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Reportaje

Los Cucapá y el medio ambiente: los grandes olvidados del Río Colorado

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Entre los usuarios del agua del Río Colorado suelen destacarse las ciudades y los valles agrícolas, pero las comunidades originarias y el medio ambiente también recienten la crisis hídrica, cuyos efectos se agravan cada vez más pero no son prioridad para los gobiernos

Por Dianeth Pérez Arreola

Cucapá significa en su propia lengua “pueblo del río” o “gente del agua”. La vida de los Cucapá ha estado conectada desde siempre al delta del Río Colorado, y en la medida que se reduce su caudal, también lo hace su población. “El agua del Colorado es la sangre de nuestras venas” dice Leticia Galaviz, pescadora de una comunidad que se extingue poco a poco.

Según el censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población Cucapá se integra por 349 personas que habitan principalmente en las comunidades Cucapá indígena y El Mayor, en el municipio de Mexicali. Dependen de la pesca y conforme los volúmenes del río Colorado se reducen, enfrentan más problemas para encontrar cuerpos de agua que les permitan sobrevivir.

Por otro lado, el delta del río ha cambiado radicalmente ante la falta de agua. Gracias a los esfuerzos del Sonoran Institute y otras organizaciones ambientales se han podido recuperar varias zonas que se han reforestado y convertido en hogar de castores, aves, conejos, peces e insectos, entre otros.

Gracias al flujo pulso -cantidades de agua dedicadas a restaurar el medio ambiente- se han podido reforestar 350 hectáreas del delta con especies endémicas; áreas donde solo había pino salado ahora son el hogar de variada flora y fauna, como solía ser en los tiempos de abundancia del Río Colorado.

Veda, corrupción y sequía

Leticia Galaviz y su hijo menor limpian los 10 kilos de mojarra negra que pescó el joven ese domingo por la mañana. Es un caluroso mediodía de verano, y provistos con afilados cuchillos, cortan cabezas y colas, descaman y quitan las vísceras que enterrarán más tarde, mientras echan la pesca del día ya limpia al hielo molido.

Existen tres cooperativas pesqueras que agrupan a poco más de 100 integrantes. Los Cucapá pescan mojarra, lisa, bocón y camarón todo el año, mientras que la curvina solo dos meses al año, durante marzo y abril.

Leticia Galaviz, pescadora Cucapá.

Últimamente han encontrado en la captura de aguamala un nuevo mercado que abastece al paladar oriental. Para eso tienen que irse hasta El Zanjón, el área donde desemboca el Colorado y empieza el Golfo de California. Pescan en julio y agosto y venden el producto a ciudadanos chinos locales, lo que les ha dado un respiro en su lucha por la supervivencia.

Nos dirigimos a El Zanjón con Leticia. La zona es una de las rutas de transporte de la droga que llega al Valle de Mexicali desde el Golfo de California y los grupos criminales saben quién entra y sale de esa área.

La rutina de los pescadores es dura: salen a pescar por las noches; al llenarse las pangas van a la comunidad a vaciarlas, regresan y siguen hasta el amanecer. Mientras tanto hombres y mujeres se quedan limpiando el pescado. Eso cuando pescan en los cuerpos de agua cercanos a su comunidad. Cuando van a El Zanjón van en caravana y se quedan allá varios días.

“Llegan las pangas como de las dos a las cinco de la mañana; cerca de las dos de la tarde apenas vamos llegando al campamento, sin comer y sin dormir. Andas llena de tripas, llena de lodo, con un taco en la mano, corriendo”, cuenta Leticia.

La pesca en el Río Hardy es de domingo a martes, porque los miércoles es cuando llega a la comunidad el comprador de Tijuana. Pescar desde el miércoles significaría una fuerte inversión en hielo para mantener el producto fresco una semana.

“Llegamos con el pescado fresquecito donde nos lo compran y de estar en un promedio de 15 pesos por pescado, te lo pagan en la tarde ya a 7 pesos porque llegan primero los ilegales, que a veces ni tienen permiso de pesca ni pertenecen a ninguna cooperativa y que les pagan a las autoridades una mordida para que no los revisen y que hacen que a nosotros nos regateen el pescado”, señala.

Esa comunidad solo tiene permiso para pescar curvina dos meses al año. “Peleamos con el gobierno, les decimos que nos dejen pescar nada más a nosotros, los indígenas. Tenemos pangas que le caben máximo dos toneladas, con motores de 115 caballos y dos redes que no abarcan mucho. Nuestra competencia trae pangas que agarran cinco toneladas y traen cinco kilómetros de redes y así no podemos competir contra el Golfo ni contra San Felipe. Le decimos a las autoridades ‘déjanos pescar nada más a nosotros. La curvina déjala especialmente para nosotros’, pero no. Nos metieron el tope de captura, nos metieron la reserva ecológica donde nos permiten un cierto tonelaje, de 4 toneladas por panga, y no se cubren los costos con ese límite. Queremos prioridad para la pesca de curvina; es territorio de nosotros y saben que la pesca es ancestral”, indica.

Reserva ecológica

El Gobierno quiere hacer una reserva ecológica sin consultarnos, nuestra cooperativa no ha aceptado ese límite, expone la pescadora. Son dos meses de marea en un año, cuando el Golfo y San Felipe tiene permiso de sierra, de camarón, de chano, de curvina, de aguamala, y los Cucapá solo de curvina y aguamala, por lo que no son competencia.

Si nos ponemos a competir, no les hacemos nada, ni a lo ecológico y es lo que el gobierno no nos entiende, apunta Leticia. Le han pedido a las autoridades que les envíen agua del Río Colorado, y supieron que efectivamente lo hicieron, pero que se desvió hacia los humedales. “No llegó al río, no sé qué pasó, trazaron mal la ruta y el agua salió más enfrente de nuestra comunidad. Nunca nos explicaron qué pasó. Llegó al vado Carranza pero no nos llegó”.

