Hay una frase que suele aparecer cuando una administración pública enfrenta preguntas incómodas: “todo se hizo conforme a la ley”. El problema es que esa respuesta, por sí sola, no necesariamente despeja las dudas.

El oficio OMG/DNPA/DIR/1677/2026, fechado el 29 de septiembre, reconoce que en los archivos del Gobierno de Baja California existen contratos celebrados con algunas personas físicas y morales que aparecen en el listado de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC.

La Oficialía Mayor sostiene que, al momento de las contrataciones, no existía impedimento legal en México: los proveedores no estaban inhabilitados, no se encontraban sancionados conforme a la legislación nacional y, según la revisión realizada, tampoco se detectaron conflictos de interés o incumplimientos fiscales. Qué bonito, qué limpio, que chulada.

Pero que algo haya sido legal no significa automáticamente que haya sido prudente, conveniente o explicable. La respuesta oficial desde Gobierno del Estado tiene un dato que merece atención: la propia Oficialía Mayor reconoce que no concentra toda la información correspondiente a los organismos paraestatales, pues estos cuentan con sus propios procedimientos de contratación y seguimiento.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿cuántos contratos fueron realmente celebrados con esas personas o empresas y por cuánto dinero? ¿Quién los contrató? ¿Quién autorizó las operaciones? ¿Mediante licitación, invitación o adjudicación directa? ¿Por cuáles servicios?

Si la administración estatal tiene la certeza de que las contrataciones fueron correctas, transparentar los documentos debería ayudar a cerrar la discusión, pero sabemos que no lo harán. La administración de Marina del Pilar está peleada con la transparencia.

El verdadero problema sería lo contrario: que detrás de la frase “no había impedimento legal” se pretenda colocar un punto final a una discusión que apenas comienza. Que se abran los expedientes si todo está en orden.

Fuentes enteradas del desarrollo de las investigaciones de Estados Unidos contra miembros de cárteles y funcionarios o exfuncionarios bajacalifornianos, comentan que por supuesto que está el nombre de la mandataria en varias carpetas de investigación, la cual se remonta al inicio de la campaña para la gubernatura, por la cantidad de recursos y las personas que la financiaron. Que la espera tendría que ver con los movimientos de bienes que hace cada que le cierran más el cerco, los cuales tienen perfectamente documentados. Y por supuesto que la corrupción de Carlos y Luis Torres no se entiende sin el poder del estado detrás de ellos.

En otro tema, ya comentábamos que el asunto de los allanamientos a la oficina del Notario 14 y a la oficina de Jaime Dávila estaba muy raro. En el caso del Notario, este agradeció a la policía municipal su rápida intervención y la captura del responsable, que se quedó horas revolviendo documentos al parecer en busca de algo muy específico.

En el caso de Dávila, este acusó a los dos uniformados que acudieron a una primer llamada en la madrugada, de cómplices del presunto ladrón. Este hombre se presentó ante los agentes vestido de guardia de seguridad. Les dijo que él se haría cargo, le tomaron declaración y sus datos y se retiraron. El tipo siguió hurgando y a las seis de la mañana que llegó la señora de la limpieza hizo otro reporte porque no reconocía al hombre como guardia de seguridad, sino como un intruso. La policía regresó, y se llevó al responsable, que no se llevó nada.

Dávila respondió pidiendo la renuncia del director de Seguridad Pública, Luis Felipe Chan, mientras que de manera contradictoria le otorgó el perdón al responsable de los daños y del allanamiento. Los agentes ya están reportados a Sindicatura, por cierto, por el error de no haber verificado la veracidad del cuento que les echaron y permitir al hombre seguir buscando feliz de la vida.

Nos comentaron que la búsqueda de papeles al parecer es algo relacionado con Pedro Ariel Mendívil, quien -mire qué causalidad- es pariente de la esposa de Jaime Dávila y éste ha usado el medio del exvocero de Mendívil para estar acusando a la policía municipal y a su director. Qué casualidad.

Tras la información dada a conocer ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a varios funcionarios, exfuncionarios y personajes allegados a la política bajacaliforniana, se han movido muchas cosas.

Uno de los proveedores favoritos, Inteliproof Efficient S. de R.L: de C.V., una empresa de seguridad privada con sede en Tijuana y ligada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresa y persona incluida en el anuncio de ayer.

