En un merecido reconocimiento a la destacada trayectoria y dedicación constante en el activismo por los desaparecidos en Mexicali por más de treinta años, Irma Leyva ingresó ayer junto a otras cinco destacadas mujeres al grupo de ciudadanas que han transformado la historia de Baja California desde la lucha social, la academia y la defensa de los derechos humanos.

El Congreso del Estado aprobó la inscripción de las galardonadas en esta XXV Legislatura: Rita Morales Palmas, Irma Leyva Sosa, María del Carmen Rioseco Gallegos, Martha Patricia Medellín Martínez, Silvia Lorena Arámbula Zazueta y Telma Artemisa Montaño Navarro (con reconocimiento póstumo), quienes son reconocidas por sus aportaciones sobresalientes en ámbitos como la inclusión social, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la promoción de la igualdad de género, el desarrollo científico y tecnológico, la cultura y la participación ciudadana.

Leyva destaca por su incansable labor en la búsqueda de justicia por los desaparecidos y los derechos humanos, luchando por dignificar el trabajo de los buscadores y hablando siempre sin filtros y con la verdad.

“Transformó su dolor en una fuerza colectiva que inspira y abre caminos para muchas familias, para la ciudadanía y en especial para madres buscadoras”, expresó su colectivo, Madrs Unidas y Fuertes en redes sociales.

La selección se realizó a través de un proceso abierto y transparente en el que se recibieron 18 postulaciones ciudadanas. Para la evaluación de las trayectorias participaron instituciones académicas y especializadas como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la Secretaría de las Mujeres.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por la diputada Yohana Hinojosa Gilvaja para eliminar las ventas exclusivas de uniformes escolares, para dar a las familias más opciones para adquirirlos a precios accesibles.

La reforma modifica los artículos 6, 107 y 120 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, estableciendo que la autoridad educativa estatal deberá emitir lineamientos para que las escuelas públicas y particulares, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de familia, puedan acordar posibles proveedores de uniformes escolares que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y precio.

La legisladora destacó que esta medida responde a una problemática que durante años ha afectado a miles de familias, quienes en muchos casos se han visto obligadas a adquirir uniformes con proveedores específicos, limitando su capacidad de elegir opciones más económicas y de mejor calidad.

“Esta reforma pone en el centro a las familias. Las madres y padres de familia tendrán voz en la determinación de posibles proveedores, evitando prácticas que encarecen los uniformes escolares y afectan directamente la economía del hogar”, señaló.

La iniciativa deja claro que los proveedores acordados serán únicamente una referencia para las familias y que no existirá obligación alguna de comprar con determinado comerciante, respetando en todo momento la libertad de elección.

Durante el análisis legislativo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto reconoció que esta reforma contribuirá a frenar monopolios y exclusividades forzosas en la venta de uniformes escolares, promoviendo procesos más transparentes y justos para las familias bajacalifornianas.

La Secretaría de Educación deberá emitir los lineamientos correspondientes dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Este jueves, una persona derechohabiente fue a consulta a una clínica periférica de Issstecali, siendo recetado con tres medicamentos. Uno de ellos fue el Ketotifeno, un fármaco antihistamínico y antialérgico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinitis, la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica.

Obtuvo de la farmacia de Issstecali la presentación “Ostaten”, la cual tiene alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por las siguientes razones:

Registro sanitario vencido: El medicamento no cuenta con los permisos legales obligatorios para ser vendido en el país. Su registro fue cancelado desde mayo de 2018.

Cese de fabricación oficial: El laboratorio titular del producto original (Offenbach Mexicana) confirmó a la autoridad que dejó de fabricar Osaten desde 2018.

Origen desconocido: Al no existir una producción legal y oficial en la actualidad, cualquier caja de Osaten que se encuentre en el mercado es de procedencia desconocida e informal.

Falta de garantías sanitarias: Las autoridades no pueden verificar qué sustancias reales contienen estos comprimidos, bajo qué condiciones de higiene fueron elaborados ni cómo se transportaron.

Falsificación o adulteración: Al ser un producto de comercio ilegal, existe una alta probabilidad de que se trate de unidades falsificadas que ponen en peligro al paciente.

La persona afectada considera interponer una denuncia ante las autoridades federales por esta irregularidad, ya que no puede entenderse que las personas responsables en Issstecali no estén enterados de la situación legal del medicamento.