron basificadas.

“El sindicato tiene una lista de hijos de jubilados qué según el contrato colectivo tienen derecho a formar una bolsa de trabajo, pero el director no la respeta y simplemente la ignora a pesar de que los trabajadores presionan al sindicato, sin embargo, cada mes el director contrata a mucha gente que son los que le ayudan en sus jornadas de campaña, y los hijos de jubilados no se toman en cuenta, el sindicato está vendido es pura simulación”, dicen los trabajadores del organismo del agua.

Agregan, con razón, que el Sindicato estaría obligado a suspender los derechos sindicales a todos estos jefes durante el tiempo que duren en el cargo, ya que ellos no lo solicitaron cuando obtuvieron su puesto siendo de base y la cual no debieron otorgarles siendo jefes o teniendo personal a su cargo, ya que ellos representan al patrón y existe un conflicto de intereses.

Caos y desorganización

Con las preocupaciones que tiene Carrazco por sus amenazas del crimen organizado, quien toma las decisiones en la CESPM es Arturo César Alonso Navarro, quien hace cambios de personal, dispone de recursos, y toma decisiones a sus anchas, señalan fuentes internas.

En la subdirección técnica, hace lo mismo Ángel Salvador Velázquez Castrejón, quien ha desplazado a los ingenieros de carrera, debilitando la autoridad técnica real en la institución, que fue tomada como rehén por Carlos Torres Torres, tomando decisiones y disponiendo de sus recursos, con el pleno conocimiento de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien ha defendido la permanencia de Carrazco al frente la caja chica de Gobierno del Estado.

“El mismo director ha contratado a muchísima gente y primero los contratan como asimilados sin seguridad social, con sueldos muy bajos y los trae a todos en sus jornadas de servicio que la realidad es que es campaña política para su imagen; van a colonias, instalan funciones de cine para niños, limpian terrenos baldíos y todo eso está bien pero utiliza recursos para funciones que le corresponden al municipio y no a CESPM qué tiene tantos temas que arreglar”.

A todos esos que contrata y los trae en campaña de sus jornadas los tiene con promesas qué los va a contratar y a veces duran hasta 2 años en esa situación, remarcan las fuentes; dicen que ha inflado la nómina de gente que no se ocupa pero que ya le estuvo ayudando en sus jornadas y le siguen sirviendo.

“La CESPM, que en otras administraciones logró sostener niveles aceptables de operación y servicio, hoy se encuentra erosionada en su estructura, su credibilidad y su capacidad de respuesta. Lo que debería ser un organismo técnico y eficiente, ha sido utilizado como trampolín político, bolsa de empleos parásitos, para aliados y caja chica para gastos poco claros y electoreros”, subrayan los trabajadores.

Para dejar clara la situación financiera y el manejo de los recursos de la CESPM piden una auditoría financiera y administrativa integral; la sanción y remoción inmediata de los funcionarios involucrados; la intervención del Congreso y del Gobierno del Estado, para corregir el rumbo institucional y la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia.

Salomón Faz, quien fue titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) en la administración de Jaime Bonilla, defendió el proyecto de la planta fotovoltaica de las acusaciones lanzadas desde Gobierno del Estado.

Explicó que la operación de una planta solar en Baja California tendría un beneficio relevante por la reducción del déficit energético del estado, por ser energía limpia y por acceder a una tarifa más barata y estable todo el año, en beneficio de los organismos operadores del agua en zona costa, ahogados por la factura eléctrica.

“La única responsabilidad del Gobierno Estatal era consumir y pagar el consumo eléctrico mensual, y no cancelar el proyecto unilateralmente para que el Inversionista recuperara la inversión”, señaló, y eso fue lo que hizo, cancelar, además impulsados por motivos políticos.

Un proyecto solar de gran escala se tendrá que hacer en Mexicali tarde o temprano para aprovechar que la capital tiene el mayor potencial para generación de energía solar del país, precisó.

La línea de tiempo sobre el desarrollo del proyecto fue así, detalló Faz; el gobernador Jaime Bonilla envió la iniciativa al Congreso del Estado en julio de 2020 para adquirir energía eléctrica de fuente solar a más bajo precio para el acueducto a un plazo de hasta 30 años.

Para la Licitación Pública Nacional, el proceso se estableció en una licitación pública Nacional a través de YouTube, donde participaron 17 consorcios formados por una empresa generadora y una suministradora.

