La nota del día fue la conferencia que dio la gobernadora hoy en Tijuana, donde no admitió preguntas y estuvo arropada por gran parte del gabinete.

Según mis fuentes, a los secretarios les avisaron que tenían que estar en Tijuana con dos horas de anticipación y sin decirles para qué. Marco Moreno Mexía, secretario de Hacienda, uno de los pilares de la gober, no estuvo en la lectura del comunicado.

Tampoco estuvo el oficial mayor, David Ramsés Cervantes Aguilar, quien cumplió años hace unos días y no invitó a nadie del gabinete, solo a gente de su dependencia.

En la publicación en redes de la transmisión del mensaje de Marina del Pilar, hay hasta las 9:30 de la noche de hoy lunes 12 de mayo, 8 mil 300 reacciones, más de la mitad son “me divierte” y entre los más de 5 mil comentarios hay cientos que dicen “Revocación de mandato”. La opinión pública no está del lado de la gobernadora.

Una notable ausencia es también el “machote” de apoyo de los gobernadores morenistas, solidaridad textual y moral que hasta el impresentable de Rubén Rocha obtuvo.

Circula un documento en internet que está muy interesante:

“Con base en reportes cruzados de inteligencia, cooperación interinstitucional y análisis de fuentes clasificadas en el ámbito bilateral, se confirma la existencia y reciente activación de una herramienta operativa del gobierno de los Estados Unidos, denominada informalmente como la “Lista Marco”, en referencia a su arquitecto principal, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Esta lista integra a 44 actores políticos, administrativos y militares mexicanos, en funciones o retiro, identificados por agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales, particularmente los principales cárteles de droga mexicanos y redes paralelas de contrabando fiscal, energético y financiero.

La “Lista Marco” no forma parte de ningún acuerdo de cooperación binacional suscrito con México. Su existencia está fundamentada en instrumentos jurídicos de seguridad interior estadounidenses, como la Ley Patriótica (Patriot Act), la Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y el marco legal de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). La lista opera de manera discrecional bajo la conducción táctica del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Homeland Security Investigations (HSI), DEA, FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo cual le otorga capacidad de ejecución inmediata, sin necesidad de cooperación judicial con México.

Las medidas derivadas de esta lista incluyen:

• Cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo familiares directos de los señalados.

• Interrogatorios prolongados y retención administrativa en puntos de ingreso a EE. UU.

• Congelamiento preventivo de cuentas, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense y aliados.

• Notificaciones confidenciales al Gobierno de México bajo los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera.

• Inhabilitación futura para participar en operaciones económicas con instituciones con sede en EE. UU.

Los primeros efectos tangibles de esta política se observaron en la cancelación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres, señalado por operar redes de financiamiento político vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su presunta participación en esquemas de lavado de activos a través de licitaciones públicas, contratos de infraestructura y triangulación de recursos en Baja California, Sinaloa y Sonora.

El alcalde negó que le hayan retirado la visa, pero no la mostró a los medios.

Posteriormente, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio de más de 14 horas. Todos fueron notificados formalmente de la revocación de sus visas, bajo la acusación de colaborar con una estructura municipal considerada “entidad asociada a organización terrorista extranjera”. Dicha calificación se atribuye al presunto control del Cártel del Golfo sobre diversas áreas del ayuntamiento, incluida la policía local, la dirección de obras públicas y el manejo de recursos sociales.

El patrón de sanciones sugiere una ejecución progresiva y selectiva sobre actores vinculados principalmente con el partido político en el poder (Morena), aunque también figuran perfiles de otras corrientes partidistas con presencia regional.

Entre los nombres más relevantes que integran la “Lista Marco” se encuentran:

Gobernadores activos: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).

Exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados).

Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación – Asuntos Religiosos), Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).

Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con antecedentes en inteligencia táctica, logística antidrogas o despliegues en operativos conjuntos México-EUA.

