La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, logró, con base en los elementos de prueba presentados ante el Juez de Control, la vinculación a proceso de Gustavo “N” y Viridiana “N”, señalados como probables responsables del delito de secuestro agravado en perjuicio de personas migrantes.

De acuerdo con los antecedentes de investigación, un hombre y una mujer originarios del estado de Oaxaca habrían sido contactados en Tijuana por sujetos desconocidos, quienes, bajo la promesa de ayudarlos a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, los trasladaron y mantuvieron privados de la libertad durante aproximadamente una semana.

Fueron trasladados de Tijuana a Tecate y, posteriormente, a Mexicali, donde permanecieron en diferentes domicilios utilizados presuntamente como casas de seguridad, así como en hoteles.

El agente del Ministerio Público expuso que, durante ese periodo, las víctimas eran amenazadas de manera constante, haciéndoles creer que estaban vigiladas por personas armadas. Además, señaló que solo les proporcionaban alimentos una vez al día.

Las víctimas permanecieron en una habitación de un motel ubicado sobre la calzada Héctor Terán hasta el 19 de septiembre de 2026, cuando, para escapar, aprovecharon que presuntamente sus captores se quedaron dormidos después de consumir drogas. Posteriormente, salieron corriendo hasta la avenida Galicia, donde solicitaron apoyo a un ciudadano, quien realizó una llamada al número de emergencias 911.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso que los presuntos secuestradores exigían a los familiares de las víctimas cantidades que iban de 3 mil a 10 mil dólares por cada persona, a cambio de su liberación. Como parte de los actos de investigación, se logró acreditar la realización de depósitos por un monto total de 149 mil 950 pesos.

Al finalizar la audiencia, el Juez de Control determinó que existían datos de prueba suficientes para dictar auto de vinculación a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Gustavo “N” y Viridiana “N”. Además, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

El diputado federal César Damián Retes denunció ante la tribuna del Congreso de la Unión que la reforma de doble nacionalidad, actualmente en debate, vulnera los derechos de la comunidad migrante y limita su participación política. El legislador por Tijuana calificó la medida como una contradicción por parte de las bancadas oficialistas, señalando que el país depende del pilar económico de las remesas pero, al mismo tiempo, restringe el acceso de los connacionales a cargos ejecutivos.

Durante la sesión legislativa, el congresista criticó el rechazo institucional hacia la realidad binacional que define a regiones fronterizas como Tijuana y la zona “Cali-Baja”. Damián Retes recordó que el propio oficialismo ha promovido en el pasado a gobernantes y funcionarios con doble nacionalidad, evidenciando una incongruencia en la postura actual de la mayoría parlamentaria.

Asimismo, el diputado acusó al grupo mayoritario de fabricar teorías de conspiración para desviar la atención de las exigencias ciudadanas y la falta de resultados en materia de seguridad pública.

Finalmente, sostuvo que la lealtad a la nación se demuestra mediante el compromiso con las familias, las madres buscadoras, las víctimas de la violencia y la libertad de prensa, y no a través de un acta de nacimiento o pasaporte.

La diputada federal Eva María Vásquez Hernández presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una nueva iniciativa para fortalecer la atención integral de las personas migrantes retornadas a México, mediante la incorporación de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Bienestar como autoridades auxiliares de la autoridad migratoria.

La legisladora explicó que se trata de la tercera propuesta de un paquete de cinco iniciativas enfocadas en atender las necesidades de la población en situación de migración, luego de haber planteado medidas relacionadas con la coordinación de las autoridades y la entrega de documentos de identidad a mexicanos repatriados.

Vásquez Hernández señaló que durante recorridos por puntos de llegada de migrantes ha constatado las condiciones de abandono en las que, dijo, se encuentran algunas personas retornadas, quienes reciben apoyo principalmente de organizaciones de la sociedad civil.

En esta nueva iniciativa, planteó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenga la obligación de generar mecanismos que faciliten la reincorporación laboral de las personas retornadas, mediante bolsas de trabajo, capacitación y políticas públicas que permitan aprovechar sus conocimientos y experiencia.

Explicó que, por ejemplo, una persona que ya cuenta con una profesión debería tener facilidades para reincorporarse al mercado laboral, mientras que quienes no cuentan con una especialidad puedan acceder a capacitación para desarrollar algún oficio que les permita generar ingresos.

La propuesta también contempla una participación más activa de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de que la atención a los migrantes retornados no se limite a facilitar su regreso a sus comunidades de origen.

La legisladora consideró que el acompañamiento debe incluir acceso a programas de vivienda, servicios de salud, educación para los retornados y sus familias, así como condiciones que permitan su reintegración social y económica.

Vásquez Hernández cuestionó además la falta de una política integral para atender a los migrantes en Baja California, entidad que, por su ubicación fronteriza, recibe de manera constante a personas deportadas y retornadas desde Estados Unidos.

En ese contexto, calificó como preocupante la salida del secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, quien se separó del cargo para buscar una candidatura, al señalar que la dependencia enfrenta importantes áreas de oportunidad precisamente en materia de reincorporación laboral de la población migrante.

“Somos un Estado receptor de migrantes que no tenemos una política integral que los atienda y que los incorpore”, cuestionó la diputada federal.

La propuesta forma parte de una agenda legislativa que, de acuerdo con Vásquez Hernández, busca pasar de una atención meramente asistencial a un modelo de reintegración que permita a las personas retornadas recuperar su autonomía económica y acceder, junto con sus familias, a servicios y programas públicos.