Este lunes, la alcaldesa Norma Bustamante informó que se logró reducir de manera considerable la renta de las oficinas del Registro Civil ubicadas en el Cine Lux, luego de varios meses de negociaciones con los propietarios.

Explicó que la Oficialía Mayor, Claudia Beltrán, llevó a cabo las gestiones para conseguir una disminución en el costo; aunque reconoció que aún se debe precisar el porcentaje exacto de la reducción, señaló que podría ser de entre 40 y 50 por ciento; actualmente, la renta del inmueble es de alrededor de 500 mil pesos mensuales.

La presidenta municipal justificó que, debido a esta negociación y a la tardanza en concretarla, el Ayuntamiento no ha dado a conocer los números ni el impacto financiero que representa la reducción en la renta del Cine Lux.

La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para establecer nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias puede fortalecer la transparencia entre los medios de comunicación y la sociedad, aunque también plantea retos relacionados con la libertad de expresión y la certeza jurídica.

La propuesta busca establecer mecanismos para que las audiencias puedan recibir información variada, distinguir entre contenidos noticiosos, opiniones y publicidad, además de conocer los procedimientos para presentar quejas ante los medios de comunicación, explicó Nathalie Canizales Reyes, Coordinadora de la Maestría en Derecho de CETYS Campus Mexicali.

Explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado la importancia de que las personas puedan acceder a información plural, pues una ciudadanía bien informada constituye uno de los fundamentos para el funcionamiento de una sociedad democrática, sin embargo debe haber un sólido sustento jurídico y técnico.

“Cuando se tiene un objetivo completamente legítimo, como lo es la protección de los derechos de las audiencias, es necesario que este se consiga a través de mecanismos que operen dentro del marco constitucional y legal”, señaló.

Advirtió que una regulación imprecisa puede generar incertidumbre entre los distintos actores involucrados y, paradójicamente, terminar debilitando el derecho que busca proteger.

La especialista destacó además que la efectividad de los lineamientos no dependerá únicamente de su contenido, sino también de la capacidad de las instituciones responsables de aplicarlos. Por ello, consideró indispensable contar con reglas claras, autoridades que actúen dentro de sus atribuciones y mecanismos que generen confianza tanto entre las audiencias como entre los concesionarios.

Regulación y libertad editorial

Uno de los puntos que mayor debate ha generado es la obligación de los concesionarios de incorporar plecas, cortinillas o mensajes que permitan diferenciar entre información noticiosa, opiniones y publicidad.

A ello se suma el empleo de conceptos jurídicos que, de acuerdo con la académica, podrían resultar ambiguos, como “información falsa” o “veracidad”.

“El hecho de que estos conceptos no cuenten con parámetros suficientemente claros, sumado a la imposición de sanciones relevantes y considerables ante el incumplimiento de las disposiciones, podría generar interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica e incluso podría disparar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad editorial”, advirtió.

Canizales Reyes sostuvo que, aunque es necesario fortalecer la transparencia y la responsabilidad editorial mediante mecanismos de autorregulación, estos no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión ni propiciar conductas de autocensura.

El reto, dijo, consiste en encontrar un equilibrio que permita proteger los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, otorgar certeza jurídica a los medios de comunicación y a las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones.

La académica rechazó que la discusión deba plantearse como una confrontación entre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión, pues ambos pueden coexistir dentro de una regulación técnicamente sólida y aplicada de manera imparcial.

“El desafío está en no disminuir un derecho para proteger otro, sino en diseñar mecanismos claros, transparentes y proporcionales que permitan garantizar y potencializar tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión”, concluyó.

Esta mañana, agricultores del valle de Mexicali tomaron las instalaciones de Sader, Conagua y la Procuraduría Agraria en Baja California para exigir al gobierno federal que se les defina no solo el monto del apoyo anunciado para el trigo, sino también la fecha en que comenzarán a dispersarse los recursos.

El presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, Horacio Gómez, expuso que los productores ya concluyeron sus cosechas y están por iniciar un nuevo ciclo agrícola, mientras crece la incertidumbre sobre el pago de los apoyos.

Mencionó que se ha anunciado un incentivo de 1,800 pesos por tonelada, pero aún se desconoce el límite de toneladas por productor y la mecánica operativa para acceder al recurso.

Gómez recordó que existen adeudos correspondientes a los ciclos del 2022 hasta el 2025 que no han sido cubiertos en su totalidad a productores del Valle de Mexicali, tanto de trigo cristalino como de trigo panificable.

Reconoció la problemática derivada de las condiciones climáticas que afectaron los cultivos durante la temporada, aunque señaló que el verdadero problema surge de las grandes importaciones de maíz y trigo de otros países, remarcando que eso es algo ridículo e inconcebible.

Al finalizar, Horacio Gómez sostuvo que la toma de instalaciones busca presionar a las autoridades federales para que atiendan las demandas del sector y, de no obtener una respuesta favorable, las movilizaciones podrían intensificarse y llegar incluso al cierre de la garita comercial de Mexicali, como sucedió en diciembre del año pasado.