Leticia Galaviz en el vado Carranza.

El año pasado citaron a la comunidad Cucapá a una reunión en el Campo Mosqueda, donde les informaron que quieren hacer una reserva ecológica desde donde termina el Río Colorado hasta el Campo Mosqueda, y esto incluye su comunidad. No fueron consultados sobre esta propuesta y no están de acuerdo.

“Si no hay agua ¿a dónde nos quieren mandar?, ¿cómo van a sustituir nuestras áreas de trabajo?, ¿a dónde nos van a limitar a pescar? Les dijimos que no, y que no les íbamos a hacer el trabajo que ellos les corresponde porque preguntaban cosas como ¿para qué ocupas el álamo? Bueno, pues yo lo ocupo para hacer las faldas de corteza, las faldas tradicionales. Con el sauce hacemos trampas para pescar, las canastas. Y luego preguntaban ¿hacia qué dirección vas y cortas leña y de qué árbol? Yo les dije que como indígena uso palofierro, mezquite, pino, lo que se me atraviese por donde yo voy caminando, si yo ocupo leña la voy a agarrar. ¿Entonces no tienes un área fija donde agarres leña? No, porque yo no tengo límites en mi área, es mi tierra”, declara Leticia.

También les preguntaron sobre el uso de las plantas curativas, dónde encontrarlas, y ellos no quisieron responder. “No les íbamos a contestar para ayudarlos a perjudicarnos. Quedaron en que íbamos a tener más reuniones, pero hasta ahora no se han vuelto a hacer. Esta fue en noviembre con el Sonoran Institute y otros organismos y dependencias de gobierno y fue más para informarnos que para preguntarnos”, indica.

La pescadora subraya que no se sienten representados por ningún orden de gobierno; “todo es lo mismo, puras promesas y promesas. Esto no es de ahorita, tiene años y pueden ver los resultados: ninguno”. 

El medio ambiente, el otro gran olvidado

Tomás Rivas, del Sonoran Institute, explica que el proyecto de rehabilitación de laguna grande tiene desde el 2007 y participan el Sonoran Institute, Restauremos el Colorado, Pronatura Noroeste, además de algunas organizaciones en Estados Unidos.

Se trata de recuperar la vegetación y el hábitat que tenía originalmente el río; recuperar la vegetación ribereña y el agua abierta para lograr que lleguen cada vez más especies nativas de aves, de mamíferos, de insectos y de toda la fauna original.

Tomás Rivas, del Sonoran Institute explica las acciones para reforestar el delta del Río Colorado.

“Para la reforestación utilizamos únicamente especies nativas y la especie principal es el mezquite para la zona desértica y para la más cercana al rio usamos álamos y sauces, además de algunas especies más pequeñas como arbustos y pastos complemento de esa vegetación. Entre la fauna más relevante tenemos al castor, tenemos varias familias viviendo en los sitios de restauración, hemos registrado gato montés con crías, coyotes, mapaches y algunos más pequeños como musarañas del desierto, juancitos, y aves rapaces como lechuzas y búhos”, remarca.

En las zonas recuperadas viven especies protegidas tanto en México como en Estados Unidos como el mosquero saucero y el cuco pico amarillo, dos especies de aves.

Las actividades de restauración iniciaron con una iniciativa en el año 2000, donde se analizó qué era posible hacer en la parte mexicana, qué se podía restaurar en la zona del Río Hardy, en la del estuario y esa parte del Río Colorado.

En esa reunión se vio que una pequeña cantidad de agua puede ayudar a recuperar el ambiente y para el 2004 se hicieron las primeras visitas al polígono de Laguna Grande, que era entonces un sitio muy diferente.

“Empezamos a replicar lo que vimos aquí en cuanto a especies y la creación de hábitats. A lo largo de los años hemos ido incrementando el área y las especies de árboles. Tenemos 3 polígonos de concesión aquí en Laguna Grande, son más de 520 hectáreas de área concesionada y de ellas hemos restaurado en este polígono donde estamos unas 100 hectáreas y en total tenemos 350 hectáreas restauradas”, explica.

Flora y fauna

Una de las complicaciones de la sequía es que uno piensa en todos los beneficiarios: la industria, la gente, la agricultura, y siempre se ha olvidado el medio ambiente como un usuario más del agua del río, dice Rivas. Por eso es importante traer agua a estos sitios porque eso implica tener hábitats saludables, más flora y fauna y eso es una zona de protección para especies nativas y de caza.

El principal riesgo es por supuesto perder el agua, pero por ahora la estructura del sistema de riego del Valle de Mexicali permite tener ese recurso en el sitio, indica.

Área reforestada en Laguna Grande con álamos, sauces y otras especies nativas.

Se envió agua a la zona en 2014 con el flujo pulso, y en 2021 y 2022 con los envíos de agua federal a esta zona. La idea es que las comunidades cercanas de apropien de los sitios restaurados para que sean ellos quienes cuiden y protejan esas zonas y procuren mantener y aumentar los volúmenes de agua que reciben.

“Siempre vamos a tener el peligro de perder el agua, siempre estamos en comunicación con otros organismos de este y el otro lado de la frontera y un cambio muy importante fue el envío de agua para el medio ambiente, que esperamos mantener en el futuro”, confía el experto del Sonoran Institute.

La afectación a las comunidades originarias

La pesca es fundamental para la supervivencia de los Cucapá. Rivas señala que parte del plan es tener un área natural a lo largo del río y que hay un proceso para declarar un área como reserva natural, para lo cual se darán a la tarea de identificar las zonas y de ellas ver cuáles están aptas para destinarse a la protección y cuáles para el aprovechamiento sustentable de la pesca.