A continuación el congreso autorizó después de evaluar a fondo la factibilidad legal y financiera de la solicitud para que se comprara la energía al menos 10 por ciento más barata que el costo actual, con las condiciones: que fuera de fuente solar; que quedara la planta al final del plazo de 30 años en poder del Gobierno Estatal; que el  precio no aumentara más de 3.5 por ciento anual durante la vida del proyecto; y que se garantizara el pago oportuno del consumo mensual al proveedor de la energía, dijo.

La empresa E3 fue la ganadora para suministrar electricidad, en conjunto con quien generaría la energía, Next Energy, quien estaba obligada a suministrar al precio de 1.34 por kilowatt, a 30 años con los beneficios autorizados por el congreso, expresó el exsecretario del Agua.

Luego, declaró, el Gobierno Estatal solicitó al Centro Nacional de Energía (CENACE) cancelar el suministro de E3, impidiendo que se cumpliera el contrato de suministro resultado de la licitación.

Faz apuntó que el contrato estableció una garantía de pago oportuno estableciendo un fondo equivalente de máximo 2 meses de consumo en cuenta de Fideicomiso a nombre del Gobierno Estatal, los 123 millones de pesos, que serían tomados en caso de agotarse el fondo líquido por falta de pago de los Organismos operadores, y que involucraban participaciones federales para pagar el consumo mensual del suministro eléctrico.

El exfuncionario subrayó que el fideicomiso fue aprobado por la Secretaría de Hacienda y se inscribió en el registro Público de obligaciones de las Entidades Federativas; un esquema de garantías que es el standard de la Industria eléctrica.

El contrato contemplaba que el suministro eléctrico debería de mantenerse aun cuando no construyera la planta Fotovoltaica o se retrasaran los permisos, ya que E3 era la suministradora de energía del acueducto.

Faz remarcó que la campaña mediática del Gobierno Estatal no menciona la obligación de comprarle la electricidad al Suministrador E3, negándole al Estado el beneficio económico del precio logrado en la licitación, así como los otros beneficios de la energía solar no contaminante, no pagar precios más altos en verano por alta demanda (Protocolo Correctivo), y reducir el déficit de energía del Estado en 300 mega watts.

Gobierno del Estado canceló al suministrador E3 como venganza por haber participado en la licitación, y por eso, en la tabla que difundieron el martes pasado, no incluyen el año 2022; la energía ese año se disparó enormemente porque tuvieron que pagarla a casi 243 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, manifestó.

Sobre esto, la explicación que dio en su momento quien fue secretario de Hacienda de la presente administración, Marco Moreno Mexía, es que debido a malas decisiones del gobierno de Jaime Bonilla, se ocasionaron adeudos millonarios, ya que canceló el suministro que tenían con SUMEX, un proveedor privado al que se le adeudan 80 millones de pesos, contratando a otra empresa llamada ORCA, que salió más cara.

Debido a la necesidad de suministro de energía eléctrica para el funcionamiento del acueducto, esta administración contrató con la Comisión Federal de Electricidad último recurso, que es la energía más cara que hay en el mercado, destacó Marco Moreno.

“En algún nivel, se va a hacer justicia porque van a entender realmente que la narrativa de que una planta que nunca se construyó, que no tenía nada que ver, era una verdadera mentira del estado”, opinó sobre esto el propio Bonilla hace poco en entrevista.

 Faz, igual que Bonilla, hizo hincapié en que el consumo de energía más barata al acueducto no representa deuda, sino un ahorro substancial al Estado y a los Organismos del agua en Zona Costa de alrededor de 40 millones de pesos al mes, o 500 millones de pesos al año y 15 mil millones de pesos en 30 años.

El exsecretario del Agua manifestó que “la cancelación del proyecto, la injusta vinculación a los funcionarios públicos firmantes, y la inculpación al exgobernador Bonilla por enviar el proyecto de licitación al Congreso, hace del tema un claro caso de venganza política y disputa del poder político en el Estado”.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó ayer sin servicio de agua potable a las preparatorias del sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).

A los planteles CBTIS 21, CBITIS 140, CETIS 18 y CETIS 75 de esta capital, acudieron cuadrillas del organismo del agua para cortarles el servicio, justo el último día antes de las vacaciones de Semana Santa.

Ayer mismo se solicitó una postura institucional sobre esta acción tanto a la CESPM como a la Secretaría de Educación, sin que hubiera respuesta. Hoy confirmó esta última instancia que se solicitó a Víctor Amador, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), quien ordenó la reinstalación inmediata.