La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deje temporalmente su cargo y rinda explicaciones transparentes tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La petición ocurre luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a su exesposo, Carlos Torres Torres, con una presunta red de corrupción y operaciones del crimen organizado.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en la entidad, calificó la situación como un asunto de máxima gravedad para la seguridad del estado. Durante su pronunciamiento oficial, Mata Lozano enfatizó que es inverosímil pensar que la mandataria estatal desconocía las actividades de su expareja, considerando la alta presencia e influencia política que Torres Torres mantuvo durante la actual administración.

Además de los vínculos personales, la líder panista urgió a la gobernadora a aclarar su relación comercial con la empresa “Vida Orgánica”, una sociedad de la que Ávila Olmeda formó parte activa hasta el presente mes de septiembre y que fue formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, el PAN solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación exhaustiva y sin protecciones políticas. La indagatoria solicitada busca esclarecer el alcance de la red de corrupción, identificar a otros servidores públicos involucrados y revisar el posible financiamiento ilícito en empresas y pasadas campañas políticas de la región.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, tomó protesta el lunes pasado a Alonso López Sepúlveda como Coordinador de Gabinete.

El nombramiento genera un evidente conflicto de intereses: López Sepúlveda es sobrino de Jaime López Ferreiro, operador de la empresa SOPROES Baja S.A. de C.V., concesionaria del recaudo del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). López Ferreiro es, además, padre del exdirigente priísta Cris López.

El Ayuntamiento debe estar consciente de este vínculo familiar. No es la primera vez que la relación entre ambos genera cuestionamientos. Durante la administración del priísta Jorge Astiazarán Orci, López Ferreiro resultó favorecido en el proceso de licitación del SITT, precisamente cuando su sobrino, José Alonso López Sepúlveda, se desempeñaba como director de esa paramunicipal.

Cabe recordar que el 14 de septiembre pasado, a unos días del regreso del alcalde entonces con licencia, Ismael Burgueño, el alcalde en funciones, Abdiel Gutiérrez encabezó una sesión extraordinaria de cabildo, en modalidad en línea, donde se aprobó por unanimidad un acuerdo sobre el SITT.

Dicho acuerdo autorizaba la creación, negociación y formalización de un convenio de pago diferido con SITT de Tijuana, S.A. de C.V., como mecanismo compensatorio para atender la situación jurídica heredada del sistema y avanzar en su eventual transferencia al IMOS.

Por esa votación unánime, se le ha cuestionado a la presidenta estatal del PAN por una justificación para que el acuerdo haya contado co los votos de las regidoras panistas Gina Arana y Sandra Magaña cuando afecta las finanzas municipales, pues hay informaciones que apuntan a posibles compensaciones al cabildo por aprobar el millonario acuerdo.

Se le cuestionó este fin de semana a la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano por este tema, siendo redirigidos los cuestionamientos a la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Myrna González; “la relación partido con regidores es con los comités directivos municipales, tienen reuniones previas y ahí definen la forma de votar en cabildos”, señaló la líder blanquiazul, sin embargo, la dirigente municipal no contestó los cuestionamientos.

También hay que subrayar que hay un oficio de la Fiscalía General del Estado dirigido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa donde señala que sigue abierta la investigación de una denuncia interpuesta por el entonces director general del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Alejandro Mungaray Moctezuma, el 8 de mayo de 2024 por la posible comisión del delito de fraude procesal, en contra de la moral SITT de Tijuana, S.A. de C.V., y de su representante o apoderado David Quezada García.

Por este motivo, el acuerdo aprobado por el Cabildo de Tijuana no está justificado, y esa sesión extraordinaria ya no se puede consultar por no haber sido incluida en el canal oficial del Gobierno de Tijuana.

El Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California, con residencia en Tijuana, acordó continuar con la secuela procesal del juicio contencioso administrativo 237/2023 promovido por el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) en contra del Ayuntamiento de esa ciudad y otras autoridades, y señala que aun están en etapa de desahogo de pruebas.

 El acuerdo, fechado el 6 de marzo de 2026 y firmado por la licenciada Jessica Lizzeth Barrera Bañuelos, jueza de primera instancia, responde a un oficio del agente del Ministerio Público licenciado Jonathan Raudry Santana, solicitando detener o suspender el juicio para impedir actos de imposible reparación y evitar un detrimento patrimonial contrario a derecho.

Con esto último se refería a mecanismos como el que puso en marcha el Ayuntamiento de Tijuana el pasado 14 de septiembre, donde durante la sesión extraordinaria de Cabildo número 47 -cuya grabación ha desaparecido del canal del Ayuntamiento de Tijuana en YouTube- votaron a favor de un acuerdo de indemnización a los transportistas que costará al erario 1 mil 600 millones de pesos.

La justificación fue que se perdería el juicio en los tribunales, pero la respuesta del TEJA deja claro que esa afirmación carece de sustento: “aún no se han desahogado las pruebas en el presente juicio, en virtud de su solicitud se continuará con la secuela procesal hasta dictar el cierre de instrucción…”

El Ministerio Público argumentó que la carpeta de investigación se inició el 8 de mayo de 2024 por la posible comisión del delito de fraude procesal, en contra de la moral SIIT de Tijuana, S.A. de C.V., y de su representante o apoderado David Quezada García. La denuncia fue presentada por Alejandro David Mungaray Moctezuma, entonces director general del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana.

El juicio forma parte de un largo conflicto alrededor del Sistema Integrado de Transporte de Tijuana (SITT), proyecto de ruta troncal impulsado desde administraciones municipales anteriores. Según reportes periodísticos, el esquema original contempló alrededor de 1,200 millones de pesos, con recursos federales de Fonadin (unos 600 millones a fondo perdido), aportaciones municipales y estatales, y créditos privados para la adquisición de autobuses.

El 14 de septiembre de 2026, durante la corta suplencia de Abdiel Gutiérrez, el Cabildo de Tijuana aprobó en sesión en línea un punto de acuerdo para negociar una indemnización millonaria a pagar en plazos de hasta 120 meses. La decisión generó cuestionamientos públicos, incluyendo a dos regidoras panistas que votaron a favor, y se vinculó con posible conflicto de interés del regidor Arturo Aguirre -quien por ese motivo se abstuvo de votar en la sesión extraordinaria de cabildo donde se trató lo de la indemnización-, quien participa en la empresa Calfia, propietaria del 7 por ciento de acciones y cuyo acuerdo municipal le dejaría unos 112 millones de pesos.

Se solicitó información sobre ese acuerdo y la justificación del mismo al área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana, así como al secretario de Gobierno, Ramón Vázquez Valadez, sin embargo no proporcionaron una respuesta.