Bryan Manuel Castillo Trinidad, actual diputado suplente del legislador Jorge Ramos en el Congreso del Estado de Baja California, fue denunciado formalmente en 2020 por su presunta participación en un fraude inmobiliario en el que, según la denuncia, se hizo pasar por agente de bienes raíces y utilizó documentación presuntamente falsificada para concretar la venta ilegal de un predio en Tijuana.

De acuerdo con la denuncia los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2019, cuando Castillo Trinidad presuntamente utilizó el nombre de “Manuel Castillo” para ofrecer en venta un terreno ubicado en la colonia Horóscopo, en Tijuana.

La denuncia señala que Castillo Trinidad actuó junto con un hombre identificado como Diego Montes de Oca, quien presuntamente se hizo pasar por el propietario legítimo del inmueble. Para consumar la operación, ambos habrían utilizado una credencial oficial del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) presuntamente falsificada con los datos del verdadero dueño del predio.

Según el denunciante, el engaño derivó en la entrega de 10 mil dólares como pago por la supuesta compraventa del terreno. Después de recibir el dinero, los presuntos responsables desaparecieron y no fue posible localizarlos.

La víctima presentó una denuncia formal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos oficiales, anexando copias de la documentación y de las pruebas que, afirma, acreditan los hechos.

De acuerdo con el expediente, posteriormente el denunciante localizó a Bryan Manuel Castillo Trinidad laborando en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana, por lo que el 29 de enero de 2020 dirigió un escrito al entonces presidente municipal solicitando su intervención. La documentación cuenta con sellos de recibido de la Presidencia Municipal y de la Sindicatura Procuradora.

Recientemente, Bryan Manuel Castillo Trinidad tomó protesta como diputado suplente del legislador Jorge Ramos en el Congreso del Estado de Baja California.

La diputada federal Eva María Vázquez realizó en días pasado un recorrido por la ruta migrante, donde constató el abandono de la infraestructura que salvaba vidas de personas en situación de movilidad.

“Lo que para miles de migrantes representa la esperanza de una mejor vida, en el desierto de Mexicali se ha convertido en una auténtica ruta de la muerte”, afirmó la legisladora panista.

Las altas temperaturas, la falta de infraestructura de auxilio y el abandono gubernamental han convertido cada kilómetro del trayecto en un riesgo permanente para hombres, mujeres y familias enteras que buscan llegar a Estados Unidos, precisó.

Vázquez acompañó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, a un recorrido por la zona norte de la Laguna Salada, en las inmediaciones de El Centinela, donde constató las condiciones de vulnerabilidad en las que transitan quienes emprenden este camino.

El grupo, integrado también por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado de y la Comisión Local de Búsqueda, surte de agua cada mes varios puntos establecidos junto a la línea fronteriza donde han detectado movimiento de personas, que generalmente no van preparadas para enfrentar las áridas condiciones climáticas.

La diputada observó que la torre de auxilio se encuentra desmantelada y que no existen condiciones mínimas para brindar atención o salvar vidas en una zona donde las temperaturas superan los 45 grados centígrados. También encontró prendas y juguetes de niños abandonados en medio del desierto, una imagen que refleja el rostro más doloroso de esta crisis humanitaria.

 “No es el desierto el que está matando a nuestros hermanos migrantes, es el abandono de los gobiernos que han decidido mirar hacia otro lado”, expresó. Asimismo, reconoció la labor de voluntarios y organizaciones que, con recursos propios, mantienen y reabastecen puntos de auxilio para evitar más pérdidas humanas.

El diputado Diego Echevarria impulsó un exhorto, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado para que los policías que participen en operativos de alto impacto o en la detención de integrantes de la delincuencia organizada puedan portar su arma de cargo las 24 horas del día.

El legislador propone gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional la actualización de la Licencia Oficial Colectiva, con el propósito de brindar mayores condiciones de seguridad a quienes, por la naturaleza de su labor, pueden convertirse en blanco de represalias por parte del crimen organizado.

Mediante esa misma actualización, las unidades operativas y de reacción cuenten con armamento moderno que elimine la desventaja que actualmente enfrentan las corporaciones policiales frente al crimen organizado, explicó.

Echevarría señaló que quienes tienen la responsabilidad de defender a la sociedad no pueden enfrentar esta amenaza en condiciones de inferioridad, por lo que también se propone revisar y robustecer los protocolos de seguridad, así como fortalecer las prestaciones sociales y el respaldo para las familias de los elementos de seguridad pública.

Estas acciones cobran mayor relevancia tras los recientes ataques que cobraron la vida de los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, hechos que evidencian la necesidad de brindar mayores herramientas de protección a quienes participan en operativos contra la delincuencia organizada, detalló.

Finalmente, el legislador solicitó que la Fiscalía General del Estado realice una investigación expedita, exhaustiva y transparente que permita llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los oficiales Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, así como de las víctimas colaterales derivadas de estos ataques.