COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

De nueva cuenta, el nombre de Marina del Pilar Ávila aparece en un audio. Y de nueva cuenta, la respuesta en Baja California parece ser la misma: silencio.

Ahora resulta que Amílcar Olán, el empresario señalado como cercano a Andy y Bobby López Beltrán y vinculado periodísticamente a la llamada red de “El Clan”, asegura en una grabación difundida por Carlos Loret de Mola en Latinus que entregó dinero para la campaña de Marina del Pilar a la gubernatura de Baja California en 2021.

No es poca cosa.

Tampoco significa, por sí solo, que la gobernadora haya cometido un delito. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes después de investigar. Pero precisamente ahí está el problema: ¿Quién va a investigar?

Porque en Baja California la noticia cayó como piedra en un estanque de aceite.

Salvo algunos medios independientes y las redes sociales, el asunto no provocó precisamente una estampida de periodistas, conductores, columnistas y opinadores preguntando de dónde salió el dinero, cuánto fue, cómo se entregó, quién lo recibió y, sobre todo, si ese dinero fue reportado ante las autoridades electorales.

Nada.

Silencio casi sepulcral. Y uno empieza a entender por qué.

Desde hace años, la Comunicación Social del Gobierno del Estado se ha convertido en mucho más que una oficina para informar a los ciudadanos. Diversos reportes periodísticos han documentado el crecimiento de la publicidad oficial, la concentración de contratos y el papel de Ariel Lizárraga en la estrategia de comunicación del gobierno marinista.

En 2022, por ejemplo, se documentaron contratos publicitarios por más de 97 millones de pesos, frente a una autorización presupuestal de poco más de 39 millones.

Pero seguramente todo es una desafortunada coincidencia.

También debe ser coincidencia que ahora Lizárraga vuelva a tener una presencia cada vez más visible en la operación política y mediática del gobierno.

Y seguramente será otra coincidencia que algunos medios descubran una extraordinaria sordera cuando la información incomoda al poder.

Porque hay una fórmula muy sencilla para controlar la prensa sin necesidad de censurarla: “no hay que cerrar periódicos; basta con abrir la chequera”. Así, el gobierno no necesita decirle a un medio qué publicar.Sólo necesita recordarle quién paga.

Y cuando llega un escándalo como éste, la maquinaria funciona maravillosamente: unos callan, otros minimizan, algunos esperan instrucciones y los más disciplinados seguramente preguntan si ya pueden publicar.

Eso sí: todos pueden presumir de libertad de expresión. Y cada 7 de junio, se toman la foto con el gobernador o la gobernadora en turno, para confirmarlo.

Qué maravilla.

El audio de Olán, además, llega cuando Morena intenta vendernos la idea de que sus campañas son ejemplo de pureza democrática. Pero si lo dicho en la grabación es verdadero, estaríamos ante algo mucho más serio que un simple chisme político.

El propio INE establece reglas sobre el origen de los recursos privados y obliga a transparentar ingresos y gastos de campaña. Además, prohíbe aportaciones de determinadas personas y entidades, entre ellas las personas morales, y exige que el dinero utilizado en campaña pueda ser identificado y fiscalizado.

Por eso la pregunta no debería ser si el audio le gusta o no a Marina del Pilar.
La pregunta es otra:

¿Es cierto que Amílcar Olán entregó dinero para financiar su campaña?

Y si lo fue, ¿cuánto?, ¿por qué vía?, ¿a quién?, ¿quién lo recibió?, ¿cómo se registró?, ¿apareció en la contabilidad electoral?

Y si no fue cierto, entonces la gobernadora tiene una oportunidad magnífica para demostrarlo. Que explique. Que presente documentos. Que pida una investigación. Que abra las cuentas.

Porque si todo es falso, debería ser la primera interesada en demostrarlo.

Pero si la estrategia vuelve a ser la de siempre —negar, minimizar, desacreditar al periodista y esperar a que llegue la siguiente noticia— entonces habrá que preguntarse si el problema no es el audio.