“No se va a quitar el uso de los recursos que ya se utilizan, simplemente aprovecharlos de manera sustentable. De hecho, nosotros hemos colaborado con apicultores y ahora tienen algunas cajas dentro del área restaurada y el sitio está protegido por guardaparques. Aquí podrían realizarse actividades de pesca deportiva y más abajo podría haber actividades de pesca de consumo. Mientras no haya sobrepesca puede hacerse uso de los recursos de manera responsable y sustentable, sin afectar a ninguna comunidad. La idea es tener agua del río corriendo y que llegue como antes al Golfo de California”, opina.

El Río Hardy, el cuerpo de agua más cercano a la comunidad Cucapá.

Pero ¿a dónde fue el río? Si uno piensa en el río donde es caudaloso se puede imaginar la magnitud de los flujos que venían y llegaban hasta el golfo, relata; hasta parece difícil de imaginar que pasaba por aquí. La responsabilidad por la disminución del flujo es una combinación de factores, y al final la conclusión es que el río no tiene agua para todos los usuarios, y el último en la lista es el medio ambiente, agrega.

“Ahora el río no fluye, pero ves aquí todavía la fuerza del río y lo que es posible hacer aun con esa agua. El río no lo perdimos, aquí está, en espera que le mandemos agua para volver a resurgir y poder fluir hasta el mar. Es como semillita que esperamos ver crecer y ver los efectos que suceden cuando el rio tiene agua”, apunta.

Menos agua y de menor calidad

Alfonso Cortés, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), explica que hemos estado recibiendo junto con esta menor cantidad de agua, también menor calidad, por la salinidad del Río Colorado. “Una vez que recibimos el agua en México, va a los diferentes usos: el 70 Por ciento va a la agricultura, el resto va a las ciudades y a la industria. Se utiliza en las ciudades y después hay descargas, a las cuales hemos tenido problemas para darles un tratamiento integral y completo y aprovecharla”, opina.

Esa menor calidad se refleja en el sector agrícola, donde los cultivos se ven afectados por el incremento de la salinidad; la sal hace que los cultivos tengan un rendimiento disminuido, de ese punto de vista los suelos y las plantas se ve afectados, dice. Respecto a las ciudades, subraya que necesitamos mayor infraestructura, mayor inversión para poder limpiar esos mayores volúmenes de agua que están demandando diferentes sectores.

Estamos al final de la cuenca del Río Colorado; de hecho el Valle de Mexicali no es un valle, es geofísicamente hablando, una planicie costera de inundación; una zona deltaica. Está al final del camino del agua que nace en las montañas rocallosas, a más de 2 mil 300 kilómetros, así que naturalmente se va incrementando la salinidad de manera natural, explica.

Cultivo de algodón en el Valle de Mexicali.

“Nosotros recibimos la calidad más baja y el problema es histórico. En el Valle de Mexicali hay una ruta de la sal, porque ahí se asientan las sales del Río Colorado y tenemos una disminución de la productividad”, comenta.

Para contrarrestar esto, se dispone de una red de drenaje a cielo abierto, donde se descargan las aguas que se utilizan después del riego y esas sirven para eliminar las sales en una medida, y también los volúmenes de que no se ocupan en la agricultura, algo que deberíamos estar aprovechando en estos tiempos, aconseja. A esa agua debería de dársele un retorno para poder enfrentar la escasez de agua limpia.

En el tratado se establece una norma; el acta 242 del CILA establece el nivel de calidad que se debe entregar a México, que por cierto, siempre es de menor calidad a la que se tiene en Estados Unidos: 121 partes por millón.

Esos niveles están establecidos desde que se firmó el acta 242 en 1973. Hasta recientemente se incorporó el tema de la salinidad en las recientes actas; la 319 en 2012 y la 323 que es la que está vigente. Ahí se menciona que se van a mejorar los sistemas de monitoreo. El sistema actual considera promedios pero la sal no se mueve así, entra diariamente y están tratando de implementar un sistema de monitoreo que considere de menor manera las fluctuaciones de la sal.

Para poder cumplir con los estándares de salinidad hay un sistema de monitoreo binacional. Las instancias que tienen que ver con las entregas de volúmenes de agua en términos de cantidad y de calidad, es del lado mexicano el CILA y en el lado americano IBWC (International Boundary and Water Commission).

Uno de los tantos canales en el Valle de Mexicali, que forman una red de 2 mil 500 kilómetros.

¿Recibimos la cantidad justa de agua?

Las entregas de agua que hace Estados Unidos a México parten de un tratado binacional de aguas internacionales que incluye 3 grandes corrientes: el rio Colorado con 1,850 millones de metros cúbicos, en el Río Bravo no recibimos, entregamos 2,200 millones de metros cúbicos en un lapso de cinco años, y en el Río Tijuana, entregamos volúmenes que se miden con aguas residuales. Hablar de justicia es entonces muy relativo, expresa el investigador del COLEF.

Recibimos aproximadamente el 9.1 por ciento del flujo promedio del rio Colorado, que es 15 millones de acres pies o 18 mil millones de metros cúbicos al año. Es un volumen que guarda proporcionalidad de población, tamaño de la región y aportación a la cuenca. Cortés apunta que no aportamos nada; somos receptores netos.

Ese volumen de 1,850 millones de metros cúbicos por año no se está entregando porque el acta 323 que se firmó en el 2017 establece ciertos niveles de recorte, y estos niveles de reducción dependen de las condiciones de la presa Hoover, explica.

Alfonso Cortés, investigador del COLEF.

