Hasta el momento, seis personas han sido detenidas por su presunta participación en los ataques armados registrados en el municipio de Tecate, informó la fiscal general del Estado.

María Elena Andrade señaló que fue una semana complicada tras el ataque a una taquería de Tecate, donde un grupo armado ingresó al establecimiento, ejecutó a tres personas y posteriormente incendió el lugar.

Asimismo, hizo referencia al asesinato de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía, en cuyo sitio también fue localizado un narcomensaje.

La fiscal mencionó que uno de los detenidos recientemente, presuntamente relacionado con el ataque a la taquería, es originario del estado de Jalisco, por lo que se presume que podría formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Explicó que otros dos de los detenidos fueron asegurados en posesión de armas de fuego, algunas de las cuales estarían relacionadas con cuatro homicidios cometidos en Tecate, mientras que otras habrían sido utilizadas en ocho homicidios registrados en Tijuana.

Andrade añadió que las investigaciones continúan y que se llevarán hasta las últimas consecuencias.

Como resultado de las operaciones realizadas en los últimos ocho días en Baja California, las autoridades han logrado la detención de 45 personas, de las cuales 10 tienen relación indirecta con los homicidios de dos policías estatales. Entre los detenidos se encuentran dos policías municipales: uno en activo y otro suspendido.

El general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, informó lo anterior en la conferencia mañanera de este martes, al referirse al contexto de violencia en el Valle de Mexicali, particularmente tras el ataque a dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Sobre la exclusión de la policía municipal de Mexicali de los operativos que la FESC y otras corporaciones han llevado a cabo en los últimos ocho días, el secretario detalló diferencias de procedimientos entre corporaciones. Mientras la policía municipal atiende delitos del fuero común, las fuerzas estatales se enfocan en la delincuencia organizada, lo que requiere en ocasiones operativos con apoyo de fuerzas armadas, explicó.

Tras la agresión a los elementos, se solicitó a la policía municipal mantenerse al margen del operativo en el valle de Mexicali, pero aclaró que no es un tema de falta de confianza.

Sobre las publicaciones en redes sociales que mencionan cateos sin orden judicial, Carrillo indicó que solo tienen información general y sin referencias precisas de tiempo y lugar para poder investigar esos incidentes.

Manifestó que los cinco cateos realizados en el Valle fueron de acuerdo con la ley y Carrillo invitó a los ciudadanos proporcionar más datos para poder actuar en consecuencia.

El general reconoció que la amenaza contra los agentes todavía no termina y que siguen recibiendo amenazas. Respecto a una denuncia en redes de posible tortura relacionada con estos operativos, declaró que se investiga el único caso formal que tienen, vinculado a un domicilio relacionado con “Kevin”, familiar de un objetivo prioritario.

El funcionario subrayó que no van a permitir violaciones de derechos humanos ni tortura, y que están investigando esa denuncia. Hizo hincapié que ese domicilio está relacionado con el mencionado objetivo prioritario y que está molesto por la forma en que perdieron la vida los agentes.

Dijo que los compañeros fueron atacados “vilmente” mientras se encontraban en sus horas de descanso. “Lejos de ser una acción del crimen organizado en un enfrentamiento, fue una agresión directa y las familias salen afectadas”, agregó, pues hubo daños colaterales en ambos casos.

Carrillo destacó el apoyo recibido de instituciones, ciudadanía y medios de comunicación tras el ataque, y aseguró que continuarán trabajando hasta dar con quienes privaron de la vida a los agentes.

Esta mañana, el presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal, precisó que la organización que encabeza se deslinda de todos aquellos elementos de seguridad pública que se han visto relacionados con algún tipo de actividad delictiva.

Expresó que tanto la Federación como las asociaciones que la integran a nivel estatal cuentan con cláusulas específicas en sus estatutos para brindar representación jurídica a los agentes que lleguen a requerirla; sin embargo, aclaró que dicho respaldo no aplica para policías involucrados en delitos o presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Señaló que, cuando existen evidencias claras que acreditan la participación de un elemento en actividades ilícitas, las asociaciones deciden no otorgar ningún tipo de defensa legal.

Monreal consideró que las autoridades deben fortalecer y actualizar los procesos de evaluación del Centro de Control y Confianza (C3), con el fin de detectar oportunamente a elementos que pudieran representar un riesgo para las corporaciones de seguridad.

Expuso que es necesario que las investigaciones que realizan la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República a los agentes se coordinen con el C3 a fin de complementar la información y, en caso de que un elemento esté siendo investigado, no pueda aprobar el examen.

Para concluir, el presidente de la federación reconoció que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer, afirmando que existen casos en los que las evidencias son contundentes y, pese a ello, no se aplican sanciones oportunamente.