Daniela denunció públicamente lo que parecen ser omisiones y retrasos deliberados de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones relacionadas con dos denuncias por violación que presentó contra el regidor de Tijuana de nombre Miguel Antonio, al asegurar que, pese a la existencia de evidencias y diligencias realizadas, no ha obtenido una respuesta que le permita acceder a la justicia.

De acuerdo con documentos de la FGE proporcionados por la denunciante, el 17 de septiembre de 2026 se registró una denuncia por violación, remitida a la Unidad de Delitos Sexuales. El expediente quedó identificado con el número único de caso 0204-2026-28710, mientras que el registro de atención ciudadana corresponde al folio 0204-2026-20683/RAC. Es la segunda agresión sexual por la que denuncia a este funcionario.

La víctima sostuvo que, en la primera investigación, solicitó desde el 16 de diciembre de 2024 que se revisaran las cámaras de las oficinas del regidor señalado, pero, según su versión, la Fiscalía habría realizado esa diligencia hasta febrero de 2026, lo que consideró un retraso que pudo obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

También afirmó que entregó una prenda en la que presuntamente se encontraron restos de líquido seminal que, según indicó, podrían someterse a pruebas comparativas de genética. Aseguró que hasta la fecha no se han realizado los análisis correspondientes y que ha solicitado por escrito que se practiquen las pruebas para determinar si existe correspondencia genética con el funcionario denunciado, solicitud que permanece sin respuesta.

La denunciante relató que ha acudido en varias ocasiones ante distintas representantes del Ministerio Público para dar seguimiento a su caso, pero señaló que no ha conseguido que se atiendan sus solicitudes. Agregó que una de las fiscales habría cuestionado la validez de una declaración complementaria, mientras que otra le indicó que no era necesario proceder de la manera que ella solicitaba. Dijo que permanece a la espera de una respuesta de una tercera funcionaria de la FGE.

Denuncia segunda agresión y falta de resultados

Respecto a una segunda violación denunciada, Daniela aseguró que se realizaron estudios médico-legales y que personal pericial acudió a su domicilio para recabar evidencias. Indicó que los peritos se llevaron prendas de vestir en las que, según su versión, se encontraron restos de líquido seminal.

Añadió que elaboró un retrato hablado de una segunda persona presuntamente involucrada, pero señaló que, al cumplirse un mes de la denuncia presentada el 17 de septiembre pasado, no había recibido información suficiente sobre los avances de las diligencias.

La denunciante sostuvo que decidió acudir nuevamente a las autoridades, pese al desgaste físico y emocional que enfrenta, debido a que espera que las evidencias sean analizadas y que se agoten las líneas de investigación.

Asimismo, manifestó inconformidad con las medidas de protección que le fueron otorgadas, por lo que no se siente segura y teme tanto por su integridad como por el desarrollo de las investigaciones.

Señala presuntas influencias políticas

En sus declaraciones, la víctima acusó que el regidor cuenta con respaldo político y señaló al exsecretario general de Gobierno, Arnulfo Guerrero. También afirmó que el funcionario tendría aspiraciones de contender por una diputación bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

La denunciante sostuvo que desde 2013 habría antecedentes de señalamientos de índole sexual contra el funcionario y mencionó que en 2018 presuntamente existieron acusaciones de acoso sexual relacionadas con prestadoras de servicio social.

Asimismo, aseguró haber observado al funcionario salir de las instalaciones de la Fiscalía acompañado por agentes de investigación, platicando y escoltándolo a su vehículo.

En el pasado se le ha cuestionado tanto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y como a la fiscal general del estado, María Elena Andrade sobre los avances de este caso, donde aseguraron que no quedaría impune.

Sin embargo, la denunciante cuestionó el discurso oficial sobre el acceso de las mujeres a la justicia y la protección de sus derechos, al considerar que su experiencia contradice las promesas de atención y combate a la violencia de género.

“Están esperando a que los agresores maten a sus víctimas para hacer justicia”, expresó al manifestar su temor ante la falta de resultados que, según dijo, ha observado en su expediente.

