Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón, afirmó que por primera vez en más de cuatro años siente que la Fiscalía General del Estado está actuando con hechos para esclarecer el caso de la desaparición y asesinato de su hijo, por lo que otorgó un “voto de confianza” a la institución, aunque advirtió que continuará exigiendo verdad y justicia.

La madre buscadora señaló que las recientes detenciones de presuntos implicados en el secuestro de Jhosué representan un avance importante.

Recordó que uno de los sospechosos fue capturado el pasado 7 de julio y que recientemente fue detenido un segundo hombre, señalado como uno de quienes presuntamente conducían el vehículo utilizado en el plagio.

“Me dan esperanzas de que va a haber justicia para mí. Les doy el voto de confianza porque siento que por primera vez me están demostrando con hechos que sí quieren actuar y que están pensando en nosotros, las víctimas”, expresó.

Limón sostuvo que espera que la Fiscalía continúe investigando hasta llegar a toda la verdad y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Al ser cuestionada sobre la imputación contra el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y otros exelementos policiales, así como los presuntos vínculos entre policías y el crimen organizado, aseguró que estos hechos confirman lo que denunció desde el inicio de su lucha.

“Siempre tuve la verdad, tuve razón”, afirmó. Recordó que desde los primeros momentos posteriores a la desaparición de su hijo denunció que la Policía Municipal fue la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos y, pese a ello, no realizó acciones para localizarlo.

“Como madres buscadoras nos hemos convertido en investigadoras y se nos han dicho muchas cosas que no podíamos comprobar. Ahora sí diré: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, declaró.

Aleida Limón enfatizó que, si los imputados son inocentes, deberá demostrarse, pero si son culpables deberán responder ante la justicia.”Que paguen como pagó mi hijo con su vida y como he pagado yo con este dolor de cuatro años y medio”, expresó.

Aunque reconoció los avances de la Fiscalía, dejó claro que su respaldo no significa que dejará de exigir resultados. “Hoy le doy el voto de confianza a la Fiscalía, aclarando que eso no será callarme ni guardar silencio. Seguiré exigiendo verdad y justicia, pero tendré un poquito más de paciencia para esperar que todo llegue a feliz término”, dijo.

Finalmente, confirmó que asistirá a la audiencia del exjefe de lapolicía de Mexicali programada para el próximo domingo, al considerar fundamental estar presente como víctima del caso y conocer el desarrollo del proceso judicial.

“Para mí es muy importante que el juez me mire y sepa que soy víctima de la primera desaparición de mi hijo. Lo que dije en su momento se está confirmando. Ya me lo confirmaron; recuerden que en un amparo que gané me dieron la razón y ahora también el tiempo me está dando la razón”, concluyó.

Este viernes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, expuso que la investigación del exdirector de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil no debe centrarse únicamente en él, también se deberían ver a las autoridades que participaron en su nombramiento y supervisión.

Octavio Sandoval explicó que el Cabildo, así como la alcaldesa y la sindicatura, autorizaron la designación; por lo tanto, tienen la responsabilidad de fijar una postura y rendir cuentas sobre los mecanismos de vigilancia que debieron aplicarse durante el desempeño de Mendívil.

Señaló que hay que poner las cosas claras, para no repetir los patrones de los últimos cinco años en el tema de seguridad; no se abrió una caja de Pandora, como mencionó la fiscal; con esta detención, dijo, se abrió una cloaca.

Comentó que el sector empresarial propondrá, a través del Comité Municipal de Seguridad Pública, la creación de una auditoría interna integrada por tres personas, con nombramiento aprobado por el Cabildo, sujetas a controles de confianza y con la obligación de informar tanto a la ciudadanía como al propio Cabildo y al comité.

Como segunda propuesta está el que se cumplan las reglas y que el director de Seguridad Pública Municipal se someta periódicamente a exámenes de control de confianza, como lo dictan las leyes actuales, y que se realice una ratificación anual en el cargo.

Para finalizar, Sandoval expresó que el objetivo es fortalecer a la corporación, respaldar a los elementos que cumplen con su trabajo y evitar que se repitan casos en los que policías municipales sean señalados por presuntos delitos graves, como lo es la desaparición forzada.

“Si nosotros degradamos a la institución, salimos perdiendo; vamos a apoyar a los buenos policías”, concluyó.

El caso de Priscilla Blanco Castillo, de 26 años, se hizo viral en redes al denunciar que el bebé al que dio a luz el 23 de mayo de 2026 en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, le fue arrebatado por el DIF con supuestos engaños, algo que la institución niega categoricamente.

Según la publicación en redes del 22 de julio, la joven narra que después del nacimiento, su bebé fue separado de ella y trasladado a un albergue del DIF debido a que unos exámenes toxicológicos supuestamente dieron positivo. Ella niega consumir sustancias y asegura que posteriormente se realizó pruebas antidoping con resultados negativos.

De acuerdo con lo expresado por ella, dice trabajar en una veterinaria y contar con estudios de licenciatura en Criminología. Cumplió con las asistencias, revisiones y requisitos solicitados por las autoridades, confiando en recuperar pronto a su hijo, pero le fue informado que su hijo se encontraba en un albergue.

Priscilla asegura que al revisar documentos relacionados con el caso, encontró firmas colocadas presuntamente a su nombre sin su autorización, lo que significa qe su firma habría sido falsificada en documentos relacionados con la separación del menor y un posible procedimiento de adopción.

En documentos oficiales fue descrita como una persona con hipertensión, depresión, toxicomanía y enfermedades infecciosas, señalamientos que rechaza completamente. Priscilla asegura que no busca dinero ni una indemnización, porque ningún pago podría devolverle el tiempo perdido lejos de su hijo. “Yo solamente quiero mi bebé. Nadie va a poder reparar el tiempo que yo no estuve con mi hijo”, señaló.

La madre asegura estar dispuesta a someterse a todos los análisis médicos, toxicológicos y psicológicos necesarios para demostrar que las condiciones que le atribuyen no son verdaderas.

Por su parte, el DIF precisó que los hechos iniciaron cuando el Hospital Materno Infantil dio vista a la Procuraduría tras dar la madre positivo a reactivos toxicológicos y presentar el bebé síndrome de dificultad respiratoria, implicando un riesgo por exposición intrauterina a sustancias.

“Tras evaluaciones desfavorables a la madre para una reintegración inmediata, el 9 de junio de 2026 el menor ingresó al Albergue Temporal Mexicali. Se aclara que el niño no ha sido dado en adopción”, declaran por parte de la institución.

La Procuraduría dictó las medidas de protección al niño e inició el proceso de reintegración; se formuló un Programa de Reconstrucción Personal de 9 compromisos para apoyar a los padres; sin embargo, ambos se negaron a firmar el plan social, turnándose el expediente al Área Jurídica para el seguimiento, agregan.

El Juzgado Sexto de Distrito condicionó la lactancia a valoración médica. La especialista determinó su improcedencia debido al antecedente de reactivo toxicológico positivo de la madre, garantizando así la salud del lactante, remarcan por parte del DIF.

“En cumplimiento a las resoluciones del Juez de Distrito, se autorizaron visitas supervisadas en compañía del actuario durante los meses de julio y agosto de 2026 las cuales se mantendrán en tanto se resuelva la situación legal del caso”, concluyen las autoridades, que aseguran actúan con estricto apego a la ley y bajo el Interés Superior de la Niñez, sosteniendo una postura legal firme en defensa de la vida, la salud e integridad del menor.