El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, tomó protesta el lunes pasado a Alonso López Sepúlveda como Coordinador de Gabinete.

El nombramiento genera un evidente conflicto de intereses: López Sepúlveda es sobrino de Jaime López Ferreiro, operador de la empresa SOPROES Baja S.A. de C.V., concesionaria del recaudo del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). López Ferreiro es, además, padre del exdirigente priísta Cris López.

El Ayuntamiento debe estar consciente de este vínculo familiar. No es la primera vez que la relación entre ambos genera cuestionamientos. Durante la administración del priísta Jorge Astiazarán Orci, López Ferreiro resultó favorecido en el proceso de licitación del SITT, precisamente cuando su sobrino, José Alonso López Sepúlveda, se desempeñaba como director de esa paramunicipal.

Cabe recordar que el 14 de septiembre pasado, a unos días del regreso del alcalde entonces con licencia, Ismael Burgueño, el alcalde en funciones, Abdiel Gutiérrez encabezó una sesión extraordinaria de cabildo, en modalidad en línea, donde se aprobó por unanimidad un acuerdo sobre el SITT.

Dicho acuerdo autorizaba la creación, negociación y formalización de un convenio de pago diferido con SITT de Tijuana, S.A. de C.V., como mecanismo compensatorio para atender la situación jurídica heredada del sistema y avanzar en su eventual transferencia al IMOS.

Por esa votación unánime, se le ha cuestionado a la presidenta estatal del PAN por una justificación para que el acuerdo haya contado co los votos de las regidoras panistas Gina Arana y Sandra Magaña cuando afecta las finanzas municipales, pues hay informaciones que apuntan a posibles compensaciones al cabildo por aprobar el millonario acuerdo.

Se le cuestionó este fin de semana a la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano por este tema, siendo redirigidos los cuestionamientos a la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Myrna González; “la relación partido con regidores es con los comités directivos municipales, tienen reuniones previas y ahí definen la forma de votar en cabildos”, señaló la líder blanquiazul, sin embargo, la dirigente municipal no contestó los cuestionamientos.

También hay que subrayar que hay un oficio de la Fiscalía General del Estado dirigido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa donde señala que sigue abierta la investigación de una denuncia interpuesta por el entonces director general del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Alejandro Mungaray Moctezuma, el 8 de mayo de 2024 por la posible comisión del delito de fraude procesal, en contra de la moral SITT de Tijuana, S.A. de C.V., y de su representante o apoderado David Quezada García.

Por este motivo, el acuerdo aprobado por el Cabildo de Tijuana no está justificado, y esa sesión extraordinaria ya no se puede consultar por no haber sido incluida en el canal oficial del Gobierno de Tijuana.

El Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California, con residencia en Tijuana, acordó continuar con la secuela procesal del juicio contencioso administrativo 237/2023 promovido por el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) en contra del Ayuntamiento de esa ciudad y otras autoridades, y señala que aun están en etapa de desahogo de pruebas.

 El acuerdo, fechado el 6 de marzo de 2026 y firmado por la licenciada Jessica Lizzeth Barrera Bañuelos, jueza de primera instancia, responde a un oficio del agente del Ministerio Público licenciado Jonathan Raudry Santana, solicitando detener o suspender el juicio para impedir actos de imposible reparación y evitar un detrimento patrimonial contrario a derecho.

Con esto último se refería a mecanismos como el que puso en marcha el Ayuntamiento de Tijuana el pasado 14 de septiembre, donde durante la sesión extraordinaria de Cabildo número 47 -cuya grabación ha desaparecido del canal del Ayuntamiento de Tijuana en YouTube- votaron a favor de un acuerdo de indemnización a los transportistas que costará al erario 1 mil 600 millones de pesos.

La justificación fue que se perdería el juicio en los tribunales, pero la respuesta del TEJA deja claro que esa afirmación carece de sustento: “aún no se han desahogado las pruebas en el presente juicio, en virtud de su solicitud se continuará con la secuela procesal hasta dictar el cierre de instrucción…”

El Ministerio Público argumentó que la carpeta de investigación se inició el 8 de mayo de 2024 por la posible comisión del delito de fraude procesal, en contra de la moral SIIT de Tijuana, S.A. de C.V., y de su representante o apoderado David Quezada García. La denuncia fue presentada por Alejandro David Mungaray Moctezuma, entonces director general del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana.

El juicio forma parte de un largo conflicto alrededor del Sistema Integrado de Transporte de Tijuana (SITT), proyecto de ruta troncal impulsado desde administraciones municipales anteriores. Según reportes periodísticos, el esquema original contempló alrededor de 1,200 millones de pesos, con recursos federales de Fonadin (unos 600 millones a fondo perdido), aportaciones municipales y estatales, y créditos privados para la adquisición de autobuses.

