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Corrupción

Aprovechan debilidades del sistema de EU para lavar dinero

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Texto: Jason Buch / Texas Observer

Fotos: Tomas Muscionico 

En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales. 

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

Pero había un problema.

Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.

En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami. 

La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.

A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.

En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar San Antonio a sus regulaciones.

Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de 7 millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales. 

En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.

Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.

A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno.

Esta farmacia en el lado norte de San Antonio recaudó $ 8.8 millones de dólares cuando el gobierno de Estados Unidos la vendió en una subasta en 2016. Fue una de las propiedades que el ex tesorero de Coahuila, Villarreal Hernández, entregó después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero.

A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores,

Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.

Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 7,884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.

Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.

El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el ex tesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.

La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados UNidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.

Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio. 

Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.

Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirió $18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos 8 millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.

Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.

“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.

Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el ex tesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia. 

Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.

El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los EEUU, Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.

El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.

“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.

Los fiscales federales llegaron a un acuerdo con el hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat en 2019. Habían alegado en una demanda civil que Reynoso Femat compró millones de dólares en bienes raíces del condado de Bexar, incluido este pequeño edificio de oficinas, con dinero robado. de las arcas del estado. Un abogado del hijo de Reynoso Femat dijo al San Antonio Express-News que había llegado a un acuerdo con el gobierno para vender la propiedad inmobiliaria, pero los registros de propiedad del condado muestran que todavía es propiedad de la empresa del hijo, R&S International Investments LP.

 

*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021.

Corrupción

Adjudicaron contrato de 232 mil a amigo de Oficial Mayor

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El Ayuntamiento de la ciudad erogó 232 mil pesos por la impartición de un curso de cinco horas sobre el manejo de las relaciones laborales del Gobierno Municipal de Mexicali, en agosto del año pasado.

En adjudicación directa se le otorgó el contrato a Adrián Alfonso Sánchez Gutiérrez, un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que en enero pasado recibió un reconocimiento por 30 años de servicio.

En la información disponible sobre este policía municipal y licenciado en Criminología no se encontraron datos académicos que validen su formación para dar un curso sobre relaciones laborales, ni los parámetros para fijar en ese precio la capacitación recibida, en el caso de que efectivamente se hubiera llevado a cabo.

La oficial mayor Claudia Beltrán, Adrián Alfonso Sánchez Gutiérrez y Alejandro Lora.

Se sabe que Sánchez Gutiérrez, a quien apodan “El London”, es amigo cercano de la oficial mayor, Claudia Beltrán. Incluso dentro de la corporación trascendió que fue ella quien lo salvó de tener que rendir cuentas cuando sucedió el atropello de Rosa y Leah, madre e hija que perdieron la vida el 28 de mayo de 2021 en la capital bajacaliforniana.

La Comisión de Honor y Justicia, encabezada por Claudia Beltrán, decidió destituir a cuatro policías: la jefa de turno, el perito y dos agentes, que dejaron ir al responsable y solo le impusieron una multa.

Adán Alfonso Sánchez Gutiérrez.

Alejandro Lora era el director de la DSPM, y “El London” era subcomandante de tránsito, y aunque estaba activo el día de los hechos, trascendió que a posteriori le fue otorgado un documento que lo ubica en día de descanso o en periodo de vacaciones.

Testimonios ubican a Sánchez Gutiérrez como uno de los policías que llegó a la comandancia con el responsable del atropello. Apuntan que los altos mandos llegaron a la escena y le dijeron a los agentes que levantaban en reporte que ellos se encargaban, y se lo llevaron.

Una vez en la comandancia solo le consignan el estado de ebriedad, sabiendo del atropello y sus consecuencias. Las fuentes anónimas agregan que no eran solo cuatro policías, que eran más, y que a los altos mandos nunca les pasó nada, entre ellos al “London” y a Lora.

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Corrupción

Aparece otra empresa de asesorías ligada a hija de alcaldesa

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El Ayuntamiento de Mexicali contrató mediante adjudicación directa para  diversos servicios de asesorías y cursos a la empresa “Lúmina Profesionales en Consultoría, Sistemas en Infraestructura S.A. de C.V.” por más de 2 millones de pesos desde el 2022 a la fecha.

Dicha empresa fue formada el 13 de noviembre de 2020 y registrada en Mexicali, con domicilio en Rio Sonora 700, pero ligada a César Canavati y a Jorge Mario Soto Romero, quienes eran superiores de Norma Castañeda, hija de la alcaldesa Norma Bustamante antes de que supuestamente renunciara al cargo que tenía en la Ciudad de México y aceptara un cargo “sin percepciones” en el Ayuntamiento de Mexicali.

