El Ayuntamiento aún no tiene una cantidad definitiva ni una fecha establecida para pagar el predio expropiado materia de una resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), debido a que continúa pendiente la determinación del valor actualizado del terreno y la resolución de recursos legales promovidos por la autoridad municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por Sindicatura, del gobierno municipal, el pasado 30 de septiembre de 2026, el Juzgado de Primera Instancia del TEJA emitió un acuerdo en el que requirió la elaboración de un avalúo actualizado al año 2026 de la superficie expropiada, tomando como referencia su valor comercial.

El documento establece que la valoración deberá estar a cargo de la Comisión Municipal de Valuación, con el propósito de determinar el valor actual del terreno.

Sin embargo, ante ese requerimiento, el Ayuntamiento promovió un incidente por exceso en el cumplimiento de los términos de la sentencia, al considerar que la instrucción del juzgado contraviene una resolución anterior en la que se determinó improcedente el reclamo correspondiente.

El incidente deberá ser analizado y resuelto por el Pleno del TEJA. La resolución interlocutoria que emita el tribunal podrá ser impugnada, en su caso, mediante un juicio de amparo indirecto.

Mientras no se resuelvan estas etapas procesales y se determine jurídicamente el monto correspondiente, Sindicatura Municipal señaló que no es posible establecer una fecha para efectuar el pago.

La autoridad municipal sostuvo que actualmente no existe una condena firme, líquida y exigible por una cantidad determinada respecto al valor actualizado del predio expropiado, por lo que el procedimiento continúa en curso.

La definición del monto dependerá tanto del avalúo con valores comerciales actualizados a 2026 como de las determinaciones que emitan las instancias jurisdiccionales sobre la controversia.

Una mujer de 25 años y sus dos hijas, de 6 y 4 años de edad, originarias de Brasil, fueron localizadas y auxiliadas en una zona desértica del Valle de Mexicali, luego de que se reportara que se encontraban extraviadas y necesitaban ayuda.

El operativo se realizó de manera coordinada entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, después de que autoridades estadounidenses alertaran sobre un adolescente que había cruzado de manera irregular el muro fronterizo.

De acuerdo con el reporte, el menor informó a los agentes que su madre y sus hermanas permanecían en territorio mexicano, en medio del desierto, por lo que requerían asistencia.

Tras recibir la información, elementos de la Policía Municipal de Mexicali desplegaron un operativo de búsqueda en la zona señalada, donde localizaron a la mujer y a las dos niñas.

La familia manifestó ser originaria de la República de Brasil y encontrarse en el lugar con la intención de cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.

Las tres fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía Municipal, donde recibieron alimentos y líquidos hidratantes.

Las autoridades municipales informaron que se encuentra en proceso el trámite correspondiente para poner a la mujer y a las menores a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.

En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.

El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.

Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.

De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.

Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.