Tal vez el problema sea que ya nos acostumbramos al silencio. Y mientras tanto, en Baja California, el dinero sigue haciendo milagros.
Compra publicidad. Compra silencios. Compra lealtades. Y hasta parece comprar memoria.

Lo único que todavía no puede comprar es que un audio deje de existir. Está publicado. Está circulando.

Y tarde o temprano alguien tendrá que explicar qué hay detrás de él. Porque una cosa es gobernar. Y otra, muy distinta, gobernar creyendo que también se puede administrar la verdad.

Hay problemas, Houston

Haber pospuesto la revelación de quien será —o pretende ser— el coordinador de la Defensa de la Transformación en Baja California, ese largo y rimbombante título que en español sencillo significa precandidato de Morena a la gubernatura, sólo refleja una cosa: Hay problemas, Houston.

Porque cuando una decisión está planchada, amarrada, negociada y palomeada desde arriba, no se pospone. Se anuncia. Se presume. Se festeja. Y hasta se manda imprimir el papel picado. Pero en Baja California algo no termina de cuadrar.

La presidenta Claudia Sheinbaum tenía previsto conocer el resultado de la famosa encuesta para definir al coordinador estatal. Y, de pronto, pausa. Espera. Prudencia. Revisión.

¿Revisión de qué? Ahí está el pequeño detalle.
Puede tratarse, desde luego, de las inconformidades de quienes no resulten favorecidos y que ya estén haciendo cuentas para ver qué posición les toca como premio de consolación.

Porque en Morena nadie pierde realmente: pierde la candidatura, pero gana una senaduría, una alcaldía, una diputación o, cuando menos, algún hueso suficientemente jugoso para mantener viva la revolución.Pero también puede haber algo más delicado.

La honorabilidad, los antecedentes y las relaciones de algunos de los aspirantes podrían estar generando más de un dolor de cabeza en Palacio Nacional. Y si existen dudas sobre la trayectoria o vínculos de alguno de ellos, la presidenta no parece dispuesta a jugarse la elección de 2027 por quedar bien con los grupos locales.

Y ahí es donde la novela se pone interesante. Porque desde Palenque pueden tener favorita. Marina del Pilar puede tener favorito. Los grupos de poder pueden tener su propio favorito. Y cada uno puede hacer sus apuestas.

El problema es que la presidenta es quien tendrá que cargar con el resultado. Por eso, mientras desde el entorno de López Obrador se insiste en que Julieta Ramírez es la carta fuerte, Marina del Pilar sigue empujando a Ismael Burgueño.

Y aquí aparece otra pequeña complicación: la relación política entre Marina y Julieta ya no parece precisamente aquella amistad de fotografía, abrazos y sonrisas que durante tanto tiempo nos vendieron.

La senadora ya demostró que tiene agenda propia.
Y eso, en política, puede ser interpretado de muchas maneras.

Particularmente por quien está a punto de dejar el poder y necesita asegurarse de que quien llegue no tenga demasiadas ganas de revisar cajones, expedientes o cuentas.

Porque ése es el verdadero fondo del asunto.

El candidato a gobernador no sólo será candidato.
Tendrá mano en la designación de alcaldes, diputados locales y federales.

Es decir, quien gane la candidatura tendrá en sus manos buena parte del futuro político de Morena en Baja California. Y por eso todos quieren meter mano. Marina quiere influir. Los grupos de Palacio quieren influir. Los aspirantes quieren asegurar posiciones. Los perdedores quieren cobrar la factura. Y la presidenta quiere evitar que le entreguen una bomba con moño y tarjeta de felicitación.

Así que mientras Morena habla de unidad, transformación y democracia interna, la realidad parece bastante menos poética: están repartiendo el pastel antes de hornearlo y todavía no se ponen de acuerdo sobre quién se queda con el cuchillo. Si todo estuviera resuelto, ya conoceríamos al coordinador.

