Luego de una audiencia solicitada por su equipo de defensa, la Juez de Control resolvió este viernes que Ernesto Ruffo Appel podrá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio en Ensenada, Baja California, y enfrentar desde ahí el proceso penal que se le sigue.

La defensa subrayó que la resolución no constituye una concesión graciosa ni un privilegio, sino una rectificación del proceso que reconoce el derecho humano de las personas adultas mayores de 70 años a enfrentar su situación jurídica desde el hogar. Ese derecho se refuerza, señalaron, cuando a la edad se suma una condición de salud que la reclusión agrava y que puede poner en riesgo la vida del imputado.

“Esta resolución es un avance hacia el respeto del debido proceso, pero aún falta mucho por hacer”, indicó el equipo legal. Anunciaron que continuarán la defensa en torno a los demás principios de la justicia penal y los derechos humanos, en particular la presunción de inocencia y la exigencia de prueba de responsabilidad más allá de cualquier duda razonable.

Juan Marcos Gutiérrez González, abogado integrante del equipo de defensa de Ernesto Ruffo, expresó en representación de la familia, los defensores y amigos del exgobernador: “Confiamos en la inocencia de mi padre e insistimos en nuestra denuncia de que está sujeto a proceso por el simple hecho de pertenecer a una empresa, sin que exista una acción o conducta concreta que lo pudiera hacer responsable de delito alguno”.

La medida permitirá a Ruffo Appel, de más de 70 años, continuar el proceso desde su residencia en Ensenada mientras se desarrolla la causa penal.

El Congreso de Baja California aprobó una ampliación presupuestal para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), con el objetivo de fortalecer el equipamiento utilizado en el acompañamiento a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.

Durante la sesión de Pleno, los legisladores aprobaron el Dictamen No. 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza a la CEDHBC modificar su presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El dictamen fue presentado por la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Julia Andrea González Quiroz, y aprobado por unanimidad.

Los recursos adicionales serán destinados principalmente a la adquisición de equipamiento para acompañar a los distintos colectivos durante las búsquedas de campo de personas desaparecidas, trabajos que se realizan en coordinación con autoridades estatales y federales.

La ampliación presupuestal será cubierta con recursos adicionales provenientes del Gobierno del Estado, por encima de los montos originalmente autorizados para la operación de la Comisión durante 2026.

Conforme al considerando décimo tercero del dictamen, corresponde a la persona titular de la CEDHBC solicitar al Congreso la autorización para crear o eliminar partidas, así como para ampliar, transferir o reducir recursos contemplados en su Presupuesto de Egresos.

La medida ocurre en un contexto en el que colectivos de familiares mantienen labores de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos de Baja California, con participación y acompañamiento de instituciones públicas.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, compareció este miércoles ante el Congreso del Estado para presentar los resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE), en una larga sesión marcada por cuestionamientos sobre desapariciones, investigaciones contra policías y la actuación de la institución.

Ante diputadas y diputados, Andrade Ramírez defendió el trabajo realizado por la Fiscalía y expuso avances en materia de investigación, atención a víctimas, infraestructura y combate a delitos de alto impacto.

Uno de los temas de mayor relevancia fue el de las personas desaparecidas, en un estado donde colectivos de búsqueda han reclamado durante años mayores resultados y atención institucional.

La fiscal destacó la creación y fortalecimiento de áreas especializadas para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, así como la coordinación con otras instituciones de seguridad.

El tema cobró especial relevancia por las investigaciones recientes contra exmandos de la Policía Municipal de Mexicali, entre ellos Pedro Ariel Mendívil, por su presunta participación en delitos graves relacionados con la desaparición de personas.

Durante su comparecencia, Andrade Ramírez también hizo referencia a que la investigación que involucra al exdirector de policía sigue abierta. Defendió la actuación de la fiscalía en el caso, aunque derivó en la libertad del señalado debido a deficiencias y poco sustento que el juez encontró en la carpeta de investigación.

La comparecencia se desarrolló en medio de reclamos de familiares de personas desaparecidas, quienes han cuestionado la capacidad de las autoridades para esclarecer los casos y localizar a las víctimas.

El colectivo Madres Unidas y Fuertes estuvo presente en la sesión, y el colectivo Célula de Búsqueda e Investigación de Personas Desparecidas, estuvo en la primera parte de los cuestionamientos.

Tras una primera pregunta sobre cuántos Números de Acta Circunstanciada (NAC), Registro de Atención Ciudadana (RAC) y Número Único de Caso (NUC) existen, la fiscal no pudo dar respuesta, aunque en la segunda parte de la comparecencia señaló que hay 11 mil 084 RACs, 5 mil 243 NACs y 97 mil 858 NUCs.

Andrade Ramírez negó se hubieran realizado fiestas infantiles en las instalaciones, que las unidades las tenga asignadas personal que no las requiere para trabajo de campo y que se clasifique a voluntad los casos, pues los lineamientos de RACs, NACs y NUCs son federales, subrayó.