“En el 2021, 2022 y 2023 hemos tenido recortes consecutivos de diferente orden: en el 21 fue por concepto de ahorro, se supone que después regresará a nosotros, ¿cuándo? Tal vez nunca. Fueron 51 millones de metros cúbicos. En el 2022 fueron dos conceptos: ahorro más reducciones obligatorias y sumaron 99 millones de metros cúbicos. Este año está corriendo un volumen de 128 millones de metros cúbicos, sumando ahorros y reducciones, así que ya no recibimos los 1,850 millones de metros cúbicos”, precisa.

Esa cantidad, 128 millones de metros cúbicos, es 1.3 veces el consumo total de toda el agua de la ciudad de Mexicali. Comparativamente en la actividad agrícola, es el agua que sirve para regar 13 mil hectáreas. Es un volumen importante, que muy probablemente cambie porque las condiciones de la disponibilidad de agua a nivel de cuenca siguen una tendencia negativa. Las condiciones de la demanda del agua siguen al alza. “Yo estimo que si hablamos de justicia, va a ser todavía más injusto muy pronto porque va a a haber recortes adicionales el año que entra y se verán limitadas las diferentes actividades productivas, no solamente la agricultura”, asegura.

Cuando se habla de reducciones y recortes, no se recorta el uso urbano del agua de ninguna ciudad, sino el de la agricultura. Pero si hay excedentes de operación y una vez que hacen todas las actividades de riego y se rescatan ciertos volúmenes, el recurso se va a Tijuana. Al haber una reducción, habrá un impacto directo en la disponibilidad de agua en la zona costa. En papel no, en la práctica sí, vaticina.

Un tercer recorte de los volumenes de agua que México recibe de Estados Unidos se anunció en agosto de este año.

Opciones

Hace tres años los agricultores no tenían recortes. Ni ellos ni la zona costa pensaban que se les podía reducir el agua que recibían del Río Colorado. “Eso lo ven como algo injusto para su desarrollo. Yo no lo veo así desde el punto de vista de una relación bilateral porque también del lado americano ha habido recortes importantes; todos están teniendo recortes y éstos seguirán”, indica Cortés.

Cuando hablamos de escasez es muy importante pensar en donde utilizamos el agua y si es pertinente usar esa agua escasa en cultivos altamente consumidores de agua, como los cultivos que sirven para alimentar a la ganadería, ya sea de carne o de leche, relata.

Este año se sembraron cerca de 40 mil hectáreas de alfalfa y ese es un cultivo muy demandante de agua; usan una lámina de agua de cerca de dos metros de profundidad que si lo multiplicas por la superficie nos dan un volumen muy alto. Yo soy ingeniero agrónomo, dice Cortés; “hay cultivos que pueden utilizar mucha menos agua y que sirven para alimentar al ganado, como el trébol alejandrino o el ramio, que pudieran ir sustituyendo paulatinamente a la alfalfa para reducir el consumo de agua a la mitad”.

Si decidimos no cambiar la alfalfa, lo que podemos hacer es cambiar las técnicas para regar, sugiere; hay estudios probados que muestran que podemos reducir el consumo de agua en un 50 por ciento, entre consumo y optimización del recurso. El investigador del COLEF remarca que para cambiar los cultivos se requieren tres tipos de incentivos: de carácter regulatorio, gubernamentales y de mercado.

Hay muchas formas de que se puede tratar de reducir el consumo, pero hay que enfocarse en las que más impacto tienen. El consumo de las ciudades comparado con la agricultura es mínimo, pero aun así tenemos que ahorrar agua en las ciudades.

“El consumo per cápita en las ciudades está por arriba del estándar internacional, por ejemplo, en Mexicali con un 50 por ciento arriba, y en Tijuana también, y todos los días está demandando agua de Mexicali. Si tenemos que hacer acciones para reducir el consumo en las ciudades, pero yo primero pondría en la lista de prioridades tratar de buscar la reducción del consumo donde más se utiliza el agua, que es en la agricultura. Y de ahí, en el cultivo que más consume agua, que es la alfalfa”, opina.

“De ahí me iría a buscar utilizar de mejor manera el agua que se distribuye en el Valle de Mexicali a través de más de 2 mil 500 kilómetros de canales; es la distancia de aquí a la Ciudad de México: ese es el tamaño de la red de distribución del valle. Tenemos muchas oportunidades para optimizar el agua en esos canales y no estoy diciendo que en todos, porque necesitamos dejar que el agua se infiltre para que se recargue el acuífero”, expresa.

Un uso más eficiente del agua en el Valle de Mexicali traería ahorros significativos de ese recurso.

Si hacemos eso, asegura, tendríamos rescate de volúmenes importantes del orden de los 70 millones de metros cúbicos una vez que se establezcan los proyectos, y esa cantidad es el doble de lo que Tijuana nos demanda cada año como agua faltante.

En Mexicali habría que limitarnos a 160 litros por habitante por día, que es el estándar, no 240 litros como sucede actualmente. En Tijuana gastan 165 litros por habitante por día, cuando el estándar son 105 litros.

“Es importante priorizar las alternativas y ahí nos estamos equivocando. No me parece que las plantas desalinizadoras sean la alternativa última y única en Baja California. Es una alternativa muy cara, muy costosa ambientalmente porque es muy contaminante y que además no nos ayudaría en el largo plazo a detener esta sequía que viene. Es mejor el agua residual tratada, por ejemplo. Cuatro veces más económica y no la estamos aprovechando”, destaca.

Solo le damos una sola vuelta. La limpiamos y la mandamos al mar, es lo peor que hacemos en México. La limpiamos para mandarla al mar y luego queremos una desalinizadora, es un contrasentido, dice.

