COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Durante años nos dijeron que el dinero del narcotráfico buscaba comprar alcaldes, gobernadores, diputados, campañas y partidos políticos. Nada nuevo. El crimen organizado siempre entendió que una elección cuesta mucho menos que una guerra. Si puedes comprar un gobierno, ¿para qué conquistarlo a balazos?

Pero el documento dado a conocer recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos introduce un ingrediente mucho más incómodo. Uno que, curiosamente, ha pasado casi desapercibido entre analistas, comentaristas y hasta entre los propios medios de comunicación.

No habla solamente de campañas políticas. Habla también de “medios de comunicación”. Y ahí el silencio dejó de ser casual para convertirse en sospechoso.

Porque una cosa es aceptar que el dinero ilegal financie candidatos. Eso ya forma parte del imaginario colectivo mexicano. Pero otra muy distinta es admitir que ese mismo dinero pudiera haber servido para comprar líneas editoriales, fabricar reputaciones, destruir adversarios, ocultar investigaciones o construir realidades paralelas.

Si el dinero del huachicol fiscal terminaba en campañas políticas, el objetivo era ganar elecciones.

Pero si también llegaba a medios de comunicación, entonces el objetivo era ganar algo todavía más valioso: la narrativa.

Y quien controla la narrativa casi siempre termina controlando la percepción pública.
De pronto muchas piezas comienzan a acomodarse.
¿Por qué ciertos personajes parecían inmunes al escrutinio periodístico?
¿Por qué algunos escándalos morían antes de nacer?
¿Por qué había medios donde determinadas investigaciones simplemente no existían?
¿Por qué algunos periodistas parecían ejercer más como jefes de prensa que como reporteros?
Y, sobre todo, ¿de dónde salía el dinero para sostener verdaderos aparatos de propaganda disfrazados de periodismo?
Porque mantener campañas permanentes de publicidad política cuesta millones.
Las entrevistas complacientes cuestan.
Los espacios “informativos” disfrazados de noticias cuestan.
Los portales que viven para aplaudir también cuestan.
Hasta las tendencias artificiales en redes sociales tienen tarifa.

Y ni hablar de las encuestas. Esas que misteriosamente siempre colocan arriba al cliente que las paga y abajo al adversario que las cuestiona. Esas mediciones que aparecen justo cuando alguien necesita justificar una candidatura, legitimar una decisión política o convencer a la opinión pública de que un personaje es inevitable.

Tal vez algún día también sepamos quién financiaba esas encuestas tan generosas con unos y tan despiadadas con otros.

Porque hacer demoscopia “cuchareada” tampoco resulta barato.

El documento estadounidense no menciona nombres de medios. Todavía. Pero tampoco deja demasiado espacio para la imaginación cuando afirma que recursos provenientes de estas estructuras criminales podían utilizarse para beneficiar a políticos corruptos mediante pagos dirigidos a campañas y medios de comunicación.

La diferencia entre un partido político y un medio debería ser sencilla. El primero busca conquistar el poder. El segundo debería vigilarlo. Cuando ambos terminan alimentándose de la misma bolsa, la democracia deja de tener contrapesos y empieza a parecer un negocio de accionistas.

Quizá por eso el tema ha recibido tan poca atención. Resulta mucho más cómodo discutir qué político recibió dinero que preguntarse qué empresa periodística pudo haber cobrado por callar. Porque si algún día esos nombres salen a la luz, habrá quienes descubran que nunca fueron periodistas independientes. Simplemente estaban en nómina.

Y entonces entenderemos que, en México, no sólo se compraban elecciones. También se rentaba el silencio.

El hilo más delgado de la 4T

En política, el respaldo dura hasta que empieza a costar demasiado. Y Marina del Pilar Ávila parece haber llegado a esa zona incómoda donde ya no basta con una foto, una defensa tibia o un “no hay delito que perseguir”.

Primero, desde Palacio Nacional dijeron que no había información sensible comprometida en los audios. Después, cuando aparecieron más grabaciones y la palabra Panamá entró al guion, la presidenta Claudia Sheinbaum fue más clara: Marina tenía que explicar. Además, dijo que no había hablado con ella.

