Columna
Matices: Corrupción en la SSC
A esta redacción llegó una denuncia anónima que contiene datos preocupantes. Esperando que las autoridades no sean partícipes de los actos a continuación señalados en las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tomen cartas en el asunto, la reproducimos íntegra:
“Los empleados (de la Secretaría de Seguridad Ciudadana) siempre estamos desprotegidos frente a los abusos de muchos jefes administrativos y ya no es justo seguir viendo tantas cosas malas y quedarnos callados por miedo.
Queremos que la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el Secretario de Seguridad Pública, General Laureano Carrillo, sepan el tipo de personas que tienen trabajando en las áreas administrativas, porque mientras muchas personas intentan hacer bien su trabajo, hay otras que solo han llegado a enriquecerse y abusar del poder.
Todo empezó con Guillermo González Flores, quien llegó acompañado de una red de personas dedicadas a presionar y extorsionar proveedores para pedirles “moches” a cambio de contratos y compras. Entre ellos están Emir Saamman Gallegos López y Daniel Carrillo Corrales.
Después quitaron a Guillermo por malos manejos, porque esa es la verdad, por todas las tranzas que traía, pero terminó llegando alguien todavía peor: Álvaro Munguía Martínez, quien además trajo a su propio grupo de gente de confianza. Todos los mencionados forman parte de una misma red de corrupción y muchas personas aquí lo saben, aunque nadie se atreva a hablar.
A Guillermo González lo movieron al Penitenciario para cubrirlo y después, cuando ya no pudieron esconder tantas irregularidades, terminó en la Secretaría de Salud. Siempre lo acomodan para protegerlo.
Álvaro Munguía también trajo a Alberto Vázquez Cerecer, conocido como “El Tránsitas” o “El Rey de las Transas”. Lo más indignante es que él mismo presume esos apodos como si fueran motivo de orgullo. Esta persona pide hasta un 30 por ciento de moche a proveedores y si no aceptan, simplemente los dejan fuera. Todo esto con apoyo de Emir Gallegos y Daniel Carrillo.
Daniel Carrillo tiene a toda su familia trabajando en la Secretaria de Seguridad Publica, ahi trabaja con el Irma Isabel Lucatero Baylon que es su esposa y su sobrino, siendo un caso grave de nepotismo.
Y esto no es algo nuevo. Desde hace tiempo ya existían señalamientos y hasta notas periodísticas sobre estas personas, pero nunca pasa nada y pareciera que están intocables.
Incluso había publicaciones en Facebook donde los señalaban como corruptos y rateros, aunque muchas ya desaparecieron.
Gobernadora: de verdad investigue a sus empleados. En la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana no solamente hay policías honestos tratando de hacer su trabajo, también hay personas dentro del área administrativa que se dedican a extorsionar empresarios y proveedores que solo buscan trabajar dignamente.
Como principales responsables están Guillermo González Flores, alias “La Rata”, y Emir Saman Gallegos López, alias “La Rata Güera”. Ellos presionan a proveedores para exigirles porcentajes a cambio de asignar compras, diciendo incluso que el dinero “es para Marina” y que todo lo manejan junto con David Ramsés Cervantes Aguilar, oficial mayor de Gobierno del Estado.
También se comenta que utilizan dinero para viajes y lujos personales, incluyendo viajes a Las Vegas con todo pagado, mientras siguen enriqueciéndose a costa del dinero público.
Pero esto no solamente pasa en el área de compras. También sucede en servicios y talleres. Ahí tienen a Marco Antonio Payán Navarro, encargado de unidades de toda la Secretaría. Nada se mueve sin su autorización. Aunque lo han cambiado varias veces, siempre termina regresando porque está protegido por Emir Gallegos que es quien recibe el dinero para Álvaro Munguía.
Cuando intentan poner a otra persona en el cargo, les ponen obstáculos para que fracasen y así justificar el regreso de Marco Payán. Incluso Alberto Vázquez Cerecer intentó meterse también en ese negocio pidiendo su porcentaje a los talleres, pero no pudo controlar esa área porque todos consultan primero con Marco Payán y él mismo les dijo que Alberto estaba loco y que no sabía quién era.
La pregunta es: ¿dónde está la función anticorrupción? Basta ver el nivel de vida de estas personas para darse cuenta de que algo no está bien. Emir Gallegos vive viajando y todo mundo lo sabe. Ellos mismos presumen que están protegidos y que nadie les puede hacer nada.
Marco Payán tiene tanto control que incluso tiene trabajando ahí a su esposa, Ana Livier Espinoza Martinez, y presume tener el respaldo de Rosiles, coordinador de la Policía. Hasta vehículos nuevos tiene asignados o prestados. Deberian de checar los carros personales que tienen registrados, no checan con un sueldo de gobierno.
Y por si fuera poco, Emir Gallegos fue sindicalizado de un día para otro, sin filtros ni procesos claros. Ellos mismos presumen que además de estar protegidos, ya quedaron blindados dentro del sistema. Marco Payán tambien es sindicalizado.
Muchas personas tenemos miedo de hablar porque sabemos cómo se manejan, pero ya estamos cansadas de ver corrupción, abusos, amenazas y privilegios para los mismos de siempre, mientras quienes sí trabajan honestamente somos ignoradas”. Hasta aquí la denuncia anónima de la que esperemos tomen nota la gobernadora, el secretario de Seguridad Ciudadana y la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, porque si esto resulta cierto es imposible que lo superiores de los presuntos corruptos no hayan notado nada anormal. O será que ya lo normal en este gobierno es la corrupción y el cinismo.

