La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, evitó pronunciarse sobre el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que cualquier declaración de su parte podría contribuir a elevar la tensión política que atraviesa el país.

Cuestionada sobre la decisión relacionada con el hijo del exmandatario y las reacciones que ha generado entre legisladores y gobernadores, Bustamante optó por mantenerse al margen. “Yo trato de evitar todos los temas políticos”, afirmó la alcaldesa, quien señaló que desde hace varios meses México atraviesa un ambiente marcado por declaraciones y confrontaciones políticas.

La presidenta municipal también evitó pronunciarse sobre si considera que las reacciones de integrantes de Morena y otros actores políticos ante el retiro de la visa constituyen una sobrerreacción por tratarse del hijo del expresidente.

“Creo que una declaración de mi parte no abonaría nada”, sostuvo.

El caso ha generado reacciones entre integrantes de la clase política mexicana después de que se conociera que autoridades estadounidenses retiraron la visa a López Beltrán. Incluso los gobernadores morenistas firmaron un posicionamiento que habla sobre la autonomía de México y no menciona el nombre del hijo del expresidente.

Sobre el regreso de las oficinas municipales al Palacio Municipal de Mexicali, dijo que se encuentra en su etapa final, con trabajos de cableado y pruebas de carga eléctrica, informó Bustamante, y advirtió que todavía podrían presentarse fallas mientras concluyen las adecuaciones del inmueble.

La presidenta municipal explicó que durante el fin de semana todavía se realizaban trabajos para conectar las distintas áreas y verificar que la infraestructura soporte la nueva carga. Señaló que se trata de un proceso necesario debido a que anteriormente existían numerosas conexiones que ahora deben ser reorganizadas.

En otro tema, declaró que la estrategia ante las muertes relacionadas con las altas temperaturas, considera una reunión para evaluar nuevas medidas extraordinarias. Destacó que el Ayuntamiento mantiene acciones como la distribución de sueros, mientras que el Gobierno del Estado opera otros mecanismos de atención y cuenta con albergues.

Bustamante reconoció, sin embargo, que uno de los principales retos es lograr que las personas en situación vulnerable acudan a estos espacios. “Tenemos albergues, tenemos sitios, pero es muy difícil convencer a la gente que se vaya para allá”, resaltó.

Finalmente, rechazó que el Ayuntamiento haya aprobado un esquema de cobros como el que fue difundido recientemente respecto a las casetas de acceso de algunos fraccionamientos.
La alcaldesa señaló que una publicación en un medio local contenía al menos tres puntos que no eran ciertos, por lo que la Dirección de Comunicación Social realizó una aclaración.

Explicó que las disposiciones aprobadas buscan principalmente establecer condiciones adecuadas para las casetas, entre ellas garantizar el paso de unidades de emergencia.
Uno de los problemas detectados, dijo, es que algunas estructuras no cuentan con la altura suficiente para permitir el acceso de vehículos de emergencia, por lo que el reglamento contempla disposiciones para corregir este tipo de situaciones.

Sobre los conflictos registrados en el fraccionamiento Villa Mediterránea, Bustamante reconoció que el Ayuntamiento ha intervenido en ocasiones anteriores para contener enfrentamientos entre vecinos, aunque descartó que el problema pueda resolverse únicamente mediante la presencia de patrullas.

Recordó que en uno de los episodios más recientes tuvo que intervenir la Dirección de Seguridad Pública Municipal para controlar la situación y calmar los ánimos. Sin embargo, sostuvo que el conflicto requiere principalmente entendimiento entre los propios residentes.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, encabezó este jueves una reunión con la asociación Producción y Progreso de Baja California, en la que se abordaron las principales demandas del sector agrícola del Valle de Mexicali: seguros agrícolas, asignación de agua, apoyos económicos y la comercialización de alfalfa.

Al encuentro asistieron los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Mónica Vargas, y de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Amador.

Durante la sesión se discutieron los problemas que enfrentan los agricultores de la zona. Como resultado, se acordó que la Secretaría General de Gobierno y la SADER se reunirán con las aseguradoras agrícolas para revisar las condiciones de los seguros. La SADER también anunciará próximamente las fechas de entrega de los apoyos compensatorios del programa estatal.

Por su parte, la SEPROA, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Distrito de Riego, revisará las quejas sobre el volumen de agua asignado. Además, se dará seguimiento a posibles alianzas para mejorar la venta de alfalfa y se evaluará, junto con la Secretaría de Economía e Innovación, la creación de un centro de acopio de forraje.

Los productores del Valle de Mexicali han insistido en la necesidad de mayor certeza en el acceso al agua y en mejores condiciones para la comercialización de sus cultivos, especialmente la alfalfa, uno de los principales productos de la región.

Esta mañana, el fiscal central, Jesús Manuel López Moreno, descartó que la Fiscalía esté obstruyendo alguna audiencia o etapa del proceso penal de los 21 detenidos en el cateo realizado en un domicilio de la colonia Carranza el pasado mes de abril.

La declaración se dio luego de que ayer familiares de los detenidos se manifestaran para exigir que las audiencias se lleven a cabo de manera completa, debido a que, en al menos cinco ocasiones, han sido canceladas sin que se informe el motivo o no se presenta personal de la Fiscalía.

López Moreno explicó que incluso ayer martes se llevó a cabo una audiencia y señaló que, de los 21 imputados, siete han optado por salidas alternas por los delitos de resistencia de particulares, ultrajes y encubrimiento por favorecimiento, todos ellos con abogados particulares, por lo que descartó que la Fiscalía esté perjudicando el desarrollo de los casos.

La noche del martes, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que aclaró que el proceso avanza conforme a las distintas etapas establecidas dentro del procedimiento penal.

De acuerdo comunicado el proceso inició el 14 de abril con la vinculación a proceso; el 15 de junio concluyó el plazo de investigación; el 25 de junio se presentó la acusación, y para el próximo 11 de septiembre está programada la audiencia intermedia.

La dependencia sostuvo que las audiencias se realizan dentro del marco del procedimiento penal y que las salidas alternas no afectan ni detienen el curso del proceso principal.