La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, evitó profundizar en la polémica con el exgobernador Jaime Bonilla Valdez y aseguró que ya expresó todo lo que tenía que decir sobre el tema, al tiempo que le deseó paz y bienestar.

“Comenté lo que tenía que decir sobre este tema y desearle paz. Que Dios lo bendiga al gobernador Jaime Bonilla”, declaró la mandataria estatal al ser cuestionada por representantes de los medios de comunicación en la conferencia mañanera realizada en Ensenada.

Ávila Olmeda afirmó que, por encima de las diferencias, lo más importante es preservar la unidad al interior de Morena. En ese sentido, hizo referencia a lo expresado por la presidenta nacional del partido y por la presidenta de México.

“Como dijo nuestra presidenta de Morena, Ariadna Montiel, hace unos días, y esta mañana nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum, lo más importante es el movimiento; mantener la unidad del movimiento. Desearle que encuentre paz en su corazón y que dios lo bendiga siempre”, manifestó.

Ayer el Partido del Trabajo emitió un comunicado en el que el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, pidió a la gobernadora dejar de involucrarlo en la polémica que enfrenta sobre la pérdida de su visa y los esfuerzos por recuperarla, plasmados en diversos audios que hacen referencia a presuntas reuniones con agencias estadounidenses; gestiones que Avila Olmeda achacó a recomendaciones de su antecesor.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que ordenó al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) continuar con la investigación en contra de la senadora de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, por presuntos actos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

Durante su vigésima octava sesión pública, los magistrados resolvieron el expediente SG-JG-44/2026, promovido por la legisladora federal, quien impugnó la resolución del tribunal electoral local que había revocado un acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEBC.

Con esta determinación, la Sala Regional dejó firme la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, por lo que el Consejo General del IEEBC deberá continuar con el procedimiento administrativo sancionador, recabar y valorar las pruebas, y emitir una resolución en la que determine si existieron o no infracciones a la legislación electoral.

La denuncia fue presentada por el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Blas Ramos, quien señaló que la difusión de bardas, lonas y publicaciones en redes sociales atribuibles a la senadora podría constituir promoción personalizada y actos anticipados de campaña relacionados con una eventual aspiración a la gubernatura de Baja California en el proceso electoral de 2027. También denunció a Morena por una presunta responsabilidad derivada de la denominada “culpa in vigilando”.

Al resolver el recurso, los magistrados consideraron infundados e inoperantes los agravios expuestos por la senadora, por lo que confirmaron íntegramente la resolución emitida por el tribunal local.

La decisión de la Sala Regional no implica que Julieta Ramírez haya incurrido en alguna infracción electoral, sino que establece que la autoridad administrativa electoral no puede dar por concluido el asunto sin antes realizar una investigación completa y pronunciarse sobre el fondo de la denuncia.

Desde el punto de vista institucional, la resolución reafirma que las decisiones del IEEBC están sujetas al control de legalidad de los tribunales electorales. Si bien el organismo conserva su autonomía para conducir la investigación y resolver el procedimiento, deberá hacerlo conforme a los criterios fijados por las instancias jurisdiccionales y con una debida fundamentación y motivación.

Será el propio Instituto Estatal Electoral de Baja California el que, una vez agotada la investigación, determine si las conductas denunciadas constituyen promoción personalizada, actos anticipados de campaña u otras infracciones previstas en la normativa electoral, o bien si no existen elementos suficientes para sancionar a la legisladora.

El fallo se produce en un contexto de creciente actividad política rumbo a la elección de gobernador de Baja California en 2027, proceso en el que distintos actores han comenzado a ser objeto de denuncias por presuntos actos anticipados de promoción política.

El presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., José Antonio Serratos García, consideró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debería enfrentar el proceso penal que tiene en su contra desde su domicilio y no privado de la libertad, al sostener que existen criterios nacionales e internacionales que respaldan esa posibilidad.

Serratos García señaló que la jueza Alejandra Rodríguez, a quien identificó como la responsable del caso de Ruffo Appel, recientemente permitió que Lino Rodríguez, a quien calificó como militante de Morena y quien enfrentaba un proceso por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada, continuara su procedimiento en libertad desde su domicilio.

En contraste, afirmó que Ruffo Appel permanece privado de la libertad pese a ser un adulto mayor de más de 70 años de edad, situación que, dijo, resulta incongruente con el criterio aplicado en otros casos.

El dirigente de Unidos por Tijuana sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y ordenó al Estado mexicano adecuar su marco constitucional para eliminar esa figura, al considerar que una persona no debe permanecer privada de la libertad mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Afirmó que dicha resolución es obligatoria para México; sin embargo, acusó que el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no han cumplido con la obligación de reformar la Constitución para armonizarla con ese criterio internacional.

Bajo ese contexto, Serratos García argumentó que la jueza que conoce el caso de Ernesto Ruffo Appel está obligada a aplicar los criterios emitidos por la Corte Interamericana y respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que consideró que el exmandatario estatal debería continuar su proceso en prisión domiciliaria.

“Es a todas luces una situación violatoria e indigna, una violación inminente a los derechos humanos. Aquí lo importante es que juzgue la comunidad”, expresó.