Y detrás de él, ya estarían formándose las filas para alcaldías, diputaciones federales y locales.
Pero no. La decisión se aplazó. Y cuando Morena aplaza una decisión que presume tener perfectamente controlada, generalmente no es porque estén rezando para que salga el sol.

Es porque todavía están tratando de apagar algún incendio. Y en Baja California, por lo visto, todavía no encuentran al bombero adecuado.

Pero aseguran, eso sí, que ya falta menos para la decisión y que todo es unidad para recibir, con bombo y platillo la próxima visita presidencial. Cueste lo que cueste.

Ayer se publicó una foto de una reunión con un segmento de los panistas, donde participa la líder estatal del blanquiazul, Lizbeth Mata Lozano, flanqueada por Margarita de Sánchez y por los diputados Alejandrina Corral, Mayola Gaona y Diego Echevarría.

Una imagen vale más que mil palabras, y esa reunión ya hasta se interpretó como el augurio de que la candidatura del PAN a la titularidad del Poder Ejecutivo será para una mujer.

Mientras el partido se llena la boca diciendo que “ciudadanizaba” sus candidaturas, aparece la dirigente en una foto junto a varios azules que por los últimos cinco años se la ha pasado administrando las derrotas y viendo que beneficio personal le saca a los guindas.

Héctor Osuna escribe hoy un largo análisis de cómo no hay bases firmes para decidir géneros en candidaturas a gobernador, y se elige en las cúpulas de Ciudad de México, a 3 mil kilómetros de la realidad bajacaliforniana.

La falta de cuadros y la desesperación del PAN se hizo evidente al hacer una encuesta telefónica exclusivamente para sondear una posible candidatura de Verónica Ruffo, quien acaba de salir a los medios por el asunto de su padre. Se nota que están faltos de candidatos honestos, carismáticos y conocidos, para considerar a una cara nuevísima que tiene asuntos más urgentes que atender.

Por eso quieren también a Gustavo Macalpin, para obtener Mexicali sin tener que invertir mucho en que la gente conozca al candidato, y muchos se pelean una parte del comunicador; todos buscan la migaja que les toque. Tal vez por eso el “ungido” esté muy callado, ya está viendo como juega el PAN y qué tipo de gente le quieran meter con calzador como pago por prestarle las siglas.

En otro asunto, me pasan un interesante análisis de la política tijuanense, que desglosa cómo han cambiado las dinámicas de poder en la coqueta ciudad desde que Morena asumió la presidencia municipal en 2019.

Lo que comenzó como una administración con ciertas reservas y dinámicas tradicionales, hoy se ha convertido en un evidente esquema de favores políticos y colocación de familiares en puestos clave de la estructura gubernamental. Aquí un resumen de las últimas tres administraciones:

“La era de Arturo González Cruz (2019): Las formas contenidas, Al ser el primer gobierno de Morena en la ciudad, existía una fuerte vigilancia pública. Aunque hubo tensiones y cuotas políticas, la estructura central se mantuvo relativamente al margen del nepotismo descarado. No se observaba un hambre voraz por colocar a hermanos, primos o parejas de regidores y secretarios en la nómina pública. Había un respeto mínimo por las formas políticas”.

“El periodo de Montserrat Caballero (2021): El inicio de la mala práctica. Con la llegada de la pasada administración, las reglas no escritas cambiaron. Se abrió la puerta a las redes de influencia familiar, aunque con cierta prudencia estratégica. Los familiares de la alcaldesa y de sus funcionarios de primer nivel comenzaron a poblar el ayuntamiento, pero su alcance estaba limitado. Salvo contadas excepciones que pudieron pasar desapercibidas bajo el radar, la mayoría operaba en mandos medios o jefaturas de departamento, evitando el escándalo de ocupar las altas direcciones”.

“La administración de Ismael Burgueño: El nepotismo sin filtros. En la gestión actual, la práctica no solo continuó, sino que empeoró de forma alarmante. Lo que antes se operaba con disimulo en mandos medios, hoy es una constante en las posiciones más altas del organigrama. Es evidente la enorme cantidad de familiares directos del alcalde, de secretarios y de regidores que ocupan Direcciones, Subdirecciones y Oficialías del Registro Civil. Ya no existe el pudor político; los puestos clave de toma de decisiones se reparten como si fueran un patrimonio familiar o un botín de campaña”.