El investigador del COLEF declara que esta situación crítica del agua va a continuar, pues los datos indican que hay una tendencia de sequía de largo plazo. Puede haber recuperaciones en algunos años, pero el largo plazo obliga a cambiar prácticamente todo el manejo del agua.

La crisis del Río Colorado empezó hace más de 20 años y es una señal de alerta. Tendríamos que haber empezado a hablar de medidas en ese entonces y no ahora, subraya. Ahora viene la crisis más complicada hay que empezar a trabajar a un ritmo más acelerado con las alternativas que tenemos.

La cuenca del Río Colorado está ubicada en una región ya no de sequía prolongada, sino de mega sequía. Recalca que tenemos sequías más frecuentes, más prolongadas y más intensas. “Esta experiencia deberá servir para que en las otras regiones se lleven a cabo medidas de este tipo. Hay 184 cuencas transfronterizas en donde tenemos que hablar entre países para ponernos de acuerdo; es un laboratorio excelente para aprovechar el conocimiento y las experiencias de corto plazo”.

La cuenca del Río Colorado está ubicada en una región de mega sequía y urgen acciones preventivas.

Agua y comunidades originarias

En toda esta problemática, ¿cómo incorporamos a los grupos originarios y al medio ambiente, que son los usuarios olvidados del Río Colorado?.

“Me parece que esta crisis es la oportunidad para incorporar a esos grupos y rescatar todo ese conocimiento y saberes milenarios que tienen para manejar el suelo, las plantas y el agua. Ellos son los verdaderos expertos. Sabían gestionar la abundancia y la escasez porque la vivieron muchas veces y nosotros los de la era moderna, los del “mundo civilizado” no sabemos aprovechar esas experiencias”, externa Cortés.

Es el momento y la oportunidad para incorporarlos como parte de mecanismos de participación ciudadana en donde estén presentes. Aquí en Baja California hay una contraloría ciudadana del agua y ahí participan algunos miembros de la comunidad Cucapá, relata.

Ellos son importantes para mantener el valor cultural de la región, dice. “Para mi ellos son mucho más importantes que el medio ambiente, que apenas se acaba de incorporar en el acta 319, la más reciente de la CILA y ahí se estipula un componente de flujo ambiental, pero hay que hacer mucho más por estos dos usuarios olvidados”.

Estoy de acuerdo que haya flujo ecológico, pero no estoy de acuerdo en la forma como se está haciendo, opina Cortés. “En otros ríos del mundo que están en la zona deltaica se habla de proporciones que se dejan fluir por parte de cada usuario, pero aquí es un mecanismo muy raro; aquí es un mecanismo de compra de derechos de agua para ponerlo de flujo ecológico donde no están las comunidades de pueblos originarios. Están totalmente excluidos, se tienen que incorporar a esos flujos pero también a los otros, a los productivos. Me parece que eso sí es bastante injusto. Lo digo fuerte: es muy injusto lo que le está pasando a estos grupos, excluidos totalmente de su medio ambiente en el que ellos vivían y excluidos de un medio desarrollo económico saludable para sus familias”.

Resistir para existir

Tenemos que resistir para existir, subraya Leticia, la pescadora Cucapá. El río es nuestra madre, dice, como femenino es también el poder de la comunidad, pues los permisos de pesca y las representaciones de los Cucapá recaen en las mujeres. “Esto es un matriarcado y las mujeres lucharemos hasta el final por la supervivencia de los nuestros”, manifiesta.

A mediados de agosto se anunció un recorte de las asignaciones de agua del Río Colorado a los usuarios de Estados Unidos y México; el tercero desde que se firmó el tratado de 1944. Una medida cuyos efectos se calculan y analizan para los usuarios urbanos de Mexicali, la agricultura y la zona costa, pero no para los olvidados del Río Colorado.

Corrupción

Despojan a mujer de su propiedad en el Valle con contubernio de autoridades

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El 17 de marzo pasado, Gabriela López Cital tuvo una llamada desde un número de teléfono de Estados Unidos con una mujer que se ostentó como la propietaria de un predio en el Valle de Mexicali que está en posesión de la familia de Gabriela desde hace cuatro generaciones.

Acordaron verse en un lugar y llevar cada una los documentos que las amparan como propietarias del mismo terreno, ubicado en la colonia Colorado Cinco, delegación Cerro Prieto, de 10 hectáreas de superficie.

Gabriela consultó con su abogada, quien le recomendó no ir y no mostrar el documento que la respalda como auténtica propietaria del predio a nadie que no sea la autoridad.

Las diez hectáreas fueron otorgadas al padre de su suegro, tras el movimiento del asalto a las tierras. Con el paso del tiempo, la familia fue permitiendo que diversas familias se asentaran en una parte del predio. Al quedar viuda, Gabriela decidió actualizar la propiedad para lotificarla y quedó asentada en un documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) una superficie de 7.5 hectáreas para no afectar a las familias. En ese predio tenía una casa rodante donde a veces pernoctaba.

Celia del Carmen Astudillo Oropeza.

El 20 de marzo a Gabriela se le deja venir un vehículo salir de su propiedad, y su auto queda parcialmente fuera del predio. La aborda la mujer de la llamada telefónica, Celia del Carmen Astudillo Oropeza, alias Carmen Oropeza Hernández, alias Carmen Oropeza viuda de Astudillo, alias Celia Astudillo Oropeza, alias María del Carmen Oropeza Hernández.

Esta mujer tiene más de 90 denuncias, muchas por fraude. Una parte de ellas aparecen en el viejo sistema, y muchas las ha zanjado con reparación del daño, de acuerdo con información de fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado.