En otro tema, también con relación a las autoridades, es muy evidente la colusión que existe entre el crimen organizado y la Policía Municipal de San Felipe. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrada por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, de la FESC, de la Comisión Local de Búsqueda y de la Fiscalía General del Estado, estuvieron en una jornada de búsqueda en San Felipe el jueves y viernes de la semana pasada.
No solo mientras estuvieron buscando, también en el hotel, agentes de la policia de aquel puerto estuvieron tomando fotografías y hostigando a los integrantes de la unidad. Al parecer el secretario General de Gobierno, Juan José Pon, tiene el plan de ubicar allá a dos personas de la Comisión Local de Búsqueda y eso es un acto suicida; si no los matan, es que están coludidos, dicen los sanfelipenses. Van siete desapariciones, cuatro mujeres y tres hombres, tan solo en los últimos dos meses, y eso da una idea de qué tan grave está ese tema en aquel puerto. La policía de San Felipe está muy lejos del bien y muy cerca del mal. Hay muchos desaparecidos pero nadie busca, y a quien busca le va mal.
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Matices: Los suspirantes
Desde ayer circula en redes una tarjeta informativa supuestamente proveniente de la Comisión Nacional de Elecciones, la tarjeta informativa CN/CEN/043/2025, que marca Baja California como dentro del bloque de competitividad alto, y propone mujer como el género para la candidatura a titular del ejecutivo.
Hay que destacar que de ser auténtico este documento, tiene fecha de 2025, y ya han pasado varias cosas desde entonces. En ese terrible año para la mandataria, sucedió la pérdida de su visa; el rumor de que hay una investigación por lavado de dinero y posibles nexos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos; el escándalo de una supuesta propiedad millonaria en San Diego; la cita por parte de la Fiscalía General de la República a su entonces esposo Carlos Torres, lo que la obligó a separarlo de sus funciones públicas, y su posterior divorcio (aunque sigue operando tras bambalinas).
En ese año tampoco se sabía a ciencia cierta cuántos levantarían la mano para participar en la candidatura a gobernador. Si a estas alturas sigue la propuesta de mujer, estaríamos ante una guerra entre Julieta Ramírez y Evangelina Moreno, ambas infractoras electorales por actos anticipados de campaña por sus encuentas telefónicas, mantas, folletos, encuestas y carteles, porque seamos sinceros: Morena no dejará que hagan pedazos la imagen del movimiento dándole la candidatura a Montserrat Caballero, quien sin duda le haría una auditoría marca “llorarás” a Marina del Pilar.
En las condiciones del 2026, parecería más factible una candidatura masculina, y ahí el tiro está entre Ismael Burgueño y Fernando Castro Trenti. El bandido de Armando Ayala se acabaría el estado; a Alejandro Ruiz Uribe le dan ataques de rabia y posteriores diarreas verbales que lo descalifican para el cargo; Jorge Ramos se registró para no dejar en blanco la candidatura del Verde; Alfredo Álvarez dejó una imagen de enojón y represivo como secretario General de Gobierno que lo dejan sin posibilidades; y a José Anselmo Jiménez, pues en su casa lo conocen.
No es que Burgueño y Castro Trenti no tengan puntos negativos, pero están mejor “amarrados” que el resto. El alcalde con licencia de Tijuana repite y repite que el fundador de Morena y que nunca ha estado en otro partido que no sea el guinda, en clara alusión al expriísta y no fundador, del apodado “El Diablo”.

