Marlene Castro Rosas, madre de Karla Paola Avilés Castro, desaparecida el 14 de diciembre de 2021, acudió hoy al predio de Pro Natura, en el poblado Miguel Alemán donde se han encontrado 22 fosas con 44 víctimas, acompañada del equipo interdisciplinario de búsqueda de la Policía Municipal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, K9 de la Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigación y personal de la Comisión Local de Búsqueda.

Dijo sobre ese cementerio clandestino que es un horror y que se opone a entregar ese predio porque seguramente hay muchas víctimas más. “Fiscalía no quiere hacer su trabajo; no quieren hacer sus investigaciones; no quieren que se sepa… aquí no hay culpables ¿quién los enterró?, ¿quién los trajo?, y sí hay pero no hay hecho una investigación”, declaró.

Castro Rosas manifestó que hay dudas sobre la identificación y entrega de los cuerpos, y pidió investigar a los dueños y encargados para saber qué sucedió ahí y por qué. Se manifestó en contra de entregar el predio en el corto plazo, pues aseguró que ahí más personas enterradas.

“Aunque digan que ya no hay cuerpos, yo si voy a seguir buscando hasta encontrarlos… hemos dado segundas vueltas y ahí salen”, insistió.

Lizbeth Mata Lozano, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, calificó el audio filtrado como la “antesala de una investigación formal” por parte de Estados Unidos. El presidente del CCE, Octavio Sandoval, opinó que este audio y la respuesta de la mandataria, la coloca en medio de una crisis de credibilidad.

Según las declaraciones de Mata Lozano, el material evidencia posibles delitos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, lo que representa un grave problema para el estado.

Señaló que la gobernadora ha mentido desde el momento en que le fue revocada la visa a ella y a su esposo, al calificar el hecho como un “trámite administrativo”.

 La líder panista destacó que, en la conversación filtrada, la mandataria estatal reconoce haber contratado a un abogado especializado en casos de lavado de dinero y crimen organizado en Miami, uno de los más reconocidos en ese ámbito, quien cobra de 250 a 500 mil dólares por aceptar un caso, según información pública sobre este abogado de clientes acusados de delitos de cuello blanco, agregó.

La dirigente del PAN exigió públicamente a la gobernadora informar desde cuándo contrató a este abogado, de dónde provienen los recursos para pagarle y si se han utilizado fondos públicos o del erario estatal. “Esta información es una exigencia puntual”, afirmó, al tiempo que cuestionó el cinismo y la falta de congruencia de la mandataria.

Mata Lozano advirtió que, de avanzar la investigación estadounidense, se generaría una “crisis de estado” que podría derivar en la solicitud de licencia a la gobernadora, un juicio político desde el Senado, la Cámara de Diputados y exigencias a nivel local. Indicó que el PAN se prepara jurídicamente para los pasos siguientes, pero prioriza la exigencia de transparencia sobre el uso de recursos públicos.

Políticamente, la líder panista observó que el audio se filtró un día después de la visita de la presidenta de la República a Baja California, lo que genera suspicacias.

Por su parte, Octavio Sandoval, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, declaró que la mandataria está obligada a explicar el objetivo de la llamada.

Lo anterior porque es un asunto público y no personal, por el carácter de primera autoridad del estado, y sobre todo por los antecedentes de su situación de la visa y de notas periodísticas que son del dominio público.

El líder empresarial opinó que con este audio, Avila Olmeda enfrenta falta de credibilidad, pues hay inconsistencias en lo que dice el audio filtrado y su respuesta oficial.  

En medio de la polémica desatada por la filtración de un audio que involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se ha intensificado el debate sobre posibles investigaciones de autoridades estadounidenses. El material, cuya autenticidad fue reconocida por la propia mandataria, captura una conversación en la que se discute la contratación de un abogado especializado en Miami y la posibilidad de contactar al FBI para abordar “sanciones y cargos”.

