Durante la sesión solemne con motivo del Segundo Informe Anual de Gobierno de Mexicali, el coordinador de regidores del PAN, Manuel “Rude” García Fonseca, cuestionó los compromisos registrados ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) por quienes hoy gobiernan la ciudad. A dos años de administración, de los 59 compromisos revisados, 35 permanecen incumplidos, un 60 por ciento, mientras que 24 han sido cumplidos, que representan 40 por ciento.

Entre los pendientes destacó, en materia de seguridad, la creación de una Academia de Policía. En obras y servicios públicos señaló la falta de cumplimiento del compromiso de crear un Centro de Transferencia, así como mejoras en la infraestructura de las oficinas de gobierno.

García Fonseca sostuvo que Acción Nacional no se limita a señalar los incumplimientos, sino que también plantea soluciones. En seguridad propuso realizar una auditoría que permita conocer las condiciones reales de las corporaciones policiales. En servicios y obra pública, abogó por gestionar mayores recursos para atender las necesidades de la ciudad y del Valle. Ante las condiciones de infraestructura, propuso implementar un Plan de Revisión de Edificios para identificar riesgos y garantizar construcciones seguras para los ciudadanos.

“Si podemos tener un Mexicali diferente”, afirmó el regidor, al reiterar que desde el Cabildo la fracción del PAN —integrada también por los regidores Sandra Dennis Cota Montes y Gustavo Magallanes Cortés— continuará señalando los compromisos pendientes, exigiendo su cumplimiento e impulsando propuestas concretas para atender las necesidades de la ciudad.

Esta mañana, el secretario del ayuntamiento, Rodrigo Llantada, explicó que, después de varios meses de trabajo y revisión, el nuevo reglamento de tránsito se encuentra en la etapa final y podría ser votado este mes.

Explicó que para su elaboración se instaló una mesa de trabajo en la que participaron distintas dependencias municipales, con el objetivo de integrar propuestas y revisar los diferentes aspectos relacionados con la normativa vial.

Uno de los principales cambios será la incorporación del alcoholímetro en los puntos de auxilio vial, lo que permitirá modificar el procedimiento que actualmente se aplica cuando un agente detecta que un conductor presenta aliento alcohólico.

Llantada explicó que, de acuerdo con el reglamento actual ante esta situación, el conductor debe ser trasladado a una comandancia para que un médico determine su condición y, con la utilización de los dispositivos, se busca agilizar el procedimiento.

El Ayuntamiento, dijo, ya cuenta con los equipos necesarios para poner en marcha esta medida, luego de que recibió alcoholímetros mediante donativos del Gobierno del Estado.

El proyecto de reglamento también contempla cambios en cómo el conductor presenta su documentación, ya que los agentes de tránsito tendrán que aceptar licencias de conducir y tarjetas de circulación en formato digital, evitando que algún documento físico sea retenido como ocurre actualmente.

El documento deberá ser presentado ante el Cabildo de Mexicali para su discusión y eventual aprobación, con la expectativa de que el proceso ocurra durante octubre.

Hay una frase que suele aparecer cuando una administración pública enfrenta preguntas incómodas: “todo se hizo conforme a la ley”. El problema es que esa respuesta, por sí sola, no necesariamente despeja las dudas.

El oficio OMG/DNPA/DIR/1677/2026, fechado el 29 de septiembre, reconoce que en los archivos del Gobierno de Baja California existen contratos celebrados con algunas personas físicas y morales que aparecen en el listado de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC.

La Oficialía Mayor sostiene que, al momento de las contrataciones, no existía impedimento legal en México: los proveedores no estaban inhabilitados, no se encontraban sancionados conforme a la legislación nacional y, según la revisión realizada, tampoco se detectaron conflictos de interés o incumplimientos fiscales. Qué bonito, qué limpio, que chulada.

Pero que algo haya sido legal no significa automáticamente que haya sido prudente, conveniente o explicable. La respuesta oficial desde Gobierno del Estado tiene un dato que merece atención: la propia Oficialía Mayor reconoce que no concentra toda la información correspondiente a los organismos paraestatales, pues estos cuentan con sus propios procedimientos de contratación y seguimiento.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿cuántos contratos fueron realmente celebrados con esas personas o empresas y por cuánto dinero? ¿Quién los contrató? ¿Quién autorizó las operaciones? ¿Mediante licitación, invitación o adjudicación directa? ¿Por cuáles servicios?

Si la administración estatal tiene la certeza de que las contrataciones fueron correctas, transparentar los documentos debería ayudar a cerrar la discusión, pero sabemos que no lo harán. La administración de Marina del Pilar está peleada con la transparencia.

El verdadero problema sería lo contrario: que detrás de la frase “no había impedimento legal” se pretenda colocar un punto final a una discusión que apenas comienza. Que se abran los expedientes si todo está en orden.

Fuentes enteradas del desarrollo de las investigaciones de Estados Unidos contra miembros de cárteles y funcionarios o exfuncionarios bajacalifornianos, comentan que por supuesto que está el nombre de la mandataria en varias carpetas de investigación, la cual se remonta al inicio de la campaña para la gubernatura, por la cantidad de recursos y las personas que la financiaron. Que la espera tendría que ver con los movimientos de bienes que hace cada que le cierran más el cerco, los cuales tienen perfectamente documentados. Y por supuesto que la corrupción de Carlos y Luis Torres no se entiende sin el poder del estado detrás de ellos.

En otro tema, ya comentábamos que el asunto de los allanamientos a la oficina del Notario 14 y a la oficina de Jaime Dávila estaba muy raro. En el caso del Notario, este agradeció a la policía municipal su rápida intervención y la captura del responsable, que se quedó horas revolviendo documentos al parecer en busca de algo muy específico.

En el caso de Dávila, este acusó a los dos uniformados que acudieron a una primer llamada en la madrugada, de cómplices del presunto ladrón. Este hombre se presentó ante los agentes vestido de guardia de seguridad. Les dijo que él se haría cargo, le tomaron declaración y sus datos y se retiraron. El tipo siguió hurgando y a las seis de la mañana que llegó la señora de la limpieza hizo otro reporte porque no reconocía al hombre como guardia de seguridad, sino como un intruso. La policía regresó, y se llevó al responsable, que no se llevó nada.

Dávila respondió pidiendo la renuncia del director de Seguridad Pública, Luis Felipe Chan, mientras que de manera contradictoria le otorgó el perdón al responsable de los daños y del allanamiento. Los agentes ya están reportados a Sindicatura, por cierto, por el error de no haber verificado la veracidad del cuento que les echaron y permitir al hombre seguir buscando feliz de la vida.

Nos comentaron que la búsqueda de papeles al parecer es algo relacionado con Pedro Ariel Mendívil, quien -mire qué causalidad- es pariente de la esposa de Jaime Dávila y éste ha usado el medio del exvocero de Mendívil para estar acusando a la policía municipal y a su director. Qué casualidad.