Una iniciativa ciudadana para crear un padrón de propiedades destinadas al arrendamiento, con el propósito de conocer la dimensión real del mercado de renta, brindar mayor certeza jurídica y fortalecer la transparencia en beneficio de arrendadores y arrendatarios, impulsa el diputado Jaime Cantón.

En rueda de prensa el legislador dio a conocer los resultados del Foro Estatal “Vivienda para Todas las Personas”, y las propuestas surgidas en ese evento; esto, sumando a que el congresista ya presentó iniciativas relacionadas con la regulación de las rentas y con el fortalecimiento del marco jurídico para combatir el delito de despojo, serán parte de una estrategia integral para proteger el patrimonio de las familias y ofrecer condiciones más justas para quienes buscan acceder o permanecer en una vivienda.

Por otro lado, el diputado explicó que las mesas de trabajo también identificaron la necesidad de atender problemas como la vivienda abandonada, la especulación del suelo, la producción social de vivienda, la atención prioritaria a jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres jefas de familia y población migrante, además de incorporar criterios de habitabilidad acordes con las condiciones climáticas de cada región del estado.

Cantón Rocha destacó que especialistas, instituciones académicas, organismos de la sociedad civil, representantes del sector inmobiliario, autoridades y ciudadanía, coincidieron que Baja California enfrenta una crisis habitacional estructural que requiere una respuesta legislativa de fondo, por lo que las conclusiones del foro darán origen a una publicación que reunirá las principales aportaciones para consulta pública y como referencia para los trabajos legislativos.

“Las problemáticas relacionadas con la vivienda no son nuevas, pero existe el compromiso de transformar las propuestas ciudadanas en reformas con fuerza normativa que respondan a las necesidades reales de Baja California, por lo que el trabajo legislativo continuará con la participación de todos los sectores involucrados para construir una legislación moderna que garantice el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas”, reiteró

Un exhorto propuesto por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, a Mónica Juliana Vega Aguirre, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), fue aprobado por el Congreso del Estado para que se haga una revisión integral de las empresas externas contratadas para la toma de lecturas de los medidores de agua en el municipio de Tijuana y Playas de Rosarito.

Esto a consecuencia de las decenas de solicitudes que ha recibido de ciudadanos por el aumento en sus recibos de agua, en los llamados “Recibos Locos”, y que exigen una revisión en la toma de lecturas de medidores de agua que realizan empresas externas contratadas.

Ante el pleno la diputada local expreso que, en Baja California, CESPT tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como parte de sus actividades operativas, la toma de lecturas de los medidores de agua se realiza, en diversos casos, a través de empresas externas contratadas para dicho fin.

Sin embargo, durante los últimos meses, los ciudadanos han manifestado su inconformidad por el aumento en sus recibos de agua, incluso, esta problemática ha sido identificada por la propia ciudadanía como los llamados “Recibos Locos”, debido a que presentan cobros considerablemente más altos de lo habitual, aun cuando las personas usuarias aseguran que su consumo no ha aumentado.

Destacó ante el pleno del Congreso de Baja California que esta situación se ha vuelto más frecuente desde las suspensiones del servicio de agua registradas a principios del presente año en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, generando dudas sobre la correcta toma de lecturas de los medidores y la facturación correspondiente.

Concluyó que la lectura correcta de los medidores constituye la base sobre la cual se determina el consumo y, el monto que cada familia, comercio o empresa debe pagar, cualquier error en este proceso puede generar afectaciones económicas importantes para las familias.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que pruebas periciales y forenses permitieran identificar los restos humanos localizados durante las investigaciones, un mes después de que fuera privada de la libertad por un grupo armado.

Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio del municipio de Nanchital, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y se la llevaron por la fuerza. El ataque quedó registrado en un video captado desde el interior de la casa y difundido posteriormente en redes sociales, lo que generó una amplia condena de organizaciones de periodistas y de defensa de la libertad de expresión.

La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la comunicadora. Entre los arrestados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de colaborar con el grupo criminal involucrado en el caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación por el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con las autoridades, los restos de la periodista fueron localizados durante diligencias realizadas en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, donde posteriormente se efectuó el proceso de identificación científica.

El asesinato de Roxana Guzmán ha reavivado las alertas sobre la violencia que enfrentan los comunicadores en México. Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado la exigencia de esclarecer el crimen y garantizar justicia, en un contexto en el que Veracruz continúa siendo una de las entidades con mayor número de agresiones contra periodistas.