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Corrupción

Es Sonora líder en irregularidades: ASF

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Sonora, Campeche y Sinaloa concentraron el 40% de los probables daños a la Hacienda Pública presentados en la última entrega de resultados de las auditorías

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

La labor fundamental de la Auditoría Superior de la Federación es la vigilancia del uso de los recursos públicos federales. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, es uno de los contrapesos fundamentales para el ejercicio del gasto gubernamental, pues a través de sus diferentes auditorías es posible identificar irregularidades, problemas de diseño, desempeño o francos robos en despoblado, como fueron las empresas fantasma de Javier Duarte o el esquema de La Estafa Maestra.

Recientemente la ASF entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020. Es necesario recordar que antes de 2016, la ASF realizaba una única entrega de sus resultados 14 meses después de que concluía el gasto de un año específico —conocimos los resultados de la Cuenta Pública de 2015, por ejemplo, hasta febrero de 2017—. A partir de la Cuenta Pública de 2016, la ASF dividió sus reportes en dos entregas parciales, una en junio y otra en octubre, junto con una entrega final en febrero del siguiente año. Así, hoy podemos tener una idea de las irregularidades del gasto del año pasado. 

En su segunda entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 12,655 millones de pesos en irregularidades (una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas. 

Las auditorías realizadas por la ASF pueden dividirse de acuerdo a la finalidad para la que se destinó el recurso investigado. De esta manera, la siguiente gráfica muestra que, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto, las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado —es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales— concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones. 

De acuerdo con los datos presentados en la segunda entrega de la auditoría a la Cuenta Pública de 2020, se determinó que en los estados y municipios hubo un posible daño patrimonial por 10,794 millones, de los cuáles sólo se han recuperado 313 millones. El monto de las irregularidades de esta categoría representa el 85% de la segunda entrega. Esto se explica parcialmente porque la mayor parte de los recursos investigados pertenecen a esta categoría, pero no es una justificación suficiente. El Gasto Federalizado representó el 51% de la muestra auditada, lo cual significa que se identificó una mayor proporción de irregularidades en el gasto de los gobiernos locales que en otros rubros.

Otra manera de analizar el gasto federalizado es dividirlo geográficamente. De esta manera se puede conocer con mayor precisión quiénes eran los responsables de la administración local mientras se presentaron irregularidades en el uso de los recursos públicos. En ese sentido, el siguiente mapa muestra que los tres estados con mayores anomalías eran gobernados por el Partido Revolucionario Institucional durante el periodo analizado. En primer lugar, Sonora concentró irregularidades por más de dos mil millones de pesos mientras Claudia Pavlovich era gobernadora. En segundo lugar, Campeche presentó tiene que aclarar el uso de 1,043 millones durante la gestión de Carlos Miguel Aysa en 2020. En tercer lugar, Sinaloa presentó irregularidades por 965 millones el año pasado.

Una vez identificado en qué entidades se presentaron mayores montos de usos indebidos del presupuesto, es importante considerar que cada estado recibe montos muy distintos de la federación. Por tanto, es importante contrastar el monto de las irregularidades con respecto a los recursos que fueron auditados. Tomando en consideración estos factores, la siguiente gráfica muestra que aún considerando la muestra auditada, Sonora, Campeche y Sinaloa mantuvieron una alta tasa de anomalías.

Las tres auditorías del Gasto Federalizado con mayores montos de posibles daños a la Hacienda Pública suman 1,438 millones de pesos en irregularidades. Esto ha ocasionado que la ASF emita nueve observaciones de carácter económico —normalmente conocidas como pliegos de observaciones— que, en caso de no aclararse adecuadamente en el tiempo correspondiente, darán paso a investigaciones de responsabilidad administrativa, denuncias de hechos o juicio político. A continuación se presentan los resultados de dichas auditorías.

  • La auditoría con mayores irregularidades es la número 169 realizada a la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho procedimiento se encontraron probables desvíos por 554 millones de pesos debido principalmente a que hasta el momento la UAC no ha comprobado el destino final de múltiples transferencias del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020.
  • En segundo lugar, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no pudo justificar debidamente el ejercicio de 450 millones. Principalmente porque no se acreditó  que el pago de servicios personales se realizará conforme a las autorizaciones de puestos, números de plazas, tabuladores, estímulos y prestaciones. 
  •  En tercer lugar, la auditoría 884 al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero sumó irregularidades por 434 millones por no acreditar el destino de las transferencias a cinco cuentas por el monto señalado.  

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Corrupción

Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón

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La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

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Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Corrupción

Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena

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La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.

Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.

“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.

Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.

“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).

La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.

El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.

Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.

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