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Corrupción

Protege Gobierno del Estado a “aviadora”

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Por Dianeth Pérez Arreola

La funcionaria pública Thanya Diaz de León Benitez, quien fue basificada desde el primero de enero de 2021 y no se presentó a trabajar la mayor parte de ese año, es protegida desde Gobierno del Estado.

En respuesta recibida vía solicitud de transparencia, Oficialía Mayor informa que la funcionaria estuvo solo asignada en 2021 a la Secretaría de Hacienda y al Sindicato de Burócratas, sin embargo, personal de dicha secretaría asegura que nunca se presentó a trabajar en esas oficinas.

El verano pasado aparecía en la página de trasparencia del Gobierno del Estado de Baja California como comisionada a la FGE durante el primer trimestre del año, pero al pedir la comprobación vía transparencia de que Diaz de León Benitez se encontraba efectivamente laborando en ese lugar, la FGE respondió mediante el documento con folio 006671721, que tras hacer una minuciosa búsqueda en sus archivos y consultar la base de datos del Sistema Integral de Recursos Humanos, no se encontró evidencia de su desempeño laboral ahí.

Tras hacer evidente esta irregularidad, el portal de Gobierno del Estado cambió la adscripción de la funcionaria a la Secretaría de Hacienda, para ese mismo periodo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, sin embargo, empleados de esa dependencia aseguran nunca haberla visto.

También durante el segundo trimestre apareció como adscrita a la Secretaría de Hacienda y también a Oficialía Mayor.

Respuesta de transparencia sobre asignaciones de Diaz de León Benitez en 2021.

Ahora en el documento solicitado a Oficialía Mayor, aparece como adscrita a la Secretaría de Hacienda del 1 de enero al 16 de mayo, y del 17 de mayo a fecha indeterminada, aparece como comisionada al Sindicato de Burócratas.

En el portal de transparencia aparecía con un sueldo bruto de 25 mil 066 pesos, y en el documento de respuesta de Oficialía Mayor indican que su salario asciende a 26 mil 610 pesos más una compensación de 9 mil 491 pesos.

Actualmente Diaz de León Benitez labora en el Departamento de Compras de Oficialía Mayor, donde tiene la facultad de decidir qué proveedores prestarán sus servicios a Gobierno del Estado.

Quién es Thanya Diaz de León Benitez

La funcionaria labora para Gobierno del Estado desde la administración de Eugenio Elorduy Walther. Llegó a ser directora de Administración de Isesalud, donde llegó a ganar más de 134 pesos, más una compensación de 66 mil y 46 mil en diversas prestaciones.

Thanya Diaz de León Benitez

La servidora pública es también empresaria. El 30 de octubre de 2017 registró la empresa Camur, con el nombre de Productora Aquícola (SIC) Urbana, siendo los accionistas ella misma; su madre, Irma Inés Benitez Ontiveros; su entonces esposo Ernesto León Marrufo, y su entonces amigo Rutilo Pérez Flores. En 2019 decidió unilateralmente que éstos dos últimos ya no formaran parte de la empresa, motivo por el cual interpusieron cada uno una demanda mercantil contra ella.

Diaz de León Benitez se divorció e inició una relación con quien sería Oficial Mayor en la administración de Jaime Bonilla, Israel Clemente González. La entrada de este personaje al gobierno de Jaime Bonilla causó sorpresa, pues en sus antecedentes está su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 4 de enero de 2006 con más de 725 mil dólares en efectivo de los cuales no supo explicar su procedencia, por lo que fue condenado a 7 años de prisión.

En enero de 2020 la funcionaria es despedida, pero luego regresa gracias a Clemente González. Diaz de León Benitez entabló varios litigios contra Gobierno del Estado; tenía al menos cuatro expedientes abiertos en el Tribunal de Arbitraje del estado. Logró su basificación el primero de enero de 2021.