Y siguiendo ese hilo, nos cuentan que el regidor tijuanense, Ranier Falcón, casi nunca sale a visitar primarias, pero cuando lo hace, qué casualidad que es justamente en donde la directora es Mónica Burgueño Ruiz, quien es hermana de Ismael Burgueño.

Y de nueva cuenta, vuelven a obligar al personal del Congreso a chutarse otro curso de género, cuando recordemos que la diputada Michel Sánchez dijo que los cursos los deberían tomar los empleados de todos los poderes del estado. Le pasamos un tip: en el edificio de enfrente acaban de nombrar Coordinador de Gabinete a un tipo que tiene denuncias por acoso sexual y violación. ¿Por qué no va a promover el curso en el Poder Ejecutivo?

¿Y de qué sirven los cursos si cuando hay denuncias no hacen nada? Ahí está el caso del acosador protegido por Dagoberto Valdez, recién nombrado Secretario de Salud por organizarle porras a Marina del Pilar. El propio caso de la diputada, insultada vilmente por un escritor de columnas, a quien le siguen pagando publicidad como si nada hubiera sucedido.

En el Poder Judicial también hay acosadores, así que quisiéramos ver a funcionarios de primer nivel de esos poderes siendo obligados a asistir a esos cursos.

Y hablando del Poder Judicial, resulta que son de los pocos a quienes no les han concedido el aumento salarial que sí les han otorgado a otros burócratas. Ya han tenido varias reuniones y no llegan a nada, así que se preparan para sacar el hacha de guerra, pues dicen no tener dinero para el 7.2 por ciento de incremento. Si no se avientan un mega puente el lunes, ese podría ser el día que decidan protestar.

A ver si no los marean con el nuevo método de patear el bote que se inventó el gobierno, llamado “mesas de trabajo”. Que los productores agrícolas tomaron la SADER: mesas de trabajo. Que los abogados quieren ver avances en investigaciones de homicidios en el gremio y un protocolo de protección: mesas de trabajo. Que les revocaron las visas a transportistas y tomaron la garita comercial: mesas de trabajo. Que los agricultores no tienen apoyos ni les han pagado el descanso de tierras: mesas de trabajo. Los familiares de desaparecidos se quejan de la atención a ese tema: mesas de trabajo. Es buena salida porque no te niegas a resolver, pero no das soluciones rápidas. Los quejosos son escuchados y los funcionarios pueden decir que se llevan tarea para la próxima mesa de trabajo, y mientras le pueden echar la culpa a los precios internacionales de los cultivos, a los malandros, a los estadounidenses, a la CILA del otro lado, y así hasta que se acabe el sexenio.

Y hay que ir preparando el acarreo y las amenazas para los burócratas de confianza, porque parece que el 19 de este mes viene la presidenta a Baja California.

Finalmente, hacer notar que hoy se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Consultivo del CDEM donde se vieron los avances de proyectos clave para Mexicali como Ciudad del Futuro, Embellecimiento Urbano y Movilidad, en Cetys Universidad.

Participaron la alcaldesa Norma Bustamante, el presidente de Coparmex, el director de la policía y el tesorero municipal, entre otros. Ya solo la sacan a este tipo de eventos cerrados, porque está quedando a deber varias explicaciones. Ha ido pateando el bote con el asunto del Cine Lux, que dijo daría la cara y no ha sido así. Y recientemente con el tema de la adjudicación directa de uniformes de policía y la licitación de uniformes de bomberos a la empresa Probetex, por 20 y 57 millones respectivamente. También al parecer se adquirieron dos unidades blindadas recientemente, como si no hubiera necesidades más apremiantes en la ciudad.