Aquí un contrato de 2025 por más de 2 millones de pesos, uno de tantos que obtuvo en los últimos años.

Estas son algunas otras empresas ligadas a este empresario: Grupo Baja Fixer SA de CV, Capital Privado Baja SAPI de CV, Capital Privado Bursátil SA de CV, Festival Artistas Mobiliario Asesoría SA de CV, Conciertos y Espectáculo Inhouse SAPI de CV, Wermak Publired SA de CV, Holistic Wellwaves S de RL de CV, Proyecto Alerta Verde SAPI de CV, y Videovigilancia Colaborativa SAPI de CV.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) hubo contratos bajo el concepto de “Gastos de publicidad oficial”, Moreno Gómez Santelices, presunto operador financiero y prestanombres de los “Los Mayos” participó con Fama Producciones (Festival Artistas Mobiliario Asesoría SA de CV), y con Promociones CHF por suministro de equipo técnico especializado que incluyen sistemas de audio, iluminación, proyección de video e interpretación simultánea para eventos, donde además dividían los conceptos para que los pagos no hicieran ruido al sobrepasar los montos que obligan a hacer licitaciones públicas.

Pues resulta que ya tenían otro montón de contratos planchados y listos para seguir saqueando al erario cuando sale la información de ayer y tuvieron que meter el freno de mano y meter esos asuntos al congelador.

Además de darle para atrás a todo lo que se relacione con las personas y empresas señaladas por Estados Unidos, todos los amigos de Carlos y Luis Torres están abandonando el barco en las sociedades que los unen.

Abrimos paréntesis para recordar el principio del fin. Cuando le quitan la visa a Carlos Torres, las autoridades de la aduana detienen para entrevista a Rodrigo Llantada, Luis Torres y Héctor Chaparro Pedrero “Coteto”, por cierto este último primo hermano de la esposa de Panchito Pérez Tejada y yerno de Mario García Franco (¿Por eso se apuntó Mario García Franco y luego se “desapuntó”? Todo lo que se relacione con el exalcalde está apestado en tema de política).

Total, que les preguntan si conocen a Carlos Torres y la relación con él y tras soltar la sopa se van con su visa intacta pero sin Sentri. Después de eso el “Coteto” andaba vendiendo su pádel para desligarse del esposo incómodo. Todo lo que huela a Panchito, Marina y Carlos al parecer está en oferta desde ayer.

También participa en Hego Imagen, la empresa de las paletas publicitarias de Panchito y su esposa -agregada a la sociedad después-, donde para lograr el “convenio” con el Ayuntamiento de Mexicali, se falsificaron documentos sin ninguna consecuencia a pesar de la denuncia presentada por Maribel Avilez, oficial mayor con Jaime Diaz.

Nos cuentan que Chaparro Pedrero también es socio en la línea médica para cruzar la frontera, junto a Carlos Torres y Panchito Pérez Tejada. Los gobiernos morenistas que todo lo tuercen, convirtió en concesiones las líneas médicas de Tijuana y Mexicali. La de la coqueta ciudad estaría presuntamente bajo el control de Pedro Montejo Peterson, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, de Fernando Salgado Chávez, el agente inmobiliario de la gober, y por supuesto un poder superior del gobierno estatal.

Nos confirman que Llantada y Carlos Torres están asociados con la Cosmopolitana para venderle alimentos a los Centros de Readaptación Social del estado, a ver qué va a pasar con esa sociedad y esos contratos. Se sirvieron con la cuchara grande, sin duda.

Aunque la gobernadora Marina del Pilar pronto emitió un comunicado donde se desliga de Carlos Torres y nos recuerda que está divorciada aunque no ha mostrado el acta que lo pruebe, su amigo el Oficial Mayor, David Cervantes también está metido hasta el cuello en esto de los contratos. Él y todos los que firman los acuerdos planchados, como Fernando Limón Félix y Thania Diaz de León, aunque a ella ya la sacaron de la jugada y la premiaron con una comisión sindical, aunque eso no borra sus intervenciones pasadas, donde le aplanaba el camino a los recomendados y sacaba a los competidores.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

Ernesto Ruffo Appel salió del Altiplano sin rencor, sin la narrativa del agravio que muchos quisieron imponerle y sin la victimización que la oposición trató de capitalizar. Llegó a su domicilio y dijo algo que parece sencillo, pero que en la política mexicana se ha vuelto casi subversivo: reflexión. No habló de humillaciones, no habló de persecuciones, no habló de su edad. Habló de México. Y eso, en estos tiempos, ya es decir mucho.