En otro tema, nos cuenta un exrecluso recién salido, que en el Centro de Readaptación Social de Mexicali tienen a casi una treintena de presos en celdas de 2 por 3 metros, hacinados, en condiciones insalubres y además permitiéndoles como única prenda, calzoncillos. Veremos que dice la titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, Lorena Huerta Salas y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Álvaro Ochoa.
Sobre el tema que publicamos esta semana sobre el accidente de una unidad de la CESPM, que circulaba sin seguro y donde a pesar de haber ocurrido en noviembre, aun no se resuelve la indemnización que por ley que corresponde a la familia, pero al amigo de la gober lo protege el manto sagrado de la cuarta transformación. En una situación menos grave, pero similar, está el director de Bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna, que también sacó a circular a una máquina sin placas que tenía fallas mecánicas, y por los frenos deficientes chocó. Luego querían que el chofer pagara los gastos.
Por cierto que seguimos esperando la respuesta del director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali, Edgar Covarrubias, a quien le pedimos hace ya varios días que nos diera una relación de las máquinas que escondió Norma en un parque industrial, que tras su posterior sobreprecio arreglado por su hijito, adquirió la ciudad. ¿En qué estación están? ¿Cuántas máquinas tiene cada estación? ¿Está vigente el seguro de todas las máquinas? ¿Cuántas máquinas están paradas por fallas mecánicas? y una de pilón: ¿Por qué no se hicieron las anunciadas espirometrías? Puras promesas incumplidas del gobierno municipal.
Osuna dijo en su momento que de las 14 máquinas extintoras, 8 estarán distribuidas en la ciudad junto con la unidad de rescate, mientras que en la en la zona Valle Norte, estarían tres máquinas extintoras y dos ambulancias serían para las estaciones de Morelos, Algodones, Benito Juárez y Hermosillo.
Por cierto, que mal les fue en el análisis a las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali por parte del ObserBC. Comentaron lo de las dos barredoras de un millón de dólares. Para que se den una idea, una barredora de esas equivale a las 14 máquinas extintoras, una de rescate urbano, y cuatro ambulancias que adquirieron en febrero de 2025. ¿Habrán tenido sobreprecio? nomás se los triplicaron, dice el ObserBC.
También destaca un crédito fiscal determinado por el SAT por más de 508 millones de pesos, derivado de diferencias en retenciones de ISR correspondientes al ejercicio 2020, periodo donde fue alcaldesa la actual gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda. Adjudicaciones directas repartidas a diestra y siniestra, y muchos millones en servicios como asesorías, que no sabemos si efectivamente se llevaron a cabo, pero sí sabemos que Jorge Mario Soto, exjefe de la hija de la alcaldesa Norma Bustamante, se lo llevó a través de la creación de diversas empresas.
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Matices: La Cespm y el accidente
El 13 de noviembre del año pasado, a las 11:45 de la mañana, hubo un accidente que involucró a dos trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
Se trasladaban en un camión sewer, adquirido mediante licitación federal en agosto de 2025, a un costo de 19.6 millones de pesos, cuando según testigos, un troque invade el carril, y el piloto da un volantazo para esquivarlo, lo que hace que la unidad sufra una volcadura.
Tras todos estos meses, la viuda no ha podido arreglar el tema de la indemnización por accidente de trabajo, como marca la ley, porque la CESPM solo le sacó seguro al vehículo por una semana, para poder ponerle placas.
Al conductor lo llevan al hospital en calidad de detenido, quien era amigo del fallecido, y por esa razón, la viuda pide no presenten cargos contra él.
El trabajador que perdió la vida era quien regularmente conducía la unidad; recorría el valle de Mexicali y San Felipe, sin saber que la paraestatal lo desprotegió al no cumplir con la obligación de pagar el seguro.

Al parecer, el dictamen del accidente respecto al vehículo está como “pérdida total”. Pero la CESPM no puede permitir que la unidad sea dada de baja porque tendría que explicar por qué no tenía seguro.
Cuando un trabajador fallece, los empleados de la paraestatal hacen una colecta para ayudar a la familia con los gastos inmediatos, porque los empleados son muy unidos y solidarios entre ellos. A la viuda le dijeron que la CESPM correría con los gastos funerarios, sin embargo, cuando le depositaron el dinero de la colecta, el subdirector administrativo, Víctor Manuel Picos, le pidió que le regresara en efectivo el costo de los gastos funerarios.
Hay una póliza de seguro, de la empresa Seguros HDI, que ampara a la unidad Torton International HV 2025 -la involucrada en el accidente-, del 31 de enero del 2026 al 31 de enero de 2027; número de serie 3HAFWAHT2SL028378, por 26 mil 798.55 pesos.
Al consultar las placas en el sistema estatal de refrendo de tarjetas de circulación, la información que arroja es “el vehículo ya refrendó este año”.
Esto quiere decir que la paraestatal reparó la unidad o simuló que está en circulación, para que la federación no se entere que incumplió con el requisito del seguro y/o para no cumplir con la obligación financiera con la familia del trabajador fallecido.
En los documentos de la CESPM indica que quien perdió la vida tenía un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, cuando su horario era de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Muchos trabajadores de la CESPM están en esta situación; trabajan más horas de las que indican los documentos oficiales, sin la remuneración correspondiente.
Si las autoridades investigaran, se daría cuenta de esto revisando el checador de la paraestatal. Esto significa que el organismo del agua que dirige Armando Carrasco, comete robo de salarios y fraude laboral.

