El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, encabezó este jueves una reunión con la asociación Producción y Progreso de Baja California, en la que se abordaron las principales demandas del sector agrícola del Valle de Mexicali: seguros agrícolas, asignación de agua, apoyos económicos y la comercialización de alfalfa.

Al encuentro asistieron los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Mónica Vargas, y de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Amador.

Durante la sesión se discutieron los problemas que enfrentan los agricultores de la zona. Como resultado, se acordó que la Secretaría General de Gobierno y la SADER se reunirán con las aseguradoras agrícolas para revisar las condiciones de los seguros. La SADER también anunciará próximamente las fechas de entrega de los apoyos compensatorios del programa estatal.

Por su parte, la SEPROA, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Distrito de Riego, revisará las quejas sobre el volumen de agua asignado. Además, se dará seguimiento a posibles alianzas para mejorar la venta de alfalfa y se evaluará, junto con la Secretaría de Economía e Innovación, la creación de un centro de acopio de forraje.

Los productores del Valle de Mexicali han insistido en la necesidad de mayor certeza en el acceso al agua y en mejores condiciones para la comercialización de sus cultivos, especialmente la alfalfa, uno de los principales productos de la región.

La diputada federal panista Eva María Vázquez, criticó a los recién separados del cargo Adrián Medina Amarillas y Alejandro Arregui, quienes encabezaban las secreatarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social, respectivamente, y que buscan una candidatura para participar en el proceso electoral de 2027.

“El exsecretario de salud, es increí­ble que dejó un estado colapsado, que fue realmente ineficiente, fue incompetente en el desarrollo de su labor y pareciera que ahora lo van a premiar con la posibilidad de tener una candidatura”, comentó.

Es muy lastimoso, y es irrelevante si va tras una alcaldía o una diputación, dijo sobre Medina Amarillas; agregó que es ofender la inteligencia de la gente, después de que se exigió su renuncia ante su incompetencia, no estar los hospitales en malas condiciones, sin medicamento, sin aparatos funcionales, sin aire condicionado, sin condiciones adecuadas para los pacientes y para el propio personal médico y ahora se le vaya a premiar con una candidatura.

“Lo único que falta es que Carlos Torres también nos aparezca con una candidatura”, manifestó la legisladora.

Sobre Alejandro Arregui precisó que le han llegado mensajes en el sentido de que en San Quintín señalan a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de extorsionar empresas.

“Lejos de lejos de hacer visitas serias e inspecciones a las empresas con relación al tema de los jornaleros, pareciera que lo único que propicia son condiciones para la extorsión… entonces también ahora se va a premiar eso con una candidatura”, aseguró.

Morena y aliados en el Congreso del Estado de Baja California retiró este jueves del orden del día de la sesión ordinaria la solicitud presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) para iniciar un proceso de separación del cargo y juicio político en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a la que se sumó la diputada del PT, Yohana Gilvaja.

El diputado Juan Manuel Molina García, de Morena, argumentó que el Congreso local carece de facultades para conocer de ese procedimiento, ya que únicamente el Congreso de la Unión tiene competencia para resolver sobre la separación del cargo de una gobernadora o gobernador, de acuerdo con el marco constitucional vigente.

La petición del PAN se basaba en presuntas irregularidades en la administración estatal, entre las que destacan señalamientos relacionados con seguridad, suministro de agua, energía eléctrica, infraestructura y pérdida de confianza institucional. La dirigente estatal panista, Lizbeth Mata Lozano, acompañada del diputado Diego Echevarría, había insistido en que la solicitud respondía a una exigencia ciudadana por abandono de funciones, actos de corrupción y violaciones al Estado de derecho en una conferencia previa al inicio de la sesión.

Ante la negativa del Congreso local, el PAN anunció que formalizará la solicitud de separación del cargo y juicio político ante la Cámara de Diputados federal. Mata Lozano explicó que una reforma constitucional aprobada en Baja California en 2024 limita la posibilidad de instaurar un juicio político local contra la titular del Poder Ejecutivo estatal, siendo esta entidad la única con ese “candado”.

La decisión del Congreso estatal se produce en un contexto de tensión política marcada por polémicas recientes en torno a la administración de Ávila Olmeda, incluyendo la filtración de audios y señalamientos sobre la gestión pública, temas que el PAN ha utilizado para justificar su demanda de rendición de cuentas.

Gilvaja en su intervención declaró que el Congreso local parece una oficialía de partes, y reclamó que no quisieran abordar el tema de la separación del cargo y el juicio politico, respaldando lo expresado por los legisladores del blanquiazul, promotores de la iniciativa.

Ciudadanos en el pleno del congreso, protestaron con gritos y pancartas el comportamiento de los diputados de Morena y pidieron la salida de la gobernadora.

Hasta el momento, Avila Olmeda no ha emitido un posicionamiento público inmediato sobre la determinación del Congreso local.