Mientras algunos opositores, simpatizantes, amigos o familiares se apresuraron a convertir su caso en un estandarte de “preso político”, Ruffo eligió otro camino. Dijo: “Debemos ver que todo debe de ser algo que incorpore todas las realidades que se viven en México… y que se atienda a los que están muy necesitados… para que haya prosperidad para todos.” Y añadió algo que debería preocupar a todos: “La cosa no anda bien en nuestro país.”

También dejó una frase que desarma la narrativa de buenos contra malos: “El crimen puede estar en cualquiera de nosotros.” No lo dijo para justificarse. Lo dijo para recordarnos que la crisis mexicana es más profunda que un sexenio o un partido: es una crisis de cultura política, de instituciones debilitadas y de ciudadanos que hemos normalizado la ilegalidad, la corrupción y la falta de empatía como si fuera paisaje.

Ruffo no habló de su caso. Habló de México. No pidió privilegios ni excepciones. Pidió país.

Esa reflexión obliga a mirar hacia adentro. La oposición —y buena parte de la ciudadanía que hoy se siente moralmente agraviada— lleva años instalada en la crítica automática. Muchos no construyen, no proponen, no incorporan realidades. En estos días, se ha insistido en convertir su caso en bandera política. Pero Ruffo aparentemente no pide eso. No exigió ser mártir ni símbolo. Él reflexiona sobre el país.

Y pedir país implica ver el contexto completo: los apoyos sociales y las becas que el gobierno presume no alcanzan para construir bienestar real; la confrontación con la clase empresarial no reduce la desigualdad; y la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes no sigue creciendo. Actuar por México significa abrirse a la ciudadanía, dejar atrás las cuotas de poder y abandonar la lógica de repartirse espacios sin transformar nada. El bienestar no se construye golpeando sectores, sino integrando realidades. Ruffo eligió la reflexión. Todos —oposición, gobierno, empresariado y sociedad— debemos elegir la responsabilidad desde nuestras trincheras. Una ciudadanía que no integra termina aislada en sus propias burbujas, incapaz de ver el país completo y de construir el orden que exige la restitucionalización que Ruffo señaló.

Su mensaje toca un punto que el empresariado y los bajacalifornianos deberíamos escuchar con atención. Cuando Ruffo habló de la “restitucionalización del país”, advirtió que hay cosas que han cambiado y que eso es grave. Su frase “República ya no hay” no es retórica: es un llamado a revisar cómo están hoy las instituciones que sostienen a México —desarrollo económico, educación, seguridad, salud, transparencia, democracia— y a darles rumbo desde el contexto real. Esa restitucionalización implica integrar realidades, atender a quienes están más necesitados y construir prosperidad para todos. La prosperidad no es un club privado; si la economía y beneficios sociales crecen sin incorporar a quienes están en la base, ese crecimiento es frágil y políticamente explosivo. Una ciudadanía que no integra termina rodeada de desigualdad, y un gobierno que no incorpora todas las realidades acaba gobernando para una burbuja que tarde o temprano revienta.

Y aquí vale preguntarse qué reflexión deja esto para quienes hoy están en el poder. Porque si la oposición se ha instalado en la crítica sin construir, el gobierno ha preferido gobernar desde la confrontación. La llamada Cuarta Transformación prometió regenerar instituciones, pero en los hechos ha sustituido capacidades por estructuras paralelas, leales a una nueva élite política. Esa ruta no reconstruye Estado: lo fragmenta. Y un país fragmentado no puede sostener la restitucionalización que Ruffo señaló como urgente.

Ruffo lo dijo con claridad: “República ya no hay.” Y remató con un llamado que debería ser un punto de partida nacional: recuperar el orden, la legalidad y la institucionalidad.

Ruffo pidió país, y su reflexión solo confirma lo evidente: México lo necesita. Esa necesidad nos alcanza a todos —bajacalifornianos, ciudadanos y mexicanos. Ahora toca actuar, porque el país no se reconstruye solo.

*El autor es Director General del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.