Corrupción
Aprovechan debilidades del sistema de EU para lavar dinero
Texto: Jason Buch / Texas Observer
Fotos: Tomas Muscionico
En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.
Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.
Pero había un problema.
Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.
En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami.
La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.
A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.
En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar San Antonio a sus regulaciones.
Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de 7 millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales.
En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.
Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.
A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno.
A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores,
Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.
Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 7,884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.
Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.
El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el ex tesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.
La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados UNidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.
Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio.
Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.
Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirió $18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos 8 millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.
Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.
“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.
Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el ex tesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.
En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia.
Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.
El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los EEUU, Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.
El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.
“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.
*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021.
Corrupción
No acude Jaime “N” a audiencia de imputación
Jaime N no se presentó a la audiencia de formulación de imputación cuya cita era este lunes a las 9 horas en el Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali.
La causa penal 04921/2022 involucra el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que significa que Jaime N tenía carácter de asignatario de una concesión de prestación de un servicio público de aprovechamiento de bienes del dominio del estado con la finalidad de obtener un beneficio para sí, cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.
El juez, Gerardo Aceves Salazar, leyó parte de la justificación enviada por el señalado para no asistir. El motivo es la presentación del examen de grado para obtener el doctorado en Administración Pública en Ciudad de México, donde se encuentra desde ayer para la cita con sus sinodales mañana martes.
Se tiene por justificada la inasistencia del imputado y se programó la audiencia de formulación de imputación para el 12 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas en sala 6, del tercer piso del Centro de Justicia Unidad Río Nuevo.
El abogado del señalado, Alejandro Gómez Castillo, había pedido un plazo no menor de seis meses para la siguiente audiencia, ya que gran parte de los documentos de la carpeta de investigación están en formato digital y no cuenta con ellos.
Tanto el juez como la parte acusadora opinaron que el plazo de seis meses era excesivo. Se le exhortó además al imputado a acudir a la siguiente audiencia bajo pena de posible orden de presentación y/o una orden de aprehensión.
Corrupción
Pretende Ayuntamiento de Mexicali triangular compra millonaria
El Ayuntamiento de Mexicali pretende triangular la compra de 198 máquinas de bomberos y 10 ambulancias usadas, cuyo precio orginal rondaba los 18 millones de pesos. Sin embargo, al enterarse el hijo de la alcaldesa, detuvo la operación para pretender sacarle una ganancia millonaria.
Aquí la respuesta del Ayuntamiento de Mexiccali:
TARJETA INFORMATIVA ´´MAQUINAS EXTINTORAS DE BOMBEROS“
*Durante el mes de julio de 2024, se manifestó por parte del Director de Bomberos la necesidad de adquirir diversas unidades de Maquinas Extintoras y Ambulancias usadas para la Dirección de Bomberos de Mexicali, hasta por un monto estimado de 25 millones de pesos.
*Las unidades propuestas por el Director de Bomberos fueron remitidas a los Talleres Municipales, a efecto de ser evaluadas y dictaminadas técnica y mecánicamente (para conocer su estado físico).
*Cabe destacar que todo ello, se impulsó por el Director de Bomberos, sin que esta administración contara en el momento y hoy en día, con la suficiencia presupuestal para enfrentar un gasto de ese monto.
*Se hizo del conocimiento del Director de Bomberos que se buscarían las acciones para obtener recursos financieros que hicieran viable su “posible adquisición“, ya que no era posible financieramente su adquisición.
*En aquel momento y en el actual “no existe, ni existiò“ compromiso con proveedor alguno sobre el particular, hasta en tanto no se contará por este H. Ayuntamiento o el próximo con los recursos suficientes para ello.
*Las multicitadas Extintoras y Ambulancias, no han sido adquiridas, ni iniciados procedimiento alguno de compra.
A T E N T A M E N T E
FERNANDO GARCÍA MONTAÑO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Corrupción
Adjudicaciones directas y falta de facturas, señalan a Omar Landa
La cuenta pública del FEX, correspondiente al 2022, periodo donde ocupó la titularidad Omar Landa Cabada, resultó con 14 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas y del resto se generaron dos promociones de responsabilidad administrativa, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y cinco recomendaciones.
Dentro de estos resultados, destaca que se presentaron 6 faltas recurrentes, por lo que se llevará a cabo el análisis, estudio y revisión del Informe Individual, de acuerdo con el Dictamen 6 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.
En las observaciones recurrentes, la primera es el procedimiento I-22-34-DAMX-F-03, donde al realizar el comparativo de los ingresos, por 55 millones 161 mil 525 pesos contra el consecutivo de facturas emitidas y timbradas proporcionada por la propia entidad fiscalizada, asciende a56 millones 258 mil 436 pesos, resultando una diferencia por la cantidad de 1 millón 096 mil 911 pesos.
La segunda observación recurrente fue que se verificó que los ingresos devengados por esos poco más de 55 millones fueron suficientes para cubrir las necesidades de operación de la Entidad, que fueron de 61 millones 215 mil 953 pesos.
La tercera observación recurrente es que la entidad fiscalizada no pagó el 1.80 por ciento de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el 1.20 por ciento de sobretasa, establecidos en la Ley de Hacienda del Estado.
Una de las observaciones no recurrentes, fue que la Presidenta y el Director del Patronato de las Fiestas del Sol durante el ejercicio fiscal 2022 contrataron el servicio de una agencia de reclutamiento de personal para acomodadores, supervisores, cajeros, limpieza, entre otros, por la cantidad de 3 millones 052 mil 592 pesos mediante el procedimiento de adjudicación directa.
Cabe señalar que la Entidad Fiscalizada, durante el ejercicio 2022, adicional a lo señalado anteriormente, erogó la cantidad de 2 millones 792 mil 465 peso registrados en la cuenta para “Honorarios Asimilables a Salarios” por personal de fiscalización, limpieza y estacionamientos, entre otros.
La cuarta observación recurrente fue que adjudicaron la cantidad de 1 millón 198 mil 340 pesos sin IVA por la adquisición de servicios de producción, renta de equipo de sonido e iluminación y taquillas, sin haber obtenido por lo menos dos o tres cotizaciones.
Otra observación no recurrente consistió en la adjudicación del servicio de publicidad en televisión y radio, entre otros, a diversos medios por 877 mil 520 pesos, de los cuales no proporcionó los contratos celebrados con las empresas, ni evidencia documental de los videos, spots y/o comerciales promocionados ni los listados, reportes o pautados que demuestren el servicio otorgado y en uno de los casos no se proporcionó la factura correspondiente.
La quinta observación recurrente es que se realizaron diversos registros contables y presupuestales en servicios generales por gastos relacionados con los eventos “Fiestas del sol 2022” y “Villa Navideña 2022”, de los cuales se realizaron diversos registros incorrectos, por no corresponder las partidas al tipo de gasto efectuado, por un monto total de 1 millón 021 mil 742 pesos.
Finalmente, la sexta observación recurrentes es el registro en la partida 38201 “Gastos de Orden Social y Cultural” el pago a dos proveedores por la cantidad de 126 mil 363 pesos con IVA, por el servicio de transporte de personal y artistas a presentarse en las Fiestas del Sol 2022, sin haber presentado las facturas correspondientes, ni los programas de traslados aprobados formalmente y/o la relación detallada de la totalidad de los servicios prestados, o documentos que justifiquen y amparen el importe devengado.
Por lo anterior, el resolutivo emitido este mes fue de “no aprobado”, y se espera que siga en el mismo tenor cuando se regrese a la Auditoría Superior para que determinen sanciones o si amerita denuncias de otra índole.
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