Los tendederos de cables de las ciudades ahora afectan su paisaje, sin consulta a los bajacalifornianos

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La Rumorosa, ese corredor natural que pertenece a todos los bajacalifornianos amaneció atravesado por torres metálicas y cables de alta tensión. Según fuentes periodísticas, se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros sin socialización del proyecto a nivel estatal y sin una explicación clara sobre por qué se eligió precisamente este paisaje —uno de los más emblemáticos de Baja California— para colocar infraestructura tan invasiva.

La contradicción es inevitable cuando se recuerda lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró en este mismo lugar en marzo de 2020. Según notas periodísticas, AMLO afirmó que “nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual; hay que respetar la naturaleza”, y cuestionó: “¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores?”. Aquella crítica iba dirigida a los aerogeneradores eólicos. Seis años después, la infraestructura que se instaló en La Rumorosa es más agresiva visualmente que los propios abanicos que el expresidente cuestionó. Las torres de acero y el cableado aéreo rompen la continuidad del horizonte y convierten un paisaje monumental en un tendedero industrial.

La relevancia cultural de La Rumorosa no es nueva. En 2019, en el Congreso de Baja California se presentó una proposición para solicitar al Ejecutivo estatal iniciar ante la UNESCO el procedimiento oficial para que La Rumorosa fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2020, la Secretaría de Cultura estatal anunció que había iniciado el procedimiento para declararla Patrimonio Cultural del Estado, como Zona de Belleza Natural y Cultural. Y en 2021, el Gobierno estatal informó que el proceso seguía en curso, con participación del Consejo de Patrimonio Cultural del Estado, del Instituto de Cultura, de dependencias técnicas y de colegios profesionales. Es decir, desde hace años existen esfuerzos formales —estatales e incluso con aspiración internacional— para reconocer el valor excepcional de este paisaje.

Hoy desconocemos el estatus de esos procedimientos: si avanzaron, si se detuvieron o si esta obra fue considerada en los expedientes. Tampoco sabemos si la afectación visual que ahora vemos tendrá impacto en esa valoración cultural. Lo que sí sabemos es que este hecho superviniente —la instalación de torres y cables— no fue presentado públicamente como parte del proceso de todos los que debimos ser involucrados. 

Sobre la consulta, según fuentes periodísticas se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros. Desconocemos si se consultó específicamente a los residentes de las zonas donde pasan los postes, o si hubo algún diálogo focalizado con ejidos o propietarios del polígono. Pero tratándose de La Rumorosa —un paisaje que pertenece a todos los bajacalifornianos, transitado diariamente y con procedimientos de valoración cultural e incluso internacional — una eventual consulta local no sustituye la obligación de socializar un proyecto de impacto visual a nivel estatal. No se convocó a la ciudadanía en general, no se abrió un periodo público de comentarios, no se socializó el proyecto con especialistas en paisaje, colegios profesionales ni organizaciones ambientales y culturales. La Rumorosa no es solo de Tecate: es de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito y de San Quintín. Si el paisaje es de todos, la consulta también debió serlo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece mecanismos de participación pública en proyectos que alteran el entorno. El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental y a participar en decisiones que afecten su territorio. En este caso, ese derecho no se ejerció de manera amplia ni estatal.

Además, existe una pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué se eligió esta ruta y no otra con menor afectación visual? Es evidente que había alternativas. Podían pasar los cables por zonas menos sensibles, menos escénicas, menos emblemáticas. Pero probablemente eran rutas más costosas o tardadas. Y la decisión terminó afectando a uno de los paisajes más representativos del estado.

El tendedero urbano, ese desorden visual que por años hemos normalizado en nuestras ciudades, hoy se extendió hasta uno de nuestros paisajes naturales más emblemáticos. Y sería pertinente conocer la opinión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria ha estado vinculada al ambientalismo, sobre esta afectación visual en un sitio que millones consideran parte de su identidad.

La obra ya está instalada. Pero el daño visual permanece. La Rumorosa merece respeto. El paisaje también es patrimonio de los bajacalifornianos.

*El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.