La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deje temporalmente su cargo y rinda explicaciones transparentes tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La petición ocurre luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a su exesposo, Carlos Torres Torres, con una presunta red de corrupción y operaciones del crimen organizado.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en la entidad, calificó la situación como un asunto de máxima gravedad para la seguridad del estado. Durante su pronunciamiento oficial, Mata Lozano enfatizó que es inverosímil pensar que la mandataria estatal desconocía las actividades de su expareja, considerando la alta presencia e influencia política que Torres Torres mantuvo durante la actual administración.

Además de los vínculos personales, la líder panista urgió a la gobernadora a aclarar su relación comercial con la empresa “Vida Orgánica”, una sociedad de la que Ávila Olmeda formó parte activa hasta el presente mes de septiembre y que fue formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, el PAN solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación exhaustiva y sin protecciones políticas. La indagatoria solicitada busca esclarecer el alcance de la red de corrupción, identificar a otros servidores públicos involucrados y revisar el posible financiamiento ilícito en empresas y pasadas campañas políticas de la región.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este martes a casi 50 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa. La acción pone especial énfasis en el control que la facción Los Mayos ejerce sobre las plazas de Tijuana y Mexicali, en Baja California, y señala a una red de jefes de plaza, lavadores de dinero y presuntos funcionarios corruptos que operan cerca de la frontera.

En total se designaron 21 individuos y 25 empresas. Según el Tesoro, estas estructuras facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia con relativa impunidad a pocos kilómetros del territorio estadounidense. Entre los nombres en las investigaciones están el exesposo de la gobernadora Carlos Torres; el hermano de éste, Luis Torres, y el exdirector de policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil (inocentes hasta que se demuestre lo contrario).

“La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario mexicano corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

La OFAC centró parte de sus señalamientos en dos plazas estratégicas del estado, en Tijuana se designó a los hermanos Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), a quienes se les atribuye el control de la plaza desde hace más de 15 años. También se incluyó a sus tenientes y a redes de lavado de dinero asociadas, entre ellas la casa de cambio Magic Casa de Cambio.

Mexicali
El Tesoro apuntó a la facción Los Rusos, comandada por Juan José Ponce Félix (“El Ruso”). Además, señaló una red de corrupción que involucra a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali

Según la OFAC, estos vínculos habrían permitido proteger las operaciones del cártel a cambio de sobornos.

Otros sancionados

Entre los designados también figura Ismael Zambada Sicairos (“Mayito Flaco”), actual jefe de la facción Los Mayos y nacido en Anaheim, California, en 1982. OFAC lo señaló por actuar en nombre del Cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada García, en julio de 2024, hecho que detonó una guerra interna con Los Chapitos que permanece activa.

Otros nombres cercanos a la estructura incluyen a Hildegardo Gastelum García (“Aldo”), los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, y Lorenzo Castillo Maldonado, acusado de contratar sicarios incluso en el sur de California.

Las designaciones se realizaron al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 (contra el tráfico de drogas ilícitas) y 13224 (contra el terrorismo y sus apoyos). Como resultado, todos los bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Quedan prohibidas las transacciones con ellas, salvo autorización expresa, y pueden aplicarse sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones significativas en su favor.

La OFAC subrayó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia que, desde 2025, ha alcanzado a más de 400 individuos y entidades vinculadas a grupos criminales que amenazan la seguridad de Estados Unidos.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, tomó protesta el lunes pasado a Alonso López Sepúlveda como Coordinador de Gabinete.

El nombramiento genera un evidente conflicto de intereses: López Sepúlveda es sobrino de Jaime López Ferreiro, operador de la empresa SOPROES Baja S.A. de C.V., concesionaria del recaudo del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). López Ferreiro es, además, padre del exdirigente priísta Cris López.

El Ayuntamiento debe estar consciente de este vínculo familiar. No es la primera vez que la relación entre ambos genera cuestionamientos. Durante la administración del priísta Jorge Astiazarán Orci, López Ferreiro resultó favorecido en el proceso de licitación del SITT, precisamente cuando su sobrino, José Alonso López Sepúlveda, se desempeñaba como director de esa paramunicipal.

Cabe recordar que el 14 de septiembre pasado, a unos días del regreso del alcalde entonces con licencia, Ismael Burgueño, el alcalde en funciones, Abdiel Gutiérrez encabezó una sesión extraordinaria de cabildo, en modalidad en línea, donde se aprobó por unanimidad un acuerdo sobre el SITT.

Dicho acuerdo autorizaba la creación, negociación y formalización de un convenio de pago diferido con SITT de Tijuana, S.A. de C.V., como mecanismo compensatorio para atender la situación jurídica heredada del sistema y avanzar en su eventual transferencia al IMOS.

Por esa votación unánime, se le ha cuestionado a la presidenta estatal del PAN por una justificación para que el acuerdo haya contado co los votos de las regidoras panistas Gina Arana y Sandra Magaña cuando afecta las finanzas municipales, pues hay informaciones que apuntan a posibles compensaciones al cabildo por aprobar el millonario acuerdo.

Se le cuestionó este fin de semana a la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano por este tema, siendo redirigidos los cuestionamientos a la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Myrna González; “la relación partido con regidores es con los comités directivos municipales, tienen reuniones previas y ahí definen la forma de votar en cabildos”, señaló la líder blanquiazul, sin embargo, la dirigente municipal no contestó los cuestionamientos.

También hay que subrayar que hay un oficio de la Fiscalía General del Estado dirigido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa donde señala que sigue abierta la investigación de una denuncia interpuesta por el entonces director general del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Alejandro Mungaray Moctezuma, el 8 de mayo de 2024 por la posible comisión del delito de fraude procesal, en contra de la moral SITT de Tijuana, S.A. de C.V., y de su representante o apoderado David Quezada García.

Por este motivo, el acuerdo aprobado por el Cabildo de Tijuana no está justificado, y esa sesión extraordinaria ya no se puede consultar por no haber sido incluida en el canal oficial del Gobierno de Tijuana.