Aunque sí han entregado recursos de un fideicomiso a los hijos de la víctima, la liquidación y un mes de pensión a través de Issstecali, el proceso no puede avanzar hasta que no resuelva el tribunal laboral del Poder Judicial; y este trámite no avanza porque, aunque el expediente dice “pérdida total”, el organismo trata de ocultar la falta de seguro.
También está pendiente una indemnización de 5 mil días de salario, por fallecimiento del trabajador a causa de un riesgo de trabajo.
No son pocos los empleados de CESPM que están enterados de estos detalles, y quieren hacer pública esta injusticia.
Además, dan otros datos sobre los malos manejos de Carrasco y su círculo de funcionarios favorecidos con dotación de unidades nuevas y gasolina sin límite, sin olvidar teléfonos de última generación y su costo de servicio.
Pero además hay otras cosas, como que el “food truck” quemado, que era propiedad de dos de sus cercanos: César Alonso y la jefa de planeación; o que el director está detrás de la empresa ganadora de la licitación de uniformes; o que una consentida de Carrasco es quien ganó para hacer el cambio de medidores, pero son los propios trabajadores de la paraestatal quienes llevan a cabo este trabajo (como sucedió con la instalación de reductores); y que el recaudador de la zona 1, Ramón Esteban Inzunza Gallegos no se presenta a trabajar y además, como trascendió en redes sociales, acudió a México al registro de Julieta Ramírez.

Columna
Matices: La visita veraniega de Claudia Sheinbaum
Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum cerró las actividades de su gira por Baja California y San Luis Río Colorado, con la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en esta capital.
Algo que llamó la atención fue que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda recibió pocos y desganados aplausos por parte de los asistentes, integrados mayoritariamente por empleados de la Comisión Federal de Electricidad; legisladores locales y federales, y periodistas.
¿Qué les hizo la gober que le aplaudieron tan poquito? les pregunté a un par de empleados al finalizar el evento. ¿Sí se notó, verdad?, respondieron. A Claudia le aplaudieron más o menos, y el “aplausómetro” se lo llevó la directora general de CFE, Emilia Calleja.
Aparte de la inauguración de la central, hubo un solo anuncio y no muy espectacular: el reemplazo en el corto plazo de 4 mil postes de madera.
Afuera del evento esperaron el paso de la presidenta las madres buscadoras, específicamente el grupo “Madres Unidas y Fuertes”, donde su vocera y fundadora, Irma Leyva, cuestionó las declaraciones de la Fiscalía General del Estado en el sentido de que habían podido realizar todas las muestras de ADN de los restos encontrados en las fosas del predio de Pro Natura, en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali.
Hay muchos restos -y soy testigo de ello- en los que resulta imposible poder hacer un perfil genético por el malísimo estado de esos hallazgos, pues recordemos que gran parte de ellos fueron calcinados y muchos se convirtieron en polvo tan solo exponerlos al medio ambiente.
Doña Irma ya tiene la trágica experiencia de que la propia gobernadora le asegurara en llamada desde Europa, que habían encontrado a su hijo, confirmando que fue mediante pruebas de ADN, lo cual resultó falso tras un segundo análisis, así que tiene bases para desconfiar.
Había también afuera del evento, manifestantes contra las Afores, contra los recibos locos y los apagones de la CFE y un entusiasta grupo de admiradoras de la Sheinbaum de la colonia Robledo, que se pusieron a bailar mientras la esperaban.

El diputado federal Armando Samaniego salió muy contento del evento porque logró saludar a la presidenta, y asegura que tiene su respaldo porque “se la rifó” con ella (no como otros legisladores que le apostaron a Adán Augusto… esto no lo dijo, pero lo dio a entender).
Ahí estaban también Rocío López Gorosave, quien ni de chiste se acercó al “corralito” de la prensa, no fuera a ser que le preguntáramos cuál fue la moneda de cambio por la liberación de su hijo.
Acudieron además Jaime Cantón, Juan Manuel Molina, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Gilberto Herrera Solórzano, por cierto derretido por el calor mexicalense; y el secretario general de gobierno, Juan José Pon.
Así como ayer la gober y la presidenta, acompañados entre otros funcionarios, del secretario de Educación Mario Delgado, acudieron a un evento en la Universidad Xochicalco, muy espichaditos sin anunciarlo ni invitar a la prensa, hoy muy temprano inauguraron unas canchas en la ciudad deportiva.

Lo interesante de esta visita es lo que pasó tras bambalinas, si hubo reuniones privadas, si hubo regaños, si establecieron algunas reglas no escritas sobre comportamientos públicos con miras a las próximas elecciones, etc.
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