Para el lenguaje político, eso no es un abrazo. Es el equivalente institucional de dejar a alguien en visto.

No significa que Sheinbaum haya decidido romper con la gobernadora. Tampoco hay prueba de que exista una orden para sacrificarla. Pero sí muestra algo evidente: Marina dejó de ser un problema local y se convirtió en un asunto que incomoda al gobierno federal, justo cuando México necesita hablar con Estados Unidos sin que cada conversación parezca episodio de una serie de espionaje mal actuada.

Porque el problema no es sólo lo que se escucha en los audios. El problema es lo que proyectan: una gobernadora preocupada por su visa, supuestos cargos y contactos con agencias estadounidenses. Y mientras Morena intenta sostener un discurso de soberanía, Baja California ofrece una escena donde la palabra “FBI” aparece más veces de las que cualquier oficina de comunicación quisiera escuchar.

En ese contexto, la judicialización del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel llegó con una difusión oficial tan amplia que inevitablemente alimentó sospechas. La Fiscalía debe investigar y, si tiene pruebas, llevar el caso hasta donde corresponda. Nadie está pidiendo impunidad para Ruffo. Pero cuando el despliegue es tan visible y coincide con el incendio mediático de Marina, la percepción pública hace su trabajo: parece que alguien quiso cambiar de tema.
Tal vez no fue una cortina de humo. Pero en política las cortinas no necesitan venir con etiqueta. Basta con que tapen algo.

El problema para Sheinbaum es que no se trata de un solo frente. Ahí están los costos políticos de los casos y señalamientos alrededor de Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Todos son figuras relevantes de Morena, todos cargan distintos niveles de desgaste público y todos obligan al gobierno a jugar defensa.

Pero no todos pesan igual.

Marina tiene una desventaja: Baja California es frontera, tiene relación diaria con Estados Unidos y su caso incluye visa revocada, audios, posibles intermediarios y agencias estadounidenses. Es un paquete demasiado completo para ignorarlo y demasiado incómodo para defenderlo con entusiasmo.

Por eso empieza a sonar la vieja frase de la política mexicana: “la ley se aplica como una tela”. Se estira, se encoge, se acomoda y, cuando hace falta, se rompe por el hilo más delgado.

No porque Marina sea necesariamente la más débil. Sino porque puede ser la más útil.

Washington presiona por seguridad, migración, comercio y combate al crimen. México necesita avanzar en la relación bilateral y proteger la negociación del T-MEC. En esa mesa, una gobernadora cuestionada puede convertirse en un problema que alguien quiera resolver antes de que crezca.

No hay datos para afirmar que Marina del Pilar sea una moneda de cambio para Donald Trump. Decirlo como hecho sería irresponsable. Pero tampoco sería raro que, en la lógica fría del poder, el gobierno federal calcule cuánto cuesta defenderla y cuánto cuesta dejar que enfrente sola las consecuencias políticas de sus propias explicaciones.

La tragedia para Marina es que ya no depende sólo de lo que diga. Depende de cuánto desgaste esté dispuesto a absorber el gobierno que hasta hace poco la respaldaba.
Y cuando una gobernadora pasa de ser defendida a “tener que explicar”, conviene revisar si el hilo todavía está unido a la tela… o si ya empezaron a jalarlo.

Los rumores dentro de la Secretaría de Salud se han intensificado las últimas semanas, en el sentido de que si Adrián Medina Amarillas se va a hacer campaña como aspirante a la diputación del primer distrito federal, el sustituto sería la peor opción posible. A la gobernadora le encanta pagar favores con cargos.

Ahí tenemos a su compadre Manuel Guerrero Luna, quien no destacó ni como líder de los burócratas ni como diputado local, pero como dice Marina del Pilar “amor con amor se paga”, ahí lo tenemos ahora metido en la Conagua viviendo del erario.

