Los diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vázquez y César Israel Damián Retes, exigieron a las autoridades mexicanas esclarecer de manera exhaustiva los señalamientos de corrupción del gobierno estatal, tras las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el excoordinador de proyectos estratégicos, Carlos Torres.

Durante un mensaje conjunto, la diputada Eva María Vázquez advirtió que Baja California enfrenta una situación sumamente compleja y demandó que se ponga fin a las respuestas evasivas por parte de la administración local.

Por su parte, el diputado Damián Retes detalló el perfil de Carlos Torres, recordando su vínculo directo con la actual gobernadora, Marina del Pilar, y su rol dentro de la administración pública del estado.

Subrayó que la oficina estadounidense lo acusa de mantener nexos con la delincuencia organizada y de aprovechar su posición para favorecer actividades delictivas.

“El Departamento del Tesoro lo señala por vínculos con una organización criminal y por utilizar su influencia política para facilitar sus operaciones. Este señalamiento va mucho más allá de una sola persona; habla de protección ante las autoridades y sostiene que esta red habría alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal”, apuntó Retes.

Ante esta situación, Vázquez destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México ya tomó las primeras medidas formales al congelar cuentas bancarias y abrir una carpeta de investigación por movimientos financieros irregulares. En nombre de su partido, la diputada cuestionó los alcances reales de las indagatorias e interpeló a los organismos de procuración de justicia.

“Preguntamos: ¿Qué está investigando la Fiscalía? ¿Hasta dónde llegan estos vínculos y qué ocurrió dentro del gobierno de Baja California? También las autoridades tienen que esclarecer qué sabía Marina del Pilar y quiénes más están siendo investigados”, puntualizó la legisladora.

Finalmente, ambos representantes federales coincidieron en que el proceso no debe admitir concesiones ni privilegios políticos, urgiendo tanto a la Fiscalía como a la UIF a actuar con total transparencia y rigor.

La gobernadora Marina del Pilar Avila informó este viernes que ordenó una revisión de las empresas que aparecieron en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos publicada a inicio de semana.

Agregó que las empresas señaladas serán sujetas a una revisión y adelantó que aquellas en las que se confirme algún contrato, este se cancelará y serán vetadas para cualquier tipo de participación con el Gobierno del Estado.

Explicó que la información relacionada con el listado fue recibida apenas el martes por la tarde, por lo que la Secretaría de Honestidad aún está trabajando en el análisis de las empresas mencionadas y de su posible participación en operaciones con el gobierno estatal.

Por otra parte, Marina del Pilar confirmó la renuncia de Luis Miguel Buenrostro Martín, director general del CECyTE BC y hermano de Rafael Buenrostro, señalado por los Estados por presunto vínculo con el crimen organizado.

Expuso que, si bien él no está señalado directamente por autoridades estadounidenses, fue por voluntad propia el separarse del cargo para que se realicen las debidas investigaciones y agradeció la oportunidad que se le brindó.

Para finalizar, la mandataria indicó que, una vez que concluya la revisión y se determine la participación de las empresas señaladas, el Gobierno del Estado dará a conocer la información correspondiente.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California anunció que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a exfuncionarios del gobierno estatal y municipal señalados recientemente en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación, los legisladores del blanquiazul expresaron que la situación de seguridad en la entidad es crítica y que las acusaciones de las autoridades estadounidenses revelan una presunta red de complicidad con la delincuencia organizada que involucra a exservidores públicos e incluso empresas vinculadas a personajes de la política local.

El diputado Diego Echevarría dijo que entre los nombres citados en las listas de sanciones del gobierno estadounidense y mencionados por los diputados destacan Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; su hermano Luis Alfonso Torres; la exdiputada Araceli Brown (en una comunicación anterior de las autoridades estadounidenses); y Pedro Ariel Mendívil, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública en Mexicali durante cuatro años.

La diputada Alejandrina Corral señaló que la acción legal busca terminar con la narrativa oficial de que las acusaciones responden únicamente a «politiquería» o denuncias anónimas. Fundamentó la medida en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a todo ciudadano y servidor público a denunciar la probable comisión de un delito penal.

«Es obligación constitucional de la Fiscalía investigar. Exigimos que las autoridades mexicanas hagan su trabajo y no omitan estas investigaciones, porque la omisión y el retardo malicioso en la administración de justicia también son delitos sancionados con pena de cárcel para los servidores públicos», advirtió.

Por su parte, la diputada Mayola Gaona criticó la falta de resultados de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, señalando que mientras las autoridades estatales negaban las investigaciones, dependencias estadounidenses abrieron expedientes sobre el presunto uso de empresas locales para el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Acciones legislativas y juicio político

Echevarría, coordinador de la bancada, precisó que la estrategia del PAN se dividirá en dos frentes principales: la vía Legal, con presentación de la denuncia de hechos formal ante la FGR para requerir la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría anticorrupción.

 Y la vía Legislativa y Política, con el impulso de un juicio político a través de los diputados federales de Acción Nacional contra la gobernadora de la entidad. Echevarría explicó que el recurso deberá tramitarse en el Congreso de la Unión debido a que reformas constitucionales locales retiraron la facultad al Congreso de Baja California para procesar políticamente al titular del Ejecutivo estatal.

Finalmente, los legisladores adelantaron que revisarán los perfiles de cara al próximo proceso electoral para evitar que personas con investigaciones abiertas o presuntos vínculos con el crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular, y siguiendo las propias reglas que ha puesto Morena, impedirán que aparezca Julieta Ramírez en la boleta electoral si surgen más informaciones que señalen su participación en esquemas de financiamiento ilegal para campañas políticas.