A nivel municipal, se identifican casos como:

Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona.

Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por manejo de contratos públicos para lavado de activos.

Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas.

César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal.

Fuentes directas indican que el exfiscal general de Baja California, habría entregado documentación y declaraciones juradas ante autoridades estadounidenses sobre las actividades de Carlos Torres y otros operadores financieros de la gobernadora Ávila. Guillermo Ruiz Hernández, quien fue obligado a dimitir en 2021 tras amenazas presuntamente coordinadas desde la oficina del Ejecutivo estatal, se encuentra actualmente fuera del país. A esta colaboración se suma la del senador Jaime Bonilla Valdez, también exgobernador y ciudadano estadounidense, quien ha intervenido con declaraciones públicas y denuncias presentadas ante oficinas federales en Washington, D.C.

En cuanto a las operaciones de financiamiento ilegal, la información disponible vincula a al menos 15 de los 44 perfiles enlistados con aportaciones económicas de origen ilícito relacionadas con el “huachicol fiscal” y contrabando transfronterizo de gasolina desde Texas. Estas operaciones fueron encabezadas por Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en 2021 en Nuevo León, a quien las agencias estadounidenses consideran principal mecenas financiero del aparato electoral de Morena en el noreste del país, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila.

La gravedad de estos acontecimientos excede el ámbito de relaciones exteriores y se posiciona como una emergencia en materia de seguridad nacional, por su impacto directo en:

• Estabilidad política en estados clave donde operan redes criminales con influencia en gobiernos locales.

• Coherencia institucional del aparato de justicia y seguridad, al ser señalados funcionarios de alto rango.

• Riesgo de fragmentación interna en el partido gobernante, ante la percepción de exposición selectiva.

• Potencial de intervención indirecta en procesos electorales federales o locales, mediante presión diplomática, filtraciones o cancelaciones de derechos migratorios.

• Escalada en el discurso de legitimación de acciones militares unilaterales, bajo el pretexto de combate a organizaciones terroristas extranjeras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado públicamente que la conversación sostenida el 1 de mayo con el presidente Donald Trump fue de tono tenso y con exigencias consideradas “inaceptables”, entre ellas la presencia de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano y la entrega de políticos mexicanos con presuntos vínculos criminales”. Hasta aquí el documento, veremos en las próximas semanas si hay acciones que refuercen lo que señala el escrito.

Lo que hay que decir de la lectura del texto -el discurso le quedó muy cursi a Daniel Salinas esta vez- es que ya se podía ver venir que la gober se asumiría como víctima y no aclararía nada, pero en estas condiciones no aplicaba de ninguna manera usar el argumento de la violencia de género.

Lo usó cuando Jesusa Cervantes la cuestionó sobre el trabajo honorario de su marido, cuando es válido conocer los pormenores de alguien que tendrá acceso a información privilegiada y decisión sobre recursos públicos.

En esta ocasión, hubiera sido hombre o mujer, el tratamiento informativo no hubiera sido diferente. Es la primera vez que le quitan la visa a un mandatario en funciones, y eso no tiene que ver el género.

Y en otro tema, Jaime Cantón, presidente de la Comisión de Administración del Congreso del Estado, o José Antonio Olivas, el administrador del congreso, quién sabe que estén haciendo con el dinero de la partida de festejos, pues las madres están muy enojadas porque no les hicieron un festejo por el 10 de mayo.

No es opcional, el convivio está contemplado en las condiciones colectivas de trabajo del Congreso, y hay una partida especial para eso y nadie sabe qué harán con ese dinero que no se gastó (o quién se quedó con él).

Así como con el festejo del 10 de mayo, no les han cumplido con la entrega de uniformes y seguros de vida, para lo cual también hay partida y están contemplados en las condiciones colectivas de trabajo. Personal del congreso ya de por sí está inconforme por la “reingeniería” que pretende hacerlos trabajar más y pagarles menos.