Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron cerca de 94 libras de metanfetamina ocultas en un vehículo que intentaba ingresar por el puerto de entrada de San Ysidro.

El aseguramiento ocurrió el 5 de julio, cuando un ciudadano estadounidense de 20 años, que conducía un Nissan Versa modelo 2014, fue enviado a una inspección secundaria tras detectarse anomalías en las puertas del automóvil.

Con apoyo de un equipo canino, un sistema de imágenes no intrusivo y una revisión física, los agentes localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en las puertas y paneles laterales traseros del vehículo. La droga tenía un peso aproximado de 93.9 libras y un valor estimado de 150 mil 240 dólares.

La CBP informó que también fueron asegurados el vehículo, un localizador GPS y dos teléfonos celulares. El conductor fue detenido y enfrenta cargos federales relacionados con la importación de narcóticos.

El exdelegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, rechazó este viernes que exista una relación entre la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y la reciente filtración de audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila.

Mencionó que la investigación en contra de Ruffo  era un tema que venía en curso desde hace mucho tiempo y sostuvo que no se trata de un asunto reciente.

Ruiz Uribe expresó su respaldo personal al exmandatario estatal, de quien dijo tener una buena opinión, además de recordar su papel en la construcción de la democracia en Baja California; sin embargo, dijo que no “metería las manos al fuego” por él.

Señaló que, luego de dejar la gubernatura, nunca observó que Ruffo llevara una vida de lujos, por lo que espera que salga pronto de los señalamientos que enfrenta.

Comentó que, con la información que conoce, considera que Ruffo pudo haber sido involucrado por integrantes de la familia Thomson, aunque aclaró que esa apreciación es solo su opinión y que será la Fiscalía la que determine los hechos.

Para finalizar, Ruiz Uribe envió un mensaje al exgobernador de que este tipo de situaciones pueden ser consecuencia de las personas con las que uno se relaciona, y hace una referencia indirecta al actual gobierno estatal.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Federación Baja California se pronunció mediante comunicado de prensa sobre los acontecimientos que involucran al exgobernador Ernesto Ruffo Appel y al empresario Ricardo Thompson Navarro, demandando que se aplique la ley con “imparcialidad, transparencia y pleno respeto al Estado de Derecho”.

En un posicionamiento oficial, los centros empresariales de Ensenada, Tijuana y Mexicali recordaron que, si bien toda persona debe responder por sus actos conforme a la ley, también tiene derecho a un proceso justo, con respeto a la presunción de inocencia y a las garantías constitucionales.

“La aplicación de la justicia debe estar libre de cualquier sesgo político, mediático o de oportunidad”, señalaron los empresarios. Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que el procedimiento se conduzca con “absoluta objetividad” y que cualquier determinación se base exclusivamente en hechos, pruebas y el marco jurídico aplicable.

La organización expresó su preocupación de que este caso pueda servir para desviar la atención de otros asuntos de interés público, particularmente aquellos relacionados con señalamientos a altos funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California.

“La exigencia de legalidad debe ser uniforme y sin excepciones. La confianza en las instituciones se fortalece cuando la ley se aplica con el mismo rigor para todos”, enfatizó COPARMEX.

En la segunda parte del documento, la cúpula empresarial lamentó la percepción ciudadana de que la aplicación de la ley es discrecional y responde a criterios políticos para “crear cortinas de humo”. Mencionaron específicamente casos relacionados con delincuencia organizada, señalamientos de otros países, lavado de dinero y “huachicol fiscal” que, según indicaron, no están siendo atendidos con la misma prioridad.

“Exigimos que la Ley se aplique por igual a todos los involucrados en los delitos de ‘huachicol fiscal’, algunos de ellos en ejercicio de encargos públicos”, añadieron.

COPARMEX aclaró que no aboga por nadie de manera particular, sino que exige “la aplicación de la Ley con bases jurídicamente sólidas, sin sesgos políticos, sin consignas, de manera imparcial y con plena justicia”.