Camur abrió una sucursal en Tijuana, para lo que se alió con la hoy subdirectora de Diversidad e Inclusión del gobierno municipal de Montserrat Caballero, Regina Cornejo Manzo. Antes de su transformación a mujer, Regina era Jorge Cornejo Manzo, un funcionario que salió por la puerta de atrás en la administración de “Kiko” Vega por irregularidades en el otorgamiento de contratos de publicidad a los medios de comunicación.

Su adscripción al Sindicato de Burócratas

El 15 de junio de 2021, aun en la administración de Jaime Bonilla y durante la ceremonia de presentación del fallido proyecto de la planta fotovoltaica, el secretario general del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero Luna al ser cuestionado sobre las ausencias laborales de Diaz de León Benitez, comentó: “Eso pregúnteselo a Oficialía dónde está trabajando… por cuestiones de la pandemia mucha gente tiene teletrabajo. Yo, las particularidades de esa persona no las conozco, pero bueno, eso es responsabilidad de Oficialía Mayor, debe de saber dónde está todo su personal ubicado”.

La respuesta de Guerrero Luna solo deja dos posibilidades: o estaba mintiendo porque según la respuesta de Oficialía la funcionaria estaba comisionada al Sindicato de Burócratas desde el 17 de mayo, o la Oficialía Mayor está protegiendo por razones desconocidas a Diaz de León Benitez inventando fechas y adscripciones.

Tras el evento del informe de los primeros 100 días de la administración municipal a cargo de Norma Bustamante, se le cuestionó a Guerrero Luna sobre la comisión de Diaz de León Benitez en el sindicato que él encabeza.

“Ya no está comisionada al sindicato, hay comisiones que son por tiempos determinados o tareas determinadas. Ella ya terminó su comisión, ya se reintegró al estado, ya debe estar en el estado”, aseguró.

“No se con exactitud (cuánto tiempo estuvo comisionada) pero en la Oficialía le pueden dar el dato, ya debe estar asignada a algún lugar”, agregó.

Sobre cómo llegó Diaz de León Benitez a dicha comisión, manifestó que en los estatutos y en las leyes están varios tipos de comisiones, incluso para eventos; si necesitan apoyo de una persona determinada lo pueden comisionar un mes o dos para desarrollar un proyecto. “A los delegados a veces los comisionamos por un día para viajar a una sesión afuera del municipio, cosas por el estilo”.

El pasado 27 de enero Diaz de León Benitez invitó a un selecto grupo de medios a la inauguración de la segunda tienda Camur en Mexicali, en horario laboral.

La funcionaria costó al erario más de 400 mil pesos en 2021 sin presentarse a trabajar, y ha logrado permanecer en un área estratégica y susceptible a malos manejos, desde la administración de “Kiko” Vega, pasando a la de Jaime Bonilla, y ahora con Marina del Pilar. 

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Corrupción

Denuncian por hostigamiento y posible fraude a directora del CDHI

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Una denuncia por hostigamiento contra la directora del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI), Maribel Real Martínez, fue interpuesta ante Sindicatura el pasado mes de abril.

La denuncia, de la cual esta reportera tiene copia, expone que Real Martínez hostiga a un empleado de limpieza de nombre Bryant Andrés Aguilar García, quien tiene 20 años de edad y una discapacidad de lenguaje.

Sobre él, dicen sus compañeros que su discapacidad “lejos de ser un impedimento ha sido un gran ejemplo para nosotros por sus ganas de superarse y apoyarse económicamente”.

Relatan que Real Martínez lo busca para que la acompañe a otras áreas que a él no le corresponden para que vaya levantando la basura que ella le señala, situación que no sucede con otros trabajadores de limpieza.

También declaran que tras las últimas lluvias, la directora hizo que fuera a sacar el agua acumulada de unos juegos con un vaso que ella sacó de la basura, cuando hay equipo especial para drenar agua y cada empleado de mantenimiento tiene un área específica, no siendo ésta la que corresponde al joven.

