Los constantes apagones en Baja California generan pérdidas económicas para los sectores productivos y las familias, advirtió Teresa Babún, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Mexicali, al señalar que las interrupciones del servicio eléctrico se han convertido en un problema recurrente en la entidad.

Expuso que la problemática en Mexicali es algo del día a día y que malamente la población se está acostumbrando, y ahora esta situación alcanzó a la ciudad de Tijuana, donde el incremento de las temperaturas y las deficiencias en la infraestructura de transformación y transmisión de energía eléctrica han agravado los problemas en el suministro.

Babún señaló que, aunque Mexicali enfrenta una situación más complicada debido a que registra temperaturas más elevadas, las deficiencias de la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representan un problema que afecta a todo Baja California.

Con respecto a Tijuana, la presidenta de Canacintra Mexicali advirtió que la solución no será inmediata, debido al tiempo que tomará la construcción de las tres subestaciones eléctricas anunciadas por el Gobierno del Estado para ese municipio, cuya conclusión está prevista hasta 2030.

Explicó que en Mexicali podría haber avances en un plazo menor, debido a que ya comenzaron los proyectos para construir las cinco subestaciones que se habían comprometido para la capital bajacaliforniana.

Para finalizar, la empresaria subrayó que la problemática energética requiere atención, ya que la continuidad del servicio eléctrico es fundamental para el funcionamiento de las empresas y el desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía.

El político y vocero estatal de Morena en Baja California, Catalino Zavala Márquez, anunció a través de sus redes sociales su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Tijuana de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En el mensaje, Zavala Márquez subrayó: “Mi compromiso siempre ha sido con las causas del pueblo, trabajar en favor de la transformación se ha convertido en una forma de vida. He decidido continuar en esta misma ruta que dé continuidad al fortalecimiento de la organización territorial de nuestro movimiento, impulsando su integración y consolidación, registrándome como aspirante a la Coordinación Municipal de Tijuana, para la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.

El registro se da en el marco de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, abierta del 8 al 18 de octubre de 2026, para definir las coordinaciones municipales en los estados con elecciones de ayuntamientos en 2027, entre ellos Baja California. Estas coordinaciones se consideran el paso previo para definir las candidaturas a las presidencias municipales.

Zavala Márquez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y cuenta con maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana.

Su carrera política se remonta a finales de los años 80. Fue diputado local en cinco legislaturas distintas: por el PARM (1989-1992), el PRD en dos periodos (1995-1998 y 2001-2004), el PRI (2007-2010) y Morena (2016-2019). También se desempeñó como regidor del Ayuntamiento de Tijuana (1998-2001) por el PRD y como secretario del Ayuntamiento de Playas de Rosarito (2010-2013) cuando lo gobernaba el PRI.

En la administración de Jaime Bonilla Valdez ocupó la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Posteriormente, en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue secretario General de Gobierno. Asimismo, fungió como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, presidente de la Mesa Directiva del Congreso al inicio de la XXIII Legislatura y delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California. Desde marzo de 2026 se desempeña como vocero estatal del partido, cargo que no existía hasta su llegada.

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una escalada del conflicto que mantiene con el organismo por su facultad para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados, entre ellos Israel.

Las medidas anunciadas este viernes por la administración del presidente Donald Trump van más allá de las sanciones impuestas anteriormente contra jueces y fiscales del tribunal, pues contemplan restricciones que podrían afectar también a las empresas que le proporcionan servicios.

Washington estableció un periodo de 180 días para que determinadas entidades estadounidenses terminen sus relaciones comerciales con la Corte, sujeto a las excepciones autorizadas.

Para entender el motivo de la disputa es necesario conocer qué es la CPI, por qué Estados Unidos cuestiona su autoridad y cuáles son las investigaciones que provocaron el enfrentamiento.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en 2002, a partir del Estatuto de Roma, un tratado internacional que establece su competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

A diferencia de otros organismos internacionales, la CPI no juzga países ni gobiernos, sino a personas físicas a quienes se atribuye responsabilidad individual por delitos de esa naturaleza. Su intervención está sujeta a requisitos jurisdiccionales y al principio de complementariedad, por el cual debe dar prioridad a las investigaciones y procesos nacionales genuinos cuando corresponda.