También la increpa por la ventanilla un hombre encapuchado, identificado como José Ángel Soto Cuevas y otro sujeto, quienes le piden irse del predio con palabras y gestos amenazantes. Para su alivio, ve acercarse una patrulla de la Policía Municipal, pero el agente al acercarse le pide lo mismo que la mujer y los dos hombres: que abandone su propiedad.

José Ángel Soto Cuevas.

Ella contesta que no se irá y da reversa a su auto, para regresar a su casa rodante. El hombre encapuchado llama a la Fiscalía General del Estado (FGE) y llegan dos unidades, un pick up y un auto pequeño, que tienen los logos de la corporación, los cuales permanecen horas afuera del predio, junto con el hombre encapuchado como una manera de intimidar a Gabriela, pues los agentes no buscan hacer contacto con ella. Llama al 911 y no llega nadie.  La abogada llega a la comandancia del ejido Michoacán de Ocampo para convencer a la policía que la acompañe al predio, para hacer frente al asedio que sufre Gabriela.

El agente de la FGE que iba en el pick up, quien permanece con el rostro cubierto, le dice al policía municipal que es Ministerio Público del área de Patrimoniales, pero no quiso identificarse ante Gabriela y su abogada. El policía que levantó el reporte, tampoco quiso proporcionárselos.

Eso sucedió como a las tres de la tarde, y las unidades de la FGE se fueron cerca de las ocho de la noche. Interponen una primera denuncia contra Celia del Carmen por ataque peligroso al día siguiente, el 21 de marzo (NUC 0202-2025-07155).

Pick up que usa Celia del Carmen Astudillo Oropeza.

De esta mujer saben que tiene domicilio en Estados Unidos, y para sus asuntos legales da una dirección de la colonia Santa Rosalía, en Mexicali. Se ostenta como abogada y sus empleados se refieren a ella como “la licenciada”, sin embargo, no aparece cédula profesional alguna a su nombre o alguno de sus múltiples alias.

Gabriela manda a hacer varias lonas que coloca en el perímetro de su terreno, para decir que es propiedad privada. El 26 de marzo se encontraban tres trabajadores de Gabriela haciendo un cerco cuando se aproximan dos patrullas de la Policía Municipal. Esposan y suben a dos de ellos mientras el tercero toma video de los hechos con su teléfono desde lejos.

En eso llega una grúa, y enfrente de los agentes -aprovechando la ausencia de Gabriela-, engancha la casa rodante y se la lleva. Para llevarse un vehículo de esas dimensiones se necesita una grúa especial, así que la acción ya estaba planeada, y se ejecuta frente a la policía sin que medie documento alguno que avale esa medida y sin que intervengan.

La patrulla donde se llevan a los dos trabajadores se dirige a la carretera a San Felipe. Se estacionan por cuatro horas junto a un retén de la Guardia Nacional. Los hombres son mantenidos incomunicados y sin información del motivo de su detención o su destino inmediato.

Finalmente, los llevan a la comandancia de la colonia Robledo, donde los dejan esposados a una banca, y un agente les dice que hablará con el juez calificador.  Cuando éste regresa les dice que ya se pueden ir porque no fue nadie a ratificar la denuncia. Nunca los presentan ante el juez.

Al día siguiente, el 27 de marzo, Gabriela y su abogada interponen una segunda denuncia (NUC 0202-2025-07861), ahora por robo calificado, y la amplían el dos de abril con los testimonios de los trabajadores, fotos y videos de los hechos.

La propia fiscalía les recomienda que interpongan otra denuncia por amenazas, lo cual hacen el 4 de abril, para asegurar que se le otorguen medidas de protección a Gabriela. Se las otorgan, pero no se han cumplido.

A los pocos días encuentran la casa rodante vandalizada, con la cerradura violada y las llantas destrozadas. Tras hacer las costosas reparaciones, la regresan al predio.

Gabriela pide a sus trabajadores que hagan una zanja para que no puedan volver a cruzar vehículos. En una de las idas al predio, le cuenta un vecino que fue Lino Amelio, junto con el hombre encapuchado, de nombre José Ángel Soto Cuevas y un tercero, en una camioneta negra de lujo, a preguntar quién había hecho la zanja.

De la camioneta desciende Lino Marcel Amelio Vila. Es el dirigente del Sindicato de Transportes Leonardo Rodríguez Alcaine, organización integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que a nivel nacional lidera el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.

El vecino les dice a los hombres que Gabriela le pagó para hacer la zanja. Los hombres lo amenazan y le advierten que para el siguiente día debe tapar la zanja porque van a regresar.

El vecino lo hace, pero le cuenta a Gabriela. Se pasa todo el día siguiente en su predio, pero no pasa nada. El día posterior aprovechando que no hay nadie, vuelve y sacan la casa rodante otra vez.

La encuentran abandonada como a un kilómetro, pero antes de llevársela, la abogada pide a la FGE que vaya al sitio para que incorpore esa prueba al expediente.

Desde entonces, a plena luz del día y con un ejército de trabajadores, levantaron un cerco con materiales de primera calidad, metieron al terreno una oficina móvil, y dejaron ahí a dos hombres.

El patrimonio de Gabriela está en otras manos sin que su contraparte haya podido acreditar ser la legítima dueña del predio, con acciones ilegales como sacar la casa rodante en las narices de la policía, ocupando el predio ilegalmente y cercándolo sin su consentimiento.

Historial de llamadas que ha hecho la víctima y sus trabajadores al 911.

Las sospechas de Gabriela y su abogada, es que Celia es solo la cara visible de una organización con una maquinaria muy bien aceitada para llevar a cabo despojos en el Valle de Mexicali. Han sabido de otros casos similares y tienen la esperanza de que una vez difundido el caso, aparezcan más víctimas de estos u otros estafadores. Refieren el caso de un acaudalado agricultor, a quien el crimen organizado no solo lo despojó de un gran predio en Islas Agrarias, también levantó y vendió la cosecha que había en el lugar.

