El delegado del CEN del PRI para Baja California, Benjamín Fournier Espinoza, expresó que ayer lunes, una mayoría oficiosa en el Congreso de la Unión aprobó un atraco a la clase trabajadora del país, al querer apropiarse de cuentas inactivas de Afores.

Son aproximadamente 18 millones de cuentas inactivas pero que tienen nombre y tienen apellido, señaló; las cuales representan 40 mil millones de pesos aproximadamente y que en ningún otro lugar del mundo se ha dado la situación de que el gobierno le quita a los trabajadores lo que a lo largo de toda su vida lograron reunir, dijo.

El delegado nacional del tricolor recordó que el presidente del partido, Alejandro Moreno, declaró que esas cuentas son de muchos trabajadores que están en Estados Unidos, que interrumpieron su vida laboral en México y se fueron al país vecino.

Precisó que también son propietarios de esas cuentas personas que ya fallecieron pero que tienen familiares, quienes no saben el monto y el destino de ese dinero. Agregó que también son de empleados que no alcanzaron el número de semanas cotizadas y que están viendo como completar el esquema para llevarse ese beneficio.

El PRI siempre ha estado a favor de los programas sociales, y hoy están amenazando incluso que se los van a quitar a la gente si votan por un partido distinto al que está en el poder, mencionó.

El PRI puso a disposición una línea de atención telefónica gratuita para la gente que requiere orientación sobre las afores, destacó.

Integrantes del Nuevo Sindicato de Salud (SIMESA) que pretendían otorgar información sobre esta nueva organización a personal del Hospital General fueron agredidos por miembros del sindicato de trabajadores de salud que dirige Virginia Noriega.

La líder sindical mandó llamar a todos los agremiados, y dejó vacío el segundo y tercer piso del Hospital General, suspendiendo las operaciones debido a este conflicto.

Los integrantes de SIMESA informaron que fueron recibidos por Rafael Pimentel, director de Recursos Humanos de Isesalud, quien les dijo podían entrar al nosocomio a dar información sobre el nuevo organismo.

Al ver la cantidad de gente que reunió Noriega, los miembros del nuevo sindicato decidieron retirarse para evitar ser víctimas de más agresiones.

Más tarde regresaron al Hospital General y las agresiones continuaron por parte del agremiados del sindicato que dirige Virginia Noriega.

La diputada local Michel Sánchez explicó que la ley de deudores alimentarios contempla que los morosos no puedan tramitar un pasaporte para impedirles salir del país y huir así de sus obligaciones, así como también solicitarles un certificado de no adeudo para tramitar la licencia de conducir y además, informar al contrayente sobre la situación de morosidad alimentaria al realizar un trámite para casarse.

Sin embargo, el criterio a la hora de impedir que un deudor alimentario participe como candidato en un proceso electoral, no es como parece.

El impedimento es estrictamente para morosos. En el caso de Ismael Burgueño, explicó que está al corriente con sus pagos, así que no hay problema. Que el caso se haya ido a juicio, que haya apelado la decisión del juez y que el descuento por tanto se haga de forma automática y no de forma voluntaria, no importa. Burgueño ya no es “deudor” y puede participar.

“A mi me preocupaba saber cuál era la realidad porque era la ley que a mi me tocaba impulsar y sabía que iba a haber preguntas. En ese momento a mí me contó que estaba el corriente. Desconozco si su sentencia es más nueva… el punto de estas medidas son los morosos”, declaró.

¿Se vaya a juicio, apele y haya sentencia no importa, mientras esté pagando? Se le cuestionó; esos mecanismos son medidas de presión y es asegurar el alimento para las infancias y evitar la violencia económica para las mujeres, respondió la legisladora.

Pero si hay sentencia se les hace el descuento automático por parte del empleador y el pago no es de manera voluntaria, se le insistió. “Bueno, es que ahí sería meternos a cuestiones muy muy personales. La ley no puede irse tan específica. La ley termina siendo ambigua y es muy general”, señaló.

¿Y en el caso de ejercer violencia contra las mujeres, eso sí ya queda para siempre el impedimento para participar en procesos electorales?, se preguntó. “Es igual, es con sentencia firme, no con denuncia… seguramente si es una persona que está en sentencia o está yendo a clases de reeducación o está encarcelado. Ahí es más difícil la dinámica que con los morosos. Si hay un candidato o candidata que ya tiene una sentencia de violencia familiar en firme no podría. A menos que ya haya cumplido su pena”, respondió.

Por lo anterior, lo que se puede inferir de los detalles de la ley, los antecedentes no cuentan. Si el moroso ya está pagando voluntariamente o está siendo obligado a pagar, puede participar. Igual es el caso de los que ejercen violencia contra la mujer. Si ya purgaron su condena no estarían impedidos para participar.