Corrupción
Rafael Buenrostro Martín, enlace estatal para el negocio del huachicol
Rafael Buenrostro Martín es un joven que se presentaba hace un par de años como empresario y agricultor del Valle de Mexicali. Es un amigo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y miembro del círculo de funcionarios cercanos a la mandataria.
De acuerdo con versiones de gente que lo conoce, cuando Avila Olmeda fue diputada federal, Rafael trabajó con ella; relación laboral impulsada por Francisco “Panchito” Pérez Tejada. Estuvo relacionado con personajes del PRI como Antonio Magaña cuando fue candidato de ese partido, y con el hoy diputado morenista Jaime Cantón, quien niega conocerlo.
Tras el triunfo de la hoy mandataria, su amigo se ostentaba -sin cargo oficial- como enlace entre el gobierno del estado de Baja California y el gobierno federal. En Ciudad de México se le vio muy pegado a Mario Delgado y a Sergio Carmona; estaba ya en las “grandes ligas” de la política.
Empezó a presumir relojes y otros lujos en sus redes sociales, hoy restringidas.
Hace cerca de un año, presumió que él consiguió los permisos para instalar un Recinto Fiscalizado Estratégico, llamado Frontier, en el ejido Toluca del Valle de Mexicali, propiedad de Javier Navarro y Lupita Jacques.
En agosto de 2025, Rafael fue nombrado subdirector de Operación Aduanera -también mencionado como subadministrador- de la Aduana de Ciudad Juárez. Según El Diario de Juárez, empleados sindicalizados estaban molestos ante la llegada del funcionario que identificaban como ligado a Morena y a actividades ilícitas, y que venía con la consigna de poner orden y aumentar la recaudación fiscal.
El reportaje de Aristegui Noticias llamado “Soldados del Huachicol”, transmitido el 14 de noviembre de 2025, daba cuenta de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la operación de una red integrada por altos mandos militares para contrabandear hidrocarburos a través de las garitas de Coahuila y Chihuahua.
Uno de los militares mencionados era el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, separado de su cargo como Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez el pasado 1 de noviembre.
Se supone que la FGR investiga al militar en retiro y al personal que estaba bajo su mando, entre ellos al bajacaliforniano; según reportes del medio Treinta33.tv de Ciudad Juárez, las autoridades tendrían carpetas de investigación en contra del Subadministrador Buenrostro Martín y “otros funcionarios que operan el contrabando de mercancías y el cruce ilegal de autos chuecos”.
Ese medio también da cuenta de una manta con amenazas colgada en el Puente Libre de esa ciudad, donde se menciona a Rafael Buenrostro Martín y a otro funcionario de apellido Vera por actos de extorsión y corrupción, señalando que era el último aviso. “Personal de la Aduana que pidió el anonimato, mencionó que días atrás se dejó otro mensaje donde se advertía al administrador local de los actos de corrupción cometidos por el Subadministrador Rafael Buenrostro Martín, donde se exhibía un oficio firmado por Alex Tonatiuh Márquez y Rafael Marín Mollinedo, el que le otorgaban facultades para realizar acciones de recaudo en perjuicio de empresarios, agentes aduanales y tramitadores, quitándole facultades al Administrador, Octavio Othón López”, precisa la nota informativa.
La carta del administrador de la aduana señala al bajacaliforniano
El militar en retiro respondió al reportaje de Carmen Aristegui enviando una carta, donde señala al bajacaliforniano como responsable de actos ilícitos en la aduana de Ciudad Juárez.
En la misiva, de 18 puntos, menciona en el tercer apartado que “El administrador de la aduana de Ciudad Juárez no es el responsable de verificar la entrada y salida de mercancías de cada puente, por lo que hay un responsable en cada uno para esta acción, por lo que en el caso del Puente Zaragoza (único autorizado para la importación de hidrocarburos) el responsable era el Lic. Rafael Buenrostro Martín”.
El punto cinco lo menciona nuevamente: “El rol de moduladores y verificadores por órdenes del titular ANAM -Agencia Nacional de Aduanas de México-, efectivamente el responsable designado fue el Lic. Rafael Buenrostro Martín, subdirector de Operación Aduanera, esa instrucción no fue por alguna irregularidad de corrupción, fue motivada por movimientos aleatorios que efectué a principios del mes de julio de 2025, estos fueron cambios en el rol para romper el esquema que tenían, provocando reacciones negativas por parte principalmente de la lideresa del sindicato mayoritario”.
Buenrostro Martín es mencionado en el apartado siete: “Buenrostro gestionó para que se girara esta orden por el propio titular ANAM (el movimiento de personal) porque ya tenían a su gente con la suficiente coordinación y procedimientos para dejar pasar mercancías de manera irregular, y al romperse esa cadena, provocó reacciones negativas”.
El punto once hace otra mención del bajacaliforniano: “Por la coordinación que Buenrostro mantiene con los organismos centrales de ANAM, el propio Yasser Omar Tiburcio Alemán, actual director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, ese mismo día (2 de octubre, cuando detectan la entrada irregular de 6 pipas de combustible, hecho que denuncia López Pérez) me ordena quitar del punto de observación a dos empleados civiles destacados por el suscrito para verificar que no pasaran estos vehículos de manera irregular”.
