El video de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sobre su “dilema de mujer divorciada” de viralizó en redes.

Apenas estábamos superando el “no costó” que respondió sobre cuestionamiento de los honorarios al que ella misma se refirió como su abogado, Michael Nadler, quien cobra hasta por contestar el teléfono, cuando nos sale con esta banalidad.

El que la asesora debe ser su peor enemigo, y si ella lo hizo por iniciativa propia, debería contratar inmediatamente a un buen asesor que la disuada de semejantes ideas.

Si está utilizando una narrativa personal para hablar de una etapa de su vida posterior al divorcio, debe saber que la prioridad es su investidura pública; su vida personal pertenece al ámbito privado y debería exponerse lo mínimo posible.

¿Se conecta así con el electorado joven? ¿Prefiere la gobernadora pagar este costo con tal de que se olvide el asunto del audio filtrado? Su imagen está muy deteriorada, y solo hay que leer los comentarios de la gente para saber a dónde apunta la opinión pública.

Qué desafortunada ocurrencia en medio de agentes asesinados, fosas clandestinas, un sistema de salud colapsado, una anticipada carrera por la sucesión política, propiedades que le aparecen a sus funcionarios, acusaciones de corrupción a las instituciones de seguridad del estado… y ella asumiendo el peor cliché de la mamá luchona que deja a sus bendiciones cada cual con su santo y en fin de semana girls just want to have fun.

Ni como ayudarla.

ESPECIAL/Por Sujey González

Ángel Roberto López Cruz denunció públicamente haber sido presuntamente víctima de tortura, amenazas, abuso de autoridad y un intento de extorsión tras un cateo realizado el pasado 28 de junio en su domicilio, ubicado en el ejido Hechicera.

De acuerdo con su testimonio, agentes de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron de forma violenta a la vivienda mientras buscaban a su hijastro, identificado como Kevin.

Aseguró que fue sometido frente a su hijo menor de edad y posteriormente llevado a una habitación donde lo asfixiaron con bolsas de plástico y lo golpearon para obligarlo a proporcionar información.

El denunciante afirmó que las agresiones continuaron posteriormente en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde afirmó que nuevamente fue asfixiado con una bolsa de plástico, recibió golpes y amenazas.

Según relató, durante los interrogatorios uno de los agentes le advirtió: “Vas a salir por los pies por delante… ¿o qué quieres?, ¿quieres que te levante a tu señora y a tu morrito?”, expresión que aseguró le hizo temer por la seguridad de su familia.

López Cruz también afirmó que le fue atribuida una dosis de droga que, asegura, nunca le perteneció, además de denunciar la desaparición de dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentos personales durante el cateo.

Asimismo, señaló que su vivienda permanece asegurada y que, de acuerdo con lo informado a su abogado, presuntamente le solicitaron 30 mil pesos para agilizar los trámites de devolución del inmueble, situación que rechazó su familia al considerar que se trataba de un intento de extorsión.

Indicó que ya presentó una denuncia por estos hechos y solicitó que se investigue la actuación de los agentes involucrados, además de expresar que teme por la integridad de su esposa, su hijo y la suya.

Este caso se presenta en el contexto del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y otras corporaciones para localizar a los responsables del asesinato de los agentes Rubén López Garduño, de 27 años, y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, de 32 años, ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California dio a conocer que en los últimos dos periodos de ejercicios correspondientes al 2025-2026 ha habido un repunte en el tema de denuncias relacionadas con la violencia política en razón de género. 

Raúl Guzmán, informó que en lo que va del año se han presentado 15 denuncias relacionadas con este tipo de violencia, una cifra que refleja un cambio importante respecto a años anteriores.

Detalló que las denuncias corresponden a casos en los que mujeres intentaron participar o bien fueron electas y aseguran haber enfrentado obstáculos, intimidación o presiones que les impiden ejercer de manera libre su trabajo.

Señaló que la Fiscalía ha implementado medidas de protección para garantizar la seguridad de las denunciantes y salvaguardar el libre desempeño de las funciones públicas que les fueron encomendadas.

“De hecho son las carpetas que hoy en día más se han integrado dentro de la fiscal electoral, más allá de distintos delitos en materia electoral que se pudieran estar cometiendo”, concluyó el fiscal.