Celia del Carmen y José Ángel Soto Cuevas tienen entre sus contactos de redes sociales a pastores, ministros y diversas páginas y centros de culto cristianos. La abogada incluso recibió una invitación de la acusada para que acudiera a un evento de su congregación.

Por su parte, José Ángel Soto Cuevas se dice empleado de “la licenciada” pero actúa como mano derecha de Lino Amelio. A su vez, el líder sindical del Catem señaló ser solo el representante de los trabajadores de la obra en desarrollo. “No es asunto nuestro quien sea el dueño solo ejecutamos la obra por contrato con nuestro sindicato. El contratista utiliza maquinaria y camiones del sindicato para ejecutar la terracería”, comentó.

Al referirle que efectuaban obras para alguien que no puede acreditar la legítima propiedad del predio, y que su presencia en el lugar está asentada como parte de una denuncia, declaró que solo ha hablado con el contratista que solicitó los camiones y la maquinaria, que solo tienen interés en la “ejecución y tiempo de entrega de las calles” y que seguramente el vecino lo confunde con alguien más.

Junto a la extraña participación de Lino Amelio, dirigente del Catem, hay rumores de que ese sindicato se dedica a invadir terrenos y Gabriela apunta a Patricia Sosa, secretaria General de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California, y titular de comunicación social de Catem a nivel nacional,de quien hay rumores que invade terrenos ayudada por la fuerza sindical.

A Celia del Carmen Astudillo Oropeza le aparecen cuatro propiedades en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Todos de 2024 y todos en la colonia Cerro Prieto II. El primero es por casi un millón y medio registrado en marzo; el segundo por 503 mil pesos; el tercero por 125 mil pesos; y otro por 2 millones 220 mil pesos. Estos tres últimos el mismo día: 11 de abril.

Todos estos registros de compra-venta han sido con el notario número 10, Tobías Duarte, quien es vicepresidente del Colegio de Notarios de Baja California, fue secretario del Ayuntamiento en la administración de Francisco “Panchito” Pérez Tejada y poseedor de un valioso capital inmobiliario.

Maribel Avilés Osuna, en su carácter de apoderada legal del XXI Ayuntamiento, presentó una denuncia en 2021 donde se involucra a Duarte en compras irregulares de terrenos por parte de su esposa, Romina Castellanos García.

La impotencia de Gabriela y su abogada ante el despojo sufrido, es evidente. Hablan con tristeza y coraje de lo acontecido, de la protección a los responsables, de la falta de cumplimiento de las medidas de protección que le dieron, pero que no están cumpliendo.

La víctima de robo, amenazas y despojo subraya lo rápida que puede ser la justicia cuando se trata de personajes políticos, y lo vacío que resulta el mensaje del gobierno estatal cuando se trata de la protección de las mujeres. “Este es el cobro de piso que estamos pagando muchos en el valle”, concluye.

Los señalados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

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Corrupción

Simulan competencia y los favorece INIFE

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La empresa Península Doce, de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, es una de las favoritas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE).

De 17 contratos del 2021 al 2024 que le aparecen a la empresa en el Portal Nacional de Transparencia, 12 son con el INIFE, 3 con la Secretaría del Bienestar y 2 con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

De los doce contratos con INIFE, solo uno fue ganado por licitación pública; la rehabilitación de un módulo sanitario para una secundaria. El resto fueron 6 por adjudicación directa y 10 por invitación a cuando menos 3 personas.

Península Doce está registrada, según datos de la Secretaría de Economía, a nombre de Kenya León Meza, en 2019. Ella es esposa de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, y hermana de Mónica León Meza. Los tres participan en las invitaciones y licitaciones como personas físicas y como Península Doce.

La empresa y Mónica León Meza comparten el mismo domicilio fiscal, una casa habitación en la colonia ex ejido Coahuila, que aparece en los documentos oficiales como si estuviera en la colonia Maestros Federales.

Se solicitó vía el portal de transparencia información sobre contratos con INIFE a nombre de Península Doce, Kenya León Meza, Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez y Mónica León Meza del 2020 al 2024. Aparecen 31contratos que suman más de 70 millones de pesos; 6 por adjudicación directa, 9 por licitación y 16 por invitación.

Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron, todo aparentemente bajo la protección de Javier Urbalejo Cinco, quien actualmente aparece en el directorio de SIDURT como Subsecretario de Planeación, Inversión Sectorial y Control Obra, y fue titular de INIFE al inicio de la administración de Avila Olmeda.

Una de las escuelas donde hizo obra península Doce, en Mexicali.

En entrevista, Joaquín Armando Vale Ríos, actual titular del INIFE, manifestó que la Ley de Obras Públicas tanto del estado como la federal permite hacer invitaciones o adjudicaciones directas.

“En este caso nosotros nos estamos apegando a la ley de obras del estado, más que nada el tema es el tiempo que lleva realizar una licitación. La mayoría de las obras que tenemos en INIFE o que la Secretaría de Educación nos adjudica a nosotros para ejecutar, pues siempre tienen el factor del tiempo, la premura, la necesidad en las escuelas y esto hace que busquemos nosotros el método más rápido de contratación para atender esa necesidad que se requiera en una escuela y atenderla lo antes posible”, indicó.

Eso implica muchas veces tener un plantel cerrado, que los niños no tengan clases, entonces nos lleva a nosotros como instituto ejecutor, a buscar esa ruta y utilizar ese mecanismo que da la ley; al final de cuentas existe por una razón, señaló.

