Estatal
PAN presenta denuncia penal por presuntas irregularidades en el ayuntamiento de San Quintín
Este jueves la presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de San Quintín, encabezado por Miriam Elizabeth Cano Núñez, durante el ejercicio fiscal 2025.
La denuncia deriva de la glosa del informe municipal 2024–2025, donde se detectó la contratación de un software por cerca de 19 millones de pesos sin licitación pública, sin estudios técnicos y sin la participación del Comité de Adquisiciones.
Además, se señala el uso indebido de recursos del FORTAMUN y la falta de publicación de los contratos en portales de transparencia.
Mata Lozano exigió una investigación imparcial y aseguró que el PAN continuará defendiendo la legalidad y la rendición de cuentas, dijo, que es un asunto de responsabilidad administrativa y legal, no político, en defensa del patrimonio público de San Quintín.
Estatal
Incluirán a Juan Villanueva en denuncia penal
En una reunión realizada hoy, Juan Vidauri, integrante de los jubilados de la sección 2 del SNTE planteó ante numerosos asistentes que deben recuperar el dinero que falta del fondo de la delegación de jubilados, y no desviarse hacia confrontaciones políticas internas.
El orador criticó la falta de transparencia del comité seccional, que realiza plenos ni se rinden informes de finanzas, pese a los reiterados reclamos hechos a la exsecretaria general para que convocara a asambleas y entregara reportes escritos.
Según relató, la respuesta que recibían era que “Villanueva no quiere” y que existía temor a una demanda.
Propuso incluir a Villanueva en una demanda por fraude, robo y administración fraudulenta, al considerarlo cómplice.
Afirmó que este recibió denuncias sobre el mal manejo de recursos y, aun así, entregó cheques después de los reclamos, incluyendo uno adicional.
Advirtió que, antes de “poner la guillotina” contra cualquier persona, deben evitarse ataques de carácter político, especialmente de cara al próximo cambio delegacional, donde se presentarán las planillas.
Propuso reactivar una comisión ya integrada por varios compañeros para estructurar la demanda con asesoría jurídica. En ella, el actual comité deberá rendir cuentas sobre el destino de los recursos.
Además, solicitó que el comité elabore un acta de recepción del corte de cambio bajo protesta, para que forme parte del expediente de la demanda, junto con los informes mensuales.
Estatal
Hallan narcomanta frente a jardín de niños en Palaco
La mañana de este miércoles, alrededor de las 07:00 horas, se registró un despliegue operativo en la zona de Palaco tras la localización de una “narcomanta” colocada a las afueras del jardín de niños José Vasconcelos, ubicado en la colonia González Ortega.
El hallazgo movilizó a elementos de la Policía Municipal, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras recibir un reporte al número de emergencias 911.
De acuerdo con las primeras informaciones, el texto de la lona contenía acusaciones y señalamientos directos dirigidos al exdirector de la Policía Municipal y otros y mandos policiales, así como menciones vinculadas a células delictivas que operan en la región.
Ante la llegada de padres de familia y personal docente del plantel de educación preescolar, los agentes de la FGE procedieron al inmediato retiro y resguardo del material.
El indicio fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Baja California, donde se abrieron las carpetas de investigación correspondientes y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con la identidad de los responsables de colocar la manta.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.
Corrupción
Confirma FGE antecedentes de regidor Molina; SSC justifica entrega de carta
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en integración diversas investigaciones relacionadas con el regidor Francisco Molina cuyos antecedentes de investigación datan de 2021 y años anteriores, entre ellos asuntos por robo de vehículos, informó el fiscal central, Jesús Manuel López Moreno.
El funcionario indicó que, debido a que los expedientes continúan bajo revisión, no es posible proporcionar mayores detalles sobre los casos. Como publicó Brújula News, el funcionario tiene antecedentes por robo de vehículo, posesión y lesiones calificadas, no obstante pudo cumplir el requisito de entregar carta de no antecedentes para acceder a su cargo.
Precisó que algunos asuntos ya prescribieron, mientras que en otros se celebraron acuerdos reparatorios.“Los que él tiene en relación de antecedentes de investigación es del año 2021 hacia atrás”, señaló López Moreno al ser cuestionado sobre la temporalidad de los registros.
Respecto a los asuntos relacionados con robo de vehículos, explicó que corresponden a la Fiscalía especializada en esa materia y que algunos todavía se encuentran en proceso de integración.
Sobre una investigación por presunto intento de homicidio, el fiscal central evitó ofrecer información adicional y señaló que revisaría los datos específicos, incluido el domicilio relacionado con el caso y quién presentó la denuncia.
Este miércoles, en ficha informativa, la FGE informó que el regidor de Mexicali, tuvo dos denuncias antiguas y archivadas por no ejercicio de la acción penal. La institución precisa que una de las denuncias corresponde a 2012 y la otra a 2021.
Asimismo, aclaró que una tercera denuncia mencionada en medios de comunicación, relacionada con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, corresponde a una persona homónima, por lo que no se trata del regidor.
Por separado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, responsable de expedir las cartas de no antecedentes penales en el ámbito estatal, informó que, tras consultar la base de datos utilizada para emitir esos documentos, la persona en cuestión no aparece registrada como responsable de algún delito.
La dependencia explicó que, en ciertos casos, cuando una persona enfrentó un proceso penal por un delito considerado no grave y obtuvo una sentencia absolutoria, la ley le permite solicitar ante la instancia correspondiente la cancelación de ese antecedente para que no aparezca en las constancias requeridas con fines laborales.
La Secretaría indicó que esta posibilidad podría explicar la ausencia del registro en la base consultada para expedir la carta, aunque aclaró que ello no significa que la información desaparezca de los sistemas internos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En esos registros, añadió, los antecedentes pueden permanecer aun cuando exista una sentencia absolutoria.
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