Corrupción
Es Sonora líder en irregularidades: ASF

Sonora, Campeche y Sinaloa concentraron el 40% de los probables daños a la Hacienda Pública presentados en la última entrega de resultados de las auditorías
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
La labor fundamental de la Auditoría Superior de la Federación es la vigilancia del uso de los recursos públicos federales. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, es uno de los contrapesos fundamentales para el ejercicio del gasto gubernamental, pues a través de sus diferentes auditorías es posible identificar irregularidades, problemas de diseño, desempeño o francos robos en despoblado, como fueron las empresas fantasma de Javier Duarte o el esquema de La Estafa Maestra.
Recientemente la ASF entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020. Es necesario recordar que antes de 2016, la ASF realizaba una única entrega de sus resultados 14 meses después de que concluía el gasto de un año específico —conocimos los resultados de la Cuenta Pública de 2015, por ejemplo, hasta febrero de 2017—. A partir de la Cuenta Pública de 2016, la ASF dividió sus reportes en dos entregas parciales, una en junio y otra en octubre, junto con una entrega final en febrero del siguiente año. Así, hoy podemos tener una idea de las irregularidades del gasto del año pasado.
En su segunda entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 12,655 millones de pesos en irregularidades (una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas.
Las auditorías realizadas por la ASF pueden dividirse de acuerdo a la finalidad para la que se destinó el recurso investigado. De esta manera, la siguiente gráfica muestra que, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto, las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado —es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales— concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.
De acuerdo con los datos presentados en la segunda entrega de la auditoría a la Cuenta Pública de 2020, se determinó que en los estados y municipios hubo un posible daño patrimonial por 10,794 millones, de los cuáles sólo se han recuperado 313 millones. El monto de las irregularidades de esta categoría representa el 85% de la segunda entrega. Esto se explica parcialmente porque la mayor parte de los recursos investigados pertenecen a esta categoría, pero no es una justificación suficiente. El Gasto Federalizado representó el 51% de la muestra auditada, lo cual significa que se identificó una mayor proporción de irregularidades en el gasto de los gobiernos locales que en otros rubros.
Otra manera de analizar el gasto federalizado es dividirlo geográficamente. De esta manera se puede conocer con mayor precisión quiénes eran los responsables de la administración local mientras se presentaron irregularidades en el uso de los recursos públicos. En ese sentido, el siguiente mapa muestra que los tres estados con mayores anomalías eran gobernados por el Partido Revolucionario Institucional durante el periodo analizado. En primer lugar, Sonora concentró irregularidades por más de dos mil millones de pesos mientras Claudia Pavlovich era gobernadora. En segundo lugar, Campeche presentó tiene que aclarar el uso de 1,043 millones durante la gestión de Carlos Miguel Aysa en 2020. En tercer lugar, Sinaloa presentó irregularidades por 965 millones el año pasado.
Una vez identificado en qué entidades se presentaron mayores montos de usos indebidos del presupuesto, es importante considerar que cada estado recibe montos muy distintos de la federación. Por tanto, es importante contrastar el monto de las irregularidades con respecto a los recursos que fueron auditados. Tomando en consideración estos factores, la siguiente gráfica muestra que aún considerando la muestra auditada, Sonora, Campeche y Sinaloa mantuvieron una alta tasa de anomalías.

Las tres auditorías del Gasto Federalizado con mayores montos de posibles daños a la Hacienda Pública suman 1,438 millones de pesos en irregularidades. Esto ha ocasionado que la ASF emita nueve observaciones de carácter económico —normalmente conocidas como pliegos de observaciones— que, en caso de no aclararse adecuadamente en el tiempo correspondiente, darán paso a investigaciones de responsabilidad administrativa, denuncias de hechos o juicio político. A continuación se presentan los resultados de dichas auditorías.
- La auditoría con mayores irregularidades es la número 169 realizada a la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho procedimiento se encontraron probables desvíos por 554 millones de pesos debido principalmente a que hasta el momento la UAC no ha comprobado el destino final de múltiples transferencias del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020.
- En segundo lugar, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no pudo justificar debidamente el ejercicio de 450 millones. Principalmente porque no se acreditó que el pago de servicios personales se realizará conforme a las autorizaciones de puestos, números de plazas, tabuladores, estímulos y prestaciones.
- En tercer lugar, la auditoría 884 al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero sumó irregularidades por 434 millones por no acreditar el destino de las transferencias a cinco cuentas por el monto señalado.
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Corrupción
Piden regidores panistas destitución de José Ramón López

Desde ayer la circulaban rumores del hoy confirmado desfalco en Bienestar Social Municipal (Bisom), dependencia que se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán por el mal manejo de recursos públicos, denunciaron los regidores del PAN del XXV Ayuntamiento de Mexicali, quienes pidieron la destitución del titular, José Ramón López.
Manuel “Rude” García, manifestó que ya habían denunciado al titular de Bisom por la invasión de un centro de desarrollo humano y hoy es el caso de recursos económicos que se transfieren a cuentas particulares por parte de su director administrativo.
Hoy el síndico procurador, Óscar Vega Marín, dio a conocer que el servidor público de Bisom, Ricardo “N”, transfirió el viernes pasado más de 390 mil pesos a dos cuentas bancarias tras recibir una llamada de supuestos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, requiriendo el pago de derechos pendientes.
Los regidores panistas esperan que no se tarden años en que haga justicia por no cuidar el dinero de los mexicalenses, y García subrayó que es difícil de creer el argumento que dio el funcionario para efectuar las transferencias.
Pidió que los funcionarios de Bisom involucrados en el caso se separen del cargo, aunque Vega Marín destacó que Ricardo “N” presentó su renuncia, García agregó que debe incluirse el titular de la dependencia, José Ramón López.
Por su parte, Gustavo Magallanes, precisó que parece que en Bisom es muy fácil robar y que se desaparezcan los recursos sin que haya castigo. Exigirán a la autoridad competente que se llegue hasta las últimas consecuencias y que no se presenten como víctimas.
Sandra Cota precisó que hoy se ve la falta de buenos manejos de los gobiernos de Morena, ya que por segunda vez esta dependencia presenta un desfalco, ya que en 2019 se descubrió una transferencia por 3 millones de pesos que aun no ha sido recuperada ni aclarada. Los ediles blanquiazules estuvieron acompañados por Alejandro Cota Montes, secretario general del PAN en el estado.
Corrupción
Denuncian otra transferencia irregular de fondos de Bienestar Social Municipal