Tanto en la primera denuncia por violación como en la segunda, la víctima proporcionó prendas donde se evidencia la presencia de líquido seminal, sin que la FGE haya continuado con las investigaciones mediante la obtención de una muestra del regidor para hacer las comparaciones pertinentes.

Se le solicitó a la fiscalía una postura oficial sobre los avances de este caso, y la respuesta fue que en la primera denuncia la carpeta está en integración pero que no hay elementos para judicializar, mientras que la segunda está en investigación aunque no hay muchos elementos objetivos en esa carpeta, cuestiones que Daniela rechaza.

La constante rotación de funcionarios en puestos estratégicos del XXV Ayuntamiento de Tijuana genera incertidumbre sobre la estabilidad administrativa y la continuidad de los proyectos municipales, opinó la regidora Sandra Magaña Ríos, pues en dos años de gobierno van cerca de 35 movimientos en cargos de primer nivel y otras áreas de la administración.

Esta rotación pone en evidencia los problemas que enfrenta la actual administración para consolidar un equipo de trabajo. “No son cambios de personal operativo, sino de quienes deben tomar decisiones, dar seguimiento a los proyectos y ofrecer resultados a los ciudadanos. Son demasiados cambios para apenas dos años de gobierno”, aseguró.

Magaña Ríos detalló que dependencias como la Dirección de Reglamentos y el Instituto Municipal del Deporte han tenido cuatro titulares cada una, mientras que el Instituto Municipal de la Juventud y la Secretaría de Movilidad han registrado tres responsables distintos.

A estas dependencias se suman la Dirección de Administración Urbana y la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, con tres titulares cada una, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Oficialía Mayor, donde se han registrado dos responsables por dependencia.

La regidora destacó que tan solo durante octubre se han presentado tres movimientos relevantes: la salida del secretario de Movilidad, el cambio en la Dirección de Administración Urbana y la renuncia de Ramón Vázquez a la Secretaría de Gobierno Municipal, cargo que había asumido apenas en junio pasado.

“Son tres cambios en áreas importantes en menos de un mes. Esto nos obliga a preguntarnos qué está ocurriendo dentro de la administración municipal y por qué no se ha logrado consolidar un equipo que garantice estabilidad y continuidad en el trabajo”, cuestionó.

Sandra Magaña reconoció que cualquier gobierno tiene la facultad de realizar ajustes en su estructura administrativa, pero sostuvo que la frecuencia de los relevos puede afectar el seguimiento de los programas, la ejecución de proyectos y la capacidad de respuesta institucional.

“Cada funcionario que llega necesita conocer los pendientes, revisar los proyectos y establecer su propia dinámica de trabajo. Mientras eso ocurre, los problemas de Tijuana no se detienen y los ciudadanos siguen esperando soluciones”, puntualizó.

Finalmente, Sandra Magaña Ríos hizo un llamado a fortalecer la estabilidad institucional, garantizar la continuidad de los proyectos municipales y colocar las necesidades de la ciudadanía por encima de los constantes ajustes administrativos.

La diputada del PT; Yohaja Gilvaja, recordó que tiene más de seis meses pidiendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, que atienda el problema del puente Terrazas, en Tijuana, y que tras las lluvias del fin de semana provocaron un socavón.

“¿Qué estás esperando, Burgueño? Tengo más de seis meses diciéndote para que te pongas a trabajar”, reclamó la legisladora, quien difundió un video donde se ve la grave afectación que sufrió esa vialidad.

También le recordó al alcalde sus intervenciones en el Congreso del Estado, donde advirtió sobre el riesgo que representaba esta vialidad y exigió que las autoridades atendieran el problema antes de que se agravara.

Sin embargo, y pese a los exhortos y llamados realizados desde la tribuna legislativa, el problema persiste y las lluvias volvieron a poner en evidencia las condiciones de riesgo en esta zona por la que transitan diariamente miles de familias.

Gilvaja también cuestionó a la gobernadora Marina del Pilar y exigió a ambos gobiernos explicar por qué no se ha dado una solución oportuna. “Las advertencias estuvieron sobre la mesa. Ahora, que expliquen por qué no se atendió a tiempo y que den soluciones, no excusas”, sostuvo la diputada.