Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.

La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.

La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.

La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.

La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.

Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.

“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.

García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.

“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.

La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.

Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.

Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.

La diputada federal por Baja California, Eva María Vásquez Hernández, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La legisladora argumentó que la petición surge a partir de señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero que, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto, tendrían un costo superior a los 300 mil dólares. Señaló que es necesario esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.

En el documento, Vásquez Hernández sostiene que la confianza ciudadana en las instituciones requiere que cualquier duda sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos sea revisada por las autoridades competentes, especialmente cuando existen posibles implicaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La diputada recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con facultades legales para recopilar, analizar e intercambiar información financiera con autoridades nacionales e internacionales cuando existan elementos que justifiquen una investigación, por lo que el exhorto solicita que dichas atribuciones sean ejercidas conforme al marco jurídico vigente.

El punto de acuerdo propone que la UIF realice un análisis exhaustivo de la información financiera y patrimonial de la mandataria estatal, solicite intercambio de información con organismos homólogos en el extranjero y, de encontrar elementos suficientes, proceda conforme a las facultades que le otorga la ley.

“La ciudadanía merece respuestas claras y el Estado mexicano tiene la obligación de investigar cualquier hecho que pueda comprometer la legalidad, la transparencia y la confianza en las instituciones”, afirmó la legisladora al concluir la presentación de su propuesta.