El síndico Óscar Vega Marín informó hoy que el viernes pasado, el Director Administrativo de Bienestar Social Municipal (Bisom) transfirió más de 390 mil pesos a dos cuentas tras recibir una supuesta llamada de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requiriendo un pago de derechos.
Ese mismo día se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y se reportó el hecho a Sindicatura, a Presidencia, a Coordinación de Gabinete y a Tesorería. El funcionario en cuestión es Ricardo “N”.

Vega Marín relató que el viernes 11 de abril el funcionario reportó a las 3 o 4 de la tarde al director, José Ramón López, que había hecho 4 transferencias a diversas cuentas derivadas de una supuesta llamada de la ASF para el pago de algunas multas o derechos.
“No es extraño que en el gobierno municipal recibamos llamadas de todo tipo con intentos de extorsión pero si es extraño que un servidor público en un lapso de 2 horas culmine haciendo transferencias financieras… no se cumplieron los procedimientos, los protocolos, es imposible que se hagan pagos así en el gobierno”, indicó.
Se trató de cuatro transferencias desde BBVA a Banamex por un total de 390 mil 759 pesos, detalló. El director de Bisom reportó el hecho a diferentes oficinas del gobierno municipal, presentó una denuncia ante la FGE y se apersonó en el banco donde está la cuenta para pedir la suspensión de los movimientos, aseguró el Síndico.
La institución bancaria ofreció que para el 29 de abril dará una respuesta a esta gestión, y dado que a dicho del banco algunos recursos transferidos y reportados a tiempo se pueden recuperar, esperan obtener una respuesta positiva. Pero también Vega Marín subrayó que independientemente de que haya sido un fraude, es una falta muy grave de Ricardo “N” el recibir una llamada y en dos horas estar haciendo transferencias fuera de todo protocolo.
El lunes 14 de abril a primera hora se presenta ante sindicatura la denuncia formal, aunque iniciaron la investigación desde el viernes, manifestó; el martes 15 se levanta acta ante Oficialía Mayor -a donde llegó Ricardo “N” con su renuncia en mano- y el servidor público dejó sus funciones; y el 16 de abril la Sindicatura detonó las peticiones de información para iniciar el proceso de investigación de responsabilidades.
Precisó que están solicitando un informe de cuándo se dieron las altas de las cuentas en el sistema; a qué horas de dieron de alta las cuentas; quién debía normativamente autorizar las transferencias; un informe de las actividades que tiene autorizadas el puesto específico de quien realizó las transferencias; tiempo que tiene el servidor público responsable en el cargo; y copia del documento a través del cual le entregaron los tokens bancarios.
Ayer la tesorería emitió una circular general para todo el gobierno municipal en la que recuerda a todos los servidores que los pagos deben estar normados, documentados, que no es posible hacer pagos derivados de una llamada telefónica, externó.
Por último, reiteró que el manejo del dinero de los mexicalenses es un tema muy serio y que el gobierno de Norma Bustamante “tiene un compromiso claro con la transparencia, la rendición de cuentas y el cuidado del dinero de los mexicalenses”.
Cabe recordar que en 2019, cuando la hoy gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda era alcaldesa de Mexicali, la hoy diputada Alejandra Ang, era la titular de Desarrollo Social Municipal, cuando se transfirieron 3 millones de pesos de esa dependencia a una cuenta particular, sin que hasta el momento las investigaciones para determinar el destino de esos recursos hayan avanzado.
Corrupción
Pide regidor retirar escoltas a Armando Ayala

Este martes el regidor del Ayuntamiento de Ensenada, Isaías Bertín Sandoval, envió un documento a la alcaldesa Claudia Agatón, para solicitar que se le retiren los escoltas asignados al exalcalde de ese puerto, y ahora senador de la república, Armando Ayala Robles, toda vez que la seguridad del funcionario le corresponde a las autoridades federales.
El edil, representante del Partido del Trabajo, señala que cada agente representa un gasto al erario de 25 mil pesos al mes, por lo que todo el cuerpo de seguridad del senador es una erogación cercana al millón 200 mil pesos anuales, lo que equivale al presupuesto del Instituto Municipal de la Juventud.
Agrega en el documento que Ensenada sufre un grave problema en materia de inseguridad, por lo que no existe una justificación clara para brindar seguridad al senador, y que esos recursos pueden estar mejor aprovechados cubriendo necesidades más básicas en ese rubro en beneficio de los ciudadanos del puerto.

El regidor comentó que Ayala Robles tiene cuatro elementos de seguridad asignados, y que la ley no especifica ninguna obligación del Ayuntamiento para cubrir los gastos de guardaespaldas tras terminar el periodo al frente de la administración municipal.
Resaltó que le corresponde a la federación correr con esos gastos y solo si hay causas justificadas.
El senador publicó hace dos días una fotografía junto al hijo del expresidente, con el siguiente mensaje: “Gracias al secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, por invitarnos este fin de semana a sumarnos a la campaña de nuestros candidatos en Durango”, y está en aquella entidad acompañando a Juan Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal en actos proselitistas.
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