La representante legal es Sendy Edith García Lizárraga, cuya firma aparece el 27 de febrero pasado como enlace administrativo en la licitación pública nacional LP-INE-JDE09-BC-02/2024 para contratar seguridad y vigilancia para los inmuebles de la junta distrital 09 de Baja California.

Estos son los contratos:

01-AYTOMXL-OM-AD-15-22, vigente desde el 29 de agosto y hasta finales de noviembre de 2022. El objeto del contrato por adjudicación es la elaboración de análisis y evaluación para el ejercicio 2021-2022 de los recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, con un costo de 400 mil pesos.

01-AYTOMXL-OM-AD-16-22, se adjudicó la impartición del curso “Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión a nivel municipal para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Mexicali”, por un monto de 350 mil pesos. Se supone que fue impartido del 11 al 15 de octubre de 2022, con un total de 25 horas, es decir, los asistentes inviertieron 5 horas diarias por cinco días para tomar el curso.

01-AYTOMXL-OM-SMSP-01-23, fue para servicios de consultoría especializada para la alineación y el rediseño de las políticas de control animal, por un monto de 756 mil pesos, en servicios otorgados del 1 de abril al 31 de mayo de 2023.

01-AYTOMAXL-OM-AD-30-23, se adjudicó el contrato para servicios de consultoría para el diseño y estrategia de implementación de acciones para la institucionalización de la perspectiva de género para el 24 Ayuntamiento por un monto de 756 mil pesos, firmado el 11 de diciembre debiendo prestar el servicio máximo el 30 de diciembre. Es decir, tenían 19 días -o 14 sin contar fines de semana- para elaborar el análisis, hacer la estrategia de implementación y ofrecer asesorías antes de que terminara el año.

Consultado el Ayuntamiento sobre la factibilidad de proporcionar pruebas fehacientes de que efectivamente este curso y esas asesorías se llevaron a cabo, no hicieron comentarios y señalaron que todo es vía solicitudes de transparencia.

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Corrupción

Denuncian por hostigamiento y posible fraude a directora del CDHI

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Una denuncia por hostigamiento contra la directora del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI), Maribel Real Martínez, fue interpuesta ante Sindicatura el pasado mes de abril.

La denuncia, de la cual esta reportera tiene copia, expone que Real Martínez hostiga a un empleado de limpieza de nombre Bryant Andrés Aguilar García, quien tiene 20 años de edad y una discapacidad de lenguaje.

Sobre él, dicen sus compañeros que su discapacidad “lejos de ser un impedimento ha sido un gran ejemplo para nosotros por sus ganas de superarse y apoyarse económicamente”.

Relatan que Real Martínez lo busca para que la acompañe a otras áreas que a él no le corresponden para que vaya levantando la basura que ella le señala, situación que no sucede con otros trabajadores de limpieza.

También declaran que tras las últimas lluvias, la directora hizo que fuera a sacar el agua acumulada de unos juegos con un vaso que ella sacó de la basura, cuando hay equipo especial para drenar agua y cada empleado de mantenimiento tiene un área específica, no siendo ésta la que corresponde al joven.

Precisan que la directora promovió que los trabajadores tomaran alguna actividad física dentro de Centenario y en su horario laboral, y Aguilar García se inscribió al curso de box. En ocasiones el maestro llegaba tarde y la clase tardaba más, y por eso ella le reclamaba al empleado y no al maestro, situación por la que el joven decidió abandonar el curso.

Los compañeros denunciantes indican que han sido testigos de como Real Martínez le habla al joven con un tono de prepotencia y sarcasmo.

Maribel Real Martínez, directora del patronato CDHI.

Pero el joven no ha sido la única víctima de la directora. Exponen también el caso de Lilia Osuna Gómez, trabajadora de mantenimiento de edad avanzada, a quien le exige labores que ponen en riesgo su seguridad como la limpieza de espejos de mucha altura, o que remueva manchas viejas que son imposibles de limpiar, además de asignarle un área muy amplia de limpieza para una sola persona.

Por si fuera poco, señalan la comisión de un posible fraude al otorgarle contratos al proveedor de nombre Javier Gómez, para el sistema de pluma electrónica, cuando éste nunca ha funcionado y tienen que dar acceso manual.

Relatan en la denuncia que los empleados pidieron autorización a la directora para deshacerse de fierros viejos, y le pagaron a una persona para que se los llevara y los vendiera por peso. Los poco más de mil pesos de ganancia serían destinados a la compra de equipo de protección, pero Real Martínez solicitó el dinero y no supieron en qué se destinó.

“Nos hemos enterado que el hostigamiento se está expandiendo a otras áreas como es el caso de la coordinación administrativa, se respira un ambiente hostil y violento laboralmente que solo promueve la desmotivación en los empleados y falta de certeza en nuestro empleo”, subrayan.

Los denunciantes temen que por la amistad de la directora con el síndico procurador, el caso no se atienda.

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