El 14 de septiembre de 2026, durante la corta suplencia de Abdiel Gutiérrez, el Cabildo de Tijuana aprobó en sesión en línea un punto de acuerdo para negociar una indemnización millonaria a pagar en plazos de hasta 120 meses. La decisión generó cuestionamientos públicos, incluyendo a dos regidoras panistas que votaron a favor, y se vinculó con posible conflicto de interés del regidor Arturo Aguirre -quien por ese motivo se abstuvo de votar en la sesión extraordinaria de cabildo donde se trató lo de la indemnización-, quien participa en la empresa Calfia, propietaria del 7 por ciento de acciones y cuyo acuerdo municipal le dejaría unos 112 millones de pesos.

Se solicitó información sobre ese acuerdo y la justificación del mismo al área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana, así como al secretario de Gobierno, Ramón Vázquez Valadez, sin embargo no proporcionaron una respuesta.

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Mexicali, Rude García, cuestionó el proceso de licitación para la adquisición de uniformes destinados a los bomberos, al considerar que existen una serie de coincidencias y circunstancias que, desde su perspectiva, deben ser aclaradas por el gobierno municipal.

García rechazó tener algún vínculo con la empresa Uniformes Julián, luego de que desde un noticiero de televisión local se generara una narrativa pública que relacionaba sus cuestionamientos con los intereses de dicha compañía.

“Yo ni siquiera sabía que esta empresa había participado”, afirmó el edil, quien aseguró que la información que conoció inicialmente correspondía únicamente a dos empresas que habían llegado a la etapa final del procedimiento: Tridenta y Probetex, y desconocía quién se había quedado fuera.

Explicó que tuvo conocimiento del proceso casi por casualidad, durante una mesa de trabajo en la que se analizaban transferencias presupuestales del Ayuntamiento. De acuerdo con García, lo que inicialmente llamó su atención fue el monto de la ampliación presupuestal solicitada: 57 millones 779 mil 244 pesos, cantidad que, señaló, no correspondía a una cifra aproximada o cerrada, sino a un monto muy específico.

Posteriormente, dijo, se enteró de que en ese momento se desarrollaría una licitación relacionada con los uniformes de Bomberos y tuvo acceso únicamente a fotografías de documentos que, aseguró, le fueron prestados y no entregados oficialmente.

El regidor sostuvo que los integrantes del Cabildo no tienen acceso de manera regular al calendario de licitaciones ni son convocados oportunamente a todos los procedimientos, situación que, consideró, limita su capacidad para revisar y cuestionar las adquisiciones municipales.

Uno de los principales cuestionamientos de García surgió cuando, según relató, la empresa que finalmente obtuvo el fallo presentó un monto que coincidía exactamente con la cantidad que previamente se había contemplado ampliar en el presupuesto.

“¿Cómo me dices que ya sabes qué monto vas a ampliar cuando la licitación no se ha abierto, cuando aún hay sobres cerrados?”, cuestionó.

García también puso en duda que el Ayuntamiento haya recurrido a un proceso exclusivamente local para una adquisición que estimó en alrededor de 3.3 millones de dólares, al considerar que una operación de ese tamaño podría haber atraído a proveedores nacionales e internacionales y, eventualmente, generar mejores condiciones económicas.

El regidor señaló que su intención no era cuestionar la necesidad de equipar a los bomberos, sino revisar si los recursos públicos podían utilizarse de manera más eficiente.

En ese sentido, planteó comparar el gasto destinado a los equipos de Bomberos con otras necesidades de seguridad pública, como los chalecos antibalas de policías municipales que, afirmó, se encuentran vencidos.

Otro de los puntos señalados por García fue la diferencia entre el costo de los uniformes adquiridos en 2021 y el presupuesto contemplado actualmente. Indicó que en 2021 se habrían adquirido 275 uniformes por alrededor de 30 millones de pesos, mientras que cinco años después se proyectaría comprar 300 por aproximadamente 58 millones; casi el doble.

El regidor reconoció que actualmente se contempla tanto uniforme pesado como ligero, pero señaló que, según las cotizaciones que conoció, el uniforme ligero representaría una erogación de alrededor de seis millones de pesos, por lo que consideró que aún existiría una diferencia importante que debería ser explicada.

También mencionó diferencias de precio entre las cotizaciones de las empresas participantes. Como ejemplo, señaló que en uno de los conceptos una empresa habría presentado un precio aproximadamente cuatro millones de pesos menor que otra, por lo que cuestionó si el Ayuntamiento exploró la posibilidad de negociar mejores condiciones o incluso dividir la adquisición.

García insistió en que sus cuestionamientos surgieron de la información a la que tuvo acceso y no de una relación con alguno de los proveedores. “Yo reto al gobierno que demuestre que yo tengo alguna relación o interés con Uniformes Julián”, declaró.

Asimismo, cuestionó la premura con la que, desde su perspectiva, se llevó a cabo el procedimiento y consideró necesario ampliar los estudios de mercado antes de comprometer una cantidad de recursos de esa magnitud.

El regidor sostuvo que continuará recopilando información sobre las empresas participantes, cotizaciones y procedimientos relacionados con la adquisición para presentar posteriormente mayores elementos.

Finalmente, acusó al gobierno municipal de responder con una ofensiva mediática ante quienes cuestionan sus procedimientos y piden transparencia sobre el uso del presupuesto.