Debido a temperaturas que rondan los 40 grados en Tijuana, Gobierno del Estado anunció la suspensión de clases en todos los niveles de escuelas públicas en esa ciudad a partir de hoy en turno vespertino y mañana todo el día.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anunció la medida en su conferencia mañanera de este martes, debido a que a las condiciones climatológicas se suman los cortes de energía eléctrica y agua potable en varias colonias de Tijuana.

Agregó que la decisión se tomó en conjunto con Protección Civil y el Sistema Educativo Estatal.

Lo más crítico por las altas temperaturas en Tijuana, explicó Joaquín Gutiérrez Ley, director de la Comisión Estatal del Energía en Baja California, quien dijo que es una situación atípica la que se está viviendo.

Como el clima está caluroso, quienes han adquirido aparatos de aire acondicionado en Tijuana, incrementan la demanda de energía y las instalaciones no estaban preparadas para ese cambio.

Manifestó que la Comisión Federal de Electricidad tiene programada la construcción de tres nuevas subestaciones en la ciudad, así como cinco para Mexicali para poder hacer frente a la demanda energética.

El Gobierno de Baja California ordenó suspender y evitar nuevos contratos con las empresas que aparecen en una lista bajo revisión, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga las contrataciones realizadas durante la actual administración estatal.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que, desde que se recibió la información sobre las empresas señaladas, se instruyó revisar los procedimientos en los que han participado y evitar que puedan recibir nuevos contratos.

“Desde el primer momento que recibimos esta lista, se mandaron revisar todas estas empresas que aparecen en la lista para que no pudieran recibir más contratos y suspender los que tenían hasta el día de hoy”, señaló.

Agregó que Gabriela Monge, la secretaria Anticorrupción está realizando una revisión, mientras que Oficialía Mayor, a cargo de David Cervantes, está entregando la documentación disponible para ampliar el proceso de investigación.

Monge, explicó que el pasado miércoles recibieron oficialmente la información por parte de Oficialía Mayor y, a partir de entonces, comenzaron a trabajar de manera coordinada para revisar cada una de las contrataciones en las que aparecen las empresas señaladas.

Indicó que la dependencia ya emitió un primer documento con requerimientos adicionales de información para realizar la revisión correspondiente.

Precisó que la revisión comprende los procedimientos realizados desde el 1 de noviembre de 2021 hasta la fecha, y que en el marco de sus atribuciones, Oficialía Mayor emitió medidas para impedir que las empresas señaladas puedan participar en procedimientos de contratación. “Ese veto preventivo ya está y está notificado a la Oficialía Mayor”, afirmó.

Por su parte, Víctor Manuel Cortez Rodríguez, director de Fiscalización de la Inversión Pública, explicó que los órganos internos de control tienen participación en los comités de adquisiciones y que la documentación recibida de Oficialía Mayor contempla distintos procedimientos de contratación.

Entre ellos se encuentran licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas, además de otra información que será analizada como parte de la investigación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, institución que efectuó contratos con algunas empresas boletinadas por Estados Unidos, aclaró que esa dependencia únicamente participa como área requirente, al establecer las necesidades operativas de la corporación en materia de uniformes, armamento, vehículos y equipamiento.

Explicó que la secretaría a su cargo no es responsable de los procesos administrativos de contratación, Añadió que sí verifican que los materiales y equipos entregados correspondan a las características solicitadas y cumplan con las necesidades operativas y de seguridad de los agentes.

En tanto, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, otra institución donde aparecen contratos de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense, sostuvo que las adquisiciones de la Fiscalía deben pasar por un comité y cumplir con una serie de requisitos establecidos en las leyes federales y nacionales.

Afirmó que las contrataciones no constituyen decisiones unilaterales y que se revisan los procedimientos administrativos y fiscales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para todas las empresas.

Andrade Ramírez destacó que existen proveedores especializados para determinados productos, como radios, chalecos antibalas y equipamiento táctico, por lo que estos procesos también deben analizarse considerando las características específicas de los bienes requeridos.

La investigación continuará con la revisión de los expedientes de contratación y la documentación que entreguen las distintas dependencias, mientras permanece vigente el veto preventivo para impedir la participación de las empresas señaladas en nuevos procedimientos de contratación estatal.

Los tripulantes del buque de la Guardia Costera «Florence Finch» (WPC 1157) interceptaron el sábado a 10 presuntos inmigrantes ilegales a unas 24 millas al oeste de Point Loma.

Aproximadamente alrededor de las 10:00 horas, un equipo de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una embarcación de 23 pies con cabina tipo «cuddy» que se dirigía hacia el norte, en dirección a la línea fronteriza marítima, y notificó a la tripulación del Florence Finch, que interceptó la embarcación cuando cruzaba dicha línea.

A las 10:40 de la mañana, un equipo de abordaje del «Florence Finch» subió a la embarcación y detuvo a 10 presuntos inmigrantes ilegales sin recurrir a la fuerza.

Los 10 fueron trasladados a Ballast Point, donde fueron entregados a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.