A dos días de haber vencido el plazo comprometido para la entrega de una unidad móvil de esterilización de mascotas, Ana Lidia Soto, hija de Amparito, pidió a la diputada de Morena, Michelle Tejeda, mostrar evidencias de que el vehículo realmente existe y se encuentra en proceso de equipamiento.

Reconoció que confió en la palabra de la legisladora, aunque ahora considera que fue inocente al hacerlo.

Recordó la necesidad de contar con una unidad móvil de esterilización ante la problemática de sobrepoblación de perros en situación de calle que enfrenta Mexicali.

La abogada de profesión cuestionó que, pese a los anuncios públicos realizados por la diputada, hasta el momento no exista evidencia del paradero de la unidad.

Expuso que fue en noviembre pasado cuando la diputada informó públicamente, ante medios de comunicación, que la unidad ya había sido adquirida y, posteriormente, el pasado 7 de junio, aseguró que sería entregada a más tardar el 30 de junio.

Al concluir, Ana Lidia Soto expresó que continuará exigiendo el cumplimiento del compromiso, pues a siete meses del anuncio de la unidad de esterilización siguen a la espera de alguna evidencia o su entrega.

La madre de Ana Lidia, Amparito, una enfermera jubilada de 84 años de edad, murió luego de ser atacada por una jauría de perros en agosto del 2024.

A pesar de existir un acuerdo reparatorio firmado ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, a través de la Unidad de Justicia Alternativa Penal, que establece la devolución de un inmueble, el abogado de quien invadía una propiedad y quien firmó dicho acuerdo, exige el pago de 800 mil pesos.

Las partes involucradas son Luis Fernando Araiza Sing, propietario del bien inmueble registrado en el Registro Público de la Propiedad con folio real 87684, y Felipe de Jesús García Roa, quien habitaba la vivienda ubicada en la calle Río Tamazula, de manera irregular.

El acuerdo, celebrado mediante un proceso de mediación, establece que García Roa desocuparía el inmueble y entregaría la posesión del mismo a más tardar el 1 de julio de 2026, fecha en la que también se contemplaba la entrega-recepción formal del bien.

Como parte de la reparación del daño, se estipuló el pago de 75 mil pesos en efectivo al momento de la desocupación, además del pago de la mudanza.

El documento precisa que, una vez cumplidas las condiciones, la autoridad competente podrá determinar la extinción de la acción penal por el delito de despojo, derivado del expediente correspondiente.

Sin embargo, de manera paralela al proceso legal, ha surgido el señalamiento de un presunto intento de extorsión por parte de un abogado, quien habría solicitado 800 mil pesos al propietario del inmueble para “resolver” la situación, quien ha amenazado con fabricar hechos y difundirlos a la opinión pública, aprovechando que tiene un hermano con una página de Facebook de noticias, donde lo menciona presuntamente como parte de un “cartel inmobiliario” y se sugiere que la compra venta fue por prescripción, lo cual es falso. El afectado considera tomar acciones legales.

Este miércoles la presidenta municipal Norma Bustamante expresó su respaldo a la propuesta de instalar un memorial en honor a las personas desaparecidas, impulsada por madres y padres buscadores, aunque aclaró que primero deberá analizarse la viabilidad técnica y jurídica del proyecto.

Explicó que, antes de autorizar un espacio, será necesario determinar la situación legal del predio donde se pretende colocar el memorial, para establecer si pertenece a un particular o es propiedad del municipio o del Estado.

Bustamante reiteró que, en lo personal, respalda plenamente las acciones emprendidas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas y recordó que el Ayuntamiento ha colaborado desde administraciones anteriores en las labores de búsqueda.

Destacó que, más allá del apoyo material, existe un compromiso humano con las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

Sobre el objetivo del memorial, Bustamante consideró que este contribuiría a mantener viva la memoria de las víctimas y de quienes continúan siendo buscados.

“Leí por ahí que decían que es para que no se pierda la memoria. Y es cierto, olvidamos muy fácilmente, pero ellos no van a olvidarlo nunca”, comentó.

Para finalizar, la alcaldesa enfatizó que la donación de un terreno no depende únicamente de su voluntad, sino que debe cumplir con los procedimientos de ley y contar con la aprobación de los 15 regidores del Cabildo.