Esta es la transcripción del audio filtrado:

Puede traer sus abogados, con gusto, y lo podemos hacer en el consulado americano en Tijuana. Y aparte de eso, ayudarla con los términos, como le llaman ellos, sanciones y cargos que pueden presentar. Pueden también trabajar, entonces, ahorita, señor gobernador, estamos muy, muy a tiempo de poderlo lograr. 

Marina del Pilar: Una pregunta, ¿y las reuniones que ya ha tenido, las pláticas? 

Okay, she said, you know, this is just like, even today, it’s just the beginning of a process. If she’s interested in us talking to the FBI about putting it together. Okay.  She’s asking if there’s a way we can talk to the lawyer. Should we just like talk to the lawyer or her? Absolutely. That’s a good question. The lawyer, we can do the lawyer. We just need his contact information and his name. Governor, that’s all.

Marina del Pilar: Obviamente para mí es importante porque es el que tiene todo el tema político, yo la verdad estoy tranquila he estado reuniéndome con quienes me han buscado, las agencias, finalmente me han buscado a mí y estoy en la mejor disposicion, yo quiero resolver eso y entregar cualquier cosa… sí me gustaría que fuera através de mi abogado para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y pudiera explicar exactamente pues toda la situación.

¿Cuál es el nombre de su abogado? 

Marina del Pilar: Michael Nadler…Nadler… Él está en Miami. 

Ah, bien. Entendido.

Marina del Pilar: Al principio cuando no sabía cómo estaba la situación busqué a alguien alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse, pero él viene para acá pues cuando se requiere o una vez al mes o su teléfono es…

Transcripción de la respuesta de Marina del Pilar:

Bueno, esos supuestos acuerdos en lo oscurito con las autoridades de Estados Unidos es una total mentira, es totalmente falso. Efectivamente, yo tengo reuniones con las autoridades de Estados Unidos como gobernadora, de forma muy institucional, muy respetuosa, son reuniones totalmente transparentes, donde lo que buscamos es el beneficio y el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera. 

Sí quiero decir que el contexto de esta llamada se da cuando una tercera persona se dice ser un intermediario y se acerca a una servidora y pues yo le digo, a ver, cualquier situación hay que verla a través de un abogado. Yo en algún momento sí me acerqué con un asesor legal que actualmente no trabaja conmigo y también debo de decir que esa supuesta reunión a la que se refiere el audio jamás ocurrió. 

Yo aquí sigo muy tranquila, trabajando con la conciencia tranquila por las familias de Baja California. Muy contenta también porque este fin de semana vino la Presidenta de la República, tuvimos una gira de tres días en donde avanzamos muchísimo con los proyectos del gobierno de México en Baja California y pues sí decirles que mantendremos esta coordinación con el gobierno de México y con las autoridades estadounidenses en beneficio de ambos lados de la frontera.

Implicaciones

La respuesta de la mandataria sugiere que siente presión real por investigaciones estadounidenses, que pueden abarcar un abanico de posibilidades, como financiamiento irregular de campañas, lavado de dinero, nexos o corrupción en la frontera, que son los temas recurrentes en acusaciones contra funcionarios de Morena en estados fronterizos.

Su respuesta es política y trata de enfrentar el control de daños, y aunque no entra en contradicciones directas graves, tampoco refuta con evidencia el contenido del audio. Lo más relevante es que la gobernadora confirma la autencidad del audio, y la mención del FBI.

El FBI es la principal agencia de investigación criminal y de inteligencia nacional de Estados Unidos, encargada de combatir amenazas complejas que cruzan fronteras estatales. Su misión principal combina la protección de la seguridad nacional, mediante la prevención de actos terroristas y operaciones de contraespionaje, con la investigación de más de 200 categorías de delitos federales graves, tales como el cibercrimen, el crimen organizado, la corrupción pública, los delitos financieros y las violaciones a los derechos humanos, actuando además como un centro de apoyo operativo y forense para agencias policiales de todo el mundo.

En resumen, el audio la pone en una posición incómoda porque muestra proactividad defensiva ante un riesgo legal serio de Estados Unidos mientras ella públicamente proyecta normalidad y descalifica el asunto.