La sección doce de la carta, sigue con Buenrostro Martín: “Asimismo, este personaje (Yasser Omar Tiburcio Alemán) me gira el 30 de octubre de 2025 un correo electrónico donde me indica que con fecha del 1 de noviembre de 2025, me desvincula como funcionario público de ANAM y como titular de la Aduana de Ciudad Juárez, seguramente por denunciar los hechos del 2 de octubre y designan como encargado al Lic. Buenrostro ¿por qué será?”.
En la carta, el militar en retiro y exadministrador de la aduana, señala que las áreas de jefaturas de departamento y subdirecciones, están ocupadas por personal de reciente ingreso de julio a octubre de 2025 -entre ellos el amigo de la gobernadora-, y esos aproximadamente 30 funcionarios tenían la misión de incrementar la recaudación fiscal, cuestión que López Pérez remarca que ha sido todo lo contrario, “pues se han dedicado a bloquear la verdadera actividad lícita de comercio exterior”.
Promesa del 2024
El medio morenista La Política Online escribía el 19 de diciembre de 2023 sobre Rafael: “Mexicali por fin tendrá un digno representante en la Cámara de Diputados, el Lic. Rafael Buenrostro Martín, empresario y agricultor del Valle, y conocedor de los temas que tienen a nuestro Valle estancado. Un joven líder en el sector agropecuario de Baja California, como lo presume en sus redes sociales el mexicalense. “Un joven interesado en fortalecer el tejido agrario cultivando nuestros alimentos con el corazón por delante”, tal y como se refirió a Rafael Buenrostro la Gobernadora Marina del Pilar. Se trata sin duda de un gran perfil que gestionará en el recinto legislativo de San Lázaro los grandes proyectos y beneficios que se requieren para el Distrito Electoral Federal 01 abanderando al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)”. Esa candidatura se la llevó Laura Ruiz.
El hermano de Rafael es funcionario estatal. El 31 de octubre de 2024 Luis Miguel Buenrostro Martín, asumió el cargo como director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE BC), tras terminar su periodo de suplente del diputado Isaías Bertín Sandoval. Antes de eso fue subsecretario de Educación Media Superior, Superior e Investigación.
Investigaciones en BC
El 20 de noviembre de 2025 fue citado por la Fiscalía General de la República en Ciudad de México Carlos Torres Torres, aun esposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y quien era coordinador de Proyectos Estratégicos en el estado y también en Tijuana.
También fueron citados otros 20 personajes políticos, como el alcalde tijuanense Ismael Burgueño; el senador Armando Ayala; el empresario Fernando Salgado Chávez -el dueño de la casa de Rancho Santa Fe, atribuida a Avila Olmeda-; y Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la mandataria, entre otros.
En mayo trascendió que a la gobernadora y a Carlos Torres Torres les revocaron la visa. Ese mes, el semanario Zeta publicó el cónyuge de la mandataria y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y Estados Unidos por huachicol, evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El medio señaló que la carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió tras el descubrimiento en Ensenada de un predio que tenía contenedores con 8 millones de litros de combustible ilícito.
En octubre pasado, Avila Olmeda confirmó que estaba en proceso de divorcio y pidió respeto y discreción a los medios, y afirmó que llevan el proceso de común acuerdo y con prioridad en sus hijos.
Aunque ya no ha surgido información sobre el curso que llevarían las investigaciones federales, la conexión entre el negocio ilícito del huachicol y autoridades y exautoridades de Baja California, sería sin duda Rafael Buenrostro Martín.
El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.
En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.
El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.
Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.
De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.
Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.
El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.
La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.
El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.
El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.
En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.
La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.
Por los probables delitos de fraude procesal, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Tijuana cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jair Alejandro “N”.
La diligencia se llevó a cabo aproximadamente a las 12:50 horas del 24 de septiembre de 2026, en Ruta Hidalgo, colonia Mariano Matamoros. De acuerdo con los datos que obran en la investigación, el 21 de diciembre de 2018, el detenido, en conjunto con otras personas, habría realizado actos tendientes a inducir al error a la autoridad administrativa denominada Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana.
Como parte de los hechos investigados, se señala que Jair Alejandro “N” habría presentado ante dicha autoridad un contrato de compraventa de fecha 17 de marzo de 2010, supuestamente celebrado entre la parte ofendida y el imputado, respecto de una vivienda ubicada en Jardines de Agua Caliente, primera etapa del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en esta ciudad.
Asimismo, la investigación refiere que, aprovechándose de las facultades derivadas de determinados cargos, el 20 de diciembre se habría realizado la ratificación del referido acto jurídico, mediante el cual se habría declarado frente a terceros a Jair Alejandro “N” como propietario del inmueble señalado.
Derivado de las investigaciones realizadas y en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Oralidad del Estado de Baja California, agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron al señalado.
Tras su detención, se le hizo del conocimiento el motivo de esta y se realizó la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.
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