Cuestionado sobre la diferencia de tiempo entre una licitación y los otros esquemas de invitación y adjudicación directa, Vale Ríos explicó que en un tiempo óptimo una licitación pública sin ningún contratiempo puede llevar un mes hasta la contratación. En cambio, una invitación solo puede llevar de 15 a 20 días como máximo, y la adjudicación directa, una semana.

Joaquín Armando Vale Ríos, titular del INIFE BC.

Agregó que en una licitación pública puede haber muchos factores que extiendan el proceso, muchas veces entran más participantes, desconocen los temas de infraestructura educativa, necesitan más información, etc.

Si se declara desierta hay que volver a empezar, entonces si duraba un mes, se amplía a otro mes. Muchas veces por solicitud de la Secretaría de Educación hacemos estos procedimientos y nos solicitan en carácter de urgente iniciar trabajos, dijo. “No podemos iniciar un trabajo hasta que no tengamos un contrato, y esto nos lleva a irnos por este tipo de procedimientos”, añadió.

Al titular del INIFE se le preguntó si existía una revisión exhaustiva de las empresas participantes, ya que Península Doce, Kenya y Mónica León Meza, y Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, son la misma empresa simulando competencia.

“Nosotros decidimos a qué empresas vamos a invitar a participar, son empresas con un antecedente previo en INIFE, que han tenido buenos tiempos de entrega, o trabajos bien cumplidos. Se trata de invitar a empresas en las que el instituto ya tiene una experiencia previa con ellos”, opinó.

Sobre la competencia simulada, declaró que “Sí lo revisamos, tan así, que en los mismos procedimientos no pueden participar dos empresas que pertenezcan a una misma persona… necesitaría revisar a fondo pero la misma ley no nos permite contratar en ese esquema”.

Aceptó que no se hace un análisis detallado pero que en los requisitos de la ley se establece que la empresa debe tener un registro en el padrón de contratistas que emite la SIDURT, que se actualiza año con año.

Acerca de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior del Estado a las obras de Península Doce, remarcó que “Ellos de antemano ya revisaron toda esa parte y ya otorgaron el registro del padrón de contratistas porque la empresa a la fecha en que se aprobó el registro se podría decir que no tiene ninguna observación. También se da el caso que hay muchas observaciones a las empresas por parte de los órganos fiscalizadores, pero son observaciones que se van solventando. Muchas veces hay observaciones dentro de contratos de algunas empresas que no son por causas imputables al contratista, sino errores o situaciones que el mismo proceso traía, que no estaba contemplado de origen”.

Península Doce construyó unos módulos sanitarios por más de 13 millones de pesos en el estadio de beisbol previo a la Serie del Caribe, donde al menos el primer día del evento no tenían agua y cobraron 10 pesos por su uso.

Los sanitarios del estadio de beisbol Nido de los Águilas.
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Estatal

Irregular contratación de pantallas publicitarias sin permisos de operación

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En el concentrado de contratos publicitarios del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al 2024, hay contratos con tres denominaciones diferentes pero relacionados con la misma empresa de pantallas electrónicas; es Maya Publicidad, que suma 2 millones 257 mil 285 pesos en total.

Firman los contratos Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque. Ésta última, aparece como secretaria técnica en un documento de la administración municipal del panista Gustavo Sánchez.

A Maya Publicidad la representa la empresa IBRS Consultores, y uno de los empleados es Jesús Daniel Orona Gastélum, quien es el director jurídico de la Dirección de Administración Urbana (DAU), que encabeza Daniel Valenzuela.

Uno de los socios fundadores de la empresa consultora es Víctor Francisco Ibarra Peralta, a quien le da ventaja que uno de los integrantes de su empresa, sea el director jurídico de la DAU.

Fue su subalterno en la administración de Gustavo Sánchez:

Cabe destacar que información de una fuente confiable dentro de la administración municipal, señaló que las pantallas electrónicas de Maya Publicidad no cuentan con el correspondiente permiso del Ayuntamiento, lo que parece no importar a la hora de otorgar los contratos de publicidad.

Orona Gastélum hace negocios como juez y parte dentro del XXV Ayuntamiento de Mexicali, y se ve muy seguido a Víctor Francisco Ibarra Peralta haciendo antesala para ver a su empleado y funcionario municipal.

Por lo que toca a las personas que firman los contratos, hay pocas pistas en internet de la trayectoria de Mario Alberto. Sobre ella, aparte de su trabajo en el XXII Ayuntamiento de Mexicali, en el Registro Nacional de Profesionistas se encontró una cédula expedida en el 2010 que acredita una licenciatura en Negocios Internacionales en el Cetys.

Se encontró en el Registro Público de la Propiedad un inmueble que adquirieron Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque en el año 2022, en el fraccionamiento Viñedos del Mar, en Ensenada, con valor de 3 millones 300 mil pesos.

Imagen tomada del sitio vinedosdelmar.com.mx

Ese es el único inmueble donde aparece el nombre de Mario Alberto Lares Solís, pero con el nombre de Yamile Baduy Lamarque hay varias propiedades: un lote rústico en Tecate, un inmueble de más de 6 millones en el fraccionamiento El descanso II en Rosarito adquirido en el 2023 y otro par de propiedades en Mexicali: uno por donación de su madre y otro adquirido junto con dos de sus hermanas.

Maya Publicidad inició en el 2015, según el perfil de la empresa en la red LinkedIn, la cual registra solo dos empleados. No hay evidencia de que Baduy y Lares sean prestanombres, pero es una posibilidad.

Los contratos de Maya Publicidad con el Ayuntamiento se remontan a 2020, el primer año completo de la ahora gobernadora Marina del Pilar Avilar Olmeda al frente de la administración municipal. Antes de ese año los registros aparecen vacíos.

Estas son algunas de las pantallas de Maya Publicidad que carecen de permisos:

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