Precisan que la directora promovió que los trabajadores tomaran alguna actividad física dentro de Centenario y en su horario laboral, y Aguilar García se inscribió al curso de box. En ocasiones el maestro llegaba tarde y la clase tardaba más, y por eso ella le reclamaba al empleado y no al maestro, situación por la que el joven decidió abandonar el curso.

Los compañeros denunciantes indican que han sido testigos de como Real Martínez le habla al joven con un tono de prepotencia y sarcasmo.

Maribel Real Martínez, directora del patronato CDHI.

Pero el joven no ha sido la única víctima de la directora. Exponen también el caso de Lilia Osuna Gómez, trabajadora de mantenimiento de edad avanzada, a quien le exige labores que ponen en riesgo su seguridad como la limpieza de espejos de mucha altura, o que remueva manchas viejas que son imposibles de limpiar, además de asignarle un área muy amplia de limpieza para una sola persona.

Por si fuera poco, señalan la comisión de un posible fraude al otorgarle contratos al proveedor de nombre Javier Gómez, para el sistema de pluma electrónica, cuando éste nunca ha funcionado y tienen que dar acceso manual.

Relatan en la denuncia que los empleados pidieron autorización a la directora para deshacerse de fierros viejos, y le pagaron a una persona para que se los llevara y los vendiera por peso. Los poco más de mil pesos de ganancia serían destinados a la compra de equipo de protección, pero Real Martínez solicitó el dinero y no supieron en qué se destinó.

“Nos hemos enterado que el hostigamiento se está expandiendo a otras áreas como es el caso de la coordinación administrativa, se respira un ambiente hostil y violento laboralmente que solo promueve la desmotivación en los empleados y falta de certeza en nuestro empleo”, subrayan.

Los denunciantes temen que por la amistad de la directora con el síndico procurador, el caso no se atienda.

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Policía municipal incumple acuerdo tras atropellar a motociclista

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El pasado 22 de marzo, el agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Omar Jesús Sámano Arreola atropelló a Luis Arturo Seguro Pacheco quien se desplazaba en su motocicleta.

El caso quedó asentado en el expediente de la Fiscalía General del estado 0202-2024-01155/NAC, con fecha del 9 de abril de 2024 por daño en propiedad ajena y lesiones por culpa.

El policía fue responsable del accidente que lesionó a Segura Pacheco, quien es chofer de DIDI y no ha podido reincorporarse del todo a su trabajo.

El día del accidente el responsable le dio mil pesos, se llevó la motocicleta para repararla, quedó de surtirle los medicamentos que necesitara y firmó un acuerdo escrito donde se comprometía a apoyarlo en sus gastos.

El policía lo amenazó que mejor lo dejarán así, que porque si quería denunciarlo llevaría mucho tiempo, que le daría 50 pesos a la semana, le regresó la moto en mal estado y acompañada de un documento donde decía deslindarse. Luego regresó por ella y no la ha devuelto.

Aquí una grabación de la conversación telefónica donde evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos con el lesionado, quien exige la reparación de los daños.

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Corrupción

Hay 26 denuncias contra autoridades de salud de gobierno anterior: Pon Méndez

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Juan José Pon Méndez, jurídico de Gobierno del Estado, comentó que siguen adelante las denuncias contra autoridades estatales de salud de la pasada administración.
Refirio con son 26 denuncias, de las cuales 20 tienen que ver con adjudicaciones directas, específicamente con compras a sobreprecios.

Además hay 3 relacionadas con contrataciones irregulares de mantenimiento, 2 con compras de medicamentos caducos y 1 con contratación de servicios irregulares de publicidad, agregó.
El jurídico apuntó que las 26 denuncias son analizadas por la Fiscalía Anticorrupción y de esas, 15 fueron remitidas a Fiscalía General de la República, por tratarse de recursos federales los que se utiluzaron de manera irregular.

Al cuestionarlo si Alonso Perez Rico, exsecretario de Salud en la pasada administración sería citado a declarar, opinó que “seguramente sí”.

Hace poco, el señalado manifestó en una entrevista que no había recibido ninguna notificación, pese a que la supuesta denuncia contra él se hizo hace meses.

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