El tribunal cuenta con 125 Estados parte, pero Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, no es miembro de la Corte. Esa diferencia constituye uno de los principales puntos de desacuerdo: Washington rechaza que el organismo ejerza determinadas facultades sobre sus ciudadanos o sobre funcionarios de países aliados que tampoco han aceptado su jurisdicción.

El antecedente: las investigaciones en Afganistán

Uno de los principales motivos de la oposición estadounidense es la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán desde mayo de 2003, en el contexto del conflicto armado que involucró a fuerzas afganas, grupos insurgentes y tropas extranjeras.

En marzo de 2020, la Sala de Apelaciones de la CPI autorizó al fiscal a iniciar una investigación sobre delitos que pudieran encontrarse dentro de la competencia del tribunal. El caso contemplaba presuntas conductas atribuibles a diferentes actores, incluidos integrantes de las fuerzas estadounidenses.

Washington considera que la Corte no debe ejercer jurisdicción sobre personal militar y funcionarios de un país que no ha ratificado el tratado. La CPI, por su parte, fundamenta su competencia en las disposiciones del Estatuto de Roma aplicables a los delitos presuntamente cometidos en territorio de un Estado parte y en otras circunstancias previstas por ese instrumento.

La controversia no significa que los ciudadanos estadounidenses señalados hayan sido condenados por esos hechos. Se trata de una disputa sobre la autoridad del tribunal para investigar y, en su caso, llevar a juicio a personas acusadas de delitos internacionales.

Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

El enfrentamiento se intensificó en noviembre de 2024, cuando la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.

Entre las acusaciones señaladas por la Corte se encuentran el uso del hambre como método de guerra, ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Las órdenes corresponden a sospechas judiciales, no a sentencias condenatorias.

Israel cuestionó la competencia del tribunal, mientras que Estados Unidos rechazó las órdenes de arresto y defendió a su aliado. Para la CPI, en cambio, el hecho de que Israel no sea Estado parte del Estatuto de Roma no elimina automáticamente su jurisdicción, debido a que el tribunal determinó que los presuntos delitos se encuentran dentro de su competencia territorial en Palestina.

Este punto es central para comprender el desacuerdo: Washington sostiene que la Corte está excediendo sus atribuciones al actuar contra ciudadanos de países que no se han sometido al tratado; el tribunal argumenta que su jurisdicción puede derivarse de las condiciones territoriales y legales establecidas en el propio Estatuto.

¿Qué buscan las sanciones de Trump?

El gobierno estadounidense argumenta que las medidas son necesarias para defender su soberanía y evitar que la CPI investigue o procese a ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados sin su consentimiento.

El 9 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar sanciones relacionadas con la Corte. Posteriormente, Washington impuso restricciones a integrantes de su fiscalía y a jueces, en respuesta a actuaciones vinculadas con las investigaciones sobre Afganistán y las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes.

La decisión anunciada este viernes amplía la presión al designar a la propia institución como objetivo de las sanciones. Entre sus posibles consecuencias están las restricciones a operaciones financieras, el acceso a determinados servicios tecnológicos y las relaciones comerciales con entidades estadounidenses.

El alcance práctico de las medidas dependerá de las licencias y excepciones autorizadas, así como de la respuesta de empresas y países que mantienen relaciones con el organismo.

La respuesta de la Corte

La CPI rechazó las sanciones y advirtió que las medidas amenazan la independencia de una institución judicial internacional y pueden obstaculizar su trabajo en favor de las víctimas de los delitos más graves.

La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan declaró a Reuters que las sanciones no detendrán las investigaciones ni los procesos judiciales del tribunal. La Corte ha llamado a sus Estados miembros a respaldar su independencia y a garantizar que pueda continuar con sus funciones.

El conflicto plantea una cuestión de fondo para la justicia internacional: hasta dónde puede llegar un tribunal internacional al investigar presuntos delitos graves cuando los gobiernos de los países involucrados rechazan su autoridad.

Mientras Estados Unidos sostiene que busca proteger su soberanía y a sus ciudadanos, la CPI defiende su facultad de actuar en los casos que se encuentran dentro de su jurisdicción. La disputa, por tanto, no se limita a las sanciones económicas, sino que involucra el alcance de la justicia penal internacional y la capacidad de sus instituciones para investigar a personas que ocupan posiciones de poder.