Por cierto que a Guerrero, quien anda como adolescente con las hormonas a tope y publicando cosas que dan pena ajena en las redes, le encanta andar pidiendo favores. Por ejemplo, que suelten a su pariente que agarraron en el alcoholímetro, y cositas como esa a altas horas de la madrugada.

Bueno, pero estábamos en la gran propuesta de la gober para sustituir a Medina Amarillas. ¿Quién sería la peor opción que podrían pensar? Otro a quien pagarle un favor: el mismísimo creador de los “Marinos de Marina”, Dagoberto Valdez.

Algunos de los problemas en los que se ha visto envuelto el exdirector de Issstecali, son:

1. Solicitud de juicio político (2024)

• La exdirigente sindical y exdiputada Victoria Bentley presentó una solicitud de juicio político en el Congreso de Baja California contra Valdés Juárez y el exdirector Odilar Moreno.
• Acusaciones principales contra Valdés: Recorte de 92 millones de pesos al presupuesto de salud en 2023. Se le critica por falta de conocimientos contables y por el deterioro del instituto.
• Esto se enmarca en protestas de trabajadores y jubilados por falta de transparencia, recortes en servicios, favoritismos y engrosamiento innecesario de la nómina.

2. Irregularidades en pagos y cuotas sindicales (2023)

• El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC) exigió su renuncia por errores en el cobro y desvío de cuotas sindicales de jubilados y pensionados (se reportó como “error de dedo” por la gobernadora, pero se repitió).
• Problemas con el fondo de defunción (no se entregaron recursos a beneficiarios en varios casos) y cobros a interinos sin darles acceso a servicios. Afectó a miles de docentes.

3. Controversia por cirugía a líder sindical (2022)

• Se le criticó por una operación de blefaroptosis (párpados) realizada en instalaciones de ISSSTECALI al entonces diputado y líder burocrático Manuel Guerrero Luna. Valdés defendió que fue por un problema de salud oftalmológico y que está dentro de los servicios disponibles.

4. Participación política y uso de recursos (2024)

• El PRI preparó denuncias penales contra funcionarios de ISSSTECALI, incluido Valdés, por presunta participación en eventos proselitistas de Morena (“Los Marinos de Marina” y “Los Marinos con Claudia”) usando instalaciones públicas y en horario laboral.

5. Contexto general de crisis en ISSSTECALI

• Valdés heredó y gestionó deudas millonarias (incluyendo adeudos fiscales con el SAT por cientos de millones, predios sin regularizar o invadidos, retiros de reservas técnicas y falta de pagos de municipios como Ensenada y Tecate).
• Auditorías pasadas (como la Cuenta Pública 2021) revelaron irregularidades en pagos de impuestos, contratos sin licitación y mal manejo de bienes, aunque muchas corresponden a administraciones previas.
• Compra de medicamentos caducos, clonados o robados, y protección a un acosador sexual, en cuyo proceso penal revictimizó a la afectada.

En otro tema, los bienes no localizados del Ayuntamiento de Mexicali apunta a un tema muy bien planchadito con los regidores. Estuvo bueno el reparto de plazas o de apoyos sociales. Dicen que son bienes robados o descartados por viejos, pero ¿por qué no aparecen los resguardos firmados por una persona responsable como debe ser? Eso es una irregularidad a todas luces, pero ¿qué van a decir los reyes de la opacidad? Si nunca nos iban a decir que estamos pagando la renta del Lux desde el 2024 para favorecer a Panchito Pérez Tejada, el benefactor de Marina del Pilar en sus campañas, pues menos nos van a explicar esto.

Beatriz Apodaca era la pareja de un tipo que empezó a producir contenido noticioso, bajo el nombre Chicali Town, hijo de Maribel Avilez, exoficial mayor de Jaime Diaz, aquel expresidente municipal que jubiló muy bien a su secretaria, con una categoría que ni existía.

El tipo en cuestión, Luis Humberto, quien critica a los periodistas pero se muere porque lo consideren como tal, dejó en la calle a su exmujer y su hija de dos años, según la denuncia en redes de Apodaca. Una caso más de candil de la calle, oscuridad de su casa.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.